SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 23/2000, interpuesto por Arca Manufacturas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución de siete de abril del dos mil, emitida por el presidente de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, son las siguientes:
"TERCERO.- ... Ahora bien, se estima sustancialmente fundado el motivo de inconformidad vertido por el recurrente, en el que aduce que la autoridad recurrida, debió tener por cumplido el requisito del depósito de la cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a guisa de garantía, para la subsistencia del trabajador, cuenta habida que la misma ya se había exhibido con motivo de la interposición del amparo 26/2000, del índice de este tribunal mencionado precedentemente, en el cual se concedió a la quejosa -hoy recurrente- el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada para los efectos transcritos en el inciso d) de esta ejecutoria; exhibición aquella que efectivamente debe servir para tener por satisfecho el requisito indispensable a que obligó la Junta al promovente de amparo con el propósito de que surtiera efectos la suspensión decretada contra el acto reclamado en el amparo directo 224/2000, a saber, el laudo pronunciado con fecha catorce de marzo del año en curso, pues no puede avalarse la idea de obligar al quejoso a exhibir nueva garantía por idéntica cantidad a la que ya éste había aportado, con motivo de la suspensión de un diverso amparo que, como ya se dijo, le fue concedido; por tanto, la Junta recurrida deberá tener por satisfecho el requisito de que se trata, es decir, de tener por exhibida la garantía por la cantidad mencionada para garantizar la subsistencia del trabajador, en razón de que, se insiste, la misma ya se había exhibido con motivo del diverso amparo 26/2000, planteado por el quejoso y en el que obtuvo fallo favorable, por ello, es lógico que dicha garantía deba servir para la nueva medida cautelar decretada con motivo del amparo 224/2000.
"Lo anterior, tomando en consideración que no puede exigirse al demandado una garantía para tal efecto, por cada juicio de amparo que promueva, si los anteriores al último resultaron violatorios de garantías, de manera tal que si en un amparo anterior, garantizó la subsistencia del trabajador, y en el nuevo, se le pide igual cantidad para el mismo efecto, debe tenerse por satisfecho el requisito, toda vez que es de considerarse que si un amparo se otorga, las cosas deben quedar restablecidas al estado que guardaban antes de la violación.
"Es oportuno citar en apoyo de lo anterior, por las razones que contiene en lo conducente, la tesis publicada en el Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se comparte, visible en la página 1019, que a la letra dice: ‘GARANTÍA POR LA SUSPENSIÓN DECRETADA EN UN AMPARO DIRECTO LABORAL. AL FIJARLA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DEBE DESCONTAR DEL MONTO ESTIMADO DE LA CONDENA EL DINERO QUE EL TRABAJADOR RECIBIÓ CON MOTIVO DE UN JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR.-En ocasiones ocurre que al resolver un juicio de garantías en materia laboral el Tribunal Colegiado ordena la reposición por violación a las leyes del procedimiento, o bien, determina dejar sin efectos el laudo para que la autoridad responsable dicte uno nuevo con libertad de jurisdicción, y cuando este último se emite, nuevamente es combatido mediante el juicio de amparo uniinstancial; sucede también en esos casos, que para evitar la ejecución del laudo en el primer juicio de garantías, el patrón haya optado por entregar al trabajador en efectivo la cantidad necesaria para garantizar su subsistencia durante el trámite de ese juicio; ahora bien, cuando la Junta resuelva sobre la suspensión solicitada en la demanda de garantías subsecuente, debe tutelar nuevamente por la subsistencia del trabajador, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, empero, la cantidad en efectivo que le fue entregada a éste con motivo del diverso juicio de amparo, deberá descontarla del monto que fije como garantía por los posibles daños, traducidos estos últimos en la cantidad condenada en el laudo, pues no resultaría lógico ni jurídico se exija al promovente del amparo garantice la parte de la condena que ya fue cubierta al trabajador.’."
CUARTO.-Por otra parte, las consideraciones que en relación con la materia de esta resolución fueron sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 1/95, interpuesto por Transportes Mineros de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Compañía Minera de Cananea, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo de seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, emitido por el presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, son del siguiente tenor:
"QUINTO.-El agravio único que se formula es infundado y, por tanto, ineficaz para revocar la resolución impugnada. ...
"Ahora bien, precisa destacar que el artículo 174 de la Ley de Amparo otorga una facultad discrecional al titular del tribunal del trabajo, para conceder la suspensión de los laudos combatidos en amparo directo, y nuestro Máximo Órgano de Justicia ha sustentado el criterio de que la suspensión en esa materia es improcedente hasta por la cantidad de seis meses de salarios, por considerarse este el plazo necesario para la tramitación del juicio constitucional.
"Criterio que se apoya en la tesis de jurisprudencia 1875, aprobada por el más Alto Tribunal de la República, visible en la página 3035, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO.-El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo, y la Cuarta Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salarios, por ser este el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías.’.
"En vista de lo anterior, fue correcto que el presidente de antecedentes condicionara la concesión de la medida cautelar solicitada a la exhibición de seis meses de salarios, tomando como base para su cuantificación precisamente el determinado en el laudo, aun cuando el mismo sea objeto de algún concepto de violación en la demanda de garantías, pues será hasta la resolución del juicio constitucional donde habrá de dilucidarse ese punto del debate, debiendo mientras tanto asegurarse la subsistencia del trabajador que obtuvo laudo favorable, tal como lo hizo el presidente de la Junta responsable, ya que del examen de la resolución de suspensión se advierte que fue observado el hecho de que en los autos del juicio laboral no estaba acreditado que el ahora tercero perjudicado contara con los medios necesarios para la supervivencia.
"Tiene aplicación la tesis 222 L, autorizada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable a fojas 311 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, diciembre de 1991, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN. BASE SALARIAL PARA CUANTIFICAR Y GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.-Para cuantificar el importe de los seis meses de salario por los que la autoridad niega la suspensión en el amparo directo, debe tomarse como base el salario determinado en el laudo.’.
"Sólo resta decir, que es jurídicamente incorrecto que la subsistencia señalada se asegure con la garantía exhibida para tal efecto en el juicio de amparo que originó el laudo combatido, habida cuenta que ésta no puede aplicarse para que surta efectos la suspensión actual, dado que, por una parte, la medida cautelar quedó sin efectos al pronunciarse la ejecutoria correspondiente y, por la otra, en razón de que tales suspensiones se emitieron en amparos distintos.
"Es aplicable al caso la tesis 210 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que puede consultarse a fojas 370 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, octubre de 1994, que expresa: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. APLICACIÓN IMPROCEDENTE DE LA GARANTÍA EXHIBIDA EN DIVERSO AMPARO.-La garantía otorgada en un primer juicio de amparo no puede aplicarse para que surta efectos la suspensión que se conceda contra el fallo con el que la autoridad dé cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el referido conflicto constitucional, porque, por una parte, el beneficio cautelar primeramente mencionado quedó sin efecto al dictarse la aludida ejecutoria, quedando a salvo los derechos del promovente del amparo para solicitar su devolución, al haberle sido favorable tal resolución; y por la otra, porque no debe perderse de vista que dichas suspensiones se decretaron en amparos diversos.’."
Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria, dieron lugar a la tesis V.2o.4 K, publicada en la página 548 del Tomo I, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. APLICACIÓN IMPROCEDENTE DE LA GARANTÍA EXHIBIDA EN DIVERSO AMPARO.-La garantía otorgada en un primer juicio de amparo no puede aplicarse para que surta efectos la suspensión que se conceda contra el fallo con el que la autoridad dé cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el referido conflicto constitucional, porque, por una parte, el beneficio cautelar mencionado en primer término quedó sin efecto al dictarse la aludida ejecutoria, quedando a salvo los derechos del promovente del amparo para solicitar su devolución, al haberle sido favorable tal resolución; y por la otra, porque no debe perderse de vista que dichas suspensiones se decretaron en amparos diversos."
QUINTO.-Por último, las consideraciones que en relación con la materia de esta resolución fueron sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 62/88, interpuesto por Jorge Orta Ibarra, en contra del acuerdo dictado el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, son del siguiente tenor:
"TERCERO.-Son infundados los agravios, en virtud de que, en franca oposición a lo que al respecto alega Jorge Orta Ibarra, el proveído recurrido en queja se encuentra ajustado a derecho, como a continuación se podrá observar.
"En efecto, no es correcto, como alega el ocursante, que la Sala responsable, para la fijación del monto que aquél debe de ofrecer para que tenga vigencia la suspensión de la sentencia reclamada en el nuevo juicio de garantías tramitado por dicho quejoso, tal autoridad tuviera que tomar en cuenta la anterior cantidad que éste allegó como requisito para la procedencia de la suspensión que solicitó en el diverso juicio de amparo directo número 212/88, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en donde se le concedió, para efectos, la protección constitucional solicitada, según se desprende de la fotocopia certificada correspondiente (foja 9); toda vez que la medida cautelar que se concedió al susodicho Jorge Orta Ibarra, cesó de surtir efectos legales en el momento en que la propia responsable, en acatamiento a la precitada ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución reclamada en ese sumario (foja 10). En esas condiciones, se insiste, el acuerdo recurrido en queja está correctamente pronunciado, toda vez que emanó de un incidente de suspensión deducido de un juicio de garantías diverso al que originalmente promovió el inconforme (el que, como se dijo, se encuentra plenamente concluido). Por ende, la cantidad que ahora señaló la Sala como requisito para la procedencia de la medida cautelar de que se trata, necesariamente es diversa a la inicialmente otorgada por el agraviado, sin que sea objetivamente cierto que la propia responsable debiera establecer, en el acuerdo que concedió al quejoso, como monto de la caución respectiva ‘única y exclusivamente la diferencia entre las cantidades de siete millones noventa y cuatro mil quinientos treinta y ocho pesos’ (suma señalada para la suspensión de la sentencia reclamada en el aludido juicio de amparo 212/86) ‘con la que se me está requiriendo, que es de nueve millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos’; toda vez que, según se indicó con antelación, aquella medida tutelar quedó sin efecto legal alguno, desde el momento mismo en que, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el repetido juicio de garantías, el ad quem dejó insubsistente la resolución reclamada en el mismo; mientras que el acuerdo que aquí se impugna, deviene de un diverso sumario constitucional, en el que para la fijación de las condiciones en que se concedió la suspensión relativa, para nada inciden las que prevalecieron en el otro juicio.
"Así las cosas, en atención a las conclusiones a las cuales se arribó en párrafos precedentes, lo que procede es declarar infundado el presente recurso de queja."
Las consideraciones sustentadas en la anterior ejecutoria, dieron lugar al criterio aislado, publicado en la página 806 del Tomo III, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente:
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO, FIANZA PARA LA.-La garantía otorgada dentro de un juicio de amparo uniinstancial, con la finalidad de que surta efecto la suspensión de la sentencia definitiva en segunda instancia, no debe tomarse en cuenta al fijar el monto de la fianza que ha de constituir el quejoso, para la vigencia de la suspensión que se concede contra el fallo con el que el tribunal ad quem da cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el citado conflicto constitucional, y deja subsistente aquella sentencia, pues el beneficio cautelar primeramente mencionado quedó sin efecto desde el momento mismo en que se dictó la repetida ejecutoria y, además, una y otra suspensión se decretaron en amparos diversos."
SEXTO.-En el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.
En principio, debe señalarse que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren no es cualquier apreciación, determinación u opinión emitida por el órgano jurisdiccional en resoluciones definitivas de su competencia, sino el criterio jurídico de carácter general y abstracto, que sustenta al examinar un punto concreto de derecho controvertido en el asunto que resuelve, cuya hipótesis, dada su generalidad, puede actualizarse en otros asuntos, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe de redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados.
Por consiguiente, el criterio plasmado en una ejecutoria constituye una tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado.
En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el hecho de que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, no se encuentre redactado y publicado, conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de esta Segunda Sala 2a. LXVII/98, consultable en la página 587 del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.
Con el fin de corroborar lo anterior, es pertinente precisar los supuestos esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas determinaciones opositoras.
Al respecto, destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, emitieron sus criterios al resolver los recursos de queja interpuestos por la parte quejosa (patrón) en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje responsables, mediante las cuales condicionaron los efectos de la suspensión de la ejecución de los respectivos laudos impugnados, al otorgamiento de una garantía para asegurar la supervivencia del trabajador.
Los referidos Tribunales Colegiados, cuyos criterios difieren, se basaron en la existencia de una cantidad otorgada para el mismo efecto por las propias quejosas en anteriores juicios de amparo directo en los que obtuvieron sentencia favorable, cuestión tal que motivó la emisión de los nuevos laudos que se impugnan a través de los juicios de amparo directo de los cuales derivan los recursos de queja a que se ha hecho alusión.
Aun cuando ambos tribunales se basaron en supuestos análogos arribaron a conclusiones disímiles.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 23/2000, consideró que la quejosa no debía otorgar nueva garantía para asegurar la supervivencia del trabajador, toda vez que la misma la otorgó al solicitar la suspensión del acto reclamado en un juicio de garantías anterior en el que obtuvo sentencia favorable y que motivó la emisión del laudo que se impugna a través del juicio de amparo del cual deriva el recurso de queja que se resuelve. Precisó que ello era así, en virtud de que no puede exigirse al demandado una garantía para tal efecto por cada juicio de amparo que promueva, si en los anteriores que promovió se declaró la inconstitucionalidad del laudo reclamado, pues "es de considerarse que si un amparo se otorga, las cosas deben quedar restablecidas al estado que guardaban antes de la violación"; por lo que, si en un juicio de garantías anterior, el quejoso garantizó la supervivencia del trabajador, en el nuevo que promueva, debe tenerse por satisfecho dicho requisito.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 1/95, sostuvo que es jurídicamente incorrecto que para los efectos de la suspensión del acto reclamado, la subsistencia del trabajador se pueda asegurar con la garantía exhibida para tal objetivo por la quejosa en un juicio de amparo anterior, pues la suspensión del acto reclamado en el mismo, quedó sin efectos al dictarse la ejecutoria respectiva; y porque, además, dichas medidas cautelares se dictaron en diversos juicios de garantías.
Como se advierte, en la presente contradicción de tesis el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, parten de los siguientes supuestos:
a) La promoción de un juicio de amparo directo en contra del laudo dictado por el tribunal de trabajo responsable, en cumplimiento de la sentencia de amparo emitida en un diverso juicio de garantías y la solicitud de la suspensión del laudo reclamado.
b) La interposición de un recurso de queja en el que el patrón quejoso controvierte la determinación emitida por el tribunal de trabajo responsable, respecto del otorgamiento de una garantía para asegurar la supervivencia del trabajador a fin de que surta sus efectos la suspensión del laudo reclamado, por estimar que dicho requisito se encuentra satisfecho con la garantía otorgada para tal efecto en el anterior juicio de amparo que dio origen a la emisión del laudo que se impugna.
Ahora bien, al tenor de dichos supuestos, el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Sala consiste en determinar, si para que surta sus efectos la suspensión de la ejecución del laudo emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo, se debe exigir al patrón quejoso que garantice nuevamente la supervivencia del trabajador, o bien, si dicho requisito debe tenerse por satisfecho con la garantía otorgada para tal efecto en el anterior juicio de amparo que motivó la emisión del laudo que se impugna.
De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos recursos de queja, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia número 22/92, sustentada por la otrora Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 22 del tomo 58 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
SÉPTIMO.-De la anterior conclusión deriva que en la materia de la presente contradicción, no participa el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 62/88, ya que el mismo no parte de los mismos supuestos señalados en el considerando que antecede.
En efecto, en el recurso de queja 62/88, cuyas consideraciones quedaron transcritas en el considerando quinto de la presente resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, determinó que para fijar el monto de la garantía que el quejoso debe otorgar para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, la Sala del Tribunal Superior de Justicia Estatal responsable, no tiene que tomar en consideración la cantidad que éste exhibió para tal efecto en el anterior juicio de amparo que motivó la emisión de la nueva resolución impugnada, pues dicha medida cautelar quedó sin efecto legal alguno desde el momento en que la responsable dejó insubsistente la resolución declarada inconstitucional, y porque, además, las condiciones que prevalecieron al dictar la referida suspensión, en nada inciden respecto de las que se tomaron en consideración al dictar el auto que se recurre; por tanto, contrario a lo que afirma el quejoso recurrente, el monto de la garantía no debe corresponder a la diferencia entre la cantidad señalada para la suspensión otorgada en el anterior juicio de garantías ($7’094,538.00) y la que se está requiriendo en el auto impugnado ($9’145,781.00).
De lo antes expuesto, se advierte que en los asuntos en los que se estima que sí existen criterios discrepantes, tienen como característica común que se refieren a la exigencia de una nueva garantía que debe otorgar el patrón para asegurar la supervivencia del trabajador, en tanto se resuelve el juicio de amparo directo que se interpone en contra del laudo emitido en cumplimiento a la sentencia dictada en un anterior juicio de garantías, en el que se exhibió dicha garantía para tal efecto; en cambio, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, si bien parte de la existencia de un anterior juicio de amparo en el que se exhibió la garantía exigida para que surtiera sus efectos la suspensión del acto reclamado, también lo es que se basa en supuestos diferentes pues, por una parte, la garantía se exige para responder por los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado con el otorgamiento de la referida medida cautelar y, por otra, no se cuestiona el otorgamiento de "una nueva garantía", sino el monto de la misma, el cual, a criterio del recurrente, debe corresponder a la diferencia entre la cantidad exhibida por tal concepto en el anterior juicio de amparo y la que se le exige en el auto recurrido.
Luego, resulta evidente que los supuestos esenciales que dan origen a los criterios materia de la presente contradicción, son diversos de los que dan origen al criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 62/88, interpuesto por Jorge Orta Ibarra, cuestión tal que modifica radicalmente el marco fáctico en cuyo contexto tiene lugar la presente oposición de criterios, impidiendo emitir una resolución que por su naturaleza de tesis jurisprudencial, se erija en un criterio abstracto, de observancia general y permanente.
Por tanto, como se dijo al inicio del presente considerando, no participa en la materia de esta contradicción, la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 62/88, interpuesto por Jorge Orta Ibarra.
OCTAVO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el criterio que debe prevalecer, es el que sustenta la presente resolución.
La materia de la presente contradicción consiste en determinar si al suspenderse la ejecución de un laudo emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo, se debe exigir al patrón quejoso que "garantice" nuevamente la supervivencia del trabajador, o bien, si dicho requisito debe tenerse por satisfecho con la "garantía" otorgada para tal efecto en el anterior juicio de amparo que motivó la emisión del laudo que se impugna.
Para llegar a una conclusión sobre el punto materia de la presente contradicción, esta Segunda Sala estima conveniente destacar, que tal como se demostrará más adelante, la supervivencia del trabajador durante la tramitación de un juicio de garantías se asegura con la entrega de la cantidad en numerario que el presidente del tribunal de trabajo responsable estimó necesaria para tal efecto, o bien, mediante la ejecución del laudo por dicho monto, mas no así mediante el otorgamiento de una "garantía"; por lo que, técnicamente, el punto de contradicción consiste en determinar si al otorgarse la suspensión de un laudo emitido en cumplimiento a una sentencia de amparo que beneficia al patrón, el presidente del tribunal laboral responsable debe asegurar la supervivencia del trabajador durante la tramitación del nuevo juicio de garantías, o bien, si es jurídicamente posible estimar que tal extremo, se encuentra satisfecho con la cantidad que el patrón le entregó
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7273-c452ef23/suspension-en-amparo-en-materia-laboral-debe-negarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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