REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ENTRE LOS CASOS ANÁLOGOS QUE PERMITEN SU DESECHAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO PLENARIO 5/1999, SE ENCUENTRA LA HIPÓTESIS EN QUE EXISTAN PRECEDENTES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS QUE SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.
AMPARO EN REVISIÓN 1195/99. ELECTROTÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que el pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones planteadas en él no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
Efectivamente, en la especie, no se surten los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia de este recurso, en términos de lo establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción II del punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Ello es así, porque respecto de lo esgrimido por la peticionaria de garantías en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 bis y 21, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, en lo relativo a la actualización de las contribuciones y sus accesorios, debe decirse que tal cuestión, conforme a los incisos a) y c) de la fracción II del punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, carece de importancia y trascendencia, pues el Tribunal Pleno ya se ha pronunciado sobre el particular.
En efecto, por lo que hace al argumento de la quejosa relativo a que dichos preceptos, incorrectamente, dan injerencia a una autoridad no fiscal, como lo es el Banco de México, en el proceso de determinación de las obligaciones fiscales, debe señalarse que el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de Justicia ha considerado que no basta argumentar que dado que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es calculado por el Banco de México, quien no es una autoridad legislativa, dicho índice es arbitrario y, consecuentemente inconstitucional, supuesto que los artículos 17-A, 20, 20 bis y 21 del Código Fiscal de la Federación previenen con toda precisión, además de las condicionantes que dan lugar a la necesidad de actualizar las sumas correspondientes a contribuciones omitidas, la forma en que se debe calcular el factor de actualización de dichas cantidades, así como todos y cada uno de los elementos que el citado órgano debe tomar en consideración para la determinación del índice de referencia, por lo que es claro que dicho factor de ninguna manera queda al libre arbitrio del Banco de México ni su injerencia contraviene el texto constitucional, de lo que se sigue que la determinación del multicitado índice no transgrede las disposiciones constitucionales invocadas por la quejosa.
El criterio anterior se desprende de lo señalado en la jurisprudencia P./J. 40/92, consultable en la página 14 del tomo 59, noviembre de 1992, Pleno, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, así como en la jurisprudencia P./J. 53/91, visible en la página 29 del Tomo VIII-Diciembre, Pleno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros y textos, respectivamente, son del tenor siguiente:
"ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS. LOS ARTÍCULOS 17-A, 20 Y 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN CUANTO LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-Los artículos 17-A, 20 y 21 del Código Fiscal de la Federación aludidos, previenen que cuando las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones fiscales y sus accesorios se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual será calculado por el Banco de México y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda; que el monto de las contribuciones se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes, el que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo; así como que cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Se sigue de lo anterior que el procedimiento para determinar el monto de la contribución que se cubre extemporáneamente se establece con toda precisión, pues basta actualizarlo desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que se cubra, aplicando dicho factor a la cantidad correspondiente, el que se obtendrá en la forma prevista por el artículo 17-A citado. No obsta a lo anterior, que el índice de referencia sea calculado por el Banco de México, que no es una autoridad legislativa, pues tal determinación la efectúa aplicando el procedimiento previsto en el artículo 20 bis del propio Código Fiscal, de tal suerte que no queda al arbitrio de este organismo el monto de la contribución que se cubre extemporáneamente."
"ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 20 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1989), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL DISPONER QUE DEBERÁN COTIZARSE PRECIOS DE PRODUCTOS CONFORME AL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ELABORADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA.-El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación y que calcula el Banco de México, deberá sujetarse a las reglas que el propio precepto establece entre las que, en su fracción II, dispone que deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos dos mil productos y servicios específicos agrupados en doscientos cincuenta conceptos de consumo, los cuales abarcarán, al menos, treinta y cinco ramas de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Esta disposición sólo prevé que los precios de los productos que deberán cotizarse, de las diversas ramas que señala, se tomarán del catálogo que emite el citado instituto, pero jamás que tales precios, productos y servicios los elabore el instituto supracitado."
Asimismo, por lo que hace al argumento de la quejosa relativo a que los artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 bis y 21, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación no cumplen con el objetivo que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional para el legal desempeño de la actividad financiera del Estado, de cubrir con eficiencia y "ecuanimidad" el gasto público, pues dicha actualización constituye una carga tributaria a costa, exclusivamente, de la ruina del contribuyente, debe señalarse que, tal y como acertadamente lo expresó el tribunal a quo, el hecho de que únicamente se aduzca que una determinada contribución o, como en el caso sucede, su actualización, resulta ruinosa, no es suficiente para considerar inconstitucional un precepto normativo, pues lo cierto es que la inconstitucionalidad de una disposición de naturaleza fiscal no deviene sólo del hecho de que su contenido provoque la ruina del contribuyente o el agotamiento de la fuente impositiva del gravamen de que se trate, sino que surge de la demostración de que, efectivamente, la norma secundaria se encuentra en oposición con el texto constitucional.
El criterio anterior está contenido en la tesis sin número, consultable en la página 45, Volúmenes 187-192, Primera Parte, Pleno, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente:
"IMPUESTOS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ÚNICAMENTE SE DA CUANDO PRODUZCAN LA RUINA ECONÓMICA DEL CAUSANTE.-Si el promovente del amparo sostiene en sus conceptos de violación que la disposición legal reclamada rompe con el principio de proporcionalidad y equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, por diversas razones, sin que en ninguna de ellas se exprese que por virtud de su aplicación se produce la ruina económica del causante, no es el caso de exigir al quejoso prueba de tal situación, toda vez que, en este sentido la inconstitucionalidad de una disposición de naturaleza fiscal no únicamente deviene del hecho de que su contenido provoque la ruina del contribuyente o el agotamiento de la fuente impositiva del gravamen de que se trate, sino de otros muchos motivos que no requieren para su estimación legal que el particular ofrezca prueba alguna al respecto, sino que su validez surge de la propia argumentación jurídica mediante la cual se demuestre la oposición de la norma secundaria al texto constitucional en su parte relativa."
Igualmente resulta aplicable en la especie la jurisprudencia P./J. 39/89, consultable en la página 232 del Tomo III, Primera Parte, Pleno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente:
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, FALTA DE. DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES.-El alegato de un causante en el sentido de que su capacidad contributiva ha disminuido por circunstancias diversas y que, por este hecho, el impuesto que debe cubrir resulta desproporcionado e inequitativo, no es razón para considerar que la ley que lo impone es inconstitucional, toda vez que tal determinación no puede derivar de situaciones particulares de un contribuyente, sino que depende de circunstancias generales. El carácter desproporcionado o inequitativo de una contribución únicamente puede derivar, por la propia naturaleza de la ley fiscal que la establece, de su relación con el conjunto de los sujetos pasivos."
Ahora bien, por lo que hace al argumento de la peticionaria de garantías relativo a que los citados artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 bis y 21, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación no cumplen con el principio de proporcionalidad y equidad, en atención a que establecen un factor igual para calcular la actualización sin tomar en cuenta la capacidad económica de quien debe cubrirla, es menester señalar que, este Alto Tribunal, ha señalado que la proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos de un impuesto deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos, es decir, que los gravámenes fiscales deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior que los de medianos y reducidos ingresos.
Asimismo, esta Suprema Corte ha dicho que el principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, a fin de respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado.
Tales conceptos están contenidos en la jurisprudencia sin número, publicada en la página 144, Volúmenes 199-204, Primera Parte, Pleno, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente:
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.-El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
Ahora, si bien es verdad que el Tribunal Pleno ha señalado que los recargos por mora deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad y, consecuentemente, la actualización de las contribuciones omitidas también debe apegarse a dichos principios, lo cierto es que su proporcionalidad y equidad no depende de que guarden una relación cuantitativa con las contribuciones omitidas, ni mucho menos, de que se establezca un factor de actualización diferente para cada contribuyente, puesto que, en primer lugar, la actualización de una contribución surge como consecuencia de la falta de pago oportuno de ella, esto es, para que se origine la obligación de cubrir un tributo actualizado al fisco, es imprescindible la existencia de una contribución que no haya sido pagada en la fecha establecida por la ley; de ahí que, si no se causa la contribución, no puede incurrirse en mora ni puede originarse la obligación de pagarla actualizada, ya que, en última instancia, la actualización tiene por objeto reconocer las variaciones que la inflación produce en el valor de la moneda y, además, de alguna manera, indemnizar al fisco por la falta de pago oportuno de contribuciones. Desde esa óptica, el monto equivalente a la actualización del tributo omitido y, por consiguiente, su proporcionalidad y equidad, dependerán de las cantidades omitidas y del tiempo que haya transcurrido entre el momento en que debió enterarse la contribución y aquel en que, efectivamente, se entere a la hacienda pública, de tal forma que los principios constitucionales aludidos, en tratándose de la actualización de contribuciones, se cumplen cuando la ley que la previene ordena tomar en consideración elementos esencialmente iguales a los que corresponden para la determinación de intereses, como son la cantidad adeudada, el lapso de la mora y los tipos de interés o factor aplicable, pues es claro que la finalidad tanto de la actualización de las contribuciones omitidas, como de los recargos y multas procedentes por dicho concepto, es fundamentalmente disuasiva y ejemplar.
Los criterios anteriores, aun cuando no se refieren propiamente a la actualización de contribuciones sino a los recargos y sanciones de los tributos, se encuentran plasmados en la tesis P. LXVIII/92, visible en la página 34 del tomo 57, septiembre de 1992, Pleno, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en la tesis P. C/98 del Tomo VIII, diciembre de 1998, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las cuales son del tenor siguiente:
"RECARGOS POR MORA. DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD, EQUIDAD, LEGALIDAD Y DESTINO AL GASTO PÚBLICO.-Establece el artículo 31, fracción IV, constitucional, como obligación de los mexicanos la de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por su parte, el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación dispone que los recargos son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas, lo cual, por otra parte, se sigue de las características propias de los recargos que tienen como objeto esencial el indemnizar al fisco por la falta de pago oportuno, lo que los vincula estrechamente a las contribuciones. En consecuencia, debe concluirse que dichos recargos constituyen una de las formas de contribuir a que se refiere el precepto constitucional y, por ende, deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público."
"RECARGOS Y SANCIONES. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD NO DEPENDEN DE QUE GUARDEN UNA RELACIÓN CUANTITATIVA CON LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS.-El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación determina que los recargos y las sanciones, entre otros conceptos, son accesorios de las contribuciones y participan de su naturaleza, lo que los sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como son los de proporcionalidad y equidad, principios estos que, tratándose de los recargos y las sanciones, no pueden interpretarse como una relación cuantitativa entre lo principal y lo accesorio, de lo que se siga que su monto no pueda exceder de una determinada cantidad, en virtud de que lo accesorio de los recargos y sanciones no reconoce tal limitación porque tienen sus propios fundamentos. Los recargos son accesorios de las contribuciones dado que surgen como consecuencia de la falta de pago oportuno de ellas, esto es, para que se origine la obligación de cubrir recargo al fisco es imprescindible la existencia de una contribución que no haya sido pagada en la fecha establecida por la ley; de ahí que, si no se causa la contribución no puede incurrirse en mora, ni pueden originarse los recargos, ya que éstos tienen por objeto indemnizar al fisco por la falta de pago oportuno de contribuciones, mientras que las sanciones son producto de infracciones fiscales que deben ser impuestas en función a diversos factores, entre los que descuellan como elementos subjetivos, la naturaleza de la infracción y su gravedad. Desde esa óptica, el monto de los recargos y, por consiguiente, su proporcionalidad y equidad, dependerán de las cantidades que durante la mora deje de percibir el fisco, mientras que el monto de las sanciones dependerá de las cantidades que por concepto de pago de contribuciones haya omitido el obligado. Así, aquellos requisitos constitucionales referidos a los recargos, se cumplen, tratándose de la ley que los previene, cuando ésta ordena tomar en consideración elementos esencialmente iguales a los que corresponden para la determinación de intereses, como son la cantidad adeudada, el lapso de la mora y los tipos de interés manejados o determinados durante ese tiempo. En cambio, la equidad y la proporcionalidad de las sanciones, sólo pueden apreciarse atendiendo a la naturaleza de la infracción de las obligaciones tributarias impuestas por la ley, así como a la gravedad de dicha violación y a otros elementos subjetivos, siendo obvio que su finalidad no es indemnizatoria por la mora, como en los recargos, sino fundamentalmente disuasiva o ejemplar."
No está por demás puntualizar que, si bien dichos criterios jurisprudenciales no aluden expresamente a la actualización de los tributos, los argumentos que en ellos se esgrimieron resultan plenamente aplicables a la especie y dan respuesta a lo aducido por la empresa quejosa en sus agravios.
De igual manera, resultan aplicables la tesis P. LXXXIV/92, publicada en la página 36 del tomo 58, octubre de 1992, Pleno, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y la jurisprudencia P./J. 124/99, visible en la página 25 del Tomo X, noviembre de 1999, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que respectivamente, disponen lo siguiente:
"ACTUALIZACIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU ARTÍCULO 21 NO CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-La disposición contenida en el artículo 21 de dicho Código Fiscal de la Federación en el sentido de que: ‘Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno ...’, de ningún modo resulta violatoria del artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que este último precepto no prohíbe la actualización del pago de las contribuciones no cubiertas en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, ni tampoco prohíbe el pago de recargos por concepto de indemnización al fisco federal por falta de pago oportuno, ya que en el propio precepto sólo se contienen las garantías individuales de legalidad, proporcionalidad y equidad en materia impositiva."
"CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE AQUÉLLAS, ADEMÁS DEL PAGO DE LOS RECARGOS, NO ES INCONSTITUCIONAL.-Establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación que ‘Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. ...’. La naturaleza jurídica de los recargos y de la actualización del monto de las contribuciones es diferente, pues aun cuando ambas figuras operen por no cubrirse las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, los recargos son accesorios de las contribuciones y tienen por objeto indemnizar al fisco por la falta oportuna del pago, mientras que la actualización opera por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país a fin de dar el valor real al monto de la contribución en el momento del pago para que el fisco reciba una suma equivalente a la que hubiera recibido de haberse cubierto en tiempo la contribución, mas con ello no se le resarcen los perjuicios ocasionados por la falta oportuna de pago, concretamente por no haber podido disponer en su momento de las cantidades de dinero derivadas del pago oportuno de las contribuciones a fin de sufragar los gastos públicos; además, la cantidad actualizada conserva la naturaleza de contribución. Por tanto, el artículo 21 del código citado no es inconstitucional pues no establece doble indemnización por la falta oportuna del pago de las contribuciones."
Por último, en relación con el argumento de la recurrente, relativo a que los multicitados artículos 17-A, 20, segundo párrafo, 20 bis y 21, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación incumplen con el principio de que nadie está obligado a lo imposible, en atención a que siendo la inflación, que dio lugar a la actualización de los tributos, un caso fortuito o de fuerza mayor en materia fiscal, esa situación imprevisible debe liberar al contribuyente de su obligación de pago, es menester señalar que la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia señaló que, de acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso fortuito o fuerza mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho difícil o más oneroso; esto es, que para que tales conceptos resulten aplicables y, de alguna manera, eximan al deudor del cumplimiento de su obligación, es indispensable que el acontecimiento que constituya el obstáculo para la ejecución de la obligación haya sido imprevisible y, asimismo, que el deudor no haya incurrido en ninguna culpa anterior.
En esta medida, si en el caso a estudio la quejosa, consiente y voluntariamente, omitió el pago de las contribuciones a que se encontraba obligada por la ley, es por demás evidente que con ello violó las disposiciones normativas correspondientes y que, por ende, es responsable de tal omisión y debe asumir las consecuencias de su conducta. Así, resulta claro que la quejosa no puede aducir en esta instancia que, dado que la elevación de los precios con motivo de la inflación es un hecho imprevisible y, por tanto, el factor de actualización no se puede determinar a priori, ello constituye un caso fortuito o una fuerza mayor que la exime de su responsabilidad, supuesto que la aplicación de los preceptos del Código Fiscal de la Federación relativos a la actualización de contribuciones, deviene precisamente de su incumplimiento en la obligación de pago de las mismas.
El criterio anterior se encuentra plasmado en la tesis sin número, publicada en la página 2074 del Tomo CXIX, Tercera Sala, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que esta Segunda Sala hace suya, y cuyo texto y rubro establecen lo siguiente:
"FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-De acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso fortuito o fuerza mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho más difícil; que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución de la obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya incurrido en ninguna culpa anterior."
Así pues, como quedó precisado desde un inicio, conforme a la exposición de motivos de la reforma constitucional antes mencionada, las facultades discrecionales que se otorgaron a esta Suprema Corte de Justicia para resolver sobre la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen por objeto que este órgano colegiado deje de conocer de aquellos asuntos que sean similares a otros en los que ya haya fijado los criterios de interpretación a través de una resolución previa, pues resulta imprescindible permitir a la Suprema Corte concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y transcendencia y que, por tal razón, impacten en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional.
En esa virtud, resulta inconcuso que entre los fines de la reforma constitucional en comento, se ubica el de evitar que este Alto Tribunal se aboque al conocimiento de recursos cuya materia verse sobre planteamientos de constitucionalidad que ya han sido analizados por la Corte y respecto de los cuales, ya ha emitido jurisprudencia que resuelve la cuestión.
En esa misma medida, es innegable que entre los casos análogos a que se refiere el inciso c), fracción II, punto primero, del Acuerdo General Plenario 5/1999, para determinar que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia que permiten la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo, se ubican aquellos en los que la Suprema Corte ya ha abordado y declarado infundados los planteamientos que sobre cuestiones de constitucionalidad subsisten en tales recursos, aun cuando todavía no exista jurisprudencia firme que resuelva en definitiva la cuestión, como también sucede en el presente caso.
Consecuentemente, al haberse constatado que no se reúnen los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso al que aquí se hace referencia, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción IX, constitucional y en los incisos a) y c) de la fracción II del punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, se impone su desechamiento.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha el recurso de revisión materia del presente fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente y ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, previo aviso a la Presidencia.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7304-1fb67ce0/revision-en-amparo-directo-entre-los-casos-analogos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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