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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO ES NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL PARA EJERCERLA. ASOCIACIONES RELIGIOSAS. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL Y SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES EN SU FAVOR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO A) Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2001. · Registro digital (IUS): 7322
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, , Pág. 341.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2001. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de agosto de dos mil uno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Marcial Rafael Macedo de la Concha, en su carácter de procurador general de la República, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de marzo de dos mil uno, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:

"I. Autoridad emisora: Congreso del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle Aldama 901, primer piso, esquina con Calle 11, colonia Centro, código postal 31000, Chihuahua, Chihuahua. II. Autoridad promulgadora: Gobernador de la misma entidad, con domicilio en calle Aldama 901, primer piso, segundo piso, esquina Calle 11, colonia Centro, código postal 31000, Chihuahua, Chihuahua. III. Norma general impugnada: Se demanda la declaración de invalidez del artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 3 de febrero de 2001, del que se anexa un ejemplar."

SEGUNDO. El promovente señaló que la disposición reclamada viola los artículos 115, primer párrafo, inciso a) y párrafo segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. El promovente expresó los siguientes conceptos de invalidez:

"Violación a los principios de libre hacienda municipal y de supremacía constitucional, establecidos en los artículos 115, fracción IV, inciso a) y párrafo segundo, así como 133 constitucionales, respectivamente. Previo al pronunciamiento sobre el concepto de invalidez, considero pertinente hacer una breve referencia acerca de lo que debe entenderse por hacienda municipal. De acuerdo con el Diccionario Jurídico Espasa la ‘hacienda pública se constituye por el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado o a sus organismos autónomos.’. El Diccionario Manual Jurídico de José Alberto Garrone, define la ‘hacienda pública como la coordinación económica activa cuyo fin es la producción de los servicios que corresponden al Estado. Dicho fin se logra, fundamentalmente, mediante la recaudación de impuestos a los habitantes. En sentido general significa el contenido de los bienes del Estado con su consiguiente administración.’. En este sentido, ese Máximo Tribunal en las sentencias de las controversias constitucionales 4/98 y 6/98, resolvió que la hacienda municipal está comprendida dentro de lo que es la hacienda pública, y que consiste en un universo de elementos que se integran a la misma desde que entran y afectan la esfera económica de los Municipios, concluyendo que, en términos generales, la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos. Ahora bien, en virtud del renovado espíritu del federalismo, se ha pretendido dar autonomía a los Municipios evitando la centralización política, jurídica, administrativa y económica, con el fin de mantener un equilibrio entre los órganos de gobierno, pues el Municipio es una comunidad social con capacidad jurídica que reclama la obtención de un desarrollo integral a la par de los Estados y la nación. Por lo anterior, nuestro sistema jurídico constitucional estableció una fórmula -artículo 115, fracción IV, constitucional- con el objeto de que los Municipios cuenten con el erario suficiente a efecto de satisfacer no sólo los servicios públicos que sus habitantes requieren, sino también para su desarrollo propio, sobre todo para hacer patente el ejercicio de su libertad al disponer de dichos recursos sin intervención de ninguna especie, sea federal o estatal. El artículo 115 constitucional prevé una serie de obligaciones y prerrogativas a favor de los Municipios que en la parte conducente establece lo siguiente: ‘Artículo 115. ... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. ... Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ...’. El precepto constitucional citado con antelación delimita los rubros respecto de los cuales el Municipio ejerce directamente su administración para poder llevar a cabo la prestación de los servicios públicos y las funciones que la propia Ley Fundamental le confiere; pero establece una prohibición de eximir de la obligación de contribuir a los gastos del Ayuntamiento, para proteger la referida hacienda municipal, y en la parte que nos interesa, encontramos que se menciona lo siguiente: Los Municipios percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados, entre otros, sobre la propiedad inmobiliaria, y queda prohibido que en las leyes estatales se establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de estas contribuciones. Establecido lo anterior, se pasa al examen del dispositivo que se impugna, mismo que establece: Código Municipal para el Estado de Chihuahua. ‘Artículo cuarto transitorio. Las asociaciones religiosas constituidas de conformidad a lo dispuesto por la ley de la materia, estarán exentas de pagar el impuesto predial causado por los bienes inmuebles que se encuentren dentro de su patrimonio y que se destinen a los fines de las asociaciones, así como el impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles que se generen por los bienes inmuebles de las mismas características, que adquieran en el periodo comprendido entre el día 20 de enero del 2001 y 31 de diciembre del mismo año; ambos impuestos establecidos en el presente código.’. En el Diccionario de Derecho de Rafael de Pina se afirma, que la exención de impuestos es la ‘relevación total o parcial a persona determinada de pagar un impuesto aplicable al resto de los causantes en igualdad de circunstancias o condonación en forma privativa de los impuestos ya causados.’. Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, resulta que la norma general impugnada es contraria a lo que establece el artículo 115 en su fracción IV, párrafo primero, inciso a) y párrafo segundo, de la Constitución Federal, toda vez que indebidamente exenta del pago del impuesto predial que causen los bienes inmuebles que se encuentren dentro del patrimonio de las asociaciones religiosas, así como del impuesto sobre traslación de dominio de dichos bienes que adquieran, independientemente que establezca un requisito para ello, como lo es que dicha adquisición se haga dentro del periodo comprendido entre el 20 de enero de 2001 y el 31 de diciembre del mismo año. Cabe señalar que los bienes inmuebles que se encuentren dentro del patrimonio de las asociaciones religiosas o los que llegaren a adquirir, no se contemplan dentro de aquellas excepciones a las que se refiere, precisamente, el mandato de la Constitución Federal que se considera violado, es decir, no se trata de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, los cuales sí están exentos. En virtud de lo anterior, la norma general que se impugna viola el dispositivo constitucional de mérito, ya que estableció la exención de un ingreso que forma parte de la hacienda pública municipal y que corre a cargo de las asociaciones religiosas como sujeto pasivo de la relación tributaria. Es de precisar que dichas contribuciones -impuesto predial e impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles- son de aquellas que se encuadran en el régimen de la libre administración que protege el numeral constitucional en cita, aunado a que existen prohibiciones expresas de otorgar exenciones o concesiones sobre dicha contribución. Es pertinente mencionar que la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 132, establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan y en forma especial con las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las leyes sobre propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento y división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Por su parte, el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en su numeral 150, establece que: ‘Están exentos del pago del impuesto predial, los bienes del dominio público de la Federación, Estado y Municipios. ...’. Asimismo, el artículo 155 del mismo ordenamiento, señala que: ‘Es objeto del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, la adquisición de los ubicados en el Municipio, con excepción de la que realicen la Federación, los Estados o Municipios, para formar parte del dominio público ...’. De lo anterior resulta que, tanto la Constitución Política del Estado de Chihuahua como el Código Municipal de la entidad, concuerdan con el mandato de la Constitución Federal al garantizar, a favor de los Municipios, el cobro de impuestos sobre propiedad inmobiliaria; sin embargo, con la norma general impugnada se repudia el espíritu que el contribuyente permanente plasmó en el artículo de la Ley Fundamental que se considera violado, es decir, se configura un menoscabo de la hacienda municipal, pues el resultado de dicha reforma es el de disminuir los ingresos municipales. Por otra parte, cabe recordar que en materia tributaria puede darse el supuesto jurídico de que determinadas personas estén exentas del pago de algún impuesto. En el presente caso, se exenta a las asociaciones religiosas, quienes, de conformidad con el artículo 130 constitucional, tienen la siguiente naturaleza jurídica: ‘Artículo 130. ... Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. ...’. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo 3o., lo siguiente: ‘Artículo 3o. El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. ...’. Asimismo, en relación a las asociaciones religiosas se prevé en los numerales 6o., 8o., 17 y 19 de la ley citada, lo siguiente: Son iguales ante la ley en derechos y obligaciones; deben sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y les serán aplicables las disposiciones fiscales en los términos de la ley de la materia. Según se ve, no hay base legal que permita inferir que las asociaciones religiosas tienen la prerrogativa para no pagar el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles; por el contrario, deben cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes que las regulan, y aun cuando se les eximiera del pago de la contribución antes señalada, ello sería notoriamente inconstitucional por las razones expresadas con anterioridad. Es clara, en consecuencia, la obligación de las asociaciones religiosas para cumplir todo lo que les sea aplicable en las leyes respectivas, y no así la prerrogativa para no pagar el impuesto predial respecto de los bienes inmuebles que estén dentro de su patrimonio, como tampoco cubrir el impuesto sobre traslación de dominio de aquellos bienes que adquieran en términos del artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de Chihuahua que se impugna. Es menester señalar que de la revisión a las leyes fiscales y otras que se relacionan con la materia, aplicables en el Estado de Chihuahua, como lo son el Código Fiscal, la Ley de Catastro, la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2001 y el Código Municipal, se desprende que tampoco se prevé una exención del pago del impuesto predial y de traslación de dominio sobre bienes inmuebles para este tipo de asociaciones, con lo cual se corrobora que el contenido del artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de la referida entidad, vulnera el numeral de nuestra Carta Magna antes citado. Por otra parte, al haberse acreditado una contradicción del texto del artículo que se impugna con el contenido del numeral 115, fracción IV, inciso a) y párrafo segundo, de la Constitución Federal, se actualiza también, como consecuencia, una violación al principio de supremacía constitucional establecido en el dispositivo 133 de la Ley Fundamental, que a la letra dispone: ‘Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. El principio constitucional que se considera vulnerado consiste en salvaguardar el Pacto Federal y mantener su lugar preferencial respecto de las Constituciones Locales y leyes ordinarias, lo que significa un estado de prioridad o primacía de la Norma Constitucional frente a todo tipo de normas, incluyendo leyes federales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Lo anterior significa que toda norma general que sea aprobada conforme a los procedimientos legislativos respectivos, de acuerdo a su contenido y naturaleza, de ninguna manera puede contravenir la Carta Magna, por vulnerarse así el principio de supremacía constitucional, toda vez que la Constitución Federal es la Ley Suprema que está en la cúspide de la jerarquía de leyes mexicanas; esto es, primero la Constitución, luego los tratados internacionales, le siguen las leyes federales y, por último, las leyes locales. De ahí que toda norma general tenga que acatar este principio de supremacía constitucional para que tenga plena validez; de lo contrario, si no se ajusta a dicho postulado se puede impugnar su inconstitucionalidad. En este orden de ideas, el precepto legal combatido se encuentra en un nivel jerárquico inferior a la Constitución Federal y, por ello, debe de tomar en cuenta los postulados contenidos en la Norma Fundamental, esto es, debió sujetarse a lo preceptuado por la misma y no contravenirla, lo que en el caso concreto no sucedió, en virtud de que el artículo cuarto transitorio del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, no observó lo establecido por el artículo 115, fracción IV, párrafo primero, inciso a) y segundo párrafo, al exentar del pago de impuestos sobre propiedad inmobiliaria a las asociaciones religiosas, lo que consecuentemente constituye un menoscabo en la hacienda pública municipal. Por último, no debe pasar desapercibida la diferencia que existe entre la figura jurídica de la exención y el régimen fiscal de no sujeción, pues en ambas se deja de pagar determinado tributo; sin embargo, si bien forman parte de la materia fiscal, también lo es que dichos conceptos son de naturaleza diversa. Es decir, la exención ocurre cuando la persona física o moral cuya situación legal normalmente tiene la calidad de causante, no está obligada a enterar el crédito tributario por encontrarse en condiciones de privilegio o franquicia, y la no sujeción es cuando en la propia ley se establece que la relación jurídica tributaria no existe. Sirve de apoyo la siguiente tesis: ‘EXENCIÓN DE IMPUESTOS O DERECHOS, ES UNA SITUACIÓN JURÍDICAMENTE DIFERENTE AL RÉGIMEN FISCAL DE NO SUJECIÓN.’, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XI, marzo de 1993, página 280. En el caso que nos ocupa, las asociaciones religiosas sí están sujetas al pago del impuesto predial sobre los bienes inmuebles que se encuentren dentro de su patrimonio, así como del impuesto que se cause por la adquisición de inmuebles que realicen, ya que el precepto impugnado las exenta de pagar el impuesto de referencia solamente en el periodo comprendido entre el 20 de enero de 2001 y el 31 de diciembre del mismo año, lo cual implica que se ha producido el hecho imponible a que se refiere la tesis citada sobre el particular, esto es, que las asociaciones religiosas no están fuera del régimen tributario y de ninguna manera puede considerárseles como personas jurídicas de no sujeción al régimen fiscal. En conclusión, al existir una exención en el pago del impuesto predial e impuesto sobre traslación de dominio en la adquisición de inmuebles en el multicitado Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se actualiza la violación al artículo 115, fracción IV, inciso a) y párrafo segundo, de la Constitución Federal."

CUARTO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de ocho de marzo de dos mil uno, ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a la presente acción de inconstitucionalidad, al que correspondió el número 14/2001, y turnar el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón para su trámite y elaboración del proyecto de resolución.

QUINTO. El Ministro instructor, mediante auto de ocho de marzo de dos mil uno, admitió la demanda y ordenó emplazar a las autoridades responsables para que rindieran su informe.

SEXTO. El Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto de su presidente y oficial mayor, al presentar su informe, manifestó que:

"La Constitución Federal en el párrafo segundo del artículo 130, establece que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión el legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria denominada Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 16, establece que dentro del régimen patrimonial de las asociaciones religiosas, podrán en todo momento adquirir bienes de cualquier naturaleza, para los fines propuestos para su objeto. Luego, en el artículo 17 de la citada ley reglamentaria, se establece que son facultades exclusivas de la Secretaría de Gobernación resolver sobre el carácter indispensable de los bienes inmuebles que pretendan adquirir por cualquier título dichas asociaciones. En el artículo 19 de la misma ley en cita, se establece que a las asociaciones religiosas les serán aplicadas las disposiciones fiscales en los términos de las leyes de la materia. Lo que se colige en dos aspectos de suma importancia como lo son: El régimen de propiedad de las asociaciones religiosas, se lleva mediante disposiciones de carácter especial, es decir, bajo un tratamiento distinto al del derecho común y las disposiciones fiscales aplicables en la materia, se deberán de regir de acuerdo a las facultades establecidas para cada autoridad en sus distintos ámbitos de competencia, ya sea en tratándose de impuestos de carácter federal, local y municipal. Por otro lado, es claro que las atribuciones que no están expresamente concedidas a los Poderes Federales, se encuentran reservados para las entidades federativas, de acuerdo con lo que establece el artículo 124 de nuestra Constitución. Lo anterior se robustece más, con el artículo 115, fracción IV, de nuestra Carta Magna, por cuanto a que: los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor y en todo caso, percibirán contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los bienes inmuebles. Por lo anterior, nos permitimos señalar que esta H. Legislatura cuenta con las facultades de establecer las contribuciones necesarias a favor de los Municipios, de tal suerte que no existe limitante para que las legislaturas, de acuerdo a la capacidad financiera de los Ayuntamientos, establezcan o no excepciones a las mismas. Bajo la premisa antes apuntada, y de conformidad con lo que señala el artículo 130 constitucional, así como su ley reglamentaria, nos encontramos en presencia de un régimen de propiedad inmobiliaria de asociaciones religiosas con un tratamiento distinto al de las personas morales del orden común, es decir, en la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, existe una limitante para la adquisición de bienes inmuebles de las asociaciones religiosas, puesto que es necesaria la autorización de la Secretaría de Gobernación, y es claro que el tratamiento que se les deberá de dar, no lo es considerándolas como personas morales o instituciones que entren dentro de la hipótesis que marca el artículo 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo. Por lo que esta H. Legislatura, en el cuarto transitorio del Código Municipal del Estado de Chihuahua impugnado, se permitió establecer que, dentro del plazo de un año, los bienes que forman parte del patrimonio de las asociaciones religiosas, y los bienes que adquieran en dicho lapso de tiempo, no causan los impuestos correspondientes al predial y traslativo de dominio, ya que la base de éstos es la propiedad inmobiliaria de las asociaciones religiosas. Por lo anterior, nos permitimos señalar que esta H. Legislatura no toma ni considera como base tributable un bien que vaya a formar o forme parte de la propiedad de las asociaciones religiosas, ya que si la ley federal que regula dicho régimen patrimonial le da un tratamiento distinto, no podemos inferir que nos encontramos en presencia en (sic) la hipótesis prohibitivas sobre propiedad inmobiliaria que marca nuestra Carta Magna, ya que ni la propia ley federal las considera como tales, es decir, como personas morales o asociaciones comunes, sino fuera de dicho contexto, por lo que no se irrumpe en ningún sentido, el apartado constitucional que el promovente de la presente acción señala ser contrario al Constituyente Federal. Por otro lado, cabe precisar que la acción de mérito resulta improcedente con fundamento en el artículo 65, en relación con los artículos 1o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, por las siguientes razones: Primera. El artículo 105, fracción II, inciso c), faculta o legitima al C. Procurador general de la República, para promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y municipales, así como a tratados internacionales, que no estén de acuerdo a la Constitución Federal. El artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, prevé, que: ‘... A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.’. Luego, el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles establece expresamente, que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. En efecto, como es el caso, el procurador general de la República cuenta con la legitimación procesal, para acudir ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en el entendido de que dicho funcionario, para seguir con dicho trámite, tiene que tener una relación procesal con el fin que persigue, es decir, que la naturaleza de la norma impugnada, vaya en contra de los intereses que como procurador persigue, el cual debe de reflejarse en la sentencia que en su caso se llegue a pronunciar en el juicio que nos ocupa, ya que se debe de vincular su actividad, ya sea condenando, nulificando la norma que estima inconstitucional. Lo anterior nos dice que el procurador, efectivamente puede promover una acción cuya naturaleza se analiza, siempre y cuando dicha acción verse sobre cuestiones que propiamente le incumben, es decir, relacionadas con su ejercicio. Es por ello que el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, y su interpretación, define lo que se entiende por legitimación procesal y legitimación causal. La primera de ellas, es la relación procesal con la que el procurador concurre ante esta instancia jurisdiccional, accionando el órgano encargado de impartir justicia, solicitando la nulidad de una ley o tratado que adolezca de inconstitucionalidad. La segunda, es aquel vínculo procesal que une al accionante con el derecho tutelado, que permite que su interés en el asunto en comento, sea vinculado directamente en la sentencia que para tal efecto se pronuncie, y que con ella se vea inmiscuido en los efectos que llegase a producir, es decir, que tenga relación directa con el asunto de que se trata. Si observamos la naturaleza del acto o ley que se reclama, a simple vista podremos observar que se impugna una ley de carácter estatal, tendiente a normar cuestiones relativas a los Municipios que integran el Estado de Chihuahua, por cuanto a la exención que se hace a las asociaciones religiosas, a causar los impuestos predial y traslativo de dominio. Ahora bien, si partimos de la base como lo es, que nos encontramos en presencia de un impuesto de carácter municipal, en el que los Ayuntamientos por conducto de sus dependencias correspondientes, cobrarán dichos impuestos, es claro que el que cuenta con la legitimación causal lo son los propios Ayuntamientos, porque en ellos radica el cobro de tales impuestos, de tal suerte que, al no haber accionado mediante el procedimiento legal correspondiente la norma que hoy impugna el C. Procurador general, los Municipios la consintieron expresa y tácitamente. Independientemente del principio depurador de normas constitucionales que persigue el procurador general de la República, para poder contar con la legitimación procesal para promover la presente acción, según se advierte del artículo 105 constitucional, es menester que dicho principio cuente con la legitimación causal que pueda darse en la solución del fondo que se decida en la sentencia que para tal efecto se dicte, ya que para ser parte en dicho acontecer, es necesario ser parte en el hecho jurídico que nace de la norma impugnada; nuestro más Alto Tribunal ha definido con abundante claridad, lo que se entiende por legitimación procesal activa y legitimación procesal causal, estableciendo que la primera se entiende como la potestad legal para acudir ante (sic) órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o una instancia, la cual se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene la facultad de hacerlo valer. A diferencia de la segunda (la legitimación causal), es aquella que se ejercita cuando se tiene la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, o ser el que está íntimamente vinculado con el mismo, sin ostentarse como el titular del mismo, o en representación del que goza del derecho, ya que resultaría jurídicamente imposible vincular en la sentencia a alguien que no posea una relación causal con la litis constitucional planteada. Lo que nos permite concluir que en el presente asunto no sucede esto último, ya que resulta jurídicamente imposible e inaceptable que se vincule al procurador general de la República, con el derecho que tienen los Municipios de ingresar a su patrimonio el impuesto que se cause por concepto de predial y traslativo de dominio. ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998. Tesis 2a./J. 75/97. Página 351. LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7322-b0328261/accion-de-inconstitucionalidad-el-procurador-general-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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