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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7084
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 334.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-En las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver la queja 38/97, promovida por ... se sostuvo el siguiente criterio:

"TERCERO.-Es fundada la presente queja.-En efecto, consta de autos que ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Nuevo León ... promovió juicio de garantías contra actos del Juez Primero de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, consistente en el auto de formal prisión decretado en su contra en la causa penal 7623/96, como probable responsable del delito de fraude, previsto por los artículos 385 y 387, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, y de otra autoridad en su ejecución, solicitándole la libertad provisional bajo caución. Dicho juzgador, a fin de proveer lo conducente, solicitó informe a la responsable para que comunicara el delito o delitos que se imputan al inculpado; si son de aquellos que por su gravedad la ley penal correspondiente prohíbe conceder el citado beneficio; el monto estimado de la reparación del daño; y las condiciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al mencionado y, finalmente, si éste o su defensor solicitaron la indicada libertad provisional bajo caución y lo que hubiese resuelto sobre el particular (foja 16).-La citada responsable, al cumplir el requerimiento de mérito lo hace en los términos a que se refiere el oficio 2265/97, en el que se destaca, en forma preponderante, que el ilícito de fraude que se le imputa al procesado no es considerado como grave, lo que permite conceder el beneficio solicitado por haberse realizado las ventas en el año de mil novecientos noventa y uno, señalando que el probable daño causado a la tesorería del Estado, por concepto del monto asciende a la cantidad de siete millones ciento cinco mil ciento diecinueve pesos, con base en el valor del predio del quejoso que originó las ventas y, cuatro millones doscientos sesenta y tres mil setenta y siete pesos con cuarenta centavos, por concepto de intereses que se pudo haber obtenido al tipo legal del costo porcentual que señala el Banco de México.-El Juez de Distrito al resolver sobre la solicitud de la libertad bajo caución, estimó que ésta era improcedente por estimar que el delito que se imputaba era considerado como grave al tenor de lo dispuesto por el artículo 16 bis del Código Penal, y con fundamento en el diverso numeral 20, fracción I, constitucional, y 136 de la Ley de Amparo, negó la libertad provisional bajo caución, desatendiendo la propia información del Juez responsable que le indicó que el delito no se consideraba grave. Pero además, de las diversas constancias que en copias certificadas obran en autos, se desprende que al coacusado del quejoso por el mismo delito, se le otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución, precisamente porque a la fecha en que se perpetró el delito no se consideraba como grave (foja 22).-Ahora bien, asiste razón al inconforme al aseverar que el Juez de Distrito le causa agravios al negar el beneficio de la libertad bajo caución que le otorga el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que si bien es cierto que el artículo 16 bis del Código Penal vigente en el Estado, en la fecha de la detención del ahora quejoso considera el delito de fraude como grave y cuya presunta responsabilidad se le atribuye al citado inconforme; sin embargo, la fecha en que se cometió el ilícito fue en el año de mil novecientos noventa y uno, es decir, en el indicado año se llevaron a cabo las supuestas operaciones de compraventa que ocasionaron el probable daño al erario estatal al no haber recibido los ingresos relativos a aquellas operaciones, originando, en consecuencia, intereses con la omisión de los pagos de los impuestos correspondientes, y como en esa fecha aún no estaba vigente el artículo 16 bis del citado ordenamiento penal en consulta, pues su vigencia fue a partir del Decreto 345, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por consiguiente y como el artículo 493 de la indicada codificación penal permitía la libertad caucional, eventualidades que la responsable hizo notar al juzgador federal a fin de que resolviera sobre el beneficio de la libertad caucional solicitada, las cuales no tomó en cuenta el Juez Federal al resolver la cuestión planteada ante su potestad, por lo que resulta obvio que al sustentar su decisión en el artículo 16 bis del código punitivo mencionado, aplica retroactivamente la ley, en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, causando al recurrente los agravios que manifiesta, por lo que a fin de repararlos procede declarar fundada la presente queja y con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución que solicita, cuya garantía deberá fijar el Juez Federal con libertad de jurisdicción, asimismo, dicte las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y para evitar se sustraiga a la acción de la justicia conforme a lo dispuesto en el párrafo sexto del mencionado artículo 126 de la citada ley de la materia.-Resulta conveniente destacar que el instituto jurídico de la libertad caucional consagrado en el código procesal penal, reglamenta directamente una garantía constitucional establecida en el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, por lo que no se trata simplemente de un derecho procedimental, dicho instituto jurídico no es una norma adjetiva de la materia penal propiamente dicha, sino de la materia constitucional. En estricto sentido la libertad caucional adolece de adjetivación penal, supuesto que resulta innecesario para la instrucción del procedimiento penal; con libertad caucional y sin libertad caucional el proceso penal se inicia, se instruye y se culmina, puesto que en nada afecta o trasciende a su normal desarrollo, por lo que no resulta jurídico considerarla, grosso modo, de naturaleza adjetiva sin atender a su contenido intrínseco, que no es la materia penal sino la constitucional.-Pero independientemente de lo expuesto en el párrafo precedente, es lo cierto que las disposiciones que regulan la libertad caucional en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, no le afectan al quejoso en ninguna forma, sino la aplicación retroactiva del artículo 16 bis del Código Penal del Estado."

La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis:

"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SU NEGATIVA, CONFORME AL CÓDIGO PENAL VIGENTE, IMPLICA RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL INCULPADO SI LA LEY QUE REGÍA EN LA ÉPOCA EN QUE SE COMETIÓ EL DELITO PERMITÍA EL BENEFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-Si se niega al inculpado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en consideración a que el Código Penal vigente al momento en que es detenido el indiciado señala como grave el delito que se le imputa, no obstante que en la época en que presumiblemente se cometió el ilícito la ley penal permitía el beneficio solicitado, es evidente la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del quejoso y, con ello, la contravención al artículo 14 de la Constitución General de la República."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 231/96, interpuesto por ... sostuvo el siguiente criterio:

"III.-Son infundados los agravios aducidos.-Previamente es pertinente precisar que el acto reclamado, en la especie, lo constituye la resolución dictada el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí en el toca penal número 305/96, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, en contra del auto de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Rioverde, S.L.P., en el proceso número 25/95, instituido en contra del inculpado por el delito de robo, que concedió al quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución; resolución mediante la cual la Sala responsable revocó el auto apelado.-El Juez Segundo de Distrito en el Estado, negó la protección constitucional solicitada, por considerar infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, ya que el Decreto Número 348, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de las leyes sustantiva y adjetiva penales, de esta entidad federativa, reformas que entraron en vigor el día veintisiete del mes y año en cita, no eran de aplicarse retroactivamente, por tratarse de normas de derecho adjetivo. Que tampoco era factible aplicar el artículo 385 del anterior Código de Procedimientos Penales, porque el citado numeral en su segundo párrafo, negaba el derecho de poner en libertad bajo caución a los inculpados que hubiesen cometido conductas antisociales, en tratándose del delito de robo, entre otros ilícitos; apoyando su determinación el a quo en la tesis de jurisprudencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, titulada: ‘RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN IMPROCEDENTE DE LA LEY PROCESAL PENAL.’.-Son infundados, como ya se dijo, los agravios precedentemente sintetizados.-Cabe destacar que las constancias del juicio de amparo número 288/96, que con este toca se relaciona, se advierte que con fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el Juez Mixto de Primera Instancia de Rioverde, S.L.P., dictó auto de formal prisión en contra de ... por el delito de robo previsto en el artículo 365 del código sustantivo penal del Estado de San Luis Potosí, y auto de libertad, por falta de elementos para procesar, por el delito de daño en los bienes (fojas de la 39 a la 41). Inconforme con el citado fallo, el agente del Ministerio Público interpuso en su contra recurso de apelación, por no estar de acuerdo con el auto de libertad decretada a favor del inculpado (fojas 43), habiéndose admitido en ambos efectos dicho medio de impugnación, por acuerdo de primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco (fojas 41 vuelta). Asimismo, a fojas 53 del sumario, consta que se declaró desierto el recurso de apelación promovido por el representante social, y firme el fallo impugnado. Posteriormente, mediante escrito datado el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, el defensor del procesado, aquí recurrente, con fundamento en los artículos 387, 388 y 389 del Código de Procedimientos Penales, solicitó se le concediera el beneficio de la libertad provisional bajo caución (fojas 85). Con fecha diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, el Juez Mixto de Primera Instancia de Rioverde, S.L.P., dictó un proveído mediante el cual concedió a ... el beneficio solicitado en su escrito de dieciséis de enero, con apoyo en los artículos 385, 386, 387, 388 y 389 del Código de Procedimientos Penales (fojas 86).-No conforme con el anterior proveído, el agente del Ministerio Público lo recurrió en apelación, habiéndose sustanciado dicho recurso ante la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado, autoridad que con fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictó la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio constitucional que con este toca se relaciona, revocando el auto apelado (fojas 94 a 96).-Por otra parte, el artículo 385 del Código de Procedimientos Penales, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, a la letra dispone: ‘Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, siempre que no se trate de los siguientes delitos: rebelión, motín, terrorismo, tortura, peculado, asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, corrupción de menores, homicidio doloso, homicidio culposo a que se refieren los artículos 70 y 71, parricidio, secuestro, robo de infante, asalto, violación, aborto intencional, robo contemplado en el artículo 370 y abigeato, configurados en el Código Penal del Estado.-Se concederá al inculpado la libertad sin caución alguna, por el Ministerio Público, o por el Juez cuando el término medio aritmético de la pena de prisión no exceda de 3 años, siempre que: I. No exista riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; II. Tenga domicilio fijo con antelación no menor de un año, dentro de la jurisdicción de la autoridad que conozca del caso; III. Tenga un trabajo lícito, y IV. Que el inculpado no haya sido condenado por el delito intencional.-La presente disposición no será aplicable cuando se trate de los delitos graves señalados en este código.’.-Sentado lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente.-En efecto, en opinión de este cuerpo colegiado, el Juez de Distrito correctamente estimó fundados los conceptos de violación aducidos por ... porque en el caso es inexacto que la autoridad responsable haya aplicado en forma retroactiva el artículo 385 del Código de Procedimientos Penales reformado. Ello es así, porque es de explorado derecho en materia penal, el principio de irretroactividad de la ley plasmado en el artículo 14 de la Constitución General de la República, primer párrafo, que tiene como excepción aquellos casos en que la nueva ley, sea más benigna para el procesado, como se reconoce de manera unánime por la jurisprudencia, la doctrina y el derecho positivo. Empero, tales hipótesis de excepción se refieren al aspecto sustantivo del derecho y de la pena, mas no al adjetivo o procesal, dado que las leyes del procedimiento, de acuerdo con la doctrina, no pueden producir efectos retroactivos, porque siempre se expiden para el futuro, es decir, para encaminar y regular los procedimientos que deben seguirse en los juicios a partir de la expedición de la nueva ley y, por tanto, cada fase procesal se encuentra regida por las disposiciones vigentes en la época en que aquéllas se lleven a efecto. Así, en la especie, se advierte que el quejoso aquí recurrente, con fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, por conducto de su defensor, solicitó con apoyo en los artículos 387, 388 y 389 de la ley adjetiva penal, vigente en esa época, se le concediera el beneficio de la libertad provisional bajo caución, misma que le fue otorgada por el Juez del procedimiento penal y posteriormente revocada por el tribunal de alzada responsable, a virtud del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; por lo que es inconcuso que tanto el Juez de Primera Instancia de Rioverde, S.L.P., y la Sala responsable, aplicaron al conceder y revocar, respectivamente, al aludido beneficio, el artículo 385 de la ley procesal penal, reformado mediante Decreto Número 348 publicado en el Periódico Oficial de este Estado, el veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, dado que era el precepto jurídico que estaba en vigor en la fecha en que el inculpado, ahora recurrente, solicitó se le otorgara su libertad provisional bajo fianza. De ahí que sea inexacto que este precepto jurídico se le haya aplicado en forma retroactiva, puesto que a partir de la fecha en que entró en vigor, veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, según lo dispuesto en el artículo transitorio único del mencionado decreto, era el precepto legal vigente. Por otra parte, como lo estimó el Juez de Distrito, en el caso no era posible legalmente se le aplicara al inculpado el artículo 385 de la ley adjetiva penal, anterior al reformado, toda vez que el acto reclamado se realizó bajo el imperio del artículo 385 y no sobre el anterior, lo cual es lógico, pues éste ya había dejado de existir en el mundo jurídico. Sin embargo, aun suponiendo la posibilidad de aplicación, dicha norma jurídica derogada, le era desfavorable al quejoso, ahora recurrente, habida cuenta que su segundo párrafo, negaba al quejoso la libertad provisional bajo caución a quienes hubieran cometido, entre otros ilícitos, el de robo, es decir, el robo simple o calificado.-Ahora bien, en la especie, la autoridad responsable correctamente revocó el auto de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual el Juez Mixto de Primera Instancia de Rioverde, S.L.P., concedió al acusado su libertad provisional bajo fianza, tomando en cuenta la autoridad responsable, que a ... se le instruye proceso por el delito de robo, ilícito que fue cometido con violencia y en lugar cerrado, pues se cometió con violación de un candado para entrar a la casa del ofendido Esteban Manuel Álvarez Bautista, para apoderarse de una camioneta marca Ford, modelo 1976, de su propiedad, de lo cual existe fe ministerial (fojas 32 vuelta); delito considerado como grave por el artículo 370, fracción III, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 385 del código adjetivo penal reformado, y no admite, por ende, otorgar la libertad bajo fianza, toda vez que al conceder el beneficio en cuestión, a quien lo solicite, el juzgador debe tomar en cuenta las calificativas o modificativas del delito que se le impute por el representante social, como se desprende del artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, el cual dispone que: ‘En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías: I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución, que fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión ...’. En consecuencia, al resultar infundados los agravios aducidos, procede confirmar en sus términos el fallo sujeto a revisión."

La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis:

"RETROACTIVIDAD. LA NEGATIVA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE NO IMPLICA RETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-Si la autoridad responsable, en un proceso penal, negó al inculpado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, apoyándose en el precepto legal respectivo del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, que se encontraba vigente al resolver sobre el beneficio, ello no implica aplicar retroactivamente la ley, porque la resolución se basa en la ley que se encuentra vigente y no tenía por qué fundarse en la ley que regía al cometerse el delito, dado que, cuando éste se llevó a cabo, no se había iniciado el proceso penal y tratándose de una cuestión de procedimiento, no existe aplicación retroactiva de la ley."

CUARTO.-Es procedente que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

A este respecto sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 13/92 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"Página: 24

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Cárdenas Ramírez.

"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 13/92.-Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 183, página 124."

Asimismo, es posible hacer el estudio correspondiente a pesar de que los criterios sostenidos por los tribunales en desacuerdo no integran jurisprudencias, sino criterios aislados, con apoyo en la tesis plenaria, cuyo rubro y texto es como sigue:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.

"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieciocho de octubre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número L/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Noé Castañón León, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro."

QUINTO.-En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

También es ilustrativa de lo expuesto, la tesis 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, cuya sinopsis es la siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA PO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7084-018af39b/libertad-provisional-bajo-caucion-es-un-derecho-sustantivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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