SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con la materia civil, cuyo conocimiento es exclusivo de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien sustenta una de las tesis contradictorias.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 735/92, sostuvo en sus consideraciones lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios que expresa la recurrente, por las siguientes razones: El primer motivo de inconformidad resulta en parte infundado, en virtud de que no puede establecerse que la resolución que se revisa desconozca la naturaleza del procedimiento de suspensión de pagos, pues contrariamente a lo que arguye la revisionista, en dicha contienda sí puede haber sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, conforme a las normas de los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante el desarrollo del contradictorio. En efecto, conforme a las diversas regulaciones de los tipos de sentencias que pueden existir en cualquier tipo de controversia, se puede establecer que en el procedimiento de suspensión de pagos se dirimen en particular pretensiones que deberán desembocar en el pronunciamiento de sentencias que deciden la cuestión contenciosa en lo principal. Entre este tipo de controversias se encuentra la relativa a la pretensión de reconocimiento de crédito, la cual tiene por finalidad el que se reconozca el adeudo que se atribuye a la suspensa frente al reclamante del crédito. Esta clase de procedimiento debe concluir necesariamente en una sentencia que define esa etapa y que dilucida pretensiones principales, ya que el fallo que se dicte decidirá en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, cuestión esta que ya no podrá ser afectada en el procedimiento ulterior que se siga en el juicio atrayente de concordato. La sentencia con la que culmina el contradictorio de reconocimiento de crédito es constitutiva de un derecho en el evento de que se estime válida la pretensión que se aduce por el acreedor, pudiendo a partir de esa declaración reclamar el derecho que tiene a la porción que le corresponda de la masa patrimonial de la suspensa. Se trata en sí de un acto solemne que pone fin a la contienda judicial y que decide la pretensión de reconocimiento de adeudo que ha sido objeto de controversia entre partes, como lo son el acreedor como demandante y la suspensa como demandada en ese conflicto, resolviéndose por tanto cuestiones principales y no meramente accesorias del juicio de suspensión de pagos. La circunstancia de que el procedimiento de concordato continúe a pesar de haberse dictado resoluciones de reconocimiento de créditos, no es causa eficiente para desconocer el hecho tangible de que las sentencias de reconocimiento de adeudo deciden un conflicto en lo principal, ya que se está constituyendo un derecho del acreedor frente a la suspensa y ello ya no podrá ser modificado ulteriormente al seguirse el juicio de concordato, de ahí que sea inocuo que el Juez de lo Concursal pueda continuar con el procedimiento de moratoria una vez que se ha hecho la declaración de la calidad de los acreedores de la suspensa. Como consecuencia de lo anterior, al desembocar el conflicto de reconocimiento de créditos en una sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, podrá, en su caso, reclamarse la violación procesal en el momento en que se actualice el fallo definitivo, teniendo aplicación en la especie la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo, momento en el cual podrá el quejoso, en su caso, reclamar la violación adjetiva que ahora trata de dirimir. Se está entonces en presencia de un acto que no tiene ejecución irreparable. Cabe hacer notar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el precedente de que las resoluciones que en el procedimiento de concordato deciden acerca del reconocimiento de créditos, conforme a lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, constituyen un fallo definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo civil, como se observa de la tesis relacionada con la jurisprudencia número 246, publicada aquélla en la página 705 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, que textualmente dice: ‘QUIEBRAS, SENTENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS. COMPETENCIA.’ (la transcribe). Por la anterior razón queda patente que al poder existir en su momento una sentencia definitiva, esto es, la de reconocimiento o no de crédito, es factible para el revisionista el reclamar, en su caso, la violación procedimental referente al desechamiento de un recurso, pues no será sino hasta el momento en que exista una resolución definitiva contraria a los intereses de la agraviada, cuando se actualice algún perjuicio irreparable. El segundo motivo de inconformidad resulta en parte infundado, porque en la especie resultaba plenamente operante la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 114, fracción IV, a contrario sensu, del propio ordenamiento legal. En efecto, en la especie, el desechamiento de un recurso en el procedimiento de reconocimiento de crédito dirimido en el juicio de suspensión de pagos, constituye una violación de carácter adjetivo que podrá, en su caso, reclamarse en el juicio de amparo directo civil que en algún evento llegue a promoverse si se actualiza una sentencia que reconozca el crédito reclamado por la tercera perjudicada. Como consecuencia de lo anterior, queda evidenciado que sí puede darse el caso de que sobrevenga una sentencia favorable a los intereses de la recurrente, lo cual acontecerá en la hipótesis de que la sentencia culmine con un desconocimiento o rechazo del crédito presentado por quien debe considerarse como actor en el conflicto de reconocimiento de créditos, y entonces será que la violación procesal que ahora impugna no dejará ninguna huella en la esfera jurídica de la revisionista, lo que hace patente que no se trata entonces de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación. Acorde a las anteriores consideraciones, sí tiene aplicación plena la jurisprudencia que invoca la Juez Federal, habida cuenta que constituye una violación procesal que no irrogó perjuicio irreparable a la parte quejosa, ni constituyó una transgresión inmediata de las garantías individuales del gobernado, ya que no se está en presencia de la consumación de la transgresión adjetiva que se arguye. Tampoco se trata de una resolución constitutiva o declarativa apartada de la realidad y distante de la justicia, ya que sólo establece la oportunidad en que podrá reclamarse la violación que se aduce. Las violaciones de garantías no necesariamente deberán subsistir, ya que puede darse el caso de que la sentencia relativa al reconocimiento de crédito resulte favorable a los intereses de la recurrente, lo que denota que la violación argumentada sí puede tener un remedio ante la propia potestad común, de ahí que sí resulta trascendente el que en sentencia ulterior llegue a obtener un fallo benéfico a los intereses de la recurrente. La legislación, ciertamente, establece los medios de defensa e impugnación con que cuentan las partes, a efecto de que no sea menester que esperen hasta el dictado de la sentencia definitiva; sin embargo, cuando se da una violación procesal, el legislador dispuso la oportunidad en que pueda reclamarse ese tipo de transgresión, así vemos que el artículo 159 de la Ley de Amparo señala que el desechamiento de excepciones tendrá que reclamarse en amparo directo, ya que no será sino hasta el momento en que existe una sentencia definitiva desfavorable a los intereses de la quejosa, cuando quede consumada irreparablemente la violación que se argumenta. Pertinente resulta reiterar, como se ha dicho en líneas precedentes, que el procedimiento de concordato sí llega a tener sentencias definitivas para los efectos del amparo directo, que lo serán, en su caso, las que reconozcan o rechacen la reclamación de reconocimiento de créditos presentada por quienes se consideran acreedores de la suspensa y, en esta tesitura, queda patente que es factible que pueda reclamarse la violación procesal en un amparo directo que en su caso se promueva. La circunstancia de que el artículo 17 constitucional establezca la obligación de impartir justicia pronta y expedita, es independiente del hecho de que el legislador haya previsto la necesidad de eliminar el abuso del amparo, esto es, el procurar evitar que todos los actos dictados durante la secuela de un juicio puedan ser reclamables inmediatamente en amparo indirecto, de ahí que se haya regulado la oportunidad de impugnar las violaciones procesales hasta el amparo directo civil, ya que ello tiene por finalidad el hacer más pronta la conclusión de un procedimiento y de acumular en una sola pretensión la impugnación de la sentencia definitiva y de aquellas violaciones formales que a la misma pudieran haber trascendido; ello constituye, pues, el objetivo de contar con una fluidez en la secuela de toda controversia y no de obstaculizarla. No se trata de un acto de ejecución irreparable el que se reclama, ya que el desechamiento de los recursos legales podrá, en su caso, no trascender a la esfera jurídica del gobernado, en el evento de que obtenga sentencia definitiva favorable, o bien, no es óbice para que, tanto el desechamiento del recurso, así como la desestimación de la excepción de falta de personalidad podrán, en su caso, reclamarse en amparo directo civil, esto es, sólo se regula con ello la oportunidad de su reclamación, en la inteligencia de que en ese momento el Tribunal Colegiado estará facultado para analizar las transgresiones adjetivas que se arguyen. Los artículos 14 y 16 constitucionales no tutelan la tardanza o no de la reclamación de este tipo de violaciones adjetivas, ya que la duración del procedimiento sólo se traduce en una afectación de un interés simple y no de un interés jurídicamente tutelado, puesto que no se privan a las partes de la oportunidad de defensa y de que sea resuelta la controversia que plantea ante el Juez de la causa, en el entendido de que la violación adjetiva sí puede tener un remedio en el evento de que se actualice una sentencia definitiva que desconozca o rechace el crédito reclamado por la tercera perjudicada. Como consecuencia de lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado no causa un perjuicio irreparable a la revisionista y, por ende, fue correcta la consideración emitida por la a quo federal al desechar la demanda de garantías. Por último, cabe dejar establecido que son inoperantes los argumentos que se esgrimen en el sentido de que la resolución recurrida es violatoria de garantías individuales, toda vez que resulta inadmisible desde el punto de vista lógico-jurídico, que el órgano jurisdiccional encargado de tutelar esos derechos públicos subjetivos puede incurrir en transgresión a los mismos, de ahí que si sus actos se rigen por las disposiciones de la Ley de Amparo, son estas normas las que deben de invocarse en los recursos que, en su caso, interpongan las partes. En virtud de las anteriores consideraciones, procede confirmar la resolución que se revisa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se confirma la resolución recurrida, mediante la cual la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal desechó la demanda de amparo formulada por Motocicletas Carabela, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, reclamado del Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal."
El mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1092/92, sostuvo en sus consideraciones lo siguiente:
"TERCERO. Los agravios que expresa Bicicletas Windsor, S.A. de C.V., se sintetizarán y estudiarán simultáneamente en este considerando. Alega la sociedad recurrente que la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito transgrede en su perjuicio los artículos 14, 16, 103 y 107, fracciones III, inciso b), VI y VII, constitucionales, en relación con los artículos 1o., 2o., 73, 114 y 115 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII, 74, fracción III, 114, fracción IV y 145 del ordenamiento legal citado en último término, por estimar en su resolución que no se infringen sus derechos fundamentales con el acto que reclama, consistente en la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de falta de personalidad que opuso, que en todo caso la resolución definitiva que pudiera llegar a dictarse en el juicio natural puede ser favorable a sus intereses y, en caso contrario, podrá reclamar en el amparo directo que hiciera valer en contra de la misma la transgresión procesal a que hace alusión, fallo que en su opinión considera ilógico porque las garantías de legalidad, de estricta aplicación de la ley y de seguridad jurídica, constituyen derechos fundamentales y su afectación no puede ser calificada como una mera violación intraprocesal, ya que no puede considerarse que una resolución que somete en forma infundada a la recurrente a la tramitación de un procedimiento judicial oneroso y desgastante, constituya una mera conculcación de derechos adjetivos, puesto que los gobernados gozan de las garantías de legalidad y seguridad jurídica creadas para que en todo procedimiento judicial se observen las formalidades establecidas por la ley, pues las falsas representaciones, como sucede en el caso concreto, originan irreparables trastornos al aparato de justicia, por lo que el no permitir que instancias superiores revisen o revoquen resoluciones infundadas respecto de tales cuestiones, provocan sometimiento de terceros a procedimientos judiciales onerosos, constituyendo una violación flagrante de garantías; siendo desafortunada la afirmación que sustenta el a quo federal de que puede ocurrir que al pronunciarse la sentencia definitiva obtenga un fallo favorable, con lo que el rechazo de la excepción de personalidad que interpuso no dejaría huellas en su esfera jurídica, pues es de explorado derecho que las violaciones de garantías subsisten por sí mismas, siendo intrascendente que se pueda obtener una sentencia posterior favorable, puesto que la violación la constituye la falta de acatamiento de los principios establecidos por las garantías multicitadas, siendo intrascendente que con posterioridad se pueda obtener una sentencia favorable que de ninguna manera logrará hacer desaparecer la violación cometida. Asimismo aduce que el a quo incurre en error al afirmar que en los juicios de suspensión de pagos existen sentencias definitivas, toda vez que las de reconocimiento de créditos no crean obligaciones de dar, hacer o no hacer, sino que son meramente declarativas, no teniendo efectos definitivos, ni ponen fin al procedimiento, dictándose únicamente para los efectos de voz y voto de la junta de acreedores que aprueba o desaprueba el convenio preventivo ofrecido por la suspensa, aclarando que dicho juicio no termina con una sentencia, sino en la mayoría de los casos con un convenio, sin que este fallo se ocupe de cuestiones previamente resueltas y juzgadas, como lo es la excepción de falta de personalidad; no pudiendo hacer valer la violación cometida en ningún momento posterior por ser imposible para las autoridades volver sobre sus propias determinaciones, constituyendo tal determinación la verdad legal, citando como apoyo de su razonamiento diversas tesis. Manifiesta que el artículo 17 constitucional establece la obligación a los tribunales de impartir justicia de una forma pronta y expedita, elevada al rango de garantía individual, por lo que reputa que la supuesta reparación de que habla el Juez constitucional sería impartir justicia en una forma lenta y tardía, pasando por alto las vías de que gozan los ciudadanos para conseguir el resarcimiento de sus derechos, señalando por otra parte que estamos ante la presencia de un acto de ejecución irreparable, puesto que la violación subsiste por sí misma y tiene existencia desde el momento en que se le obliga a comparecer a un procedimiento iniciado por una persona que carece de representación, siendo intrascendente que se obtenga o no un fallo favorable, en virtud de que en estricto derecho ese fallo no debe siquiera llegar a dictarse, puesto que el órgano jurisdiccional fue puesto en marcha por una persona que carece de facultades para hacerlo, constituyendo en consecuencia el acto reclamado una resolución que se encuentra prevista en la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, porque dicho acto se hizo consistir en la sentencia interlocutoria que decretó improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por su representada al dar contestación a la infundada demanda de reconocimiento de crédito instaurada en su contra, lo cual la sujeta al procedimiento sin que tal resolución sea revisable en una sentencia superior, traduciéndose evidentemente en un daño de imposible reparación, puesto que el acto reclamado no admite recurso de apelación, no pudiendo ser revisada por el tribunal superior, quedando la vía expedita para acudir en demanda de garantías biinstancial, con el objeto de que se le reparen sus derechos violados, agregando que las sentencias dictadas en juicios concursales no admiten la interposición de recurso ordinario alguno, por lo que el desechamiento del juicio de garantías ocasionará que la resolución se convierta en cosa juzgada, sin que pueda ser revisada con posterioridad dentro de la secuela del procedimiento, pretendiendo apoyar tales argumentos en las tesis que cita en su recurso de revisión. Aduce igualmente, que en el supuesto de que al dictarse la sentencia de reconocimiento de crédito fuera favorable a sus intereses, no se puede admitir que en ese supuesto se repararían los daños que se le causaron con la sentencia interlocutoria, ya que la reparabilidad sería tardía y se estaría en la imposibilidad de restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad, no siendo cierto que aun en el supuesto de que el juicio de amparo directo fuera el procedente, pudiera hacer valer en el mismo la violación cometida al dictarse la sentencia que constituye el acto reclamado, porque dicho acto no se encuentra comprendido dentro de las hipótesis previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo, concluyendo que de adoptarse el criterio del Juez constitucional ningún auto ocasionaría gravámenes irreparables, pudiendo ser subsanados en la sentencia definitiva, distorsionándose así el espíritu de la Ley de Amparo. Estos agravios son inoperantes por una parte e infundados por otra. En primer término, debe decirse a la sociedad recurrente que son inoperantes los argumentos que se esgrimen en el sentido de que la resolución recurrida es violatoria de garantías individuales, toda vez que resulta inadmisible que el órgano jurisdiccional encargado de tutelar esos derechos públicos subjetivos pueda incurrir en transgresión a los mismos, de ahí que sus actos se rigen por las disposiciones de la Ley de Amparo, siendo estas normas las que deben invocarse en los recursos que en su caso interpongan las partes. Por otra parte, es infundado el agravio externado por la sociedad inconforme, en virtud de que no puede establecerse que la resolución que se revisa desconozca la naturaleza del procedimiento de suspensión de pagos, pues contrariamente a lo que asevera, en dicha contienda sí puede haber sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante el desarrollo del procedimiento, ya que se puede establecer que en el procedimiento de suspensión de pagos se dirimen pretensiones que deberán desembocar en el pronunciamiento de sentencias que deciden la cuestión contenciosa en lo principal, como lo es la relativa a la pretensión de reconocimiento de créditos, la cual tiene por finalidad el que se reconozca el adeudo que se atribuye a la suspensa frente a la reclamante del crédito; esta clase de procedimiento debe concluir necesariamente en una sentencia que defina esa etapa y que dilucide pretensiones principales, ya que el fallo que se dicte decidirá en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, siendo tal sentencia constitutiva de un derecho en el evento de que se estimara válida la pretensión que se deduce por el acreedor, pudiendo, a partir de esa declaración, reclamar el derecho que tiene a la porción que corresponda de la masa patrimonial de la suspensa. Se trata en sí de un acto solemne que pone fin a la contienda judicial, resolviéndose por tanto cuestiones principales y no meramente accesorias del juicio de suspensión de pagos, y la circunstancia de que el procedimiento continúe a pesar de haberse dictado resolución de reconocimiento de créditos, no es causa suficiente para desconocer el hecho tangible de que las sentencias de reconocimiento de adeudo deciden un juicio en lo principal, ya que se está constituyendo un derecho del acreedor frente a la suspensa y ello ya no podrá ser modificado con posterioridad; como consecuencia de lo anterior, al desembocar el conflicto de reconocimiento de créditos en una sentencia definitiva para los efectos del amparo directo, podrá, en su caso, reclamarse la violación procesal en el momento en que se actualice el fallo definitivo, debiéndose hacer notar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el precedente de que las resoluciones que se dicten en el procedimiento de quiebra y que deciden acerca del reconocimiento de créditos, conforme a lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, constituyen un fallo definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo civil, como se observa de la vigésima quinta tesis relacionada con la jurisprudencia número 246, publicada aquélla en la página 705 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1985, que textualmente dice: ‘QUIEBRAS, SENTENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS. COMPETENCIA.’ (la transcribe). Por otra parte, este Tribunal Colegiado, al resolver el veintiuno de mayo del año en curso la revisión RC. 735/92, Motocicletas Carabela, S.A. de C.V., ponente el señor Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, en que se planteaba una cuestión similar a la que se plantea en el presente negocio, sostuvo igual criterio. Por otra parte, la sentencia interlocutoria que reclama la sociedad quejosa, en la cual se resolvió infundada la excepción de falta de personalidad que opuso, constituye una violación a las leyes del procedimiento y que, por tanto, debe reclamar al interponer el juicio de amparo directo en contra de la sentencia de reconocimiento de créditos a que se ha hecho referencia que se llegara a pronunciar dentro del juicio de suspensión de pagos de que se trata, resultando por tanto plenamente aplicables la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 114, fracción IV, aplicable a contrario sensu del propio ordenamiento legal, tal como lo invocó el Juez constitucional, pues cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, al resolver la contradicción de tesis 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, que el amparo indirecto es improcedente contra la resolución de apelación que decide la excepción de falta de personalidad, siendo aplicable en lo conducente a la cuestión que debate la amparista y, como consecuencia, debe estimarse que el Juez constitucional, al desechar su demanda de garantías, actuó conforme a lo resuelto por el Máximo Tribunal de la Federación, debiendo por eso mismo la quejosa impugnar el acto reclamado al momento de interponer el juicio de amparo directo en contra de la sentencia de reconocimiento de créditos que se llegue a pronunciar dentro del juicio de suspensión de pagos, debiendo citarse textualmente la jurisprudencia adoptada por el Máximo Tribunal de la Federación, que aparece publicada en la página 59 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al Número 22-24 de octubre-diciembre de 1989, que a la letra dice: ‘AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE APELACIÓN QUE DECIDE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 208, VISIBLE EN LA PÁGINA 613, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Tercera Sala estima conveniente interrumpir y modificar la jurisprudencia mencionada, para sostener como nueva jurisprudencia que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, es improcedente que el mismo se promueva contra la resolución de apelación que decide sobre la excepción de falta de personalidad, porque no constituye un acto de ejecución irreparable al poder o no trascender al resultado del fallo, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparadas a través del amparo directo lo que no ocurre tratándose de las resoluciones que se pronuncien respecto a la excepción de falta de personalidad, porque sólo producen efectos intraprocesales, que si bien no pueden ser reparados en la sentencia definitiva del juicio natural, sí pueden serlo en el amparo directo.’. Como consecuencia de lo anterior, es evidente que sí puede darse el caso de que sobrevenga una sentencia favorable a los intereses de la recurrente, lo cual acontecerá en la hipótesis de que el Juez de los autos desconozca o rechace el crédito presentado por Arrendadora Banobras, S.A. de C.V., y entonces la violación procesal que ahora reclama no dejará ninguna huella en la esfera jurídica de la recurrente, lo que hace patente que no se trata de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación. Debe hacerse notar a la quejosa que aun cuando fuera cierto que la resolución que reclama no sea apelable, eso no permite catalogarla, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, como un acto de imposible reparación, pues la existencia de ese recurso sólo será referible al principio de definitividad que tanto en el juicio de amparo directo como en el indirecto debe ser respetado. La circunstancia de que el artículo 17 constitucional establezca la obligación de impartir justicia pronta y expedita es independiente del hecho de que el legislador haya previsto la necesidad de eliminar el abuso del amparo, esto es, el procurar evitar que todos los actos dictados dentro de la secuela de un juicio puedan ser reclamables inmediatamente en amparo indirecto; de ahí que se haya regulado la oportunidad de impugnar las violaciones procesales hasta el amparo directo civil, ya que ello tiene por finalidad el hacer más pronta la conclusión de un procedimiento y de acumular en una sola pretensión la impugnación de la sentencia definitiva y de aquellas violaciones formales que a la misma pudieran haber trascendido; ello constituye, pues, el objetivo de contar con una fluidez en la secuela de toda controversia y no obstaculizarla. En consecuencia, al ser inoperante e infundado el agravio que externa la sociedad recurrente, debe confirmarse la resolución que se revisa. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la resolución que se revisa. SEGUNDO. Por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Bicicletas Windsor, S.A. de C.V., por conducto de su representante, en contra de los actos que reclama del Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal, mismos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."
El mismo órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión RC. 2773/97, sostuvo en sus consideraciones lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios que han quedado transcritos se estiman infundados, toda vez que la recurrente parte de la premisa falsa de que en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2836-3a1ef618/suspension-de-pagos-la-sentencia-de-reconocimiento-graduacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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