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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/96. · Registro digital (IUS): 7235
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 35.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de enero de dos mil uno.

Vistos para resolver los autos de la probable contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, el primero, el amparo en revisión civil número 2332/95, dando origen a la tesis número TC012003.9 CI2, de rubro: "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. EL AUTO QUE CONCEDE TÉRMINO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO." y respecto del segundo, contenido en la tesis de jurisprudencia identificada con el número I.3o.C. J/16, de rubro: "ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", visible ésta a páginas 68 y 69 del Número 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de noviembre de 1991, sustentada en los amparos en revisión civiles de números 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91; contradicción denunciada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado citado en primer orden; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio número 2C-ST-046, de fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veintiséis siguiente, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la probable contradicción de criterios sustentados entre ese tribunal y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos siguientes:

"C. Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Presente. De acuerdo con lo dispuesto por el Pleno de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión celebrada el día treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 10, fracción VIII y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se denuncia la contradicción del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al tenor de las siguientes consideraciones: Primero. Este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión civil número RC. 2332/95, promovido por José Luis Santana Jácome, pronunció fallo el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, en el que sustentó el criterio que a la letra dice: ‘ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. EL AUTO QUE CONCEDE TÉRMINO PARA LA ENTREGA VOLUNTARIA DEL BIEN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-Conforme a la interpretación lógica del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada «para la ejecución de una sentencia» y la diversa «en ejecución de la misma»; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. Por ello, el acuerdo que concede al inquilino un término para la entrega voluntaria del inmueble, no está encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de la sentencia respectiva, ya que requiere de otra determinación legal posterior para la ejecución material de ésta, como lo es el acuerdo que ordena el desahucio forzoso, es decir, el acto reclamado aludido queda comprendido dentro de las resoluciones que se emiten «en ejecución de sentencia», ya que está orientado en forma indirecta a lograr y preparar la materia de la ejecución de la sentencia correspondiente, debido a que fue dictado para instar al recurrente a que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural, apercibido de lanzamiento en caso contrario, por lo cual este último proveído de mérito no es el último auto dictado en ejecución de la sentencia respectiva, dado que de él todavía pueden derivar diversos actos para lograr la ejecución material de ésta, como puede ser, entre otros, el que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el acuerdo relativo a la entrega voluntaria y, por ello, el Juez natural quede obligado a hacer efectivo el apercibimiento contenido en el propio auto, decretándose la orden de lanzamiento respectiva. En esta virtud debe concluirse que si el acto reclamado lo es el acuerdo que confiere al inquilino un plazo para la entrega voluntaria del inmueble, el mismo no implica el último acto de ejecución de la sentencia correspondiente, sino por el contrario, es un acto previo en el proceso de dicha ejecución, de lo que se sigue que el amparo promovido en contra de aquel acuerdo que sólo previene la entrega voluntaria es improcedente, porque en este caso no se surte la hipótesis prevista en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra el último acuerdo de ejecución de sentencia.-Amparo en revisión 2332/95. José Luis Santana Jácome. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Islas Domínguez. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.’.-Segundo. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió tesis de jurisprudencia que aparece publicada en las páginas 68 y 69 del Número 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de 1991, cuyo rubro y texto precisan: ‘ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.-El auto por el que se ordena la ejecución de la sentencia definitiva, y que ordena se ponga a la actora en posesión material del inmueble arrendado, procediéndose en su caso, al lanzamiento del demandado, el que sólo podrá llevarse a cabo treinta días después de que ese auto quede notificado personalmente, incuestionablemente, resulta el último pronunciado en el procedimiento de ejecución, ya que después de ese proveído sólo queda su cumplimiento; razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en su contra procede el amparo indirecto.-Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.-Amparo en revisión 658/90. Gloria Viveros Santa Olalla. 3 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martínez.-Amparo en revisión 833/90. Félix Orea Rodríguez. 16 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Miguel Vélez Martínez.-Amparo en revisión 958/90. Marielle Aurora Bello Chapa. 20 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.-Amparo en revisión 1651/90. Yolanda Sánchez de Hernández González. 24 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz.-Amparo en revisión 297/91. José de Jesús Guel Díaz de León. 4 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos.’.-Tercero. Como consecuencia de lo anterior, se observa que los criterios sustentados por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se refieren a criterios diversos sobre una misma cuestión.-Ante tal circunstancia y por virtud de existir criterios opuestos, se estima procedente la denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.-En consecuencia, se solicita tener a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunciando la contradicción de criterios a que se ha hecho referencia.-Se anexa al presente copia certificada de la resolución pronunciada por este cuerpo colegiado, de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis, en el recurso de revisión RC. 2332/95, promovido por José Luis Santana Jácome, en 18 fojas útiles ..."

SEGUNDO.-En auto de fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar con el número 25/96 el expediente relativo a la probable denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito y solicitar al presidente de este último que remitiera copia certificada de las sentencias pronunciadas en los amparos en revisión números 658/90, 833/90, 958/90, 1651/90 y 297/91.

Recibida que fuera en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal la documentación solicitada, contenida en el oficio número 104/96-T suscrito por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en proveído de trece de mayo del año retropróximo, el Ministro presidente en funciones de esta Primera Sala tuvo por debidamente integrado el presente asunto mandando dar vista al procurador general de la República -quien omitió expresar su parecer- y, finalmente, turnar los autos para su estudio y emisión del proyecto de resolución correspondiente a la ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro.

TERCERO.-Previo dictamen del Ministro ponente, en el que consideró que en el caso no se surte la competencia exclusiva por razón de la materia para el conocimiento del asunto por parte de la Primera Sala, sino que dado el planteamiento jurídico genérico que se controvierte en la probable contradicción, se actualiza la competencia del Pleno de este Máximo Cuerpo Colegiado del país, la presidencia de la propia Sala, por auto de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, solicitó se diera de baja el asunto y se turnara al Tribunal Pleno.

CUARTO.-En proveído dictado el día diez de noviembre siguiente, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, por una parte, dar de baja de la Primera Sala la probable contradicción de tesis y, a su vez, formar y registrar con el número 49/97 el expediente relativo para el conocimiento del Pleno de este Alto Tribunal, siendo returnado al Ministro inicialmente designado para la emisión del proyecto de resolución y, por la otra, notificar lo anterior a los Tribunales Colegiados correspondientes.

QUINTO.-Listado que fuera el presente asunto, en sesión del Tribunal Pleno de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve se acordó su retiro.

Finalmente, por acuerdo del propio Tribunal Pleno de fecha trece de noviembre de dos mil se envió el presente asunto para que fuera resuelto por la Primera Sala, la que se abocó a su conocimiento en fecha veintinueve de noviembre de dos mil.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Primera Sala es competente para conocer de la probable contradicción de tesis a que este toca se refiere, toda vez que en ella dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios diferentes respecto de un planteamiento jurídico que por razón de materia es de la competencia exclusiva de esta Sala, pues el tópico sujeto a estudio se encuentra relacionado exclusivamente con la materia civil, atento a que gira en torno a determinar si en contra del auto que concede al inquilino un término de treinta días para que haga entrega voluntaria al actor del inmueble arrendado, apercibido de lanzamiento en caso contrario, procede el amparo indirecto previsto en el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la ley de la materia.

SEGUNDO.-En principio es conveniente señalar que el procurador general de la República se abstuvo de exponer, por sí o por conducto de alguien a quien legalmente designara, su parecer en relación con el estudio que nos ocupa, debiéndose entender que no estimó pertinente intervenir, lo que implica resolver sin la opinión de mérito.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"Página: 24

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.

"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 183, página 124."

TERCERO.-Previo al análisis de la cuestión de fondo, resulta pertinente, en primer término, determinar si la presente denuncia de probable contradicción de criterios fue hecha valer por parte legítima y, en segundo, si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de tal naturaleza para, en su caso, estar en aptitud de establecer qué criterio debe prevalecer con el carácter de tesis de jurisprudencia.

Para tales efectos, es menester tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, los que respectivamente expresan:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

De la interpretación armónica de las transcripciones precedentes se puede concluir, en primer orden, que la denuncia de probable contradicción de criterios a que este toca se refiere proviene de parte legítima, toda vez que la formula el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de esta resolución.

Asimismo, se logra advertir que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el caso específico, se cumple con los requisitos mencionados.

Para llegar a la anterior determinación, conviene destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por ambos Tribunales Colegiados, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que se estima se contraponen.

En lo referente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

En fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis resolvió el amparo en revisión civil número 2332/95, interpuesto por José Luis Santana Jácome, en contra de la resolución dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco en los autos del juicio de amparo A-748/95-IV, que desechó la demanda; ello, en base a los argumentos que en lo conducente expresan:

"SEGUNDO.-La resolución de la Juez de Distrito se apoyó en las siguientes consideraciones: ‘Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por José Luis Santana Jácome por su propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ejecutor adscrito a dicho juzgado, se provee: Del análisis integral de la demanda constitucional, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.-En efecto, el precepto legal invocado en segundo orden dispone que: «Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante este procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. ...».-El acto reclamado se hace consistir en el auto de fecha diez de agosto del año en curso, dictado por el Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el juicio 324/93, que ordena se notifique al ahora quejoso que cuenta con treinta días para desocupar la localidad arrendada, apercibido que de no hacerlo sería lanzado a su costa y las supuestas violaciones cometidas en el procedimiento (sic).-De lo anterior se aprecia que el acto precisado en el párrafo anterior no constituye la última resolución dictada en este procedimiento de ejecución, ya que todavía está pendiente de dictarse el auto que ordene el lanzamiento, que sí constituiría la última resolución pronunciada en ejecución de sentencia; de ahí que se actualice la causal de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 734, consultable en la página 1204 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Volumen II del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: «EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.-Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo.».-En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías.’.-TERCERO.-Los agravios son del tenor literal siguiente: ‘Único. La resolución impugnada señala que (transcribe).-Dicha resolución viola en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el artículo 193 del cuerpo de leyes invocado, en virtud de que el a quo dejó de tomar en consideración lo establecido en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a continuación se transcribe: I.3o.C. J/16. «ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.» (transcribe). Gaceta Número 47, página 68, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre (sic) página 99.-En efecto, dicha jurisprudencia es obligatoria para los Jueces de Distrito y la misma señala con claridad que la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución se refiere a: «... el auto por el que se ordena ... que se ponga a la actora en posesión material del inmueble arrendado procediéndose, en su caso, al lanzamiento del demandado, el que sólo podrá llevarse a cabo treinta días después de que ese auto quede notificado personalmente ...», derivándose de la jurisprudencia señalada que: «el auto que decreta el lanzamiento» sólo es el cumplimiento al auto de ejecución, lo que implicaría la existencia de dos «últimos autos», situación que es por demás ilógica.-En consecuencia, es clara la existencia del agravio que hago valer, en virtud de que los actos reclamados de las autoridades responsables constituyen el último dictado en el procedimiento de ejecución, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia con anterioridad invocada y, en consecuencia, es procedente se revoque el auto dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, dictando un nuevo auto en el que se admita la demanda de amparo o, en su caso, mandando prevenirla, para todos los efectos legales conducentes.’.-QUINTO (sic).-Los agravios preinsertos son fundados pero inoperantes e infundados.-Previamente al estudio de los agravios en comento, se considera necesario transcribir el auto de diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que el quejoso señaló como acto reclamado y que la Juez de Distrito razonó que no es reclamable en amparo indirecto, que a la letra dice: ‘A sus autos el escrito de cuenta, como lo solicita el promovente, mediante notificación personal a la parte demandada, hágase saber que tiene treinta días para desocupar la localidad arrendada, apercibida que para el caso de no hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa en cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, para lo cual se da al presente auto de ejecución efectos de mandamiento en forma, con fundamento en los artículos 525, último párrafo, 114, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese.’.-Por una parte, se considera que los agravios transcritos son fundados pero inoperantes, debido a que es cierto que la Juez Federal inobservó lo preceptuado en el artículo 193 de la Ley de Amparo, porque no aplicó al caso en estudio la jurisprudencia titulada ‘ARRENDAMIENTO. LANZAMIENTO, AUTO QUE DECRETA EL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.’, transcrita en los agravios de referencia, la que es procedente en contra de los actos de la naturaleza del proveído preinserto. La inoperancia de los agravios indicados deriva del hecho de que con la inobservancia de la jurisprudencia mencionada no se lesionó la esfera jurídica del recurrente, en virtud de que a juicio de este tribunal, es improcedente el amparo indirecto en contra del acto mencionado; lo que significa que no se comparte el criterio que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó en la jurisprudencia precitada, acorde a las consideraciones que acto seguido se expondrán.-Para una mejor comprensión de esta ejecutoria, se considera necesario precisar que la locución ‘ejecución de sentencia’ significa la serie de trámites en un juicio después de pronunciada aquélla con el objeto de cumplimentarla.-Asimismo, de la interpretación lógica del artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada ‘para la ejecución de una sentencia’ y la diversa ‘en ejecución de la misma’; por la primera debe entenderse la que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y la que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial, previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo.-Ahora bien, del análisis de la resolución recurrida, con vista a los agravios en cuestión y acorde a las consideraciones precisadas, se advierte que no le asiste la razón al inconforme, pues de la lectura del acto reclamado transcrito con antelación se observa que el mismo no está encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de la sentencia respectiva, ya que requiere de otra determinación legal posterior para la ejecución material de ésta; es decir, el acto reclamado aludido queda comprendido dentro de las resoluciones que se emiten ‘en ejecución de sentencia’, ya que está orientado en forma indirecta a lograr y preparar la material ejecución de la sentencia correspondiente, debido a que fue dictado para instar al recurrente a que voluntariamente desocupe y entregue el inmueble materia del juicio natural, apercibido de lanzamiento, en caso contrario. En esta tesitura, es inconcuso que el proveído de mérito no es el último acto dictado en ejecución de la sentencia respectiva, dado que de él todavía pueden derivarse diversos actos para lograr la ejecución material de ésta, como puede ser, entre otros, el que el inconforme no cumpla voluntariamente con lo ordenado en el propio acto reclamado y, por ello, el Juez natural quede obligado a hacer efectivo el apercibimiento contenido en el propio auto y, por ende, decrete la orden de lanzamiento respectiva. Por tanto, se colige que el acto reclamado en cita no implica el último auto de ejecución de la sentencia correspondiente, sino por el contrario, acorde a las consideraciones ya externadas, es un acto previo en el proceso de dicha ejecución. Cabe advertir que el último acto sería el proveído en que se ordene el lanza

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7235-df4dc74b/arrendamiento-inmobiliario-procedimiento-ejecutivo-en-los-juicios-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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