Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS PARCELARIOS. EL DERECHO DEL TANTO SÓLO OPERA CUANDO SU TRANSMISIÓN SE REALIZA A TÍTULO ONEROSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6632
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, , Pág. 73.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo DA. 492/99 es el siguiente:

"SÉPTIMO.-Es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal el primer concepto de violación que se hace valer por las razones siguientes: La autoridad responsable para declarar procedente la acción ejercida por Marcelino Campos Florencio sobre la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios celebrado entre José Enedino Campos de los Santos y Aurelio Campos Vallejo, el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y seis, respecto a las parcelas números 24Z-1P1/1, 157Z-1P1/1 y 126Z-1P1/1, amparadas respectivamente con los certificados parcelarios 102619, 102618 y 102617, del ejido San Lucas el Viejo, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Estado de Puebla y como resultado de ello reconocer a Marcelino Campos Florencio como sucesor preferente del cedente y adjudicarle los derechos agrarios que le correspondieron, esencialmente consideró que las probanzas consistentes en el reconocimiento que hizo el demandado al contestar la demanda al señalar que Marcelino Campos Florencio no se encontraba en el poblado, además de haber sido concebido fuera del matrimonio formado entre el de cujus y Elvira Vallejo Bernabé, adminiculado al oficio número SDRJ DRD 3535/96, de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se hizo del conocimiento de Aurelio Campos Vallejo la suspensión de la inscripción del contrato de mérito por la falta de notificación a los demás hijos del cedente, demuestran que no se notificó a Marcelino Campos Florencio la intención del ahora extinto ejidatario, José Enedino Campos de los Santos, de ceder a Aurelio Campos Vallejo los derechos sobre las parcelas números 42, 157 y 126, para que hiciera uso del derecho del tanto dentro del término de treinta días naturales que establece el artículo 80 de la Ley Agraria, por lo que se realizó contraviniendo lo dispuesto por el precitado artículo 80 y ese requisito debe ser cumplido aun cuando se transmitan los derechos parcelarios a un hijo del cedente, y en su apoyo citó las tesis cuyos rubros respectivamente son del tenor literal siguiente: ‘DERECHO DEL TANTO. LA NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE E HIJOS DEL ENAJENANTE DEBE SER ANTERIOR A LA VENTA (ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA).’. Tesis número II.A.27 A, consultable en la página 1007, Tomo VII, Novena Época, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y, ‘PARCELA EJIDAL, ENAJENACIÓN DE. ES NULA SI OMITE NOTIFICARSE A LOS TITULARES DEL DERECHO DEL TANTO.’. Tesis número VI.2o.77 A, visible en la página 512, Tomo V, enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-Para controvertir lo anterior el quejoso aduce violación a la garantía de legalidad que prevé el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario aplicó de manera incorrecta el artículo 80 de la Ley Agraria, así como la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 512, Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pues el contrato de cesión de derechos parcelarios no se hizo a título oneroso ni con personas extrañas, sino con uno de los hijos del ejidatario, ante ello no se tenían que observar los requisitos que exige el precitado artículo.-Resulta fundado el concepto de violación que se aduce.-El artículo 80 de la Ley Agraria dispone: ‘Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.-Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.-El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.’.-Ahora bien, la interpretación del artículo 80 de la Ley Agraria permite concluir que tratándose de la enajenación onerosa de derechos parcelarios, en la que el ejidatario o avecindado adquirente cubrirá un determinado precio al ejidatario vendedor, debe otorgarse el derecho del tanto al cónyuge e hijos de éste para que en su caso adquieran los derechos que se pretenden enajenar. Sin embargo, aun cuando el precepto legal en comento, en su primer párrafo, alude únicamente a una enajenación de derechos sin precisar si ésta es onerosa o no, del último párrafo del propio dispositivo se concluye que se refiere a una enajenación onerosa, al señalar que de no cumplirse con la notificación de dicho acto jurídico para que los beneficiarios del enajenante puedan ejercer su derecho del tanto, la venta podrá ser anulada. Con lo que resulta evidente que el numeral de que se trata se refiere a una enajenación onerosa de derechos en la que como retribución de la transmisión de su titularidad se fija un precio determinado, bien sea en dinero o en especie.-El contrato de cesión de derechos que fue declarado nulo es del tenor literal siguiente: ‘Convenio de cesión de derechos parcelarios a título gratuito que celebran por una parte el señor José Enedino Campos de los Santos, quien desde este momento se le denominará el cedente y por la otra parte el señor Aurelio Campos Vallejo, a quien desde este momento se le denominará el cesionario, ante la presencia de los testigos señores Guadalupe Méndez Felipe y Miguel Campos Trinidad, mismos que dan fe de la autenticidad del acto, quienes por sus generales dijeron ser ambos mayores de edad, ocupación campesinos, originarios y vecinos del núcleo de población ejidal de San Lucas el Viejo, perteneciente al Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Estado de Puebla.-Manifiesta el señor José Enedino Campos de los Santos, que el presente convenio de cesión legal de sus derechos parcelarios, lo formaliza en su totalidad en base a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Agraria, dando así cumplimiento al convenio de cesión de sus derechos agrarios celebrado en su momento con el señor Aurelio Campos Vallejo, de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y cinco, respecto al título agrario que se amparaba con el número 128152, ratificando, respetando y cumpliendo conforme es su voluntad a través del presente documento, al tenor de las siguientes: Declaraciones. I. Declara el señor José Enedino Campos de los Santos, que es mayor de edad, ciudadano, originario y vecino del poblado de San Lucas el Viejo, Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, de esta entidad federativa, ejidatario legalmente reconocido, tal como lo acredita con los certificados parcelarios expedidos en su favor, en cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 56, 78 y demás relativos de la Ley Agraria; así como 77, fracción I y 79 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional, de conformidad con el acta de asamblea de asignación y destino de tierras ejidales de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.-II. Declara el señor José Enedino Campos de los Santos, que es ejidatario de hecho y por derecho sobre tres fracciones de terrenos ejidales que forman una superficie total de 08-21-04.29 hectáreas, fracciones que se encuentran amparadas con los certificados parcelarios números, medidas, colindancias y ubicaciones siguientes: 1. Certificado parcelario número 000000102619 de la parcela número 42Z-1P1/1, con superficie de 03-50-73-03 has., ubicado en el paraje denominado «La Cañada», al noreste mide 154.42 metros en colindancia con brecha; al sureste mide 240.09 metros en colindancia con brecha; al suroeste mide 150.45 metros en colindancia con parcela 78 y al noroeste mide 232.82 metros en colindancia con brecha.-2. Certificado parcelario número 000000102618 de la parcela número 157Z-1P1/1, con superficie de 03-38-23.49 has., ubicado en el paraje denominado «Ochoa», al noreste mide 202.51 metros en línea quebrada con canal; al sureste mide 171.96 metros en colindancia con brecha; al suroeste mide 202.09 metros en colindancia con la parcela 188; al noroeste mide 179.94 metros en colindancia con brecha.-3. Certificado parcelario número 000000102617 de la parcela número 126Z-1P1/1, con superficie de 01-32-10.77 has., ubicado en el paraje denominado «Ochoa», al noroeste mide 201.40 metros en colindancia con la parcela 89; al sureste mide 60.55 metros en línea quebrada con canal y al noroeste mide 62.30 metros en colindancia con brecha. Documentos que se encuentran inscritos en el Registro Agrario Nacional bajo los folios números 21FD00102524, 21FD00102523 y 21FD00102522 en el orden descritos de 1 (uno) a 3 (tres).-III. Declara el señor José Enedino Campos de los Santos, que a partir de la fecha de la conclusión del presente convenio, quedan sin efecto legal sobre sus derechos parcelarios que le corresponden hasta este momento o a cualquier otro derecho que pudiera corresponderle, por lo que no existe impedimento legal alguno, en sujetarse al tenor de las siguientes: Cláusulas. Primera. Ambas partes reconocen y así dan fe de ello a los testigos de encontrarse en pleno goce de sus facultades físicas y mentales.-Segunda. El señor José Enedino Campos de los Santos, a través de esta cláusula, hace entrega de los certificados parcelarios, efectuando así la transmisión de sus derechos a favor del señor Aurelio Campos Vallejo.-Tercera. El señor Aurelio Campos Vallejo, manifiesta que cuenta con todos los requisitos de ley para la formalización total del presente convenio, comprometiéndose ambas partes a realizar las notificaciones correspondientes, tal como se encuentra establecido en el artículo 80, párrafo segundo de la Ley Agraria, para que surtan todos sus efectos legales correspondientes. Leído les fue a las partes el contenido del presente documento que consta de dos fojas útiles de frente; constándoles a los testigos que no media violencia física o moral, que los contratantes se encuentran en pleno goce de sus facultades físicas y mentales, que la materia del convenio lo constituye un inmueble, reconociendo su contenido lo firman al calce para constancia, así como los testigos que sancionan el acto en términos de ley, se da por concluido el presente a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.’ (fojas 30 y 31 del expediente agrario).-De la copia certificada del acta de nacimiento del ahora quejoso que se exhibió como prueba, se desprende que es hijo de Enedino Campos Santos (cedente) y Elvira Vallejo Bernabé. (foja 33).-De lo anterior se deduce que el contrato de cesión de derechos parcelarios, que se ha señalado, se realizó a título gratuito entre el ejidatario José Enedino Campos de los Santos o Enedino Campos Santos y Aurelio Campos Vallejo, quien es hijo del cedente y no a título oneroso, porque no se estableció contraprestación alguna. De ahí que no le es aplicable la causa de nulidad prevista en el artículo 80 de la Ley Agraria, relativa a la falta de notificación del derecho del tanto al cónyuge e hijos del titular, distintos de aquél a favor de quien se realizó la cesión, dado que al no haberse pactado retribución alguna por la transmisión de la titularidad de los derechos agrarios no existe el objeto de ese derecho preferencial, que consiste en que los beneficiarios puedan adquirir lo que se pretende enajenar ofreciendo un precio determinado, pues el cedente no pide tal retribución.-Por lo expuesto, se concluye que al haber considerado la autoridad responsable que el contrato de cesión de derechos resulta nulo por haberse incumplido con los requisitos de validez exigidos por el artículo 80 precitado, se viola la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, por haberse aplicado de manera incorrecta el numeral indicado, en razón de que, como ya se dejó establecido en párrafos anteriores, no le es aplicable la causa de nulidad establecida en el artículo señalado, pues no fue celebrado a título oneroso sino a título gratuito.-Habiendo resultado fundado el concepto de violación que se ha examinado procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, declare no probada la acción de nulidad ejercida por Marcelino Campos Florencio, respecto del convenio de la cesión de derechos parcelarios a título gratuito celebrado entre José Enedino Campos de los Santos y Aurelio Campos Vallejo, el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y seis. Y como consecuencia el reconocimiento como único sucesor respecto de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al cedente mencionado."

TERCERO.-El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al fallar el amparo directo número 190/96, es el siguiente:

"QUINTO.-Son inoperantes e infundados los agravios expresados.-En efecto, en cuanto aducen los quejosos Manuel González Hernández y Florencia Cabrera González que el primero nunca tuvo expedido a su favor certificado parcelario, sino únicamente contó con certificado de derechos agrarios, lo que dejó de tomar en cuenta la responsable, así como aplicar lo dispuesto por los artículos 76 y 78, entre otros, de la Ley Agraria en vigor, debe decirse que el mismo es inoperante ya que no integró la litis, toda vez que la actora en su demanda adujo los siguientes hechos: ‘1. La suscrita se encuentra casada legalmente con el señor Manuel González Hernández, como lo justifico con el acta de matrimonio, de fecha veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, levantada ante la fe del oficial del Registro Civil del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y que además acompaño al presente escrito, y con tal personalidad comparezco ante este tribunal a reclamar mis derechos que me concede la Ley Agraria en vigor.-2. Por investigaciones extraoficiales que la suscrita realizó, me enteré hace aproximadamente ocho días a la fecha que en el ejido denominado «La Mina», ubicado en la agencia municipal de su mismo nombre, perteneciente al Municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, se realizó una asamblea general de ejidatarios y entre otros asuntos, trataron lo relativo al traspaso de cesión de derechos o enajenación de una parcela ejidal con una superficie de aproximadamente once hectáreas y media de tierra, propiedad de mi esposo y ahora demandado señor Manuel González Hernández, y que éste mismo realizara a favor de la señora Florencia Cabrera González, así como también me enteré que a dicha señora le asignaron la referida parcela y le dan el reconocimiento de nueva poseedora sobre de ella.-3. Mi esposo y ahora demandado como ejidatario de «La Mina» en ningún momento me dijo que tenía pensado enajenar sus derechos parcelarios, pues las once hectáreas y media que constituyen la referida parcela las mantenemos en completa explotación con cultivo de caña de azúcar y es más, en el núcleo ejidal todos tienen conocimiento fundado que somos casados y que ambos tenemos derechos sobre la tantas veces mencionada parcela ejidal que reclamo, hemos vivido en paz y el producto de nuestra tierra lo cosecha el Ingenio Azucarero López Mateos, a cambio de una contraprestación económica que desde luego la compartimos los dos.-4. No obstante lo narrado en los tres hechos que anteceden, en la asamblea general de ejidatarios de «La Mina», celebrada el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cinco se aprueba la enajenación de los derechos ejidales que realiza el señor Manuel González Hernández a favor de la C. Florencia Cabrera González de la parcela a que me he venido refiriendo, pasándose por alto que soy la esposa legítima del señor Manuel, no se me notifica nada al respecto no obstante que tengo el derecho de preferencia y el derecho del tanto, resultando ilógico que hasta la misma Procuraduría Agraria omite este derecho en mi perjuicio, cuando que dicha institución debe velar porque se observe la normatividad agraria.-5. Por ser la esposa legítima del enajenante por haberse omitido observar lo establecido por el artículo 80 de la Ley Agraria en vigor, por haber dolo, mala fe y sobre todo porque el acto de operación o enajenación de derechos ejidales que realizara el señor Manuel González Hernández es contrario a la ley y porque también la asamblea general de ejidatarios, con mala fe sanciona y aprueba dicho acto sin que se me notifique del mismo, asignándole la parcela ejidal a la señora Florencia Cabrera González, desde este momento objeto e impugno no sólo la operación de venta, cesión de derechos, traspaso o como le hayan llamado, sino también pido su nulidad así como la nulidad del acta de asamblea general de ejidatarios de «La Mina» en donde se le aprueba.’ (fojas 1 y 2).-Al producir su contestación Manuel González Hernández y Florencia Cabrera González, manifestaron: ‘1. Es cierto lo que manifestaron: 1. Es cierto lo que manifiesta la parte actora en el correlativo que se contesta, en el sentido de que me encuentro casado con ella, mas sin embargo niego que en virtud de nuestro matrimonio la Ley Agraria le conceda derechos sin ser ella la titular de la parcela o derechos agrarios que fueron objeto de la cesión.-2. Por lo que respecta al correlativo que se contesta niego lo manifestado por la actora, toda vez que no obstante de estar separados desde hace ya algunos años, ella ya sabía de la asamblea que se iba a llevar a cabo, y de la cesión que iba yo a realizar, esto porque yo personalmente se lo comuniqué, y si fue así es porque la propia ley me lo permite, aunado a esto, que me he encontrado delicado de salud para seguir explotando la parcela motivo de la cesión, independientemente de que como titular de mi derecho y de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley Agraria en vigor, me corresponde a mí o me correspondía a mí el derecho, aprovechamiento, uso y usufructo de mi parcela.-3. Por lo que respecta al correlativo que se contesta niego lo manifestado por la parte actora, toda vez que a raíz de que yo he sido ejidatario o fui legalmente reconocido del ejido «La Mina», Municipio de Tuxtepec, Oaxaca, siempre trabajé mi parcela, y en ningún momento tengo por qué estarle pidiendo consentimiento a alguien, ni a la propia asamblea, sobre lo que tengo que hacer sobre los derechos individuales que en su momento me pertenecieron, como ya lo manifesté y fundamenté en el precepto legal antes invocado.-4. Niego lo manifestado por la parte actora en el presente correlativo que se contesta, toda vez que no se le tenía por qué notificar ni hacer valer el derecho de preferencia o el derecho del tanto, toda vez que no se está haciendo una enajenación de conformidad con lo que establece el artículo 80 de la Ley Agraria vigente, sino por el contrario es una cesión apegada a derecho y permitida por la ley en sus artículos 12, 14, 16, 20, 60 y demás relativos y aplicables por la Ley Agraria vigente, tan es así que como consecuencia de dicha cesión se asignaron legalmente los derechos agrarios que me pertenecieron a la C. Florencia Cabrera González mediante asamblea general de ejidatarios de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, originándose con esto la expedición de los certificados parcelarios números 000000048801 y 000000048802 y certificado de derechos sobre tierras de uso común número 000000011447 a favor de la C. Florencia Cabrera González lo que la acredita ahora como ejidataria legalmente reconocida de conformidad con lo establecido por el artículo 16, fracción II de la Ley Agraria en vigor.-5. Niego lo manifestado por la parte actora en el presente correlativo que se contesta, ya que como lo he manifestado en los puntos que anteceden no se trata de una enajenación de conformidad con el artículo 80 de la Ley Agraria en vigor, sino como ya lo expliqué fue una cesión apegada a derecho en donde se asignaron debidamente las parcelas que amparaban mi derecho mediante asamblea debidamente requisitada, agotando las formalidades que establece la ley, y en donde en el caso de tener derecho alguno la parte actora respecto del derecho objeto de la cesión, el mismo o la parcela que ampara dicho derecho hubiese quedado en conflicto de acuerdo al proceder, aunado a esto y que no fue así, la parte actora en el presente punto que se contesta impugna algo incierto, toda vez que no tiene ni conocimiento de lo que legalmente y conforme a derecho se hizo.’.-En estas circunstancias, y dado que Manuel González Hernández contara o no con certificado de derechos parcelarios no integró la litis, ya que no se controvirtió al respecto por la actora y tampoco los ahora quejosos al dar contestación lo adujeron, por lo que lo argumentado en torno a ello resulta inoperante; además de que al margen de lo anterior, en el hecho dos de su contestación señaló que como titular de sus derechos, y de conformidad con el artículo 76 de la Ley Agraria, a él le corresponde el aprovechamiento, uso y usufructo de su parcela, esto es, se refirió expresamente al precepto que consagra lo relativo a las tierras parceladas; y en el hecho tres, a que era innecesario pedir consentimiento de alguien para hacer la cesión ya que se trataba de sus derechos individuales, esto es, de sus derechos parcelarios de los que puede disponer conforme al numeral invocado.-En cuanto aducen que no hubo enajenación, ya que del dicho de ambos quejosos no se desprende que hubiere existido una compraventa al no haber proporcionado y recibido alguna cantidad de dinero y que por ende no tiene aplicación el artículo 80 de la Ley Agraria en vigor, debe decirse que si bien del acta de asamblea de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cinco aparece que Manuel González Hernández cedió sus derechos sobre sus parcelas que, conforme al anexo cuatro de la misma, corresponden a los números 156 y 223, con extensión de 2-30-25.254 y 7-94-35.035 hectáreas (foja 62), apareciendo de los certificados exhibidos por los propios demandados que el delegado del Registro Agrario Nacional expidió los certificados parcelarios 000000048801 y 000000048802 (fojas 93 y 94), respecto de las citadas parcelas 156 y 220, haciendo constar en los mismos que ello derivaba de la referida asamblea, por lo que se evidencia que hubo la transmisión de derechos parcelarios por parte de Manuel González Hernández, a favor de Florencia Cabrera González, aunque no hubiere existido una compraventa formal de las mismas; sin embargo, de una interpretación sistemática del citado artículo 80 de la ley en consulta, se arriba a la consideración de que si tratándose de una venta en la que el comprador cubrirá un precio al vendedor debe darse preferencia al cónyuge y a los hijos para que en su caso adquieran los derechos que correspondan al vendedor, por mayoría de razón debe brindarse también dicha oportunidad a éstos en los casos en que el ejidatario lleve a cabo una cesión de sus derechos, como en el caso lo confiesan los ahora quejosos se llevó a cabo de manera gratuita, puesto que al tratarse la cesión de una transmisión de derechos como ocurre en la compraventa en que también existe la transmisión de bienes o derechos, se estima que debe buscarse como en ésta la protección al núcleo familiar a través del ejercicio del derecho de preferencia, que puede deducir en su caso la cónyuge del cedente, por lo que lo expresado al respecto resulta infundado.-No obsta para considerar lo anterior, lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Agraria, en cuanto establece que el ejidatario tiene la facultad de hacer la designación de sucesores, a favor de cualquier persona, en la medida en que ello cobrará actualización hasta que ocurra el fallecimiento del ejidatario.-Tampoco es obstáculo a lo señalado, lo dispuesto por el artículo 20, fracción II de la propia ley, en cuanto prescribe que la calidad de ejidatario se pierde por renuncia de sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos a favor del núcleo de población, porque de la interpretación armónica de dicha fracción con el artículo 18 se advierte que tal renuncia operará sólo cuando no haya sucesores legalmente considerados, o sea que es dable concluir que la ley protege a la familia, para que ésta tenga oportunidad de deducir los derechos respectivos.-Por lo anterior, contrario a lo que se argumenta, la responsable al otorgarle valor probatorio pleno al acta de matrimonio exhibida por la quejosa como base de la acción de nulidad, actuó conforme a derecho, independientemente de que exhibiera o no algún documento que la acreditara como ejidataria, dado que por los motivos indicados, a la cónyuge debe permitírsele intervenir en el acto de transmisión de derechos parcelarios para que en su caso pueda ejercer el derecho de preferencia.-Finalmente en cuanto aducen que no tuvieron oportunidad de formular más posiciones a la actora no obstante que manifestaron previamente que se reservaban el derecho de formular nuevas posiciones, y que no se llamó a su asesor para que en su caso hiciera otras a la absolvente, ya que al no haber concurrido el asesor de la actora, y sin que conste que hubiere hecho uso de la palabra de abandonar la sala de audiencias su abogado, se asienta que realizó tal acción para que hubiera igualdad procesal, no obstante que el asesor de la actora ya sabía de la audiencia relativa, debe decirse, que si bien es cierto que en su escrito que contiene las posiciones que se formularon a la actora (foja 106), se indica que se reservaban los ahora quejosos el derecho para formular más posiciones, y que en la diligencia relativa no se cuestionó al respecto a los oferentes de la prueba, ello es intrascendente, habida razón de que en la especie es determinante la situación personal que une a la actora al demandado Manuel González Hernández, acreditada con el acta de matrimonio, así como la existencia de la transmisión de derechos realizada a favor de Florencia Cabrera González de la parcela ejidal de aquél, lo que condujo a la responsable a considerar acreditada la acción deducida, por lo que la reposición del procedimiento para que se formularan nuevas posiciones a la actora a nada práctico conduciría."

TERCERO.-Del análisis de las ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis se advierte que en el caso se verifica la divergencia de criterios, en razón de que por una parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo indicado, sustenta que el análisis del artículo 80 de la Ley Agraria, lleva a concluir que debe otorgarse el derecho del tanto al cónyuge e hijos del ejidatario cuando éste lleva a cabo una cesión de sus derechos parcelarios, aun cuando ésta sea a título gratuito.

Por otro lado, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene que el numeral de mérito que establece el derecho del tanto a favor del cónyuge e hijos del ejidatario, sólo es aplicable tratándose de enajenaciones a título oneroso, mas no en el caso de la cesión gratuita de derechos parcelarios.

En mérito de lo expuesto, es inconcuso que en el caso se verifica la divergencia de criterios denunciada, en tanto que los órganos colegiados contendientes arriban a conclusiones diversas al analizar el mismo problema jurídico, a saber, determinar si el derecho del tanto que establece el artículo 80 de la Ley Agraria a favor del cónyuge e hijos del ejidatario es aplicable sólo cuando éste lleva a cabo una cesión de derechos parcelarios a título oneroso, o si también opera cuando es a título gratuito, por lo que se configura la contradicción de tesis denunciada de conformidad con la tesis CLIII/90, sustentada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."

En mérito de los elementos indicados, procede dilucidar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

CUARTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer en lo esencial, el criterio que se sustenta en esta ejecutoria, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Para el análisis del problema jurídico que suscita la divergencia de criterios a que este toca corresponde, se parte del contenido del artículo 80 de la Ley Agraria.

El tenor de dicho numeral, es el siguiente:

"Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

"Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6632-ae8828b6/derechos-parcelarios-el-derecho-del-tanto-solo-opera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.