AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1267/2000 el veintiocho de septiembre de dos mil, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.-Son fundados los agravios expresados en contra del sobreseimiento decretado por el Juez, por lo siguiente: De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley.-Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación.-Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías.-En el caso, el acto reclamado por la promovente del juicio de amparo no fue emitido en su contra como particular sino como administradora especial de Recaudación; sin embargo, es incuestionable que la sanción impuesta afectará el patrimonio personal de ésta, pues será con los ingresos que integren éste que cubrirá la sanción, luego, fue incorrecta la determinación del Juez relativa a que el juicio resulta improcedente, ya que la quejosa será afectada en su patrimonio, pese a que haya sido como administradora especial de Recaudación que el acto reclamado se dirigió a ella en consecuencia, la sanción impuesta a un individuo en el ejercicio de la función inherente al cargo que desempeña como autoridad no puede desvincularse con los derechos fundamentales consagrados en su favor por la Constitución como particular, luego, es manifiesto que en contra de dichos actos resulta procedente el juicio de amparo, ya que se violentan sus garantías individuales.-De lo anterior, resulta desacertado que el acto reclamado no le cause un agravio personal y directo en sus derechos patrimoniales ya que, se insiste, aun cuando el acto de aplicación se dirigió a la recurrente como autoridad, esta cualidad es la que le permite contar con un patrimonio propio con el que cubrirá la sanción impuesta como consecuencia del ejercicio de la función, ya que debe estimarse que el individuo que desempeña un cargo tiene interés jurídico para reclamar resoluciones que guardan relación con multas que se le impongan con motivo de su función, cuenta habida que, si bien es verdad que la mencionada corrección disciplinaria se dirigió a la administradora especial de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por haber incurrido supuestamente en irregularidades y no a la persona física que como titular representa al órgano público sancionado, no menos cierto es que no puede ser más que ésta quien tiene un derecho legítimamente tutelado para acudir al amparo en defensa de sus intereses, dado que la corrección impuesta le irroga un agravio personal y directo en sus derechos patrimoniales; estimar lo contrario equivale a dejar sin defensa al promovente de garantías, pues a las autoridades en sí mismas como partes del poder público les está vedada la promoción del juicio de amparo.-Por lo expresado, se concluye que fue incorrecta la determinación del Juez de Distrito misma que procede revocar."
TERCERO.-Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 57/2000 el diecisiete de agosto de dos mil, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-Son infundados los agravios aducidos en el cuarto considerando, en base a las siguientes consideraciones.-El recurso de revisión motivo del presente toca se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el juicio de amparo indirecto número 481/99 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Dicho juicio se formó con motivo de la demanda de garantías promovida por Socorro Díaz Palacios, por su propio derecho y como directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades.-La parte quejosa reclamó, entre otros actos, la inconstitucionalidad del artículo 239-B, fracción III, segundo párrafo, en relación con la fracción V, del Código Fiscal de la Federación.-Se señaló como acto concreto de aplicación del dispositivo jurídico tildado de inconstitucionalidad, la resolución interlocutoria de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación en el expediente de queja número 38/99, derivado éste del juicio de nulidad número 258/98 (fojas 2 a 4, 15 a 19, 168 del expediente de amparo y 161 a 265 del expediente fiscal ofrecido como prueba).-El recurso de queja fue interpuesto por la actora en el juicio de nulidad, Irma Yolanda Flores Loria, por considerar que el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, omitió totalmente cumplir con lo ordenado en el juicio de nulidad 258/98, mediante sentencia de treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho.-Con la resolución de catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve reclamada como acto concreto de aplicación, se puso fin al recurso de queja, determinándose, entre otras cuestiones, imponer al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa equivalente a quince días de su salario. La multa fue impuesta con fundamento en la fracción V del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con la fracción III, párrafo segundo, del propio precepto legal, porque se dejó de cumplir con lo dispuesto en la sentencia de treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Sala Regional Peninsular en el expediente número 258/98 (fojas 261 a 265 del expediente fiscal).-En la parte conducente de la resolución de catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, en que se impuso la multa, se determinó lo siguiente: ‘... Luego entonces, al resultar que la autoridad incurre en omisión en el cumplimiento de la sentencia de 30 de octubre de 1998, con fundamento en el artículo 239-B, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el párrafo segundo de la fracción III del citado ordenamiento, se concede al C. Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, veinte días para que dé debido cumplimiento al fallo antes mencionado y remítase copia de este fallo al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en vía de notificación, para que proceda jerárquicamente como corresponda; asimismo se le impone una multa equivalente a quince días de su salario, por lo que gírese atento oficio al tesorero general de la Federación para que proceda a hacer efectiva dicha multa.-En mérito de lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto por el artículo 239-B, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, se resuelve: I.-Resulta fundada la queja interpuesta al acreditarse el incumplimiento de la sentencia de 30 de octubre de 1998, dictada en el juicio de nulidad 258/98.-II.-Se concede al C. Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el término de veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisado en el resolutivo que antecede, conforme lo dispuesto por el artículo 239-B, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, y procédase (sic) al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que proceda jerárquicamente como corresponda.-III.-Se impone al C. Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa equivalente a quince días de su salario.-IV.-Por medio de atento oficio, remítase copia de la presente resolución a la Tesorería de la Federación, a fin de que se haga efectiva la multa impuesta al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.-V.-Notifíquese.’ (foja 18 del expediente fiscal).-Al resolver el juicio de amparo indirecto motivo de la revisión el Juez de Distrito lo sobreseyó, por estimar que Socorro Díaz Palacios, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por su propio derecho, en su carácter de directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En cuanto a que la citada promovió el juicio por su propio derecho, determinó que se surtía la causal de improcedencia contenida en el artículo 73 de la Ley de Amparo, porque en el acuerdo reclamado se decía a la letra, en lo conducente: ‘Se impone al C. Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa equivalente a quince días de su salario.’ (hoja dieciocho vuelta), que como se podía apreciar, la sanción administrativa fue impuesta al titular del organismo descentralizado y no a Socorro Díaz Palacios, por lo que no incidía en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, y por ello carecía de interés jurídico para ejercitar la acción correspondiente. En tanto a la pretensión de la promovente del amparo de acudir al juicio en su carácter de directora del instituto antes citado, se actualizaba la causal de improcedencia del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 9o. de la referida Ley de Amparo, señalando que la administración pública paraestatal, constitucionalmente encuentra regulada su existencia y actuación, primordialmente en términos de los artículos 28, párrafo quinto y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los organismos descentralizados integrantes de la administración pública federal, son personas jurídicas del Estado, en términos del artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comparte tal naturaleza. Que el artículo 9o. de la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, pero dicha legitimación resultaba condicionada en relación con la parte final del primer párrafo, cuando señalaba: ‘el acto reclamado afecte los intereses patrimoniales de aquéllas’, y al referir el término ‘aquéllas’, el legislador precisó que se trataba del patrimonio de la persona moral oficial, y no el de sus funcionarios. En el caso, la interlocutoria reclamada, por la cual se impuso a la directora del instituto del caso una multa de quince días de su salario, estaba dirigida a la referida funcionaria y con ninguno de los elementos probatorios aportados, se demostró afectación alguna al patrimonio del organismo paraestatal de que se trataba. Así las cosas, lo procedente era sobreseer en el juicio por el acto y los preceptos impugnados que en él se aplicaron, con fundamento en el artículo 73, fracciones V, VI y XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial visible en las páginas mil setecientos cuarenta y nueve a mil setecientos cincuenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y tesis comunes.-Al margen de lo dispuesto por la Juez de Distrito, este órgano colegiado, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, advierte que dada la naturaleza de los actos reclamados y respecto del carácter de autoridad que tiene la parte quejosa en el juicio que se revisa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del citado artículo 73, en relación con el diverso artículo 1o., fracción I, del mismo ordenamiento legal y 103, fracción I, de la Constitución Federal.-Ahora bien, en los artículos 1o., fracción I, de la Ley de Amparo y 103 constitucional, fracción I, se dispone lo siguiente: Ley de Amparo: ‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.’.-De lo dispuesto en los preceptos transcritos se colige que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia suscitada, entre otros actos, por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales.-De la demanda de amparo se advierte que Socorro Díaz Palacios accionó en la vía constitucional, en su carácter de directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y señala como acto reclamado, entre otros, la resolución de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, en que se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte actora en el juicio de nulidad tramitado en el expediente número 258/98, además de que se le impone una multa por el equivalente a quince días de salario.-De lo anterior se desprende que el juicio de amparo fue promovido por la autoridad demandada dentro de un procedimiento administrativo de nulidad, concretamente el relativo al juicio de nulidad 258/98, promovido por Irma Yolanda Flores Loria.-Ahora bien, es importante destacar que el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar las garantías individuales del gobernado, frente a los desvíos del poder público, pero excepcionalmente, según lo autoriza el artículo 9o. de la Ley de Amparo, es permisible a las personas morales oficiales que hagan uso de dicho medio extraordinario de defensa, siempre y cuando el acto o la ley que reclamen afecten sus intereses patrimoniales, es decir, cuando actúen en el mismo plano de un particular. Tal supuesto no se satisface en la especie, en virtud que la peticionaria de amparo compareció al juicio de nulidad en su carácter de autoridad, y no para defender derechos o patrimonio de la entidad que representa.-En estas condiciones, es indudable que al promover el juicio de amparo indirecto la citada autoridad no se desprendió de ese carácter, pues como anteriormente se indicó, su intervención dentro del procedimiento administrativo que dio origen a la resolución que combate fue precisamente como autoridad.-Ante tal tesitura, la multa que se le impuso al declararse fundado el recurso de queja por haber omitido dar cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada por la Sala Fiscal, fue en su carácter de autoridad. Por ende, no es factible que el acto impugnado conculque en su perjuicio garantías individuales. Luego, se concluye que el juicio de garantías es improcedente cuando se promueve por una autoridad demandada en un juicio de nulidad ya que, se reitera, el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa reservado exclusivamente a los gobernados, personas físicas o morales, que combatan actos de las autoridades por estimarlos violatorios de las garantías consagradas en la Carta Magna. En ese sentido es inconcuso que la autoridad no está legitimada para impetrar el amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio.-Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada en la página 52, Volumen 72, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO FISCAL AMPARO IMPROCEDENTE PROMOVIDO POR LA.-Si la pretendida quejosa, como emisora de la resolución que se impugnó, fue autoridad demandada en el juicio de nulidad y, con ese mismo carácter, interpuso, ante el Tribunal en Pleno, el recurso de revisión que el artículo 240 del Código Fiscal establece para las autoridades únicamente, en tales condiciones, es claro que la promovente no puede prescindir, en el caso, de la índole autoritaria que a su parte ha correspondido en la controversia y adoptar la de un particular afectado en sus garantías individuales, pues sólo dispone de los recursos que el código tributario previene para combatir los fallos que le son desfavorables.’.-En los mismos términos, resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis publicada en la página 252, Tomo X-Diciembre, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.-Aunque en el juicio de nulidad, se considera a las autoridades como parte demandada, no por eso tienen acceso al juicio de amparo, porque ello ocurre por una ficción de la ley, dada la naturaleza del procedimiento administrativo, y en tal virtud, conservan el carácter de autoridad, con el que actuaron al hacer uso de sus facultades económicas coactivas, o sea, ejerciendo una prerrogativa inherente a su soberanía. En esa medida, si de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es procedente contra actos de autoridades que violen las garantías individuales de los gobernados, el promovido por las que con ese carácter intervinieron en un juicio de nulidad, resulta improcedente, por ser el juicio de control de constitucionalidad un medio tutelar de los actos de autoridades, por ello no están legitimadas para intentarlo. Su defensa, el legislador la previno en el artículo 104, de la propia Carta Magna y en el artículo 248, del Código Fiscal de la Federación, que prevé la revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito, contra las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimiento y las sentencias definitivas que pronuncien, por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo o bien, que se hayan cometido en las propias resoluciones o sentencias.’.-Lo anterior lleva igualmente a determinar que también resulta correcto que la Juez de Distrito decretara el sobreseimiento en el juicio en lo que concierne a la promoción hecha por la parte hoy recurrente por su propio derecho, toda vez que como se indicó se surtía la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque en el acuerdo reclamado se decía a la letra, en lo conducente: ‘Se impone al C. Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa equivalente a quince días de su salario.’ (hoja dieciocho vuelta), por lo que si la sanción administrativa fue impuesta al titular del organismo descentralizado y no a Socorro Díaz Palacios, es evidente que no incidía en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, y por ello carecía de interés jurídico para ejercitar la acción correspondiente; por tanto, como ya se indicó, es correcto el sobreseimiento que se decretó en dicho aspecto.-Al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, se concluye que es apegado a derecho que la Juez Federal haya sobreseído en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que procede confirmar la sentencia recurrida."
CUARTO.-A fin de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta pertinente precisar los antecedentes de los casos en que se pronunciaron los Tribunales Colegiados de Circuito, que derivan de las ejecutorias por ellos emitidas.
Los antecedentes relativos al amparo en revisión 1267/2000, del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:
1. Josefina del Orbe Valdivieso promovió amparo indirecto reclamando de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, la resolución de veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la que al resolver la queja interpuesta en el juicio de nulidad 16866/96, promovido por Interoceánica Ltda., se impuso una multa equivalente a quince días de su salario a la administradora especial de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por haber omitido dar cumplimiento a la sentencia dictada en el mencionado juicio de nulidad.
2. El Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conoció del juicio de amparo, requirió a la quejosa para que manifestara si lo promovía con el carácter de administradora especial de Recaudación o como persona física, habiendo manifestado la agraviada que lo hacía por derecho propio. El Juez de Distrito dictó sentencia sobreseyendo en el juicio por falta de interés jurídico al estimar que la multa se impuso al titular de la administración y no a la quejosa.
3. Al resolver el recurso de revisión interpuesto por la agraviada, el Tribunal Colegiado decidió revocar la sentencia recurrida considerando que si bien la multa reclamada no fue impuesta a la quejosa como particular sino como administradora especial de Recaudación, la misma le afecta en su patrimonio personal pues tendrá que cubrirla con sus ingresos, por lo que incorrectamente sobreseyó el a quo, dado que la sanción impuesta a un individuo en el ejercicio del cargo que desempeña como autoridad no puede desvincularse de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución como particular y, por ende, es procedente el juicio de amparo porque la multa reclamada irroga a la agraviada un perjuicio personal y directo.
Asimismo, los antecedentes del diverso amparo en revisión 57/2000, del que conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, son los siguientes:
1. Socorro Díaz Palacio, por derecho propio y en su carácter de directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, promovió juicio de amparo indirecto reclamando de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación la resolución de catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la que al resolver la queja interpuesta en el juicio de nulidad fiscal número 258/98, promovido por Irma Yolanda Flores Loria, se impuso a la directora general del instituto mencionado una multa equivalente a quince días de su salario por omitir dar cumplimiento a la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad.
2. El Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conoció del juicio de amparo, dictó sentencia sobreseyendo en el juicio en cuanto lo promueve Socorro Díaz Palacio, por derecho propio, al estimar que la multa reclamada no incide en su esfera jurídica por haberse impuesto al titular del organismo descentralizado y no a esa persona. Asimismo, estimó improcedente el juicio en cuanto lo promovió la quejosa en su carácter de directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado porque la multa combatida se dirige a la funcionaria y, por tanto, no afecta el patrimonio del organismo descentralizado.
3. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, razonó que Socorro Díaz Palacio accionó en la vía constitucional en su carácter de directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamando la resolución que resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte actora en el juicio de nulidad y que impone a la quejosa una multa, por lo que el juicio de amparo resultaba improcedente al haberse promovido por la autoridad demandada en un procedimiento administrativo de nulidad. Añadió el Tribunal Colegiado que el juicio de amparo se instituyó para salvaguardar las garantías individuales del gobernado frente a los desvíos del poder público, autorizándose, excepcionalmente, a las personas morales oficiales para promover el juicio cuando se afecten sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no se satisface porque la quejosa compareció al juicio de nulidad en su carácter de autoridad y no para defender derechos o el patrimonio de la entidad que representa, por lo que al promover el amparo no se desprendió de su carácter de autoridad con que intervino en el procedimiento administrativo, y que, por tanto, la multa que se le impuso fue en su carácter de autoridad y no puede violar en su perjuicio garantías individuales, resultando improcedente el juicio de amparo por haberse promovido por una autoridad. Por último, sostiene el Tribunal Colegiado que también resulta improcedente el amparo promovido por la quejosa por derecho propio porque la multa se impuso al titular del organismo descentralizado y no a aquélla, por lo que no incide en su esfera jurídica.
Como puede advertirse, sí existe la contradicción de tesis denunciada en el problema jurídico que examinan ambos Tribunales Colegiados, a saber, si es o no improcedente el juicio de amparo promovido en contra de la resolución dictada por una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, en la que al resolver el recurso de queja hecho valer por la parte actora en un juicio de nulidad, impone una multa al titular de una dirección o dependencia del gobierno o de un organismo descentralizado, a razón de un determinado número de días de su salario, por haber omitido dar cumplimiento a la sentencia dictada en dicho juicio de nulidad, cuando el amparo lo promueve la persona física titular de la dirección, dependencia u organismo referidos, por derecho propio. Ello en virtud de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que en el caso referido sí procede el juicio de amparo pues aun cuando la multa reclamada no se impone a la quejosa como particular sino como titular de la dirección, dependencia u organismo, le afecta en su patrimonio personal ya que debe cubrirla con sus ingresos, causándosele un agravio personal y directo pues la multa impuesta al individuo en el ejercicio del cargo que desempeña como autoridad no puede desvincularse de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución como particular, mientras que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que en el caso examinado es improcedente el juicio de amparo promovido por la persona física quejosa, por derecho propio, ya que la multa no se le impone a ella sino al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, por lo que no incide en su esfera jurídica. Es decir, los Tribunales Colegiados sostienen posturas contrarias al examinar el mismo problema jurídico.
Por otro lado, se precisa que en el diverso problema jurídico que aborda el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativo a la procedencia o no del juicio de amparo en contra de la multa a que se ha hecho referencia, cuando el juicio lo promueve la persona física, no por derecho propio, sino en su carácter de titular de un organismo descentralizado, no se da oposición de criterios en virtud de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no examinó el problema y, por ende, no se pronunció al respecto.
QUINTO.-Este órgano colegiado considera que respecto del problema jurídico en que sí existe la contradicción de tesis, debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que se pasa a desarrollar.
El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, establece:
"Artículo 239-B. En los casos de incumplimiento de sentencia firme, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas: I. Procederá en contra de los siguientes actos: a) La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia. b) Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido el plazo previsto en ley. II. Se interpondrá por escrito ... III. En caso de que haya repetición de la resolución anulada, la Sala hará la declaratoria correspondiente, dejando sin efectos la resolución repetida y la notificará al funcionario responsable de la repetición, ordenándole que se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones.-La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del funcionario responsable, entendiéndose por éste al que ordene el acto o lo repita, para que proceda jerárquicamente y la Sala le impondrá un multa equivalente a quince días de su salario. IV. Si la Sala resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá al funcionario responsable veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, señalando la forma y términos precisados en la sentencia, conforme a los cuales deberá cumplir. V. Si la Sala resuelve que hubo omisión total en el cumplimiento de la sentencia, concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo. En este caso, además se procederá en los términos del párrafo segundo de la fracción III de este artículo. VI. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, si se solicita ante ..."
El precepto legal transcrito regula el recurso de queja que por una sola vez puede hacer valer la parte afectada por el incumplimiento a una sentencia firme dictada por una Sala del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6991-1802111a/amparo-la-persona-fisica-o-titular-que-actuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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