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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6655
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, , Pág. 50.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben:

I. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 404/99 (improcedencia), consideró en lo conducente lo siguiente:

Resolución de veintisiete de enero del año dos mil, dictada en el amparo en revisión 404/99 (improcedencia), promovido por Raúl Castillo Hi, contra actos del secretario de Energía y otras autoridades, que dice:

"CUARTO.-Los agravios expresados por el recurrente son infundados.-La Juez de Distrito resolvió que para que el promovente, ahora recurrente, pudiera impugnar los actos reclamados en la vía de amparo, debió agotar previamente los medios ordinarios de defensa, de conformidad con lo ordenado por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por lo cual, en términos de lo dispuesto por el diverso precepto 145 de la citada ley, al advertir dicha juzgadora que la demanda de garantías resultaba notoriamente improcedente, la desechó.-Como primer agravio aduce el recurrente que en el presente caso no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la Juez que desechó su demanda, porque se encuentra en un supuesto de excepción, al condicionar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevé el recurso ordinario de revisión en contra de los actos que reclamó en su demanda de garantías, para el otorgamiento de la suspensión de éstos, que sea procedente el citado recurso de revisión, lo que constituye mayores requisitos que los exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Invoca en apoyo una jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala que no es necesario agotar el recurso de revisión que establece la mencionada ley, previamente al juicio de garantías, porque al establecer como requisito para la suspensión, la procedencia del recurso, exige mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo, ya que ésta no condiciona la concesión de la medida cautelar, al hecho de que la demanda sea procedente.-En el segundo agravio señala que el recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es optativo y por ello no existe la obligación de interponerlo antes de ocurrir a esta vía, de conformidad con el artículo 83 de dicho ordenamiento, que establece: ‘Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales correspondientes.’, y cita para apoyar su razonamiento dos tesis que así lo señalan.-Agrega que aun cuando la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece un procedimiento para anular las notificaciones mal realizadas, como el mismo se debe ventilar mediante el recurso de revisión, mismo que es optativo e impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, no tiene la obligación legal de ocurrir a él, por tanto, la resolución desechatoria de la demanda de amparo es ilegal y debe revocarse.-El primero de los agravios es infundado, ya que si bien es cierto, el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé como requisito para la suspensión de los actos reclamados, entre otros, que sea procedente el recurso de revisión que se promueva, ello no constituye un requisito adicional a los exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, para su concesión, ya que tal requisito, aunque no estuviera señalado expresamente en el invocado precepto 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es esencial tomarlo en consideración, como lo es en el juicio de garantías, porque primero debe atenderse a la procedencia del recurso y luego a la medida cautelar. Por ello, este tribunal no comparte el criterio jurisprudencial citado por el quejoso, porque en tratándose del juicio de amparo, también se requiere satisfacer tal requisito, toda vez que, en cada caso, en primer lugar se analizan las normas que regulan su procedencia y después las relativas a la medida suspensional, y de encontrarse algún motivo manifiesto de improcedencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, conforme lo ordena el artículo 145 de la Ley de Amparo.-En relación con el segundo de los agravios, el mismo se estima infundado en cuanto que no existe razón lógica ni jurídica para establecer la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a lo que dispone diverso ordenamiento legal a la Constitución Federal y a la Ley de Amparo, ya que son estos cuerpos de normas los que regulan al juicio de garantías y prevén los principios fundamentales que lo rigen. Por ello, es inadmisible que con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pueda establecerse la procedencia del juicio constitucional como lo pretende el recurrente, ya que el agotamiento previo de los medios de defensa ordinarios que dicha ley establece para ocurrir al juicio de amparo, depende de lo que establecen las normas contenidas en la legislación que a éste regula, que no es otra que las leyes antes indicadas.-De lo expuesto resulta que como la interposición del recurso de revisión que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es optativa, ni dicha ley impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, el recurrente está obligado a su agotamiento en cumplimiento del principio de definitividad, y al no haberlo hecho, se ubicó en la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por lo cual en términos de lo dispuesto por el diverso precepto 145 de la citada ley, la Juez de Distrito correctamente advirtió un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías y legalmente la desechó, por lo que lo procedente es confirmar el auto recurrido y desechar la demanda de garantías promovida por Raúl Castillo Hi."

La tesis derivada del anterior criterio se identifica con la clave TC172009.9AD1, la cual está pendiente de publicación y dice:

"RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO.-Aun y cuando el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé, como requisito para la suspensión de los actos reclamados, que sea procedente el recurso de revisión que se promueva, ello no constituye un requisito adicional a los exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, para su concesión, ya que tal aspecto también debe considerarse en el juicio de garantías; así, en el recurso primero debe atenderse a su procedencia y luego a la medida cautelar; y en tratándose del juicio de amparo, se requiere satisfacer tal requisito, toda vez que, en cada caso, en primer lugar, se analizan las normas que regulan su procedencia y después las relativas a la medida suspensional, y de encontrarse algún motivo manifiesto de improcedencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, conforme lo ordena el artículo 145 de la Ley de Amparo. Por otra parte, es inadmisible que con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pueda establecerse la procedencia del juicio constitucional, ya que el agotamiento previo de los medios de defensa ordinarios que dicha ley establece para ocurrir al juicio de amparo, depende de las normas contenidas en la Constitución Federal y la Ley de Amparo. De lo anterior, resulta que la interposición del recurso de revisión previsto en la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es optativa, ni se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión, que los contemplados por la Ley de Amparo, por lo que el quejoso está obligado a agotar el aludido medio de defensa, a efecto de dar cumplimiento al principio de definitividad, y de no hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo."

II. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 4602/96, 282/97, 4452/97, 342/98 y 1352/98, consideró en lo conducente lo siguiente:

Sentencia de veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, dictada en el amparo en revisión 4602/96, promovido por Francisco Javier Sánchez Campuzano, en representación de XENU Radio, Sociedad Anónima, contra actos del secretario de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades, que dice en lo conducente:

"QUINTO.-Son jurídicamente ineficaces los agravios hechos valer para revocar el fallo recurrido.-Por razón de método se analizan en primer término el segundo y tercero de ellos.-A través del último de los citados, la autoridad recurrente aduce que la resolución recurrida le causa agravio, porque en ella no se tomó en cuenta la causal de improcedencia prevista en la fracción XV de la Ley de Amparo (sic), misma que hizo valer en el informe justificado que rindió en el juicio de garantías de que se trata; la cual hace valer nuevamente en el presente recurso de revisión, por considerar que la parte quejosa antes de acudir al juicio constitucional debió haber agotado el recurso de revisión previsto en el título sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías.-Según se advierte de la sentencia transcrita, el Juez a quo omitió el estudio de la causal de improcedencia que invoca la recurrente y que se hizo valer en el informe justificado que rindió (fojas 161 a 175 de los autos).-Ahora bien, este órgano colegiado considera que no asiste la razón al recurrente al decir que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia a que alude, cuyo estudio procede de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.-En efecto, la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece: ‘Art. 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’.-Ahora bien, contrariamente a lo manifestado por la autoridad recurrente, la parte quejosa no estaba obligada a interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque el numeral 87 de este ordenamiento legal exige más requisitos para la suspensión del acto reclamado, que los consignados por el artículo 124 de la Ley de Amparo.-Para corroborar lo anterior basta transcribir los preceptos legales aludidos: ‘Art. 87. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.-La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.’.-Por su parte el artículo 124 de la Ley de Amparo establece: ‘Art. 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.-Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.-El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’.-De las transcripciones anteriores, con meridiana claridad se advierte, que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al establecer como requisito para la suspensión del acto impugnado la procedencia del recurso, exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para tal fin, pues ésta no condiciona el otorgamiento de la medida cautelar, al hecho de que la demanda sea procedente; motivo por el cual, forzoso es concluir que la parte quejosa no se encontraba obligada a agotar previamente a la interposición del juicio de amparo, el recurso de revisión a que alude la responsable."

Resulta innecesario transcribir las sentencias de catorce de marzo y veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, cinco de junio y once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, dictadas en los amparos en revisión 282/97, promovido por Roberto Arochi Escalante, en representación de Effem México, Inc. y Compañía, Sociedad en Nombre Colectivo de Capital Variable, contra actos del secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y otras autoridades; 4452/97, promovido por David Pérez Villanueva, en representación de Ángel Domingo Curiel, contra actos del secretario de Gobernación y otras autoridades; 342/98, promovido por Zeferino Aguirre Ruiz, por su propio derecho, contra actos del secretario de Educación Pública y otras autoridades y, 1352/98, promovido por José Luis Gutiérrez Azpe, en representación de Texcom Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del director general de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud de que se apoyan, esencialmente, en las mismas consideraciones que la que fue reproducida en el párrafo que antecede, resultando inoficioso copiarlas nuevamente.

La tesis jurisprudencial derivada de los anteriores criterios se identifica con el número I.2o.A. J/20, la cual es consultable en la página 1043, del Tomo VIII, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, PORQUE IMPONE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-El artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través del recurso de revisión que prevé tal ordenamiento legal; sin embargo, al establecer como requisito para la suspensión del acto impugnado la procedencia del recurso, exige mayores requisitos de los consignados por la Ley de Amparo para tal fin, pues ésta no condiciona el otorgamiento de la medida cautelar, al hecho de que la demanda sea procedente; motivo por el cual de conformidad con la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, previamente al juicio de garantías no es necesario agotar el recurso de mérito."

CUARTO.-Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.

Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

Es aplicable la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible en la página 22, tomo 58, octubre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

QUINTO.-A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar los antecedentes que dieron origen, primero a las demandas de amparo y luego a las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando sólo los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que se contienen en las ejecutorias de la presente contradicción.

A) La ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 404/99 (improcedencia), promovido por Raúl Castillo Hi, tiene como antecedente:

1. Que Raúl Castillo Hi, acudió ante la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua en demanda de amparo, reclamando del secretario de Energía y otras autoridades, las órdenes dictadas a efecto de que se emitiera el oficio DNLA/0507/99 de la Dirección General de Gas L.P. y de Instalaciones Eléctricas; las omisiones derivadas de dicho oficio; la determinación que en el mismo se contiene, recaída a su escrito de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el que se solicitó la renovación automática de la aprobación que se le concedió para operar como unidad de verificación de instalaciones eléctricas, así como la notificación que de esta última se le practicó.

2. La Juez Federal desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo por los motivos que a continuación de precisan:

2.1. Consideró que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.

2.2. Arribó a tal conclusión luego de señalar que los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados a través del recurso de revisión previsto por el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que debió agotarse antes de ocurrir al amparo, pues la interposición de ese medio de impugnación suspende la ejecución de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva.

3. El Segundo Tribunal Colegiado a quien tocó conocer de la revisión, confirmó el auto impugnado apoyándose en que:

3.1. Si bien el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé como requisito para la suspensión de los actos reclamados, entre otros, que sea procedente el recurso de revisión que se promueva, ello no constituye un requisito adicional a los exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, toda vez que aquel requisito aunque no estuviera señalado expresamente en el primero de los preceptos invocados, es necesario tomarlo en consideración como sucede en el juicio de garantías, ya que primero debe atenderse a la procedencia de la demanda y después a la medida cautelar, pues de encontrar algún motivo manifiesto de improcedencia, debe desecharse de plano la demanda de garantías sin suspender el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la citada Ley de Amparo. De lo anterior resulta que como la interposición del recurso de revisión que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es optativa, ni dicha ley impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, el recurrente está obligado a su agotamiento en cumplimiento al principio de definitividad, por lo que al no haberlo hecho, se ubicó en la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la invocada Ley de Amparo.

B) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 4602/96, confirmó la sentencia recurrida y tiene como antecedente:

1. Que en el juicio de garantías planteado por Francisco Javier Sánchez Campuzano, en representación de XENU Radio, Sociedad Anónima, se reclamó del secretario de Comunicaciones y Transportes y otra autoridad, el oficio de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, mediante el que niegan y desechan la solicitud para instalar y operar un equipo de radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada, en modificación y adición al título de concesión para la estación de radiodifusión XENU-AM, frecuencia 1550 kilohertz.

2. El Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal al resolver el juicio de amparo correspondiente, determinó conceder el amparo por falta de motivación del acto reclamado.

3. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión y el tribunal revisor, en lo que interesa a la contradicción, decidió confirmar la sentencia recurrida y otorgar el amparo, bajo los siguientes argumentos:

3.1. Adujo que contrariamente a lo manifestado por la autoridad recurrente, la parte quejosa no estaba obligada a interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues el diverso precepto 87 de dicha ley exige más requisitos para la suspensión del acto reclamado, que los consignados por el artículo 124 de la Ley de Amparo para tal fin, ya que esta última no condiciona el otorgamiento de la medida cautelar al hecho de que la demanda sea procedente; por tal motivo debe concluirse que la parte quejosa no se encontraba obligada a agotar previamente a la interposición del juicio de garantías, el recurso de revisión a que alude la responsable.

SEXTO.-Del análisis de las anteriores ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis, se advierte que con independencia de los antecedentes que se suscitan en cada una de las demandas de garantías, en el caso sí se configura la divergencia de criterios, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se precisan:

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, considera en lo sustancial que cuando se reclaman actos o resoluciones de autoridades administrativas en la vía de amparo, deben agotarse previamente los medios ordinarios de defensa, de conformidad con lo ordenado por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, razón por la que si en el caso el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé el recurso de revisión y el mismo no exige mayores requisitos que la citada Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados ni su interposición es optativa, el recurrente estaba obligado a agotarlo en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la misma hipótesis anterior, considera que no es necesario interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 87 de la ley federal correspondiente previamente al juicio de garantías, porque exige más requisitos para la suspensión del acto reclamado que los consignados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que esta última no condiciona la medida cautelar al hecho de que la demanda sea procedente.

En tales condiciones, la contradicción de tesis versa sobre el tema específico de si es necesario o no, agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, previamente a la interposición de la vía constitucional.

Es aplicable en el caso la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3a./J. 38/93, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, consultable en la página 45, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."

SÉPTIMO.-Con objeto de resolver la contradicción de tesis que ha sido fijada en la última parte del considerando que antecede, debe tenerse presente lo que disponen los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."

El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.

El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ejemplos de lo anterior son los criterios expresados por este Alto Tribunal que a continuación se transcriben:

"RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.-El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común."

(Página 300, jurisprudencia 451, Tomo VI, Segunda Sala, Apéndice de 1995).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6655-b2dc926c/amparo-indirecto-contra-actos-administrativos-regidos-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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