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Modo: Corpus Pro

RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN SOBRE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y QUE NO PRESENTÓ, ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITAR DICHA RELACIÓN SI NO APARECE DESVIRTUADA POR OTRA PRUEBA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2000-SS. · Registro digital (IUS): 7060
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 149.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día nueve de febrero del año dos mil uno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio número 284 de fecha 17 de octubre de dos mil, recibido en la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el diecinueve siguiente, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, hizo del conocimiento del presidente de esta Sala, la posible contradicción entre la tesis de rubro: "RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITARLA, SI NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO.", emitida por ese Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo laboral número 264/2000 y la diversa de rubro: "RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS, ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITARLA.", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver el amparo directo laboral 565/98. Dicho oficio es del tenor siguiente:

"Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, me permito denunciar ante esta Segunda Sala, la posible contradicción entre el criterio sustentado en la tesis aislada número XX.2o.1 L con el rubro: ‘RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS, ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITARLA.’, consultable en la página 838, Novena Época, Tomo X del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el criterio sustentado en la tesis aislada con la clave TC075048.9 LA1 y rubro: ‘RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA SI PARA ACREDITARLA NO EXISTE PRUEBA EN CONTRARIO.’, emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito que me honro en presidir, al resolver el amparo directo laboral número 264/2000, promovido por Pablo Revuelta Hernández, aprobada por unanimidad de votos en sesión de 31 de mayo del presente año.-Para los efectos legales correspondientes, me permito enviar a esa superioridad, copia certificada de la tesis formulada por este órgano y de la ejecutoria relativa de la cual derivó."

SEGUNDO.-Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil, el presidente de la Segunda Sala de este Supremo Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente relativo, y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requirió al presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, para que en el término de tres días se sirviera enviar copias certificadas de la sentencia dictada en el expediente de su índice, o en su caso informara el impedimento legal para ello.

En proveído de diecisiete de noviembre del mismo año, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto; y ordenó que se diera a conocer dicho acuerdo al procurador general de la República para que expusiera su parecer.

El cinco de diciembre de dos mil, el secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de treinta días concedido al procurador general de la República transcurría del treinta de noviembre del dos mil al veintinueve de enero del dos mil uno.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento alguno.

En proveído de once de enero del año actual, se turnaron los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con apoyo en el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete; lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados que se pronunciaron sobre aspectos relativos a la materia de trabajo, de competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establece, en la parte conducente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

El precepto antes reproducido establece los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, para lo cual dispone que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.

En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que es uno de los tribunales contendientes; consecuentemente, está facultado por la Ley de Amparo para hacerlo.

TERCERO.-Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al fallar el treinta y uno de mayo de dos mil el amparo directo 264/2000, promovido por Pablo Revuelta Hernández, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:

"SEGUNDO.-La existencia de los actos reclamados quedó acreditada con el expediente laboral número 352/VII/98, que envió la Junta responsable con su informe justificado.-TERCERO.-El laudo reclamado, en su parte conducente, dice: ‘SEGUNDO.-De los hechos de la demanda y contestación a la misma, lo cual no transcribiremos a fin de evitar innecesarias repeticiones, ya que se encuentran las correspondientes manifestaciones plasmadas en el laudo combatido con fecha cuatro de junio del año próximo pasado y por economía procesal, advertimos que no se advierte ningún hecho cierto y como controvertido a dilucidar el siguiente: definir si (sic) el actor Pablo Revuelta Hernández y la parte demandada existieron relaciones de trabajo; y si éstas existieron, definir si procede o no condenar a la parte demandada a pagar indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios establecidos, antigüedad, salarios devengados y nivelación de salarios.-TERCERO.-Entrando al estudio del controvertido citado en el considerando que antecede, el cual no transcribimos a fin de evitar inútiles repeticiones, tenemos que en este caso la parte actora se dice despedida de su trabajo en forma injustificada, mientras que la demandada, específicamente el representante y propietario de la negociación codemandada, niega la relación laboral argumentada por el actor, por lo que de conformidad con la jurisprudencia contenida en el Apéndice 1975, 5a. Parte, 4a. Sala, tesis 65, P. 74 y 75 que textualmente refiere: «DESPIDO DEL TRABAJADOR, CARGA DE LA PRUEBA.-En los conflictos originados por el despido de un trabajador, toca a éste probar la existencia del contrato de trabajo y el hecho de no estar ya laborando, cuando esas circunstancias sean negadas por el patrón, mientras que a este último corresponde demostrar el abandono, o bien los hechos que invoque como causa justificada de rescisión del contrato de trabajo.».-Por lo que corresponde en este caso a la parte actora demostrar que existió la relación laboral por ella aducida en su escrito de demanda con la ahora demandada, por lo que nos abocamos al estudio de sus medios probatorios y encontramos la confesional a cargo de Juan Javier Revuelta Hernández en su carácter de representante legal de la empresa demandada denominada Talleres y Servicios Integrados (posiciones foja 86 a 89. Diligencia a fojas 90, 91 y 275 vta.), así como la confesional a cargo del mismo absolvente en su carácter de codemandado físico y para hechos propios (posiciones foja 91 a 94. Desahogo a fojas 95 y 277); la confesional a cargo de la codemandada física Cecilia de los Ángeles Peña Moisen para hechos propios (posiciones fojas 96 y 97. Diligencia a fojas 98 Fte. y Vta.) y la confesional a cargo de Jacinto Revuelta Hernández para hechos propios (posiciones a fojas 99 a 101. Diligencia fojas 98 Vta. y 102 Vta. de autos), vemos que estos elementos de prueba no producen ningún beneficio a su oferente, toda vez que los deponentes contestaron de forma tal a las posiciones que se les plantearon que no se perjudicaron.-Por otro lado tenemos la testimonial a cargo de Óscar Emmanuel Salas Ramírez y Braulio Ortiz Hernández (interrogatorio fojas 103. Diligencia fojas 106, 107 y 123 de autos), al respecto vemos que este elemento probatorio no favorece los intereses de su oferente, toda vez que lo depuesto por los declarantes en cita no acredita de ninguna manera los hechos que en este juicio se tratan de probar, ello en virtud de que dichos testigos resultan ser los clásicos «de oídas», pues como podemos observar de sus respuestas dadas por cuanto hace a Óscar Emmanuel Salas Ramírez, respondió a la interrogante marcada con el número 8 que refiere: «¿Qué sucedió el día veinticinco de septiembre de 1998 en las oficinas de dicha empresa?» (refiriéndose la pregunta a la fecha en que el actor se dice despedido), «bueno, a voz del mismo Pablo Revuelta, él fue a mi negocio en la nochecita que ya había dejado de trabajar en el taller de su hermano y que desde ese momento se desligaba de la empresa y por cualquier asunto relacionado con la empresa él ya no se hacía responsable porque su hermano lo había corrido»; así mismo, al dar razón de su dicho el testigo en estudio manifestó: «Son dos razones, la primera por voz de Pablo Revuelta por lo que anteriormente dije, y la segunda por voz de Juan Revuelta, porque ellos me pedían presupuestos y ayuda y orientación sobre los trabajos que ellos realizaban, fue cuando por voz de Juan Revuelta que me enteré de que Pablo ya no trabajaba con él.».-De lo antes transcrito, nos podemos dar cuenta que al testigo le constaron los hechos que el actor trata de demostrar por habérselo comunicado el propio actor y confirmado supuestamente el hermano de éste ahora demandado; sin embargo, la finalidad de la pregunta 8 y la razón del dicho no encuadra con las respuestas vertidas por el declarante, apreciándose evidentemente que no presenció el supuesto despido que en este caso el actor trata de probar, ya que no se ubica de ninguna forma en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se sucedieron los hechos, sino que se enteró como así lo afirma, por voz del propio actor, por lo que el dicho del citado testigo desmerece en credibilidad y valor probatorio a favor de su oferente.-Por cuanto hace al segundo testigo José Braulio Ortiz Hernández, tenemos que su dicho igualmente desmerece en credibilidad, en virtud de las mismas razones que se expusieron al analizar el dicho del primer testigo; pues como podemos advertir de lo que respondiera el testigo que en este acto se analiza a la interrogante marcada con el numeral 8 del respectivo interrogatorio a su cargo, la cual fuera transcrita líneas antes, en la correspondiente respuesta manifestó: «El señor Pablo me comentó que había tenido un problema con el señor Juan Javier y lo había corrido del trabajo, me parece que fue por un disgusto que no le quería pagar», siendo la razón de su dicho la siguiente: «Obviamente en el trabajo que yo me desempeño tengo que darle atención a dichos y varios clientes obviamente el señor Pablo Revuelta me llevaba unidades de su empresa a servicio donde siempre el trato lo tenía con él y por vía telefónica me decía de los servicios y pactamos el pago que era por cheque y no por efectivo, en pocas ocasiones tuve trato con el señor Juan Javier, además el señor me mencionaba que tenía que arreglarlo todo con Pablo, o sea su hermano en cuestión de pago, los días hábiles que yo tenía disponible a sus unidades de Pemex y su servicio y de camionetas de Pemex, también me llevaban unidades de los Ayuntamientos.».-De lo anterior podemos notar que de ninguna manera al testigo en estudio le constaron los hechos que la parte actora pretende probar, ya que su dicho se encaminó a tratar de acreditar circunstancias diversas a la que se le planteara en la interrogante respectiva, haciéndose hincapié nuevamente que se enteró del supuesto despido del actor por comentarios que el mismo le hizo, sin constarle propiamente a Óscar Emmanuel Salas Ramírez que efectivamente el multirreferido actor haya sido objeto de un despido injustificado en las oficinas de la empresa demandada el día 25 de septiembre de 1998, por lo que repetimos que este elemento probatorio no produce ningún beneficio a su oferente, al no resultar concisas ni contestes las respuestas dadas a las interrogantes que se les plantearan a los testigos de referencia.-Por otro lado nos encontramos con las documentales que en este acto se tienen a la vista, consistentes en cinco cheques de fechas diversas, expedidos a favor del hoy actor por Juan Javier Revuelta Hernández, encontrándonos que estos elementos de prueba no producen beneficio a su oferente, toda vez que si bien es cierto aparece como expendedor de los cheques el ahora demandado propietario de la negociación codemandada en este juicio, cierto es también que en los mismos no se encuentra comprendido o anotado el concepto por los cuales Juan Javier Revuelta Hernández se los hiciera llegar o se los haya entregado al actor en concepto de pago de salario por los servicios prestados, pues no basta la presunción que se deriva del contenido de dichos documentos para llegar a establecer la existencia de una relación de trabajo con todos los requisitos inherentes a ella, los cuales no se surten con el contexto de los documentos en estudio, por lo que es de repetirse que estos elementos probatorios no favorecen los intereses de la parte que los ofrece.-Por otro lado nos encontramos con la inspección ocular cuya diligencia se encuentra asentada a fojas 278 a 279 Vta. de los autos, llevada a cabo por el actuario adscrito a este tribunal de trabajo en las listas de raya, pólizas de cheques de pago de salario, nóminas, recibos, libros y documentación de la contabilidad; al respecto tenemos que este elemento probatorio no favorece los intereses de su oferente, en virtud de que de la certificación que efectuara el actuario adscrito a esta Junta Especial en la diligencia correspondiente sobre los puntos versantes motivo de la misma, se advierte que en ninguno de los documentos exhibidos aparece el sueldo del actor, el pago de fondo de ahorro, de séptimos días, descuentos por faltas injustificadas, vacaciones, etc., concluyendo que en los documentos exhibidos no aparece el hoy actor como trabajador y que éste recibiera los pagos sobre los conceptos referidos; quedando esto plenamente reconocido por la representación legal de la actora, ya que en dicha diligencia reconoce que el demandado omitió exhibir los documentos requeridos por el actuario, afirmando que dentro de toda la contabilidad se sustrajeron las pólizas de pago de salarios que supuestamente en forma quincenal y mensual venía recibiendo el demandante.-Y si bien es cierto, el apoderado legal de la parte actora señala que en las pólizas de egresos y balances exhibidas y otros libros, aparecen anotaciones diversas sobre cheques que le fueron ofrecidos al actor, esto es sólo una manifestación sin sustento legal alguno que no se encuentra respaldada con ningún medio probatorio que avale la misma y que efectúa dicho manifestante en la diligencia de mérito, por lo que en forma concluitiva manifestamos que esta prueba no beneficia los intereses de quien la ofrece, ya que con sus resultados no se surten los requisitos necesarios impuestos por la ley de la materia y que hacen conformar la relación laboral que en este juicio se pretende probar, como lo es el pago de un salario, horario de trabajo, subordinación, etc., no favoreciendo, luego entonces, los intereses de la actora, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que se derivan del presente asunto, lo que hace que lleguemos a la convicción de que al no surtirse los requisitos establecidos por la ley laboral con las pruebas acabadas de analizar aportadas por la parte actora, para considerar la existencia de una relación laboral entre las partes, proceda absolver a la demandada de pagar cantidad alguna por los conceptos indemnizatorios y demás prestaciones reclamadas en el escrito de demanda; sin embargo y con el fin de no perjudicar los intereses de las partes, nos abocamos al estudio de los medios probatorios aportados por la parte demandada, por si con ellos o alguno de ellos pudiera desvirtuarse lo hasta aquí dicho, y encontramos las documentales contenidas a fojas 58 a 69 de los autos, consistentes en 13 formas relativas a la cédula de determinación de cuotas expedidas por el IMSS, en donde aparece como patrón el codemandado físico Juan Javier Revuelta Hernández así como la plantilla de personal que labora en su empresa y el giro de ésta, apreciándose que el nombre del actor no se encuentra comprendido en dicho listado, lo que nos hace presumir que son ciertas las argumentaciones de la demandada al dar contestación a la demanda en el sentido de que entre el personal que labora a su servicio, no se encontraba Pablo Revuelta Hernández, por lo que consideramos que este elemento de convicción beneficia los intereses de su oferente, como igualmente sucede con las documentales que se hallan agregadas a fojas 70 a 76 de autos, consistentes en 7 formularios expedidos por el IMSS para la determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones para el pago del Infonavit, donde aparece como patrón el codemandado Juan Javier Revuelta Hernández y la plantilla del personal que labora a su servicio, no apreciándose el nombre del hoy actor como trabajador al servicio del patrón antes citado, por lo que este elemento de prueba como antes se dijo, beneficia los intereses de su oferente.-Por otra parte tenemos la documental que se halla agregada a fojas 77 de los autos, consistente en un escrito en fax de fecha 25 de septiembre de 1998, dirigido a la Delegación Regional Veracruz Sur, Subdelegación Córdoba, por el codemandado físico Juan Javier Revuelta Hernández y firmada por ausencia por Sergio Jiménez Páez en su carácter de contador general de la empresa demandada, en donde comunica el demandado diversas situaciones relativas al manejo de su empresa; al respecto tenemos que este elemento probatorio nos arroja la presunción de que quien efectuaba las actividades administrativas era precisamente el contador general en cita Sergio Jiménez Páez y no el hoy actor, por lo que la presunción que se deriva del contenido del documento en estudio favorece los intereses de la oferente.-Y por lo que se refiere a la documental agregada a fojas 78 de los autos, consistente en un escrito de fecha 21 de julio de 1998, dirigido a la Administración Local de Recaudación en esta ciudad de Córdoba, signado por el codemandado físico Juan Javier Revuelta Hernández, en el cual expresa manifestaciones relativas a la administración de su empresa, tenemos que dicho documento para el punto controvertido en estudio resulta irrelevante, toda vez que su contenido se encuentra encaminado a acreditar situaciones diversas al mismo, sucediendo lo mismo con la documental contenida a fojas 25 de los autos, consistente en una copia fotostática de la forma R-1, relativa al formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la que se infiere el alta ante dicho organismo de la negociación propiedad de Juan Javier Revuelta Hernández, tenemos que este elemento probatorio únicamente nos acredita la circunstancia antes detallada, por lo que su contexto resulta intrascendente en el punto a dilucidar, ya que no logra desvirtuar el resultado obtenido de los medios de prueba que aportara la parte demandante, por lo que favorecen a plenitud los intereses de la parte demandada la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana.-Por lo tanto, después de haber analizado cuidadosamente los medios de prueba que los contendientes en este juicio aportaron en la etapa procesal correspondiente, tenemos que las pruebas ofrecidas por el actor, en ningún momento lograron actualizar la existencia de una relación de trabajo con todos los requisitos y supuestos jurídicos que conlleva una relación de trabajo, como lo es estar bajo el mando y/o dirección, pago de un salario, estar sujeto a una jornada de trabajo, subordinación, etc., por lo que al no actualizarse estos supuestos con las pruebas aportadas por el reclamante, de ninguna manera podemos considerar actualizada a favor del actor la relación de trabajo que dice existió con la parte ahora demandada; así mismo, con el material probatorio aportado por la parte demandada, no se desvirtuó de manera alguna el resultado que se obtuviera de los medios de convicción ofrecidos por la representante legal de la parte demandada, lo que hace que en este caso se considere como verdad legal la inexistencia de la relación laboral negada por la parte demandada, actualizándose de este modo su excepción opuesta como defensa y proceda absolver a dicha parte de pagar cantidad alguna en concepto de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, aumentos salariales, antigüedad, salarios devengados y nivelación de salarios.-CUARTO.-Por cuanto hace al llamamiento que hizo esta Junta a petición de la actora al Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos que en este caso se ordena dar vista a dicho organismo con las resueltas (sic) del presente juicio para los efectos legales correspondientes.’.-CUARTO.-La parte quejosa, como conceptos de violación, expone: ‘Primer concepto de violación. Se violan en mi perjuicio las garantías tuteladas por los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en relación con los artículos 829, fracción III, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.-Efectivamente el numeral 540 de la Ley Federal del Trabajo establece los requisitos que deben contener los laudos: Art. 840. El laudo en el apartado VI señala (sic): «Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento». Sin embargo, el laudo emitido por la responsable omite señalar las razones legales o de equidad, haciendo una mala interpretación de la tesis de jurisprudencia contenida en el Apéndice 1975, 5a. Parte, Cuarta Sala. Tesis 65, P. 74 y 75 que dice: «DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA.-En los conflictos originados por el despido de un trabajador, toca a éste probar la existencia del contrato de trabajo y el hecho de no estar ya laborando, cuando esas circunstancias sean negadas por el patrón, mientras que a este último corresponde demostrar el abandono, o bien los hechos que invoque como causa justificada de rescisión del contrato de trabajo.», sin embargo, en el presente juicio la responsable al emitir su laudo absolviendo a la empresa demandada y determinar que las pruebas ofrecidas por la parte actora no favorecen a los intereses del oferente omite hacer una valoración sujetándose a lo dispuesto por el artículo 840 de la ley de la materia, toda vez que la Junta responsable falta a los principios de correcto raciocinio, congruencia y motivación en relación con el considerando segundo de la resolución que se impugna, ya que la no transcripción de los cuestionamientos existentes en la demanda y en la contestación impiden considerar el valor de las pruebas rendidas en el sumario del juicio, así como la concatenación de éstas con las que la ejecutoria de amparo ordenó desahogar, tales como la inspección judicial y la confesional a cargo del demandado Juan Javier Revuelta Hernández y en este sentido la responsable soslaya la interpretación jurídica de la ley, los principios generales del derecho y es omisa en aplicar las normas esenciales del procedimiento aplicables al caso, infringiendo las garantías tuteladas por los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, así como las normas esenciales del procedimiento aplicables al caso que se controvierte con este juicio. Es incuestionable que respecto de la demanda y contestación existen hechos ciertos que para el caso del demandante se acreditan con el enlace pleno de las pruebas ofrecidas y rendidas en el juicio en cuestión. Por otra parte la Junta responsable aduce que no existe relación laboral, apreciando subjetivamente que es el contador quien efectuaba las actividades administrativas y no el demandante y ello acusa una excesiva parcialidad a favor de la parte demandada sin perjuicio de que la propia Junta responsable soslaya la aplicación de la suplencia de la queja que prevé la fracción cuarta del artículo 76 de la Ley de Amparo; así mismo, la Junta responsable es omisa en considerar todas y cada una de las observaciones y objeciones que el apoderado de la parte actora verificó en la diligencia de inspección judicial que se practicó merced a la ejecutoria de amparo y tales observaciones y objeciones adminiculadas con las pruebas de autos, fundan la procedencia de la acción del demandante en este juicio, respecto de lo que no se actuó con congruencia y equidad por parte de la responsable.-Segundo concepto de violación. Se violan en mi perjuicio las garantías tuteladas por los artículos 14, 16 y 123 constitucionales en relación con los artículos 804, fracción II, 805 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los artículos 841, 842, 830, 831, 832, 834, 840, fracción VI y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.-Efectivamente, al ocurrir la diligencia de inspección judicial que obra en autos, el actuario designado requirió a la demandante para que diera cumplimiento con lo establecido por el artículo 840, fracción II, de la ley de la materia, en el sentido de que «exhiba la siguiente documentación: listas de raya, pólizas de cheques de pago de salario, nóminas, recibos, libros y documentación de contabilidad de la demandada y los cuales deberán de abarcar el periodo comprendido del 31 de enero de 1997 al 30 de septiembre de 1998 ... Con el apercibimiento para la parte demandada que de no exhibir la documentación que en este acto se le requiere se le tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que la parte actora pretende probar con el desahogo de la presente prueba». Esta cuestión debidamente acreditada, fue soslayada en su apreciación, estudio y valoración por la autoridad responsable, transgrediendo en perjuicio de la parte demandante las estipulaciones de las normas que en el primer párrafo de este concepto de violación se han señalado, faltando a los principios de equidad, congruencia y de debida aplicación de las citadas normas enumeradas, dando lugar a la emisión de un laudo infundado y sin estar debidamente fundamentado, y sin que dicho apercibimiento que se le hizo a la demandada como consta en la diligencia en mención se haya aplicado como corresponde en derecho.-Tercer concepto de violación. Se violan en mi perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 840, fracción IV, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente la responsable al emitir su laudo viola en mi perjuicio los numerales de la Ley Federal del Trabajo antes enunciados, en razón de constar en autos material probatorio suficiente para acreditar que el suscrito sí laboraba para la demandada, como es la prueba documental ofrecida desde el escrito de pruebas de la parte actora y que fueron recibidos conforme a derecho, consistente en cinco cheques de fechas diversas expedidas a favor del actor por el demandado Juan Javier Revuelta Hernández, mismas documentales que por haberse solicitado su ratificación por el mencionado Juan Javier Revuelta Hernández y toda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7060-4d2d51c6/relacion-laboral-la-presuncion-derivada-de-la-prueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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