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Modo: Corpus Pro

AUTOMÓVILES NUEVOS. LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO FEDERAL RELATIVO LA CONSTITUYE EL PRECIO REAL DE ENAJENACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6557
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ESTABLECI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ESTABLECIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el amparo directo 514/97 el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo:

"QUINTO. Es parcialmente fundado y suficiente el concepto de violación que expresa la parte quejosa en su demanda de garantías, por las consideraciones que más adelante se precisarán. En efecto, para tener un mejor enfoque del asunto, es necesario establecer un marco de referencia de los antecedentes que la Sala responsable tomó en cuenta para emitir la resolución que constituye el acto que por esta vía constitucional se reclama, de la siguiente manera. Compañía Automotriz de Toluca, S.A. de C.V., es una sociedad mercantil legalmente constituida, cuya actividad principal consiste en la compra-venta de automóviles y camiones nuevos y usados, así como refacciones y accesorios, para lo cual cuenta con la concesión de Ford Motor Company, S.A. de C.V. De acuerdo a la actividad que realiza dicha empresa, al enajenar algún automóvil, se convierte en retenedor del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), para después enterarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que tal impuesto es erogado por el comprador. Como corolario de lo anterior, es el caso, que la aludida compañía, por conducto de su representante legal Guillermo Sánchez Fabela, mediante escrito presentado el trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, ante la Administración Local de Recaudación de Toluca, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó aclaración y solicitó la devolución de cantidades pagadas indebidamente, esto es, con exceso, respecto del impuesto sobre automóviles nuevos, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, por el monto de $6,227.00, anexando al ocurso los cálculos de dicho impuesto, por el mes señalado, determinado con base al precio de enajenación del vehículo, donde se observa el impuesto efectivamente causado, el impuesto que se pagó y la diferencia cuya devolución se solicita, conforme al artículo 22, del Código Fiscal de la Federación. En respuesta a la solicitud señalada, el veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, la autoridad solicitada, emitió la resolución contenida en el oficio 322-A-VIII-6-00468, por medio de la cual negó devolver la cantidad solicitada, señalando al respecto que de acuerdo a los artículos 1o., 2o., 11 y 13 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, era intrascendente para la compañía solicitante que la ley lo constriña a calcular el impuesto sobre el precio de enajenación del vehículo, ya que ese impuesto era pagado por el adquirente y en esa virtud, negó la devolución solicitada, ‘... Toda vez que no se acreditó que se hubiera efectuado el pago del impuesto sobre automóviles en forma indebida’. Contra de tal resolución, la aludida empresa por conducto de su representante legal, el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, ante la Primera Sala Regional Hidalgo-México, del Tribunal Fiscal de la Federación, demandó su nulidad, en cuya demanda expresó como agravio, sustancialmente, que la autoridad hacendaria demandada, interpretó indebidamente el artículo 11, del Código Fiscal de la Federación, para apoyar la negativa de la devolución solicitada, ya que dicho precepto establece, ‘que no procede la devolución ni compensación del impuesto establecido en esa ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante’; situación totalmente diferente a la en que la empresa se apoyó para elevar su solicitud de devolución, ya que no solicitó la devolución del pago de impuesto, sino las cantidades pagadas indebidamente, esto es, aquellas cantidades que en exceso causó la empresa, respecto del referido impuesto en el mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, por lo que fundó tal petición en el artículo 22, del Código Fiscal de la Federación y no en el artículo 11, del propio código, como indebidamente lo estimó la autoridad hacendaria demandada, por lo que consideraba procedente la solicitud de devolución de la cantidad apuntada, por lo que debía declararse la nulidad de la resolución impugnada. Admitida la demanda, se radicó con el expediente número (2)-729/97-I y seguido el juicio por sus cauces legales, el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, se emitió sentencia, en la que se determinó declarar la validez de la resolución impugnada. La aludida resolución, fundamentalmente se sustenta en las siguientes consideraciones: La Sala declaró fundado pero insuficiente el concepto de anulación planteado por la demandante, por lo siguiente. En primer término, señala que es fundado lo manifestado por la actora, que ante la autoridad administrativa solicitó la devolución del pago de lo indebido, esto es, la cantidad que estimó pagada en exceso respecto del impuesto sobre automóviles nuevos, al considerar como base del impuesto el precio de lista y no el precio por el cual realmente los vehículos fueron enajenados a los particulares que los adquirieron. Sin embargo, la propia Sala estimó, que no obstante que la empresa, de conformidad con el artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se encontraba obligada a demostrar que la cantidad de devolución solicitada por pago indebido o exceso, no lo hizo, esto es, que en los autos no constaba un listado, mediante el cual se acreditara qué vehículos fueron vendidos en el mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, su precio de lista respecto de cada uno de ellos, por lo que estimó la actora no haber pagado el impuesto en comento, ni mucho menos el precio en que realmente los vehículos fueron enajenados a los particulares; con la finalidad de demostrar el pago indebido por la cantidad cuya devolución solicitó. En segundo término, en abundamiento la Sala agrega en su resolución, que la empresa actora carece de legitimación para solicitar la devolución de que se ha hablado, porque el impuesto sobre automóviles nuevos, es un impuesto indirecto que finalmente es trasladado y pagado por el adquirente del vehículo y en ese sentido, la cantidad solicitada fue pagada por los adquirentes de las unidades que la actora vendió. Inconforme con la anterior resolución la empresa ‘Compañía Automotriz de Toluca’, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal Guillermo Sánchez Fabela, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal ante este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que ahora se resuelve; en cuya demanda, como primero y único concepto de violación, sustancialmente aduce: Que la Sala responsable viola los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que al resolver se apartó de la litis que ante ella fue planteada, porque el sentido de la resolución se apoya en que la hoy quejosa, no demostró con prueba alguna que efectivamente la cantidad solicitada, era la que pagó en exceso por concepto del impuesto sobre automóviles nuevos en el mes de octubre de mil novecientos noventa y uno; sin embargo, la litis en el juicio de nulidad, debía constreñirse exclusivamente en determinar si procedía o no la devolución conforme al artículo 22, del Código Fiscal de la Federación, pues además de que contrario a lo manifestado por la aludida responsable, la impetrante al solicitar la devolución del pago en exceso del impuesto tantas veces señalado, mediante el formato 32, anexó documentación relativa a los cálculos efectuados de su parte, para determinar las diferencias entre el impuesto realmente causado por cada unidad, tomando en cuenta el precio real y no el sugerido por la planta (precio de lista) y el pago inicialmente por cada uno de los vehículos, así como su cotización. Que dicha responsable, soslayó que la negativa de la devolución solicitada, se fundó en el argumento de que era improcedente conforme a la interpretación de los artículos 1o., 2o., 11 y 13 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y no porque documentalmente no se hubiera acreditado el saldo a favor; razón por lo que se argumentó como concepto de nulidad, la indebida interpretación de los preceptos aludidos y no obstante ello la responsable declara la validez de la resolución por falta de pruebas para acreditar el saldo a favor, cuya devolución solicitó. Ahora bien, de todo lo anteriormente señalado, este tribunal estima parcialmente fundado y suficiente el concepto de violación que quedó precisado con antelación, en virtud de que es cierto que la Sala responsable va más allá de la cuestión que ante ella se planteó, pues como bien lo señala la parte quejosa, mientras ésta invoca argumentos tendientes a acreditar la nulidad de la resolución impugnada, por la indebida interpretación fundamentalmente del artículo 11, de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, en cuyo precepto se apoyó la autoridad hacendaria, hoy tercera perjudicada, para negar la devolución de la cantidad solicitada por pago en exceso del aludido impuesto, la responsable por su parte, aun cuando acepta esa indebida interpretación, concluye en declarar la validez de aquella resolución, por la falta de documentación que acreditara el saldo a favor de la aquí impetrante de la cantidad cuya devolución solicitó; lo cual resulta violatorio de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la responsable al estimar fundado el concepto de nulidad, debió declarar la invalidez de la resolución impugnada, para que así la autoridad demandada emitiera otra resolución en la que conforme al artículo 22, del Código Fiscal de la Federación, resolviera acerca de la devolución del saldo, cuya cantidad se solicitó. En segundo lugar, no debió pronunciarse acerca de que si aportó o no la empresa actora elementos probatorios que acreditaran ese saldo a su favor, pues aun cuando no le correspondía, equivocadamente adujo que no se acompañó la documentación correspondiente, ya que dejó de tomar en cuenta que a fojas 26, de los autos del juicio fiscal, obra el documento mediante el cual se encuentran desglosados los cálculos efectuados por la empresa, por los que determina las diferencias de pago en exceso, cuya devolución solicitó, en el que se encuentra el impuesto realmente causado por cada vehículo enajenado en el mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, o sea, tomando en cuenta el precio real y no el sugerido por la planta ‘de lista’, así como el pago al impuesto por unidad y su diferencia por exceso; documento que fue acompañado a la solicitud de devolución contenida en el formato oficial número 32. Es preciso aclarar, que los argumentos invocados por la Sala responsable para estimar la falta de legitimación de la quejosa para solicitar la devolución de la cantidad por pago en exceso, son contrarios a derecho, por cuanto que en primer lugar, pierde de vista que la empresa no solicita tal devolución que por concepto del pago del impuesto fue en exceso, como contribuyente, sino como retenedora del impuesto, dado que ese excedente no forma parte del consumidor, sino de la empresa, ya que como retenedora del impuesto, la cantidad que calculó a cada consumidor, lo hizo con base en el precio que fue pagado realmente por los particulares que adquirieron los vehículos y ella, al enterar tal impuesto a la autoridad hacendaria, lo calculó con base en el precio ‘de lista’ sugerido por la planta; de ahí, que las diferencias que existen y por las cuales pagó la empresa el impuesto cuya devolución solicitó, fue producto del patrimonio de ella y no del consumidor contribuyente; por lo que no le asiste razón a la Sala responsable, al señalar que la empresa carece de legitimación para elevar su solicitud de devolución. En mérito de lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución que constituye el acto que por esta vía constitucional se reclama y dicte una nueva resolución, sujetándose a los lineamientos que quedaron precisados en este considerando."

El propio Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 555/97 el doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se pronunció en idénticos términos en que lo hizo al fallar el diverso amparo directo 514/97, cuya ejecutoria se reprodujo con anterioridad.

El criterio del Tribunal Colegiado mencionado quedó plasmado en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, páginas 1043 y 1044, que establece:

"PAGO EN EXCESO, SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN. IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS EN RELACIÓN CON EMPRESAS AUTOMOTRICES RETENEDORAS DEL. Si el entero del impuesto sobre automóviles nuevos realizado por la empresa automotriz, lo calculó con base en el precio ‘de lista’, sugerido por la planta, es incuestionable que existe un pago en exceso, dado que ésta, como retenedora del impuesto, debe calcularlo conforme al precio real de enajenación del vehículo al particular, donde se determina el impuesto efectivamente pagado; de ahí que, al existir un pago por exceso, éste no forma parte del patrimonio del consumidor sino de la empresa, por lo que ésta sí tiene legitimación para elevar la solicitud de devolución."

TERCERO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvo el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, al fallar el amparo directo 4124/98, lo siguiente:

"QUINTO. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, atento a las siguientes consideraciones: Alega sustancialmente, que la sentencia de la Sala viola lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 14 constitucional, en virtud de que a su juicio al no atender ‘lo argumentado en la demanda’, se viola la garantía de audiencia, pues aduce que la responsable consideró erróneamente que la litis consistía en determinar si procede o no la solicitud de devolución por concepto de pago de lo indebido del impuesto sobre automóviles nuevos conforme al artículo 2o. de la ley del citado impuesto, realizando, a su juicio, una indebida aplicación e interpretación del mismo, toda vez que el precio de enajenación para efectos del impuesto lo conforman el comprador y vendedor (distribuidor), al pactar el valor del automóvil, no así el fabricante, por eso indica que si la Sala determinó que el precio máximo en que las unidades se pueden vender al público es el precio de enajenación para efectos de cobrar el impuesto, ello señala es ilegal, pues incluso señala que tanto la Administración Local Jurídica de Ingresos del Norte del Distrito Federal y la Administración General Jurídica de Ingresos, concuerdan con el hecho de que el precio de enajenación es el pactado con el consumidor y no el tope máximo con el cual las unidades se pueden vender al público, documentales que existen en autos y que no se tomaron en cuenta, cuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación debió de analizarlas, pues a su juicio los criterios en ellas expuestos le son favorables; que además, en su concepto, la Sala indebidamente señala un aspecto que no fue objeto de la controversia al incluir las rebajas, devoluciones y descuentos para efectos de disminución de enajenación en el pago del impuesto correspondiente. Continúa manifestando que la Sala le niega la devolución del pago de lo indebido, por considerar, que quien pagó el impuesto vía precio fue el consumidor y no la ahora quejosa, cuestión que a su ver es indebida, ya que no especifica qué fundamento legal es el que menciona tal hecho, cuando en términos del artículo 1o. de la ley del impuesto referida, se establece expresamente que el sujeto del impuesto podrá ser el fabricante o el distribuidor pero no el adquirente de la unidad, pues en términos del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, este impuesto no puede ser declarado por el contribuyente, pues sería rechazado por ser una contribución originalmente a cargo de terceros y dichos consumidores no pueden reclamar la devolución de tal impuesto, ya que es el propio quejoso quien pagó el monto total del vehículo, pues insiste en que él es el sujeto directo del impuesto, que pretender lo contrario, no se podría exigir al fisco los pagos en exceso, ya que no se señalaría quién es el sujeto del impuesto, violentando los principios de proporcionalidad y equidad. En efecto, en primer lugar cabe decir que no tiene razón el quejoso respecto a que la Sala varió la litis del presente asunto, ya que ésta se circunscribe a establecer si procede o no la devolución del pago de lo indebido, pues de las constancias de autos se advierte que ante la autoridad hacendaria correspondiente solicitó el pago de lo indebido, mismo que le fue negado y por ello lo impugnó a través del juicio de nulidad, y que al ser desfavorable la resolución recaída, la impugna mediante la presente instancia constitucional. Establecido lo anterior, debe señalarse que la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, dispone ... (reproduce los artículos 1o., 2o., 6o. y 9o.). De lo anterior se advierte por una parte que enajenación, es la incorporación de la compra del vehículo nuevo al activo fijo de las empresas, y además que dicha enajenación podrá realizarse a través de tres supuestos: a) vía fabricante, b) vía distribuidor, c) vía ensamblador, al momento de entregar el vehículo al consumidor o bien el mismo sea pagado o se expida el comprobante de enajenación, pero no señala que necesariamente deba de tomarse en cuenta el precio tope máximo, señalado por la planta, como lo expresa la Sala, para efectos del impuesto, pues la única condición es que no se disminuya el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Por su parte los oficios señalan: ‘Administración General Jurídica de Ingresos ... Autos Compactos Vallejo, S.A. de C.V. ... toda vez que los automóviles son sujetos de control por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la concesionante emite una circular en la que se incluye una lista de precios máximos de venta de las distintas unidades, lista que a consideración de la promovente es aprobada previamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; esta lista contiene el precio de venta máximo en que un automóvil pueda venderse, sin que esto represente una limitante para que sea posible pactar un precio inferior con el adquirente del vehículo. Haciendo referencia al artículo 2o., segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos agrega que el impuesto se calculará aplicando la tarifa establecida en la misma ley, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional o de lujo, sin disminuir el monto de los descuentos, rebajas o bonificaciones. ... Que efectivamente, atento a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el precio no lo constituye el precio máximo autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.’ (fojas 163 a 167). Por su parte el oficio de la Subsecretaría de Ingresos de la Administración General Jurídica de Ingresos dispone ‘... Como podrá apreciar, el texto legal transcrito únicamente excluye de la base del impuesto la cantidad que por concepto de impuesto al valor agregado le sea trasladada al adquirente. Por ello, cualquier otro concepto que sea incluido en la factura como parte del precio de enajenación, se deberá considerar que forma parte de la base para el cálculo del impuesto correspondiente. ... Por precio de enajenación, para los efectos del artículo 2o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles, debe entenderse, en efecto, el precio pactado con el consumidor, reflejado en la factura, y no los precios sugeridos por las plantas armadoras ...’ (fojas 167 a 168). Así tenemos que efectivamente le favorecen al particular, pues no han sido modificados por el tribunal y no fueron analizados debidamente por la Sala responsable, ya que no toma en cuenta el argumento relativo a cuál es el precio ‘límite’ de enajenación para el pago de impuestos; con descuentos, rebajas o bonificaciones. En esas condiciones que de las declaraciones de impuestos hechas por el quejoso, solicita la devolución del impuesto sobre automóviles nuevos, pues pagó en mayor cantidad a la que estaba obligado, en el escrito correspondiente, así como las hojas de solicitud de pago de lo indebido, se desprende que existe diferencia en el precio de venta, esto es, sí se sitúa dentro del supuesto del pago de lo indebido, pues el propio artículo 2o. señala que el cálculo del impuesto a pagar será el de enajenación del vehículo, sin tomar en cuenta el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, pues de una sana interpretación que de los citados artículos se haga, se advierte que nunca especifica el citado artículo 2o., el que deba tomarse en cuenta el precio tope de la planta, por ello, al resolver de esta manera la Sala, realizó una indebida interpretación del citado artículo, ya que efectivamente, en el mismo, no se establece que la conducta del contribuyente se condicione al tope de la planta; luego entonces, si del artículo en comento no se advierte tal situación, el quejoso no estaba obligado a enajenar al precio tope y la autoridad no debió negar el pago en exceso hecho por el quejoso. Aunado al hecho de que el propio artículo 3o., de la citada ley, establece una tarifa que contiene el límite inferior y límite superior para realizar el cálculo del pago del impuesto, luego entonces, es incuestionable que no estaba obligado a tomar en cuenta la tarifa máxima para efectos de la enajenación y, por ende, del pago de la referida contribución, desde luego tampoco la mínima sino que, como se ha venido diciendo la pactada entre comprador y vendedor, que aun pudiendo ser inferior al monto máximo no puede ser lo del mínimo. Ahora bien, en relación al argumento de que la Sala, equivocadamente determinó que quien pagó el impuesto vía precio al consumidor no fue él sino el propio consumidor, también tiene razón, toda vez que si bien en el precio de enajenación va incluido el impuesto respectivo, pero son los fabricantes, ensambladores y/o distribuidores, los que en términos del artículo 1o., están obligados al pago del citado impuesto, y no el consumidor pues se refiere a los que enajenen automóviles nuevos por primera vez, al consumidor, que en la especie es la enajenación a través del distribuidor autorizado, al consumidor; por ello, si la propia ley dispone quiénes son los obligados al pago del citado impuesto, no puede señalar que sea el consumidor quien realice tal pago de contribución. En estas condiciones, y al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, debe concederse el amparo y protección solicitados y, por ende, se deja sin efectos la resolución dictada por la Sala, y tomando en cuenta lo aquí expuesto, a saber, el quejoso en su calidad de distribuidor es el obligado al pago del impuesto sobre automóviles nuevos, y al haber pagado en exceso, determine las cantidades a devolver."

CUARTO. Asimismo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho el amparo directo 4967/98, determinó:

"QUINTO. Resultan fundados parcialmente los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, en primer lugar cabe decir que no tiene razón la quejosa respecto a que la Sala varió la litis del presente asunto, ya que ésta se circunscribe a establecer si procede o no la devolución del pago de lo indebido, pues de las constancias de autos se advierte que ante la autoridad hacendaria correspondiente solicitó el pago de lo indebido, mismo que le fue negado y por ello lo impugnó a través del juicio de nulidad, y que al ser desfavorable la resolución recaída, la reclama mediante la presente instancia constitucional. Establecido lo anterior, se procede al estudio de los restantes conceptos de violación. Al efecto, el artículo 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, dispone: ... (reproduce este artículo, así como el 2o., 6o. y 9o. de esa ley). De las transcripciones anteriores se advierte que enajenación es la incorporación de la compra del vehículo nuevo al activo fijo de las empresas, y además que dicha enajenación podrá realizarse a través de tres supuestos: a) vía fabricante, b) vía distribuidor, c) vía ensamblador, al momento de entregar el vehículo al consumidor o bien sea pagado o se expida el comprobante de enajenación, pero no señala que necesariamente deba de tomarse en cuenta el precio tope máximo, para efectos del impuesto, pues la única condición a que se alude es que no se disminuya el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, hecho que así fue reconocido por la autoridad exactora tal y como se desprende del oficio suscrito por el administrador local jurídico de Ingresos, que en lo conducente dice: ‘... Por su parte, los oficios señalan: ... Toda vez que los automóviles son sujetos de control por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la concesionante emite una circular en la que se incluye una lista de precios máximos de venta de las distintas unidades, lista que a consideración de la promovente es aprobada previamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; esta lista contiene el precio de venta máximo en que un automóvil pueda venderse, sin que esto represente una limitante para que sea posible pactar un precio inferior con el adquirente del vehículo. Haciendo referencia al artículo 2o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, agrega que el impuesto se calculará aplicando la tarifa establecida en la misma ley, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional o de lujo, sin disminuir el monto de los descuentos, rebajas o bonificaciones. ... Que efectivamente, atento a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el precio no lo constituye el precio máximo autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.’ (fojas 72 a 75). Y del oficio suscrito por el administrador general de la Subsecretaría de Ingresos de la Administración General Jurídica de Ingresos, que en lo conducente dice: ‘... Como podrá apreciar, el texto legal transcrito únicamente excluye de la base del impuesto la cantidad que por concepto de impuesto al valor agregado le sea trasladada al adquirente. Por ello, cualquier otro concepto que sea incluido en la factura como parte del precio de enajenación, se debe considerar que forma parte de la base para el cálculo del impuesto correspondiente. ... Por precio de enajenación, para los efectos del artículo 2o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, debe entenderse, en efecto, el precio pactado con el consumidor, reflejado en la factura, y no los precios sugeridos por las plantas armadoras ...’ (fojas 76 a 78). En consecuencia, queda establecido que las determinaciones contenidas en los oficios relacionados favorecen al particular, y no fueron analizados por la Sala responsable, ya que no toma en cuenta el argumento relativo por el que se indica cuál es el precio ‘límite’ de enajenación que debe considerarse para el pago de impuestos, con descuentos, rebajas o bonificaciones. En esas condiciones, en atención a que de las declaraciones de impuestos hechas por el quejoso por las que solicitó la devolución del impuesto sobre automóviles nuevos, así como las hojas de solicitud de pago de lo indebido, se desprende que existe diferencia en el precio de venta, esto es, sí se sitúa dentro del supuesto del pago de lo indebido, pues el propio artículo 2o. señala que el cálculo del impuesto a pagar será el de enajenación del vehículo, sin tomar en cuenta el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, pues de una sana interpretación que de los citados artículos se haga, se advierte que nunca especifica el citado artículo 2o., que deba tomarse en cuenta el precio máximo en que las unidades se puedan vender al público conforme a las políticas dictadas por la planta, por ello al resolver de esta manera la Sala, realizó una indebida interpretación del artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que se transcribió, ya que efectivamente, en él no se establece que la conducta del contribuyente se condicione al precio máximo en la forma y términos aludidos; luego entonces, si del artículo en comento no se advierte tal situación, la autoridad no debió negar el pago en exceso hecho por el quejoso; pues es obvio que no se justifica legalmente, y más aún cuando el artículo 3o. de la citada ley, establece una tarifa que contiene el límite inferior y límite superior para realizar el cálculo del pago del impuesto, con lo que, es incuestionable que no estaba obligado a tomar en cuenta la tarifa máxima para efectos de la enajenación y, por ende, del pago de la referida contribución y, desde luego, tampoco la mínima sino que, como se ha venido diciendo, la cantidad que tenía que tomarse en cuenta fue la pactada entre comprador y vendedor. En estas condiciones, y al resolver fundados los conceptos de violación hechos valer, procede conceder el amparo y la Sala deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y tomando en cuenta lo resuelto en esta ejecutoria resolver lo que en derecho proceda."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6557-822cef03/automoviles-nuevos-la-base-gravable-del-impuesto-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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