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NULIDAD LISA Y LLANA Y NULIDAD PARA EFECTOS RESPECTO DE ACTOS EMANADOS DE FACULTADES DISCRECIONALES. EXACTA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 89/99, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 3073/2001. · Registro digital (IUS): 7147
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DEL SUR DEL D.F., EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, , Pág. 974.

REVISIÓN FISCAL 3073/2001. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE INGRESOS DEL SUR DEL D.F., EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Los argumentos formulados son infundados, en virtud de que el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, dice:

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

"I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o su representante legal lo esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma."

De lo transcrito se desprende que el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, establece que en los requerimientos que se formulen a los contribuyentes para que proporcionen informes y documentos, así como la presentación de la contabilidad o parte de ella, para ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, fuera de una visita domiciliaria, deberán precisarse los datos del informe o documentación solicitada; y que en el citatorio que los notificadores deben dejar a la persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente, en ausencia de éste, se deberá indicar que lo que se pretende es, precisamente, que el buscado reciba la solicitud antes precisada.

No es óbice a lo anterior que el artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no establezca expresamente que en el citatorio deberá asentarse la diligencia que se pretende notificar, en virtud de que el objeto que se persigue es precisamente hacer del conocimiento del contribuyente informes, datos o documentos que debe presentar; de manera que su omisión constituye una incertidumbre, pues al no precisarse, el visitado desconoce la finalidad del citatorio y, por ende, la importancia y trascendencia del acto cuya notificación se pretende y si debe o no atenderlo cualquier persona, o en su defecto, el representante legal; luego, es correcta la apreciación de la Sala responsable al sostener que el notificador que elaboró el citatorio de catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, no acató lo dispuesto en el precepto legal en comento.

Tampoco es cierto que la Sala del conocimiento omitió considerar la citación del artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en el citatorio de catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, en atención a que el precepto legal que se invocó como fundamento, es el artículo 137 del código tributario.

En cuanto a que ante la omisión de señalar en el citatorio la solicitud que se pretendía notificar, no se lesionó la esfera jurídica del contribuyente, porque posteriormente éste tuvo conocimiento del objeto del requerimiento y dio contestación, también es infundado, ya que la lesión jurídica consiste en el desconocimiento de informes, documentación o datos que estaba obligado a proporcionar y, por tanto, las consecuencias que pudiera depararle el apercibimiento de que fue objeto.

En efecto, en el citatorio de catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, cuyo original está glosado a foja treinta y tres del expediente fiscal, que se dejó en poder de un auxiliar contable al no encontrarse al representante legal de la parte actora en el momento de pretender notificarle el oficio número 21193, de dieciséis de febrero de ese mismo año, y se le apercibió que de no esperar al notificador en la hora y fecha precisada, se procedería conforme a las facultades que el Código Fiscal de la Federación confiere a la autoridad fiscal; sin embargo, no se aprecia en qué consiste la sanción en que pudiera incurrir el contribuyente.

Por tanto, aun cuando al visitado posteriormente se le notificó el oficio que contiene el requerimiento de informes o documentación, y dio contestación a lo solicitado en el momento oportuno, cuando se le citó a una hora fija y fecha determinada, no dejó de ser un estado de incertidumbre, pues acató el citatorio bajo condiciones desconocidas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 2a./J. 92/2000 en la página 326, Tomo XII, octubre de 2000, Segunda Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.-El artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal Federal establece que en los casos de visita en el domicilio fiscal si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviese el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita y, si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Lo anterior permite concluir que la intención del legislador fue la de que el contribuyente visitado tenga conocimiento cierto de que se realizará una visita en su domicilio fiscal, finalidad que sólo se logra mediante la especificación en el citatorio del tipo de diligencia administrativa para la cual se le cita, es decir, para recibir la orden de visita y, si lo estima conveniente, esté presente para su práctica, lo que se corrobora, por una parte, con las consecuencias que en el propio precepto se establecen de la falta de atención al citatorio y que darán lugar a que la visita se inicie con quien se encuentre en el lugar visitado, pues al implicar la visita una intromisión al domicilio del particular que sólo puede realizarse mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional al encontrarse consignado como derecho subjetivo elevado a la categoría de garantía individual la inviolabilidad domiciliaria, es claro que no es lo mismo una diligencia en la que sólo se notifique al particular una resolución determinada y en la que pueda estimarse irrelevante su presencia para recibirla, que la recepción de una orden de visita que implica su realización inmediata y la intromisión a su domicilio para revisar sus papeles, bienes y sistemas de registro contables y, por la otra, con las consecuencias de la recepción del citatorio, pues conforme al segundo párrafo de la fracción II del precepto en análisis si con posterioridad al citatorio el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, lo que significa una excepción al requisito que tanto el artículo 16 de la Carta Magna como el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal establecen para las órdenes de visita domiciliaria, lo que lleva a la necesidad de que el contribuyente a quien se va a visitar tenga conocimiento indudable de la clase de diligencia administrativa para la que se le cita, porque sólo así podrá establecerse la consecuencia a la que se encuentra sujeto si presenta aviso de cambio de domicilio con posterioridad al citatorio. En consecuencia, conforme al artículo 44, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal Federal, es requisito de legalidad del citatorio que se especifique que la cita es para la recepción de una orden de visita, siendo insuficiente que tan sólo se haga alusión a la práctica de una diligencia administrativa."

OCTAVO.-En diverso agravio manifiesta que la sentencia recurrida es violatoria del artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la omisión de señalar en el citatorio el objeto de la notificación constituye una violación formal y, por tanto, la nulidad debió ser para efectos y no lisa y llana.

Es cierto como lo argumenta la recurrente, que la Sala a quo no debió decretar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

Esto es así, ya que del análisis de la sentencia recurrida se advierte que la litis en el juicio de nulidad, se centró en la legalidad de la notificación del oficio número 324-SAT-R8-L64-I-A-21193, de nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, mediante el cual se requirió a la parte actora proporcionara los informes y documentación que en el mismo se precisa, llegando la Sala a la conclusión de que la misma no reunió los requisitos del artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior deja en claro que la Tercera Sala Regional Metropolitana del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declaró la nulidad de la resolución impugnada por actualizarse la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, esto es, por derivar ésta de una orden de visita domiciliaria viciada, en la que se omitió un requisito formal exigido por la ley.

En efecto, el artículo 238, fracción II, del código tributario dispone:

"Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"...

"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso."

Ahora bien, el artículo 239 del propio ordenamiento, vigente al momento de emitirse el fallo recurrido, establecía los efectos de las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los siguientes términos:

"Artículo 239. La sentencia definitiva podrá:

"I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.

"II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

"III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.

"...

"Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 238 de este código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales."

De la lectura de los artículos transcritos, se desprende que las sentencias definitivas del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad de las resoluciones impugnadas por omisión de requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución combatida, deberán decretarse para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución.

Sin embargo, el propio artículo 239 del Código Fiscal de la Federación establece una excepción a dicho principio, al precisar que el mismo no se aplica en tratándose de resoluciones que deriven de facultades discrecionales de las autoridades administrativas.

Bajo este orden de ideas, resulta parcialmente fundado el argumento de la recurrente, únicamente por cuanto hace al hecho de que la sentencia que se revisa no debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, toda vez que la causal de nulidad que se actualizó fue una omisión formal de las previstas en el artículo 238, fracción II, lo cual debe dar lugar a una nulidad en términos de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación.

No obstante lo anterior, lo cierto es que no asiste razón a la autoridad recurrente en el sentido de que la nulidad que procedía era una nulidad para efectos, toda vez que la orden de visita domiciliaria cuya ilegalidad se determinó, proviene de las facultades discrecionales de la autoridad hacendaria, de tal suerte que se actualiza la excepción prevista en la última parte de la fracción III del artículo 239 multicitado.

En este sentido, al fallar la contradicción de tesis 6/98, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló lo siguiente:

"... aun cuando en principio, por disposición legal, la declaratoria de nulidad emitida en un juicio fiscal en que se haya controvertido la omisión de algún requisito formal en la expedición del acto administrativo, debería ser para determinados efectos, lo cierto es que en tratándose, como es la hipótesis que nos ocupa, de una orden de visita domiciliaria, cuya emisión se da como resultado del ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa, esa nulidad no puede contener ningún efecto, por más que haya sido declarada con fundamento en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal, ya que, como se sostuvo en la ejecutoria transcrita anteriormente, en el evento de imprimir determinados efectos a la autoridad que emitió el acto con base en su facultad discrecional, se le estaría coartando su poder de elección y se suprimiría el poder discrecional que tiene la autoridad.-Cabe señalar que con esta interpretación legal, no se violenta en perjuicio del particular el artículo 16 constitucional, sino que se resuelve el problema jurídico en su exacta dimensión, ya que el control que en la vía jurisdiccional ejerce el Tribunal Fiscal de la Federación, en esta hipótesis, protege plenamente al particular del acto concreto, sin que con ello tampoco se pueda impedir u obligar a la autoridad a que ejerza la facultad discrecional que, en términos del artículo constitucional referido, tiene.-En este sentido resulta pertinente remarcar que, de no arribarse a la conclusión aquí apuntada, se vería burlado el propósito que subyace en el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, ya que en lugar de favorecer al particular, en cuyo beneficio se estableció la nulidad declarada para efectos, aun tratándose de facultades discrecionales, se convertiría en un medio merced al cual, la autoridad emitiera resoluciones en perjuicio del gobernado, en una especie de reformatio in peius o de absolución de la instancia, aun sin estar dentro del término legal para ello, lo cual ciertamente no resultaría jurídicamente aceptable.-Como conclusión de todo lo anteriormente expuesto, debe señalarse que si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las órdenes de visita domiciliaria.-En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas en los juicios de nulidad que dieron origen a la presente contradicción de tesis, las que derivaron de la emisión de órdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo. ..."

De la transcripción anterior se advierte que nuestro más Alto Tribunal ha establecido que en tratándose de visitas domiciliarias, cuya nulidad deba ser decretada por la causal prevista en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, la nulidad que se declare no debe ser lisa y llana, pues con ello se atentaría contra la facultad discrecional con que cuentan las autoridades hacendarias para ejercer sus facultades de comprobación, pero tampoco puede ser para efectos, pues se estaría obligando a la autoridad a emitir un acto en perjuicio del particular, cuando sólo a ella corresponde determinar si debe o puede emitirlo, lo anterior en pleno ejercicio de sus facultades discrecionales.

Bajo este tenor, cuando se trate de actos que deriven de facultades discrecionales respecto de los cuales se actualice la causal de nulidad contenida en la fracción II del artículo 238 del código tributario, la nulidad deberá ser decretada en términos del artículo 239, fracción III, in fine, para el único efecto de dejar insubsistente la resolución combatida, sin perjuicio de que la autoridad pueda, si procede, ejercer de nueva cuenta sus facultades de comprobación, pero sin que se encuentre obligada a ello por virtud de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación.

En mérito de todo lo anterior, resulta parcialmente fundado y suficiente el agravio hecho valer por la autoridad responsable, por lo que la Sala del conocimiento deberá dictar una nueva sentencia en la que, con fundamento en la última parte del artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, declare la nulidad de la resolución combatida, para el solo efecto de que ésta quede insubsistente.

Lo anterior en estricto apego a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, tesis 2a./J. 89/99, página 185, que dice:

"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las órdenes de visita domiciliaria. En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron de la emisión de órdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo."

Sirve de apoyo a lo anterior, el similar criterio sustentado por este tribunal en la tesis aprobada en la sesión de veintiocho de febrero del año dos mil uno, al resolver el recurso de revisión fiscal número 653/2001, que dice:

"NULIDAD LISA Y LLANA Y NULIDAD PARA EFECTOS RESPECTO DE ACTOS EMANADOS DE FACULTADES DISCRECIONALES. EXACTA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 89/99 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-De las consideraciones que informan la ejecutoria de la contradicción de tesis 6/98, fallada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual emana la jurisprudencia 2a./J. 89/99, de rubro: ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, se advierte que cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de actos que deriven de facultades discrecionales, respecto de los cuales se haya actualizado la causal de nulidad contenida en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, la nulidad que se declare no debe ser lisa y llana, pues con ello se atentaría contra la facultad discrecional con que cuentan las autoridades hacendarias, pero tampoco puede ser para efectos, pues se estaría obligando a la autoridad a emitir un acto en perjuicio del particular. Por lo tanto, la nulidad deberá ser decretada en términos del artículo 239, fracción III, in fine, para el único efecto de dejar insubsistente la resolución combatida, sin perjuicio de que la autoridad pueda, si procede, ejercer de nueva cuenta sus facultades de comprobación, pero sin que se encuentre obligada a ello por virtud de la sentencia de nulidad."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Es procedente y parcialmente fundado el recurso de revisión fiscal a que este toca se refiere.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese este asunto.

Así lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Luz Cueto Martínez, Jaime C. Ramos Carreón y presidenta y ponente Rosalba Becerril Velázquez.

Nota: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 6/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 132.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7147-d8df694a/nulidad-lisa-y-llana-y-nulidad-para-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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