ORDEN DE VISITA. EN TODA ORDEN DE VISITA DEBE EXPRESARSE EL OBJETO DE LA DILIGENCIA. COMO SE SATISFACE ESTE REQUISITO.
RF-223/92. REVISION FISCAL. CALZADO INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente recurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B de la Constitución General de la República; 44, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 248, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
SEGUNDO.- El recurso fue hecho valer por parte legítima, pues se trata de las autoridades demandadas en el juicio quienes lo interponen por conducto del primer Subprocurador Fiscal de la Federación, titular de la Unidad Administrativa encargada de su defensa.
El recurso es procedente toda vez que la cuantía del negocio es de $72'635,043.00 (SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), cantidad que excede de mil quinientas veces el salario mínimo general diario vigente al momento de emitirse la resolución o sea, $41'650,000.00, si se considera que al treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, el salario ascendió a $11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Está en tiempo en virtud de que la sentencia recurrida se le notificó a las autoridades el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno y el escrito de expresión de agravios se presentó el diez de diciembre siguiente, o sea dentro del término legal, toda vez que deben descontarse los días dieciséis, diecisiete, veinte, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre y primero, siete y ocho de diciembre, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.
TERCERO.- Los agravios que expresa la autoridad recurrente son los siguientes: "PRIMERO.-Violación a lo dispuesto por los artículos 38 fracción III y 43 del Código Fiscal de la Federación en tanto que, contrariamente a lo sostenido por la responsable, la orden de visita sí señala el objeto de la misma, no existiendo precepto legal alguno que obligue a señalar en forma específica cada una de las contribuciones que se habrán de revisar y a definir la documentación solicitada; haciéndose notar que en dicha orden no se incluye la revisión de obligaciones fiscales de las que no tenga facultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se sostiene en el anverso de la hoja No. 5 y reverso de ésta, de la sentencia que se recurre, lo siguiente: "En opinión de los suscritos magistrados, el agravio que se analiza se considera fundado y por tal motivo se pronuncian por declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya que teniéndose a la vista el oficio 102-A-11- V-30816 de 7 de diciembre de 1987, emitido por el entonces Administrador Fiscal Regional del Centro del Distrito Federal, el cual fue ofrecido como prueba por ambos contendientes, la Sala se encuentra en aptitud de apreciar que se trata de una orden genérica y de ninguna manera específica en la que se hayan pormenorizado el o los impuestos que se revisarían por parte de los auditores, así como tampoco la documentación definida que debieron requerir para el mismo efecto y toda vez que por mandato constitucional..." El criterio anterior, no se encuentra ajustado a derecho en tanto que la orden de auditoría A.D. Z0480/87 de 7 de diciembre de 1987 señala que la visita tendrá por objeto que se verifique el cumplimiento de las obligaciones principales, formales y/o accesorias por impuesto y derechos federales de los cuales debe responder en forma directa, solidaria u objetiva. En efecto, la sentencia que se recurre, causa el agravio que hace valer, ya que con los elementos antes enumerados se salvaguarda la seguridad jurídica del visitado y se concreta el objeto de la visita domiciliaria. Es indiscutible que hay certeza plena respecto del objeto de la visita cuando en la orden se menciona que ésta tiene por objeto, que se verifique el cumplimiento de: a).-Obligaciones fiscales formales y/o accesorias. b).-Por impuesto y derechos federales. c).-Por los que debe responder en forma directa, solidaria y objetiva el sujeto pasivo. De lo anterior se desprende, contrariamente a lo sostenido por la responsable, que la autoridad no incurre en manifestaciones genéricas, ya que con los elementos antes enumerados es evidente que la orden sí especificó lo que sería el objeto de la visita, con lo que se salvaguarda la seguridad jurídica del causante. Asimismo, se hace notar que no existe precepto legal que obligue a definir la documentación solicitada entratándose de una visita domiciliaria, puesto que en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda se encuentra facultada para revisar todos y cada uno de los elementos contables con los que cuentan los contribuyentes, como serían sistemas, libros, registros y demás documentación que integren la contabilidad, tal y como se señala en los artículos 44 y 45 del citado Código. Es por ello que en la orden se menciona que la autoridad está facultada para revisar en forma general todos y cada uno de los elementos contables con los que cuenten los contribuyentes, con lo que se cumple con el requisito del señalamiento del objeto de la orden de visita. Igualmente, es de destacarse que contrariamente a lo sostenido por la responsable, en la orden de visita de ninguna manera se incluye la revisión de obligaciones fiscales respecto de las cuales no tenga facultades la Secretaría de Hacienda, pues en dicha orden claramente se especifica que su objeto es el de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales únicamente por las que la contribuyente actora deba responder en forma directa, solidaria y objetiva. Para evidenciar el criterio ilegal de la responsable al señalar que la autoridad incurrió en generalidades para establecer el objeto de la visita domiciliaria, basta aludir a la definición del término, que consiste en el fin o intento, esto es el objeto que se debe entender como la finalidad que percibe la orden de auditoría, y en el caso el fin de ésta fue la de revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, formales y/o accesorias por impuestos y derechos federales de los cuales debe responder en forma directa, solidaria u objetiva el sujeto pasivo, tal y como se precisó en dicha orden, con lo que queda de manifiesto que la autoridad fiscal precisa el objeto de la misma. En tal virtud, con la determinación del objeto que se expresa en la orden, es incuestionable que el contribuyente no queda en estado de indefensión, en virtud de que sabe con claridad los límites de la revisión que se le va a practicar, puesto que conoce cuáles son las obligaciones fiscales que debe cumplir. Consecuentemente, es ilegal que la responsable pretenda limitar las facultades de comprobación al exigir que en forma pormenorizada se precisen las obligaciones que se van a revisar, requisito que excede de los establecidos en la ley, ya que, se insiste con los elementos contenidos en la orden que nos ocupa se identifica con precisión y claridad cuál era el objeto de la visita, teniendo pleno conocimiento la contribuyente del mismo, en los términos precisados en párrafos precedentes. Ciertamente, la responsable pretende el detalle de las obligaciones que se van a revisar cuando es indudable que tal y como se redactó la orden de visita, el contribuyente conoció perfectamente cuál era su objeto. El detalle y el exceso de formalismo que pretende la responsable no deben impedir el ejercicio de una obligación tan importante como es la fiscalización sobre todo en una época en que el Gobierno Federal, como una de sus principales medidas, pretende evitar el incumplimiento de las obligaciones fiscales y la revisión de las contribuciones para lo cual guarda un importante lugar las visitas domiciliarias. Se hace notar a ese H. Cuerpo Colegiado que de confirmar el criterio ilegal de la responsable, se haría nugatorio las facultades de comprobación y se llegaría a una época en que imperaría el formalismo y el detalle sobre lo razonable. De lo expuesto, es claro que la responsable está violando los preceptos invocados como violados, ya que es indudable que cualquier contribuyente que recibe una orden de auditoría en los términos redactados como en la que nos ocupa, se conoce cuál es la finalidad de la vista y que no se coloca en ningún estado de indefensión a la visitada. Por otra parte, debe tenerse en consideración que si bien tanto el artículo 16 constitucional como el 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, contemplan la garantía de seguridad jurídica en favor del gobernado, que en el presente caso consiste en que la diligencia que se le va a practicar se concrete el objeto que se señala en el mandamiento escrito, es de indicarse que en la orden en comento no se infringe tal garantía. Además, en la especie, el contribuyente visitado en ningún momento fue objeto de revisión de obligaciones fiscales de las que no se hubiere facultado a los auditores para ello, ni de las obligaciones fiscales respecto de los impuestos de los cuales no deba responder, quedando de esta manera inviolada la garantía de seguridad jurídica. A mayor abundamiento, el artículo 38 fracción III del Código Fiscal, establece que las visitas domiciliarias se practicarán por mandamiento escrito en que se exprese el objeto o propósito de las mismas siendo este requisito un mandamiento genérico que significa que en tratándose de una auditoría, ésta tiene por objeto la revisión de todas las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente visitado, lo que implica que la autoridad podrá revisar indistintamente cualquiera de las obligaciones fiscales del sujeto pasivo, o bien, su totalidad, por lo que la exigencia de la responsable en que la orden referida precise los objetos que se buscan, están violando los preceptos legales que se invocan como violados. Lo anterior debe entenderse así, ya que el visitado conforme al artículo 45 párrafo primero del Código en mención, se encuentra obligado a proporcionar al personal visitador desde el momento de inicio de la diligencia y hasta su terminación, todos los libros, registros y además documentación necesaria a fin de que se examine el documento de sus obligaciones fiscales. Además, el objetivo de la autoridad revisora es verificar el universo de las obligaciones del sujeto pasivo, ya que no tendría sentido para efectos impositivos la práctica de una visita domiciliaria para la comprobación de un sólo gravamen. Por tal razón, es claro que toda auditoría, está enfocada a la revisión de todas las obligaciones tributarias del contribuyente y por lo mismo los dispositivos legales antes mencionados no le imponen a la fiscalizadora citar en la orden correspondiente la materia o impuesto en una forma específica, como erróneamente lo pretende la responsable en el fallo que se recurre. A este respecto resulta aplicable el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que aparece visible en la revista No. 7 del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Epoca, Año I de julio de 1988, que a la letra expresa: "ORDEN DE VISITA. EN TODA ORDEN DE VISITA DEBE EXPRESARSE EL OBJETO DE LA DILIGENCIA. COMO SE SATISFACE ESTE REQUISITO."... (se transcribe). SEGUNDO.- Violación a lo dispuesto por los artículos 237 y 238 fracción III y 239 fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Federación en cuanto a que la responsable violando las formalidades esenciales del procedimiento decretó la nulidad de las resoluciones impugnadas sin señalar que era para el efecto de que se subsanara la irregularidad cometida y se emitiera una nueva resolución, no obstante que la nulidad se debió a un vicio del procedimiento. Se sostiene en la parte final de la hoja 6 reverso de la sentencia que se recurre lo siguiente: "En mérito de lo expuesto y con apoyo en los artículos 234, 236, 237, 238 fracción III y 239 fracción II del Código Fiscal de la Federación, es de resolverse y se resuelve: I.-La parte actora probó su acción en el presente juicio, en consecuencia; II.-Se declarará la nulidad de la resolución impugnada, misma que ha quedado debidamente precisada en el resultando 1o. de este fallo". Lo anterior es ilegal, tal y como se pasa a demostrar: En primer término, es preciso hacer notar que la Tercera Sala Regional Metropolitana para declarar la nulidad de la resolución impugnada, además de basarse debidamente en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, se apoya también incongruente e indebidamente en la fracción II y 239 del Código Fiscal de la Federación no obstante que la nulidad se debió a un vicio del procedimiento al no haberse señalado las obligaciones fiscales a revisar. En efecto, el supuesto vicio por el cual declara la nulidad la sentenciadora resulta ser indiscutiblemente de procedimiento, que encuadra en la fracción III del 238 citado; fracción que incluso la propia Sala también se apoyó para dictar su sentencia. Asimismo, si la nulidad se debió al vicio de procedimiento aludido la responsable en lugar de invocar la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación debió apoyarse en la fracción III del mismo precepto, declarando la nulidad de la resolución pero para efectos; teniendo así la autoridad la oportunidad de emitir una nueva resolución, de conformidad con el último párrafo del precepto que nos ocupa. La fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, establece: "ARTICULO 239.-La sentencia definitiva podrá: III.-Decretar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y los términos en que la autoridad debe cumplirla," salvo que se trate de facultades discrecionales".-El último párrafo del artículo 239 referido, prevé: "El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III y en su caso, V del artículo 238 de este Código". De acuerdo, con dichas transcripciones y siendo, que la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación hace referencia al vicio del procedimiento, y si tal y como lo sostiene la responsable, en el presente caso existió un vicio del procedimiento, debió decretar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se subsane la irregularidad cometida y se emita una nueva resolución. Ello es así, ya que el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación establece en su último párrafo que el Tribunal Fiscal de la Federación cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, III, y V del artículo 238 del mismo Ordenamiento, declarará la nulidad de la resolución para el efecto de que se emita una nueva. Ahora bien, la fracción III del artículo 238 aludido, establece como causal de anulación de una resolución, los vicios del procedimiento. Luego entonces, si al emitirse una resolución que haya surgido como consecuencia de un procedimiento de auditoría en la que se cometió un vicio de procedimiento, si bien es cierto que trae como consecuencia la nulidad de dicha resolución, también es verdad que conforme a los preceptos invocados como violados, ésta debe pronunciarse para el efecto de que se emita una nueva resolución subsanando el vicio de procedimiento mencionado. Asimismo, conforme a la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, la Sala del conocimiento debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla. Al respecto se invoca el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal No. 83/90 interpuesta por el Administrador Fiscal Federal de Monterrey y otros, resuelta en sesión de 22 de febrero de 1991 relacionada dicha revisión con el juicio de nulidad 020/90 promovido por Genaro Cantú, S.A., que en la parte conducente dice: "Ahora bien, el último párrafo del citado artículo 239 establece: "El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se está en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III y en su caso, V del artículo 238 de este Código". "Una correcta interpretación de los invocados preceptos legales y en particular del último párrafo transcrito, permiten establecer que la Sala Regional debe declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad fiscalizadora emita una nueva ordenándose se repare la omisión imputada a los auditores, quienes levantarán el acta inicial, asentando circunstanciadamente los pormenores de los documentos identificatorios que acrediten su legitimación para practicar la investigación fiscalizadora, por tanto, debe modificarse el fallo recurrido". Dicho criterio también ha sido sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el 12 de abril de 1991 el toca A.D. 12/91, relativo al recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y la Administración Fiscal Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación radicado en el juicio de nulidad No. 172/90, promovido por TILCO, S.A. DE C.V., criterio que en su parte conducente dice: "...lo que procede es que, ante la omisión de la Sala Fiscal y atendiendo a la naturaleza del recurso de que se trata, en el que no existe reenvío, este tribunal se sustituya a dicha Sala y modifique la sentencia recurrida, específicamente su punto resolutivo segundo, para quedar como sigue: Se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas para el efecto de que previa la reposición del procedimiento administrativo de investigación, en el que se satisfaga debidamente el requisito relativo a la identificación de los visitadores y se asiente en el acta respectiva los datos de los documentos que se utilizaron para ello, consistentes en el número de credencial, fecha de expedición, período de vigencia, funcionario que la expide, cargo o puesto que desempeñe el visitador, así como si la credencial exhibida ostenta o no el nombre y la fotografía de éste, independientemente de cualquier otro que se considere necesario, se emita la resolución que proceda". Apoya lo anterior el criterio vertido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia de 11 de abril de 1991, dictada en el D.A. 261/91, promovido por INDUSTRIAL FARMACEUTICA REMIR, S.A., en donde resolvió: "En tal virtud si la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación consideró que se incumplía con los requisitos de fundamentación y motivación, porque la autoridad que emitió la liquidación dejó de fundar su competencia, es inconcuso que resulta legal el que se hubiera declarado la nulidad para el efecto de que las demandadas emitan una nueva resolución, pues de acuerdo con el último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación se declarará la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución cuando se está en alguno de los supuestos previstos; entre otros, en la fracción II del artículo 238 del citado Código Fiscal de la Federación supuesto que se da en la especie, según se advierte de las consideraciones en las que se sustenta la sentencia reclamada". Igualmente confirma lo expuesto el criterio esbozado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia de 21 de agosto de 1990, vertida en el D.A. 721/90, promovido por el quejoso CONCRETOS ALTA RESISTENCIA, S.A. DE C.V. El mismo criterio continúa siendo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el 25 de abril de 1991 el toca 22/91, relativo al recurso de revisión interpuesto por el Administrador Fiscal Federal de Reynosa y otro, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional del Noroeste del Tribunal Fiscal de la Federación al resolver el juicio de nulidad No. 283/90 promovido por ABARROTES CORDEL, S.A. Por último, también se invoca la ejecutoria dictada el 8 de agosto de 1991, al resolver la R.F. 674/91, interpuesta por el primer subprocurador Fiscal, en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad No. 4305/90, promovido por ALFONSO GUTIERREZ NAJAR ejecutoria en la que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal también sostuvo el criterio mencionado. Finalmente, se invoca la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la páginas 97, 98 y 99 de la Tercera Parte del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al terminar el año de 1986, que a la letra dice: "CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION DEL 1o. DE Abril DE 1983. ARTICULO 239, FRACCION III, PARRAFO ULTIMO, CONSTITUCIONALIDAD DE". ...(se transcribe). También, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ya sostuvo el mismo criterio, al resolver el R.F. 822/91, interpuesto por PERFORADORA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V., que en su parte conducente dice: "La recurrente tiene razón al afirmar que no podía ser lisa y llana la nulidad decretada por la Sala Superior del Tribunal Fiscal con motivo de la indebida identificación de los visitadores, porque, si como la propia Sala apuntó, esa causal de anulación era por omisión de requisitos formales en la práctica de la visita e invocó las fracciones II y III del artículo 238, del Código Fiscal, debió haber decretado la nulidad de la resolución fiscal para efectos, de conformidad con lo mandado por el artículo 239, del mismo ordenamiento, que dice lo siguiente: "El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V del artículo 238 de este Código". Por último, el multialudido criterio ya fue sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de 22 de agosto de 1991, al resolver la revisión fiscal No. 695/91, interpuesta por el primer subprocurador Fiscal y estando como opositor la empresa SERVIC CONSTRUCCIONES, S.A., que a la letra dice: "Por otro lado, el cuarto de los agravios hechos valer es fundado, ya que al haberse determinado en párrafos anteriores que la falta de identificación pormenorizada de los visitadores constituye un vicio de procedimiento, que da origen a la causal de nulidad prevista en la fracción III, del artículo 238, del Código Fiscal de la Federación, como lo sostiene la recurrente da origen a que dicha declaración de nulidad sea para efectos, los cuales deben ser precisados en forma clara por la Sala Fiscal, según se advierte de lo dispuesto en el artículo 239, fracción III y último párrafo del ordenamiento invocado, que dice: "ART. 239.-La sentencia definitiva podrá: ...III.-Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales... El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso, V del artículo 238 de este Código". En las relacionadas condiciones, al ser parcialmente fundados los agravios hechos valer, procede revocar la resolución recurrida, para el único efecto de que la a quo, dejando subsistente su determinación de nulidad precise, en términos de los artículos 239, último párrafo y 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, los efectos de dicha determinación. El mismo criterio continúa siendo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el 1o. de octubre de 1991, la R.F. 822/91, lo relativo al recurso de revisión interpuesto por el primer subprocurador Fiscal, en contra de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2251/90 por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, que en su parte conducente dice: "La recurrente tiene razón al afirmar que no podía ser lisa y llana la nulidad decretada por la Sala Superior del Tribunal Fiscal con motivo de la indebida identificación de los visitadores, porque, si como la propia Sala apuntó, esa causal de anulación era por omisión de requisitos formales en la práctica de la visita e invocó las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal, debió haber decretado la nulidad de la resolución fiscal para efectos, de conformidad con lo mandado por el artículo 238 del mismo ordenamiento, que dice lo siguiente: "El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso V del artículo 238 de este Código". "Empero, no tiene este precepto en el caso específico, el alcance que pretende darle la autoridad al sostener que dentro de los efectos de la nulidad decretada tendría que establecerse el de que la demandada dictará nueva resolución. En efecto, de acuerdo con una correcta interpretación del artículo en comento, debe considerarse que en este caso, lo que habrá de reponerse es la auditoría que se desarrolló sobre la base de un vicio formal como fue la deficiente identificación de los visitadores, el cual habrá de subsanarse previamente; pero no puede imprimirse a la nulidad el efecto de que la autoridad dicte nueva resolución, porque si ineludiblemente habrá de practicar una nueva auditoría, podría acontecer que en vista a su resultado, optara por no emitir resolución alguna, porque ni siquiera la ley la obliga a hacerlo". Finalmente, se invoca el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el D.A. 654/91, relacionado con el R.F. 494/91 interpuesto por INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., en sesión de 4 de julio de 1991, que dice lo siguiente: "Por otra parte, el artículo 239 del mismo ordenamiento establece, cuando así procede, que las sentencias del Tribunal Fiscal indicarán los términos conforme a los cuales la autoridad demandada deberá dictar su nueva resolución, lo que quiere decir que cuando procede decretar la nulidad de la resolución fiscal por violaciones formales, no es procedente entrar al estudio de las violaciones de fondo, ya que éstas serán objeto del nuevo acto que emita la autoridad demandada a la que, evidentemente no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior". Por último se invoca el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la R.F. 996/91 interpuesta por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros, relacionada dicha revisión con el juicio de nulidad promovido por CENTRAL DE TORNILLOS, S.A. que dice: "Son sustancialmente fundados los agravios expuestos por las recurrentes, en virtud de que, como se desprende de la resolución de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno, emitida por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio fiscal 13136/90, la nulidad de la resolución impugnada se declaró al actualizarse una violación de procedimiento, esto es, por considerar que en las actas de visita de inspección practicada a Central de Tornillos, S.A., los inspectores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no detallaron pormenorizadamente sus identificaciones, violación esta que se ubica en la hipótesis que contempla la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y no en la fracción IV del referido numeral, como indebidamente se asienta en la resolución recurrida, circunstancia por la que, este tribunal estima que la Sala Fiscal respectiva debió precisar los efectos de la nulidad decretada, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 239 del citado ordenamiento legal..." De lo expuesto, resulta evidente que la juzgadora causa el agravio que se hace valer, ya que si la resolución impugnada fue considerada ilegal porque en el procedimiento de auditoría se cometió un vicio de procedimiento, se debió declarar la nulidad pero señalando en forma expresa que es para el efecto de que la autoridad subsanara dicho vicio, ya que la responsable resolvió únicamente sobre el vicio multialudido y no así sobre el fondo de la controversia y, por tanto que se dictara una nueva resolución administrativa."
CUARTO.-Es fundado el primer agravio hecho valer por la parte recurrente.
En efecto, aduce sustancialmente la parte recurrente que la Sala del conocimiento al través de su sentencia aplicó en su perjuicio de manera inexacta lo dispuesto en los artículos 38, fracción III y 43 del Código Fiscal de la Federación, ya que a su juicio, la orden de auditoría controvertida en el juicio de nulidad sí señaló el objeto de la misma, sin que exista precepto legal que exija que en forma pormenorizada se precisen las obligaciones que se van a revisar y, por el contrario, el contribuyente lejos de quedar en estado de indefensión, conoció con claridad los límites de la revisión que se iba a practicar al saber cuáles son las obligaciones que en dicha materia debe cumplir, de conformidad con el artículo 16 constitucional.
Que la orden de auditoría A.D.Z. 0480/87 de siete de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, señaló cuál sería el objeto de la visita al indicar que el objeto de la misma es el que se verifique el cumplimiento de las obligaciones principales, formales y/o accesorias por impuestos y derechos federales de los cuales debe responder en forma directa, solidaria u objetiva, de donde se infiere que no se trata de manifestaciones genéricas, resultando ilegal el criterio de la responsable en sentido inverso.
Ahora bien, entre las disposiciones que regulan el contenido de las órden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/742-f8764f7f/orden-de-visita-en-toda-orden-de-visita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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