ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, al resolver el amparo en revisión 179/99, promovido por ... en lo que interesa sustentó las siguientes consideraciones:
"... No obstante lo anterior, este Primer Tribunal Colegiado estima pertinente precisar que en la especie no opera el motivo de sobreseimiento invocado por el a quo en lo que atañe al acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, y su ejecución a cargo del encargado de grupo de la Policía Ministerial del Estado, comisionado en dicho Municipio, y procurador general de Justicia en el Estado; lo anterior, atento a las siguientes razones: El quejoso reclamó de dicha autoridad judicial la ‘orden de aprehensión’ librada en su contra, expresando que se le instruyó el proceso penal 118/97, por el delito de violación, dentro del cual se le concedió el beneficio de libertad bajo caución, y que tal mandamiento de captura pretenden ejecutarlo diversas autoridades.-El referido Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, rindió informe en el sentido de que en el proceso penal número 118/97, instruido a ... por el delito de violación, en agravio de ... se libró orden de reaprehensión en contra de dicho quejoso, y que los autos del expediente se enviaron a este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en vía de informe justificado, suspendiéndose de plano la ejecución de la sentencia y, por otra parte, la autoridad judicial negó que hubiese librado contra el quejoso alguna orden de aprehensión; de las constancias que remitió se desprenden las circunstancias que de manera prolija formuló el a quo y que se dan por reproducidas.-El a quo decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías de que se ocupa, respecto de los actos reclamados del agente del Ministerio Público investigador, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, síndico municipal, jefe de Área de Protección Social y Vialidad, comandante de Seguridad Pública Municipal, éstas de Santa María del Río, San Luis Potosí, director general de la Policía Ministerial en el Estado y director general de Protección Social en el Estado, con residencia en esta capital; ello, en virtud de que dichas autoridades rindieron informe negando los actos reclamados, sin que se haya desvirtuado dicha negativa con prueba alguna; y por otra parte, también decretó el sobreseimiento en cuanto a los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia, encargado de grupo de la Policía Ministerial del Estado, comisionado, ambos de Santa María del Río, San Luis Potosí, y procurador general de Justicia en el Estado, expresando que el quejoso reclamó una orden de aprehensión, siendo que de los informes de dichas autoridades se desprende que en realidad se trata de una orden de reaprehensión, y que aun cuando tanto una como la otra tienen por objeto la privación de la libertad, sin embargo, ambos mandamientos son de naturaleza jurídica distinta, pues la primera debe reunir los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda tiene relación con aspectos legales que nada tienen que ver con aquellos requisitos, y que en estas condiciones, debe tenerse por inexistente el acto reclamado por el hoy recurrente, conforme a las tesis de rubros: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE REAPREHENSIÓN. DIFERENTE NATURALEZA JURÍDICA DE LAS.’ y ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. INEXISTENCIA DE LA. CUANDO SÓLO EXISTE ORDEN DE REAPREHENSIÓN. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO.’. Además, el a quo agregó que aun cuando se tuviese como acto reclamado la orden de reaprehensión que realmente existe, el sobreseimiento debe subsistir, dado que de las constancias remitidas con los informes se desprende que el quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, habiéndose decretado la suspensión de dicha sentencia y, al efecto, se ordenó al procurador general de Justicia del Estado suspendiera el cumplimiento de la orden de reaprehensión, hasta en tanto se resolviera el juicio de garantías aludido, y que tal circunstancia impide analizar el mandamiento de captura, por encontrarse sub júdice la sentencia que le dio origen.-Por otra parte, se tiene a la vista el expediente número 600/98, relativo al juicio de amparo promovido por ... hoy recurrente, contra la sentencia cuya ejecución se pretende al través de la orden de reaprehensión de que se trata, mismo expediente del que se advierte que mediante ejecutoria datada el veintiocho de enero del año en curso, este Primer Tribunal Colegiado negó a aquél la protección de la Justicia Federal que había solicitado.-Expuesto lo anterior, cabe decir, en primer término, que este Primer Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el sentido de que cuando se reclame una orden de aprehensión, pero en realidad se trata de una reaprehensión, debe sobreseerse en el juicio de garantías, por inexistencia del acto reclamado, conforme a las tesis que dichos Tribunales Colegiados emitieron, con los rubros de: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. INEXISTENCIA DE LA. CUANDO SÓLO EXISTE ORDEN DE REAPREHENSIÓN. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO.’ y ‘ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE REAPREHENSIÓN. DIFERENTE NATURALEZA JURÍDICA DE LAS.’, publicadas en la página 452, del Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, y página 377 del Tomo XIV, septiembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.-Las razones que apoyan su disenso estriban, en resumen, en que si bien los requisitos para que una orden de aprehensión pueda ser librada los señala de manera expresa el artículo 16 constitucional, en tanto establece que para tal efecto debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal (cuyo texto actual se refiere al ‘cuerpo del delito’, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve) y la probable responsabilidad del indiciado, mientras que, tratándose de una orden de reaprehensión no se analizan tales requisitos en su integridad, pues su fundamentación y motivación tienen como base aspectos legales, como sucede en el caso particular en que el tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia que había absuelto al hoy recurrente y ordenado su inmediata libertad y, en su lugar, lo condenó como responsable de la comisión del delito de violación, librándose orden de reaprehensión contra dicho quejoso, para cumplir con la sentencia; sin embargo, considerar que la orden de aprehensión y la de reaprehensión son de naturaleza jurídica distinta, es interpretarlo de una manera rigorista, dado que no sólo existe similitud en cuanto a que ambos mandamientos tienen por objeto la privación de la libertad, sino que la orden de aprehensión, al igual que la de reaprehensión, debe satisfacer diversos requisitos exigidos por la garantía de legalidad o debido proceso, en el que se hubiesen cumplido las formalidades esenciales (del procedimiento) y la correcta aplicación de la ley, exigencias éstas a que se contrae el diverso 14 constitucional; es claro que en tales circunstancias no es impedimento legal para considerar procedente el juicio de amparo y examinar la constitucionalidad de la orden existente, o sea, la de reaprehensión, pues de no estimarlo así, se contravendría el principio de buena fe en la sustanciación del juicio de garantías, así como el relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja a que alude el artículo 76 bis, fracción II, de la ley de la materia.-Así las cosas, debe insistirse en que en el caso no opera el motivo de sobreseimiento invocado por el a quo, respecto de los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia, encargado de grupo de la Policía Ministerial, comisionado, éstos de Santa María del Río, San Luis Potosí, y procurador general de Justicia en el Estado, consistentes en la orden librada contra el quejoso para que sea privado de su libertad y cumpla con la sentencia que lo condenó como responsable en la comisión del delito de violación, así como la ejecución de dicho mandamiento que, como ya se vio, aquél reclamó como de aprehensión, tratándose de uno de reaprehensión, siendo de agregar que también es incorrecto el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados del agente del Ministerio Público investigador, agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, síndico municipal, jefe de área de Protección Social y Vialidad, comandante de Seguridad Pública Municipal, éstos de Santa María del Río, San Luis Potosí, director general de la Policía Ministerial en el Estado y director general de Protección Social en el Estado, con residencia en esta capital, autoridades que en sus informes negaron la existencia de los actos reclamados, atento a las siguientes razones: En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable como justificación de su informe, se desprende que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dictó sentencia revocando la de primera instancia, misma que había absuelto al hoy quejoso y, en su lugar, lo condenó como responsable en la comisión del delito de violación, y al efecto, el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, libró orden de reaprehensión contra aquél, a fin de que cumpliera con la aludida sentencia, contra la cual se promovió juicio de amparo directo, expediente 600/98, del índice de este Primer Tribunal Colegiado, motivo por el cual el aludido Juez de primera instancia ordenó se suspendiera la cumplimentación del mandamiento reaprehensorio, hasta en tanto se resolviera el referido juicio de garantías.-Ahora bien, es cierto que en el expediente de amparo no existe dato alguno que indique que en el juicio de amparo directo, expediente 600/98, haya sido resuelto con antelación al dictado de la sentencia ahora recurrida y que por tal motivo se hubiese levantado la suspensión del acto reclamado, referente a la sentencia pronunciada por la citada Sala y la ejecución de la misma; sin embargo, como ya se destacó, se tiene a la vista el expediente de amparo directo 600/98, en el que aparece que el veintiocho de enero del año en curso, se dictó sentencia negando al quejoso la protección de la Justicia Federal solicitada y, en consecuencia, es inconcuso que la orden de reaprehensión que había sido suspendida volvió a adquirir sus efectos jurídicos y, por ende, si se tiene como cierta la existencia de dicho mandamiento, debe considerarse inminente su ejecución por parte de las diversas autoridades señaladas como ejecutoras, inclusive, respecto de aquellas que negaron la existencia de los actos reclamados.-Expuesto lo anterior, procede revocar la sentencia que se revisa y analizar la constitucionalidad de la orden de reaprehensión y su ejecución, atendiendo a los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, conforme al artículo 91, fracción III, de la ley de la materia; empero, revisada la demanda de garantías, se tiene que el inconforme en realidad no expresa concepto de violación alguno, limitándose a formular alegaciones ambiguas y generales similares a los agravios ya transcritos, siendo pertinente aclarar que tampoco se advierte motivo alguno para suplir la queja deficiente, pues como ya se precisó en el considerando que antecede, la orden de reaprehensión de que se trata fue librada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, en virtud de que el tribunal de alzada revocó la sentencia de primer grado que había absuelto al hoy quejoso, y en su lugar lo condenó como responsable en la comisión del delito de violación, sentencia de segunda instancia que posteriormente adquirió definitividad al negarse a dicho quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada contra dicha sentencia, y en estas condiciones, es inconcuso que tratándose de una sentencia definitiva contra la cual no procede recurso alguno, la reaprehensión del quejoso se encuentra legalmente justificada, dado que la consecuencia final y directa de dicha sentencia, es que aquél cumpla con las penas que le fueron impuestas.-En este orden de ideas, debe negarse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
Las consideraciones anteriores dieron origen a la siguiente tesis aislada número IX.1o.15 P, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Novena Época, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, página 1316:
"ORDEN DE REAPREHENSIÓN, NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN, CUANDO EXISTA LA.-Si bien para emitir una orden de aprehensión deben cumplirse los requisitos a que alude el artículo 16 constitucional, los cuales son diversos de los que han de observarse, tratándose de una orden de reaprehensión, a pesar de que ambas tienden a la privación de la libertad, sin embargo, tanto una como la otra, deben satisfacer la garantía de legalidad o debido proceso, o sea, que se cumplan las formalidades esenciales y la correcta aplicación de la ley, a que se contrae el artículo 14 constitucional; por ende, no cabe sobreseer en el juicio de amparo en el que se reclama una orden de aprehensión, cuando en realidad se trata de la de reaprehensión."
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, al resolver el catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión 98/94, promovido por ... en lo que interesa sustentó las siguientes consideraciones:
"CUARTO.-Los agravios que hace valer el recurrente son infundados.-En efecto, el quejoso ahora inconforme aduce sustancialmente que el a quo indebidamente sobreseyó el juicio de amparo, al haber estimado que no existe el acto reclamado que se hizo consistir en una orden de aprehensión, no obstante, dice, la orden de reaprehensión en la especie acreditada, viene a ser lo mismo que una orden de aprehensión, ya que en igual caso, ambos actos tienden a privarle de su libertad.-Al respecto, y contrario a lo que argumenta el recurrente, debe puntualizarse que el Juez de amparo en forma correcta estableció en su sentencia, que en el caso debió sobreseerse en el juicio, lo anterior conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, en tanto que las autoridades responsables negaron la existencia del mandamiento de captura expresamente reclamado, así como su ejecución.-Esto es así, puesto que adversamente a lo que se señala, la orden de reaprehensión que admitió haber girado la Juez Federal responsable, no es obstáculo para la conclusión a la que arribó el a quo, toda vez que si bien es verdad que tanto una orden de aprehensión como una de reaprehensión llevan como finalidad implícita el privar de la libertad a una persona, no menos lo es que, en la especie, dichos actos son de naturaleza jurídica distinta, que por lo mismo se rigen por normas legales diferentes, habida cuenta que, en tratándose de una orden de aprehensión, el Juez de amparo se concretará a examinar si se surtieron o no los requisitos que para tal efecto exige el artículo 16 constitucional, y en el otro caso, el análisis versa sobre aspectos legales que nada tienen que ver con los requisitos que se exigen para el pronunciamiento de aquella orden.-En estas condiciones, la afirmación del inconforme en el sentido de que el Juez de amparo debió de estimar que se estaba frente a un mismo acto, deviene incorrecta, ya que como se precisó, se está ante la presencia de dos actos de naturaleza jurídica diferente, por lo que al haberse hecho consistir el acto reclamado en una orden de aprehensión, y al no existir ésta, es inconcuso que lo procedente era sobreseer el juicio de amparo, ya que en caso contrario, es decir, de proceder al estudio de la orden de reaprehensión como se pretende, implicaría variar el acto reclamado, máxime que en el caso la orden de reaprehensión emitida por el Juez responsable tuvo como origen un desacato de aquél a la obligación que se le impuso de quedar sometido a la jurisdicción del Juez responsable, quien le había otorgado el beneficio de la libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal 106/90, que le instruye por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud, según se desprende de la actuación que obra a fojas 21 del expediente de amparo; situación ésta que legalmente no está permitida, por no existir disposición alguna en la ley que así lo autorice, dado que la suplencia de la queja en materia penal a que se refiere el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, es sólo en cuanto a los agravios y conceptos de violación, o aun ante su ausencia, mas no en relación a los actos impugnados.-Apoya la anterior consideración, el criterio sustentado por este cuerpo colegiado en la tesis siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO.-Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, opera la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable.’.-De igual manera, el anterior criterio lo ha sostenido este cuerpo colegiado al resolver por unanimidad de votos, los amparos en revisión números 50/92, promovido por el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua; 103/93, promovido por Jesús Carlos Rodríguez Gurrola y 189/93, promovido por Adán Torres Mera, en sesiones de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, trece de mayo y treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres, respectivamente.-Por otra parte, el ahora recurrente no adujo agravio alguno en contra del sobreseimiento decretado por el a quo respecto de los actos de ejecución que también se reclamaron, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, advierte que el sobreseimiento decretado se encuentra ajustado a derecho, puesto que independientemente de que el Juez de amparo no hubiere hecho pronunciamiento respecto de qué autoridades rindieron su informe justificado, y cuáles no, lo cierto es que al haber negado la autoridad ordenadora el mandamiento de captura reclamado, es claro que las autoridades señaladas como ejecutoras no cumplimentarán un acto que en la especie no existe, motivo por el cual procede confirmar el sobreseimiento de mérito.-En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los agravios, procede confirmar la resolución recurrida y, por ende, decretar el sobreseimiento del juicio."
Las consideraciones anteriores dieron origen a la siguiente tesis aislada número XVII.2o.23 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, septiembre de 1994, página 377:
"ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE REAPREHENSIÓN. DIFERENTE NATURALEZA JURÍDICA DE LAS.-Si bien es verdad que tanto la orden de aprehensión como la de reaprehensión tienen como finalidad la privación de la libertad, no menos lo es que dichos actos de autoridad son de naturaleza jurídica distinta, en virtud de que, en tratándose de la primera, ésta debe reunir los requisitos que específicamente, para tal efecto, exige el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda versa sobre aspectos legales que nada tienen que ver con tales requisitos. En esas condiciones, es correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, por inexistencia del acto combatido, cuando, habiendo dictado la autoridad responsable una orden de reaprehensión, el quejoso reclamó una orden de aprehensión."
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, al resolver el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión 282/95, promovido por ... en lo que interesa sustentó las consideraciones siguientes:
"IV.-Este órgano de control constitucional estima innecesario el estudio del fallo recurrido y los agravios expresados en su contra, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 430/95, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, se puede apreciar que ... reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Mixto Menor del Vigésimo Primer Distrito Judicial, y que pretenden ejecutar el coordinador regional de la Policía Judicial del Estado y primer comandante de esa corporación policiaca, todas con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; que el prenombrado Juez Mixto Menor al rendir su informe justificado señaló que en esa instancia se encuentra radicado el proceso penal número 319/93, el cual se instruye en contra de ... como presunto responsable del delito de daños culposos, cometido en agravio de Petro Gas, S.A. de C.V., y en razón de que dejó de cumplir con lo establecido en los artículos 336 y 337, fracciones I y VII, del código procesal penal del Estado de Veracruz, el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro se giró en su contra orden de reaprehensión.-Lo que se lleva relacionado pone de manifiesto que el acto reclamado resulta inexistente, dado que los requisitos para el libramiento de una orden de aprehensión, como la reclamada por el quejoso, se encuentran previstos por el artículo 16 constitucional, que establece que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; y en cambio, la orden de reaprehensión emitida por el propio Juez Mixto Menor obedece a que ... dejó de cumplir con lo que exigen los artículos 336 y 337, fracciones I y VII, del código procesal penal del Estado de Veracruz, al no concurrir a ese juzgado a firmar el libro de presentación bajo caución como se le hiciera saber al obtener la misma, dentro de la causa penal seguida en su contra como presunto responsable del delito de daños culposos; por lo tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, obliga a revocar la sentencia que se recurre y sobreseer en el juicio de garantías 430/95."
Las consideraciones anteriores dieron origen a la siguiente tesis aislada número X.1o.13 P, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Novena Época, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 452:
"ORDEN DE APREHENSIÓN. INEXISTENCIA DE LA. CUANDO SÓLO EXISTE ORDEN DE REAPREHENSIÓN. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO.-Si en el juicio de amparo biinstancial se reclama una orden de aprehensión, pero de las constancias de autos se advierte que lo que realmente existe es la orden de reaprehensión, debe sobreseerse en el juicio de garantías promovido, por inexistencia de la orden de aprehensión, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, toda vez que los requisitos para el libramiento de esta última se encuentran previstos en el artículo 16 constitucional, que establece, que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; y la orden de reaprehensión emitida por el Juez responsable se originó al dejar de cumplir el inculpado con lo que exigen los artículos 336 y 337, fracciones I y III, del código procesal penal del Estado de Veracruz, al dejar de concurrir a dicho juzgado a firmar el libro de presentación bajo caución, como se le hiciera saber al obtener su libertad caucional dentro de la causa penal correspondiente."
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al resolver el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisión 477/99-II.P., promovido por ... en lo que interesa sustentó las consideraciones siguientes:
"CUARTO.-Los agravios transcritos son en una parte inoperantes, y en otra fundados.-El quejoso ... afirma que la sentencia de amparo que sobreseyó en el juicio de garantías por él promovido, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de lo cual debe decirse que el recurso de revisión, tiene por objeto examinar si en el fallo impugnado se cometieron agravios en perjuicio del inconforme, y no si el Juez de Distrito que no tiene calidad de autoridad responsable, violó o no garantías individuales; en esa tesitura, resulta evidente la inoperancia de los agravios de mérito. Sobre el tema, se atiende a la jurisprudencia 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, bajo el rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’.-Por otra parte, el Juez Tercero de Distrito en el Estado sobreseyó en el juicio por inexistencia de los actos atribuidos al subdelegado de la Policía Judicial Federal en el Estado de Nuevo León, aspecto que debe confirmarse aunque no se exprese agravio alguno sobre el particular, pues no se advierte deficiencia que suplir en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que dicha autoridad negó la certeza del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, según se colige de su informe justificado, sin que en autos obre prueba en contrario. Por tanto, es legal el sobreseimiento que, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretó el Juez Federal, por ser evidente la inexistencia de los actos atribuidos a la citada autoridad responsable.-En cambio, supliendo la deficiencia de los agravios, se estima contrario a derecho el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado atribuido al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, consistente en la ejecución del referido mandamiento de captura. En efecto, la razón actuarial que obra a foja once de autos, en el sentido de que ‘dicha autoridad no existe a la fecha con tal carácter o denominación’, carece de eficacia legal para apoyar el sobreseimiento, en virtud de que el actuario judicial no expresa las causas o motivos que tomó en cuenta para hacer constar dicha particularidad; además, la certeza del mencionado acto de molestia se acredita con la resolución relativa a la aprehensión del quejoso en donde consta que la autoridad judicial que la emitió, dispuso su ejecución por conducto del ‘agente del Ministerio Público de la Federación’ (f. 212 y 213), debiendo entenderse que se trata de la misma autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo y, por tanto, lo que procede es revocar el sobreseimiento de mérito, sin que haya lugar a ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se emplace a dicha autoridad, puesto que el sentido del fallo, como más adelante se verá, ningún agravio podría irrogarle.-En otro aspecto, como al principio de este considerando se dijo, son fundados los agravios expresados por el quejoso recurrente.-El Juez de Distrito, también sobreseyó en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos atribuidos al Juez Tercero de Distrito en el Estado, agente del Ministerio Público de la Federación con residencia en Linares, Nuevo León y agente ‘B’ de la Policía Judicial Federal encargado de la Plaza de Linares, Nuevo León, bajo el argumento toral de que los requisitos que debe colmar la orden de aprehensión reclamada de la autoridad señalada en primer término, se encuentran previstos en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional y, en el caso, lo que realmente se demostró no es una orden de aprehensión sino de reaprehensión, emitida en contra del peticionario de garantías por virtud de que dentro del proceso penal que se instruye, no cumplió con las obligaciones que contrajo al momento de obtener su libertad provisional bajo caución, en términos del artículo 411 del Código Federal de Procedimientos Penales, invocando al efecto la tesis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7251-7453d834/orden-de-reaprehension-no-debe-sobreseerse-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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