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VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO ACREDITABLE NO PUEDE CONSIDERARSE COMO CUENTA POR COBRAR NI COMO CRÉDITO PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL COMPONENTE INFLACIONARIO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 7o.-B DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2000-SS. · Registro digital (IUS): 7371
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 497.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Debe examinarse en primer lugar si existe la contradicción denunciada.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo DA. 1477/2000, promovido por Alarmas de México, S.A. de C.V., en contra de la sentencia de quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en el juicio de nulidad 10184/99-11-04-3, dictó la resolución siguiente:

"SEXTO.-Los conceptos de violación son inoperantes en parte e infundados en otra, atento a las siguientes consideraciones:

"Por razón de método se estudia en primer término el argumento en el cual se tilda de inconstitucional el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aduciendo la empresa quejosa que va en contra del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que el precepto legal desatiende el principio de proporcionalidad, al no incluir el impuesto al valor agregado acreditable como crédito para efectos del cálculo del componente inflacionario previsto en la fracción III del propio numeral 7o.-B.

"Resulta inoperante lo alegado en tal sentido, ya que si bien la autoridad responsable en su sentencia realiza una interpretación del mencionado precepto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo hace en cuanto a su contenido, mas no en lo que no se encuentra en su texto.

"La constitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria se examina atendiendo a su contenido, que éste no contravenga la Norma Suprema. Así, confrontando lo preceptuado en la ley secundaria con la Constitución se puede llegar a concluir si aquélla está o no acorde con esta última; pero en el caso a estudio, se funda el argumento en el hecho de que el precepto legal debe incluir otras cuestiones para no transgredir a la Ley Suprema.

"Expresado de otra manera, la Sala en su fallo interpretó lo que establece el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, concluyendo que no resultaba aplicable para efectos de que el impuesto al valor agregado acreditable pueda integrar el componente inflacionario; pero se insiste, no es posible confrontar el precepto citado en relación a lo que no previene, con lo que prevé la Constitución General, para examinar si es contraria a ella; por lo que es inoperante la argumentación en examen.

"En otro apartado de su queja señala la promovente del amparo, que de conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, son de aplicación estricta; y en la especie la responsable acude al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y posiblemente al boletín C3 del Instituto Mexicano de Contadores, cuando debió apegarse a la definición que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hace de las cuentas por cobrar.

"No le asiste razón a la peticionaria de garantías en lo que manifiesta, dado que si bien en la sentencia impugnada se hace referencia al diccionario citado primeramente en el párrafo precedente, no así al citado boletín, lo cierto es que lo hace únicamente para enriquecer su exposición, ya que finalmente se remite directamente al texto del dispositivo legal en comento para adoptar su decisión.

"En relación al aspecto toral del asunto que nos ocupa, esto es, dilucidar si el impuesto al valor agregado acreditable tiene naturaleza de cuenta por cobrar al haberse ya pagado el impuesto que fue trasladado y por tanto se convierte quien lo cubrió en acreedor del fisco, tornándose ese tributo en una cuenta por cobrar al haber salido del patrimonio ese numerario de quien lo pagó, debe decirse que en el fallo combatido correctamente se estimó que no se está en el caso de darle tratamiento de crédito al no ser una cuenta por cobrar.

"El impuesto al valor agregado acreditable es aquel que le fue trasladado al contribuyente con motivo de las operaciones que realizó, el cual es susceptible de acreditamiento, esto es, realizar la operación aritmética necesaria para determinar el resultado entre el acreditable y el causado por sus actividades propias, de tal suerte que dé como resultado si existe saldo a favor o en contra en relación al fisco.

"Hasta en tanto no se realice el acreditamiento respectivo, no se tiene conocimiento si la hacienda pública es deudora de aquel a quien se le trasladó el impuesto al valor agregado; de ahí que no surja la obligación del fisco de devolver la cantidad correspondiente al pago en exceso, por lo que no puede existir una cuenta por cobrar cuando aún no se determina si realmente se tendrá derecho a cobrarla.

"No debe perderse de vista que el acreditamiento representa un derecho que tiene el contribuyente de compensar el impuesto que le trasladaron con el que corre a su cargo, pero se insiste, hasta que se establezca cantidad a su favor y en contra del fisco, es cuando se convierte en cuenta por cobrar lo erogado por el impuesto que se le trasladó, ya que entonces sí podrá ser exigido.

"De acuerdo a lo establecido en la sentencia combatida, es válido concluir que una cuenta por cobrar representa un pasivo en numerario constituido a favor de una empresa, derivada de sus actividades por ventas, prestaciones de servicios, préstamos otorgados; o sea, son las cantidades que le adeudan sus clientes por dichos conceptos.

"En tal virtud, el impuesto al valor agregado acreditable no participa de la naturaleza de un crédito en su especie de cuenta por cobrar en términos de la fracción IV del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que el fisco no se convierte en deudor respecto de aquellas cantidades pendientes por acreditar.

"Sobre este mismo tema, se estima inexacta la interpretación que realiza la promovente del amparo en cuanto a que el impuesto al valor agregado acreditable es una cuenta por cobrar debido a que ésta debe entenderse como una cantidad adeudada que percibirá el acreedor en el futuro y que se encuentra escrita en un pliego o papel; dado que como ya se estableció anteriormente en esta ejecutoria, mientras no se realice el acreditamiento no se tiene conocimiento si el contribuyente es acreedor y el fisco deudor, y que por esa razón percibirá el primero una cantidad del segundo; ello no obstante que se efectúen los asientos contables respectivos.

"Otro argumento de la ocursante consiste en que debe ser considerado como crédito el impuesto al valor agregado acreditable, sin esperar al acreditamiento al final del ejercicio, en virtud de que por lo general los créditos no son exigibles desde que se generan, sino a partir de cierta fecha futura, lo que sucede en la especie.

"Es infundado tal alegato, ya que aun cuando por lo general el crédito no es exigible desde el momento en que se otorga, éste se encuentra determinado y entonces surgen las figuras de deudor y acreedor, lo que no acontece tratándose del impuesto al valor agregado acreditable, al no haberse concluido si existe algún monto en contra o a favor del fisco; siendo incorrecta la apreciación de la peticionaria de garantías referente a que el crédito a favor del contribuyente nace en el mismo momento en que se traslada el tributo por haber hecho el desembolso de la cantidad de dinero correspondiente, toda vez que, se reitera, todavía no se establece si será mayor el impuesto acreditable que el causado, para que así se convierta la hacienda pública en deudora.

"En otro apartado de la demanda de garantías se alega que el impuesto al valor agregado acreditable es diverso a un saldo a favor o a un pago provisional, ya que se trata de tres conceptos distintos que no deben confundirse, por lo que no es aplicable la exclusión que se hace en la fracción IV de estos dos últimos.

"Es inoperante la narrada argumentación, toda vez que si bien la Sala se pronuncia en un apartado de su sentencia sobre los saldos a favor y los pagos provisionales, en el sentido de que éstos se exceptúan expresamente de las cuentas por cobrar de acuerdo al contenido del multicitado precepto 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cierto es que la determinación fundamental es aquella de que el impuesto al valor agregado acreditable no es una cuenta por cobrar y como consecuencia no se trata de un crédito para integrar el componente inflacionario. Para constatar lo anterior, a continuación se transcribe la parte conducente del fallo: ‘No obstante lo anterior, cabe precisar que no es el saldo a favor lo que la actora pretende integrar a la determinación del componente inflacionario como un concepto más de «cuentas por cobrar», sino que la cantidad que considera un crédito lo es el impuesto al valor agregado acreditable, es decir, el impuesto que se le trasladó por la adquisición de bienes, su uso o goce temporal, o bien, por servicios que recibió, así como el que pagó por motivo de la importación de bienes o servicios.-Ello es así, puesto que la cuenta por cobrar, como ha quedado anotado en líneas anteriores, implica necesariamente la existencia de un sujeto acreedor que tiene el derecho de exigir el pago de una cosa o cantidad o el cumplimiento de una obligación y la existencia de un sujeto deudor que tiene la obligación de dar o hacer (cumplir) y en el presente caso, el objeto, o sea, la obligación no se da para ninguna de las partes (ni para la actora ni para el fisco federal) sino hasta el momento en que se efectúe la operación aritmética señalada en párrafos anteriores y se desprenda un saldo a favor del contribuyente, de donde deviene lo infundado de los agravios aquí combatida (sic), puesto que la autoridad acertadamente consideró al resolver la consulta formulada por la hoy actora, que no debe incluirse como un crédito en la determinación del componente inflacionario, el impuesto al valor agregado.’ (fojas ciento treinta y dos vuelta).

"Es conveniente transcribir el contenido de la fracción IV del artículo en comentario, la cual establece lo siguiente:

"‘Artículo 7o.-B. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, determinarán por cada uno de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles, como sigue: ... IV. Para efectos de la fracción III se considerarán créditos los siguientes: ... b) Las cuentas y documentos por cobrar, a excepción de las siguientes: ...’

"Como se desprende del contenido de dicha norma, en el inciso b) se preceptúa que tendrán el carácter de créditos las cuentas o documentos por cobrar, a excepción de las que se señalan en la propia fracción; pero si ya quedó establecido que el impuesto al valor agregado acreditable no es una cuenta por cobrar, deriva intrascendente que se exceptúen los pagos provisionales y saldos a favor, aun cuando la resolutora hubiese tocado el tema; de ahí la inoperancia del concepto de violación.

"Por otro lado resulta inexacto que la responsable al invocar una tesis de la Sala Superior del mismo Tribunal Fiscal de la Federación hubiese aceptado que el impuesto al valor agregado acreditable sea un crédito, en contradicción con lo que resolvió; ello en virtud de que no obstante que en el criterio de rubro: ‘IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE, NO PROCEDE SU INCLUSIÓN EN EL CÁLCULO DEL COMPONENTE INFLACIONARIO.’, se diga que el ‘impuesto al valor agregado’ acreditable es un crédito en términos ‘generales’, ya que en la propia tesis se concluye de manera contraria a la pretensión de la peticionaria de garantías, pudiendo concluirse así que no existe tal contradicción.

"Aduce la promovente del amparo que el fallo por esta vía combatido es del todo inconstitucional, porque la interpretación que se efectúa de la regla legal aplicable lleva a la desproporcionalidad en contravención de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 constitucional.

"No le asiste razón en su señalamiento, toda vez que la proporcionalidad a que se refiere el citado precepto de nuestra Carta Magna, se refiere a la manera en que deberá contribuirse para los gastos públicos, esto es, que las leyes que imponen cargas tributarias deben observar ese principio, mas no que esto último deba hacerse en la interpretación que de una ley se haga.

"Finalmente alega la ocursante que en el fallo no se hace ningún pronunciamiento referente al argumento hecho valer en la demanda de nulidad consistente en lo que debe entenderse por una cuenta por cobrar, sin que se determine claramente en el mismo este concepto.

"Carece de fundamento lo expresado en tal sentido, dado que la autoridad sí definió claramente lo que es una cuenta por cobrar y externó las razones por las cuales estima que el impuesto al valor agregado acreditable no tiene esa naturaleza; por otro lado, la Sala carece de facultades para pronunciarse sobre la proporcionalidad o no del varias veces mencionado numeral de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"En atención a las relatadas consideraciones, al no resultar violatoria de garantías la sentencia reclamada, procede negar el amparo solicitado."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante ejecutoria de fecha trece de septiembre de dos mil, al resolver la revisión fiscal 1054/2000, precisó:

"CUARTO.-Las autoridades recurrentes esencialmente señalan en su único agravio que la resolución emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación resulta incorrecta al haber considerado que el impuesto al valor agregado acreditable es una cuenta por cobrar, siendo que esas cuentas constituyen crédito en numerario a favor del contribuyente y si el impuesto al valor agregado es indirecto al trasladarlo en forma expresa y por separado a terceros, constituye el monto equivalente del propio impuesto que hubiere sido trasladado a ese contribuyente y el impuesto pagado por la enajenación o prestación de servicios en el mes o ejercicio que corresponda al pago, disminuyendo el resultado de esa operación a pagos provisionales. Por lo que el sujeto obligado al pago no tiene un crédito a su favor porque el impuesto se traslada a quien recibe la prestación; por lo que en su opinión la Sala responsable transgrede lo dispuesto por los artículos 237 y 239 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de los numerales 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"Por su parte, la Sala responsable al momento de emitir su resolución básicamente en su considerando segundo estableció toralmente que si el impuesto acreditable puede ser disminuido del impuesto al valor agregado causado por el contribuyente, la actora tiene un crédito por el importe, por lo que es una cuenta por cobrar del contribuyente.

"Es infundado el único agravio que la autoridad recurrente expresa en el recurso de revisión fiscal que se analiza.

"La litis se centra en determinar si el impuesto al valor agregado acreditable es una cuenta por cobrar para efectos de la determinación del componente inflacionario.

"La autoridad considera que la Sala Fiscal obró ilegalmente al desestimar sus argumentos relativos: A9. Que los anticipos a proveedores no tienen la naturaleza jurídica de cuentas por cobrar, razón por la que no debieron tomarse en cuenta para el cálculo del componente inflacionario para determinar la ganancia o pérdida inflacionaria, excepción que se encuentra contenida en forma implícita en el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Para una mejor comprensión del asunto, resulta importante esclarecer los siguientes puntos:

"A. Anticipos a proveedores.

"En relación al primero de los tópicos que se apuntan, cabe decir que la relación que nace entre la persona moral o física que pretende adquirir el bien o el servicio y el proveedor o contratista que lo ha de entregar o prestar, crea entre ellos obligaciones y derechos recíprocos, primero a cubrir un precio adquiriendo a cambio el derecho de tener el bien o el servicio, en tanto que quien recibe el anticipo se obliga a entregar el bien especificado o prestar el servicio, a cambio adquiere el derecho de recibir el pago del precio; así, cuando éste recibe el anticipo adquiere en ese momento el equivalente a la cantidad recibida, quien entrega el anticipo se hace acreedor en la misma proporción por la cantidad que entregó, la que ha de ser aplicada a la obtención del bien o del servicio o, en su caso, a la devolución de ella si se anula la operación; en este orden de ideas debe concluirse que sí existe un crédito a favor de quien otorga el anticipo.

"El citado anticipo puede tener dos finalidades: una, garantizar el precio y la entrega del bien o servicio cuando existe un contrato de compraventa en el que se precisan el objeto y el precio del cual el anticipo constituye una modalidad del contrato; la otra, se constituye en una forma de financiamiento a favor del proveedor; en este segundo caso puede no pactarse alguno de los elementos esenciales del contrato, normalmente el precio en épocas de inestabilidad financiera, situación jurídica que posteriormente reconoció en forma expresa el propio legislador al disponer en la regla 88 de la Resolución que establece reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal para el año de 1993: ‘Para los efectos de lo previsto en el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se consideran créditos los anticipos a proveedores, excepto cuando habiéndose pagado un anticipo, no exista precio o contraprestación pactada, caso en el cual sí se considera crédito.’. Cuando se está en el primer caso el anticipo no puede formar parte del componente inflacionario, porque sí se convierte en una garantía para el que no provee; en el segundo caso, cuando por motivo del transcurso del tiempo se da el fenómeno de la inflación, el dinero entregado pierde valor adquisitivo y por lo mismo al variar a la baja el valor de la moneda; es correcto que esa variación forma parte del componente inflacionario en concreto de pérdida fiscal, la que ha de ser determinada a través del procedimiento a que se refiere el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Establecidas las razones del porqué los anticipos sí deben ser considerados como créditos, procede ahora reflexionar y resolver sobre si esos créditos pueden reputarse como cuentas por cobrar y satisfacer de esta manera los presupuestos a que alude el artículo y fracción transcritos al inicio de este considerando y, por lo mismo, han de formar parte del componente inflacionario los anticipos a proveedores o contratistas; o bien, en caso contrario, desestimar las pretensiones de la sociedad actora.

"La autoridad fiscal niega que todo crédito constituya una cuenta por cobrar y motiva esa aseveración en que las cuentas por cobrar constituyen créditos en numerario a favor del contribuyente, por lo que el impuesto al no ser susceptible de exigibilidad no es una cuenta por cobrar; este tribunal llega a una conclusión contraria a la de la autoridad, pues considera que todo crédito sí es una cuenta por cobrar por la naturaleza misma que implica un derecho en favor de quien lo tiene para hacerlo efectivo, de no ser así se estaría en presencia de un derecho imperfecto no sancionado por la ley. Por otra parte, la nomenclatura contable no siempre corresponde al concepto jurídico y es éste en el que debe apoyarse la decisión de toda cuestión de esta naturaleza como sucede en el caso.

"Ahora bien, si se toma en cuenta que el legislador estableció la posibilidad de determinar mensualmente los intereses, las ganancias o pérdidas inflacionarias en los casos del artículo 7o.-B, entre ellos los relativos a los créditos, considerando que tienen esa naturaleza jurídica las cuentas y documentos por cobrar, al llegarse a la conclusión de que los anticipos sí constituyen créditos, se da el presupuesto y, por consiguiente, los multimencionados anticipos a proveedores y contratistas sí pueden formar parte del componente inflacionario.

"B. Impuesto al valor acreditable.

"Con excepción de los pagos provisionales de impuestos, los saldos a favor por contribuciones, así como los estímulos fiscales, otras cuentas o partidas sí formarán parte del componente inflacionario para el efecto de determinar la pérdida o ganancia inflacionaria y, por ende, la deducción o acumulación de ellas, ya que tendrán el carácter de créditos, porque así se dispone en la fracción IV y, de cuentas por cobrar, características que les otorga el inciso b).

"Por obvio, procede desestimar que el impuesto al valor agregado tenga el carácter de estímulo fiscal, pues resulta claro que no tiene esa naturaleza jurídica, ya que siendo la finalidad del estímulo la acción que tiende a excitar la ejecución de un acto, actividad o conducta por medio de un incentivo, es claro que el impuesto no tiene ese objetivo, pues a través del acreditamiento se genera un derecho otorgado por la ley para compensar u obtener en devolución las cantidades que en exceso le hubieran sido trasladadas con motivo de las operaciones objeto del impuesto.

"a) Pagos provisionales.

"El impuesto acreditable no tiene el carácter de cuenta del impuesto que efectivamente se cause, tiene un procedimiento y término distintos al acreditamiento, su base la constituye la diferencia entre el impuesto que corresponde al total de actividades realizadas en el mes de calendario anterior al en que se debe cubrir por su parte; el impuesto acreditable es el resultado de las cantidades trasladadas a un sujeto diverso o adquiriente del bien, el procedimiento y término para obtener el acreditamiento es diverso al del pago provisional, según se apuntó con anterioridad, la cantidad acreditada puede ser compensada con el impuesto al valor agregado a su cargo en los meses siguientes, hasta agotar el saldo a favor, o bien, solicitar la devolución del saldo total.

"Como se advierte, existen diferencias sustanciales que determinan la imposibilidad, desde el punto de vista jurídico, de considerar al impuesto acreditable como un pago provisional.

"C. Saldo a favor de una contribución.

"La última excepción que establece el legislador es la relativa a que no podrá considerarse como cuenta por cobrar o como crédito el impuesto al valor acreditable porque se encuentra en el supuesto de constituir un saldo a favor de una contribución.

"En efecto, los sujetos pasivos del impuesto son las personas físicas o morales que en territorio nacional realicen actos consistentes en: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes o importación de bienes o servicios.

"Como se advierte y es lógico entender, sólo el contribuyente como sujeto pasivo del tributo está obligado a cubrirlo, aunque debe trasladarlo, empero la persona a quien se le traslada no paga el impuesto, sino una cantidad equivalente a ella, pues no se encuentra en las hipótesis de su causación.

"Como en el caso, impuesto acreditado por la sociedad actora es el resultado de cantidades a ella trasladadas, que resultaron superiores al impuesto del que sí fue causante por haber realizado operaciones gravadas, debe resolverse que el citado impuesto acreditable no es un saldo, no es algo que le sobre del pago de los impuestos que estuvo obligada a enterar.

"Todas las anteriores razones llevan a declarar infundado el agravio que se examina.

"Similar criterio sostuvo este tribunal en los diversos RF. 14/95 y RF. 44/95, en sesiones de 8 de febrero y 8 de marzo de mil novecientos noventa y cinco, interpuestos por el administrador de lo Contencioso ‘2’ de la Administración General Jurídica de Ingresos en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y el administrador local jurídico de Ingresos del Norte del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, y RF. 604/95 resuelto en sesión de nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco."

Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si el impuesto al valor agregado acreditable debe ser considerado como cuenta por cobrar para efectos de calcular el componente inflacionario en los términos del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se sustentan criterios opuestos, toda vez que mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo resuelve en sentido negativo, el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, lo soluciona en sentido afirmativo.

Corroboran lo anterior, las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.-Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia.

"Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: 1a./J. 5/2000. Página: 49."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 26/2001. Página: 76."

CUARTO.-Determinado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Para tal efecto, en primer lugar, se estima conveniente analizar la mecánica que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para la causación de dicho gravamen, toda vez que tratándose de impuestos indirectos, como el que nos ocupa, la carga tributaria pasa del contribuyente del impuesto, a un tercero, a través de la figura de la traslación, por lo que es el consumidor final el que de su patrimonio cubre el gravamen en cuestión.

De tal suerte, debemos distinguir en este tipo de gravámenes, dos tipos de sujetos: a) el económico, persona encargada de cubrir el impuesto que se le traslada en forma expresa y, por separado, con motivo de la adquisición de bienes o servicios, del uso o goce temporal de bienes y, b) el jurídico, persona encargada de trasladarle el impuesto a ese sujeto con motivo de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o servicios.

En este sentido, se estima conveniente definir el concepto de traslado, el cual se refiere al cobro o cargo que el contribuyente (sujeto jurídico) debe hacer a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen o reciban los servicios (sujeto económico) de un monto equivalente al establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Derivado de la figura de traslado del impuesto, se debe hablar de un impuesto al valor agregado que le es trasladado en forma expresa y por separado al propio contribuyente del impuesto con motivo de las adquisiciones que realiza, de los servicios que recibe, del uso o goce temporal de bienes o el que paga con motivo de la importación de bienes y servicios, así como el impuesto al valor agregado que el contribuyente traslada, a su vez, en forma expresa y por separado, a un tercero al enajenarle bienes, prestarle servicios u otorgarle el uso o goce temporal de bienes, una vez que al b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7371-09e4b799/valor-agregado-el-impuesto-acreditable-no-puede-considerarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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