COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. DEBE JUSTIFICARSE EN EL JUICIO DE AMPARO.
Amparo en revisión 723/92, Cementos Mexicanos, S.A.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado resulta competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución General de la República, 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 44, fracción III, del Capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.-En atención a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre la materia de su competencia, se ocupó del estudio de los dos agravios hechos valer por la autoridad recurrente, considerando infundado el primero y fundado al segundo de ellos, se hace innecesario transcribir en el presente fallo dichos agravios, toda vez que ya han sido analizados y resueltos por la superioridad.
Así pues, al haber considerado fundado el segundo de los agravios hechos valer por la recurrente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, procedió al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su demanda de garantías, cuyo estudio omitió el Juez de Distrito y que son de su competencia, declarándolos infundados y reservó competencia en el considerando noveno de su sentencia de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y uno, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para conocer de conceptos de violación relativos a cuestiones de legalidad del oficio número 396-I-D-S-15344-CME-310128, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, que señaló la quejosa como primer acto de aplicación de la ley que impugnó de inconstitucional, dicho considerando noveno literalmente dice:
"NOVENO.-En la segunda parte del tercer motivo de inconformidad y en el cuarto se aduce: A) Que para que la resolución favorable pudiera haberse revocado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debió agotar el procedimiento previsto en el actual artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. B) Que se viola el artículo 16 de la Carta Magna, en atención a que la lectura de los preceptos en que se funda la resolución impugnada, ninguno de ellos otorga facultades a la Dirección General Técnica de Ingresos, a la Dirección de Servicios al Contribuyente, a la Subdirección de Consultas o al Departamento de Consultas sobre Operaciones al Comercio Exterior, para emitir la citada resolución. Ahora bien, el artículo 92, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dispone: "... La Suprema Corte de Justicia resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de Circuito". Luego, si la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se limita a cuestiones relacionadas con la inconstitucionalidad de la ley y a las que sean su consecuencia necesaria, y en el caso, lo alegado en los conceptos de violación antes mencionados se refiere a cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad de la ley reclamada, se debe reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva tales manifestaciones que son de su competencia. En las relatadas condiciones, en lo que fue materia de revisión, competencia de este Tribunal Pleno, se revoca la sentencia recurrida."
TERCERO.-En atención a lo mencionado en el considerando anterior, se procede a la transcripción de los conceptos de violación tercero y cuarto del escrito de demanda de la quejosa, para proceder al estudio de los mismos que son competencia de este órgano colegiado, en acatamiento a lo ordenado por la superioridad, dichos conceptos de violación dicen:
"III.-VIOLACION A LA GARANTIA DE LEGALIDAD Y AUDIENCIA, ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL: El artículo 14 de la Constitución General de la República en su segundo párrafo señala: "... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". En el presente caso ya hemos señalado, en el concepto de violación I, como se priva a mi mandante de los derechos adquiridos por virtud de la resolución favorable citada en el punto "TERCERO", mediante la aplicación retroactiva del artículo 36-bis y II transitorio del Código Fiscal Federal, vigentes a partir de enero de mil novecientos ochenta y nueve o sea con posterioridad a la fecha en que se obtuvo la resolución favorable; adicionalmente, la resolución emitida por la Dirección General Técnica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, según oficio 396-I-D-5-15344 CME-310128, señala que el crédito no cumple con los requisitos previstos por la fracción II del artículo 154-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta dado que no se trata de una operación a tasa fija; para que la resolución favorable pudiese revocarse en base a este argumento, la Secretaría de Hacienda debió agotar el procedimiento previsto en el actual artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, que claramente indica que las resoluciones favorables sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. En consecuencia al pretender la Secretaría de Hacienda, fundar la revocación de la resolución favorable en el no cumplimiento de los requisitos del artículo 154-A, fracción II, ya citado, lo hace sin atenerse a las disposiciones legales aplicables y sin conceder la garantía de audiencia al afectado violando el artículo 14 constitucional. Al efecto, véase el criterio de la H. Suprema Corte de Justicia "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, REVOCACION DE LAS', "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REVOCACION DE LAS RESOLUCIONES DE LAS" y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EFECTOS DE LAS." (se transcriben).
IV.-VIOLACION AL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.-De la lectura de los preceptos en que se funda la resolución contenida en el oficio número 396-I-D-5-15344, es decir artículos 6o. fracción I, 26, fracción I, y 36 bis del Código Fiscal Federal, artículo segundo transitorio, fracción II, de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales en su capítulo I; y artículo 1o. fracción III, 144, 154 Y 154-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; podemos concluir que en ninguno de ellos se confieren facultades a la Dirección General Técnica de Ingresos, a la Dirección de Servicios al Contribuyente, a la Subdirección de Consultas o al Departamento de Consultas sobre Operaciones al Comercio Exterior, para emitir la resolución contenida en el oficio antes citado. Considerando que al decir que "... no procede confirmar lo solicitado ..." y siendo lo solicitado el señalar que la resolución favorable contenida en oficio 102-451 de octubre dieciocho de mil novecientos ochenta y ocho sigue siendo válida, obviamente la resolución que nos ocupa, referida al principio de ese concepto de violación, deja sin efectos la resolución favorable de octubre dieciocho de mil novecientos ochenta y ocho, sin que funde adecuadamente su facultad para dejar sin efectos una resolución favorable a un particular dado que ninguno de los preceptos que cita en apoyo a su resolución le da tal facultad. En apoyo a este concepto de violación, véase el criterio de la H. Suprema Corte de Justicia: "AUTORIDADES", "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS" y "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FACULTADES DE LAS." (se transcriben).
CUARTO.-Por ser de estudio preferente, procedemos primero al análisis del cuarto concepto de violación hecho valer por la quejosa, relativo a que la autoridad que emitió el oficio número 396-I-D-5- 15344 CME- 310128, con fecha de ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, carece de facultades para emitir una resolución contraria a los intereses del particular, porque deja sin efectos otra diversa resolución que le era favorable, toda vez que, en ninguno de los preceptos legales que señala como fundamento la autoridad, se le confieren facultades para emitir el acto reclamado.
Previo al estudio de este concepto de violación, conviene aclarar que no obstante que la quejosa, tanto al señalar como acto reclamado el oficio antes referido, como en el desarrollo de este cuarto argumento, atribuye la emisión del mismo al director general técnico de Ingresos, director de Servicios al Contribuyente y Jefe del Departamento de Consultas sobre Operaciones de Comercio Exterior, los tres dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cierto es que estas tres autoridades negaron el acto al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la quejosa desvirtuara dicha negativa, según lo consideró el Juez de Distrito en el considerando primero de su sentencia, motivo por el cual sobreseyó en el juicio de garantías respecto a estas tres autoridades.
Ahora bien, el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, respecto a esas tres autoridades, no es materia de la revisión al no haber interpuesto recurso de revisión la quejosa en su contra, tal como lo menciona la superioridad en el considerando tercero de su ejecutoria.
Por consiguiente, la emisión del oficio de fecha ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, fue considerada por el Juez de Distrito, como acto cierto atribuible al subdirector de consultas, de la Dirección de Servicios al Contribuyente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por así desprenderse de la copia certificada de ese acto que obra a fojas de la ciento dos a la ciento cuatro del expediente principal de amparo, al haber sido aportada por la quejosa como prueba de su parte.
Así, procedemos al análisis de la competencia de dicha autoridad para emitir el acto reclamado, consistente en el oficio número 396-I-D-5- 15344 CME-310128, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, para lo cual conviene transcribir su contenido que dice:
"En su escrito de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve, presentado ante esta dependencia el ocho de agosto del mismo año, manifiesta ser una empresa constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, controlada por CEMEX, S.A., y que con motivo de una reestructuración corporativa recibió de CEMEX, S.A., antes Cementos Mexicanos, S.A., ciertos activos y pasivos. Que dentro de los pasivos figura un crédito contratado con el Danish Export Finance Corporation de Copenhage Dinamarca, por un monto de 19'202,713 dólares, a un plazo de seis años nueve meses a una tasa de interés de Libor + .75 puntos. Continúa diciendo que, por acuerdo 102-451 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, la Subsecretaría de Ingresos de esta Secretaría le confirmó que los intereses que genere el crédito antes citado están exentos del pago del impuesto sobre la renta, puesto que cumple con los requisitos que señala la fracción II del artículo 154-A de la ley de la materia. Asimismo dice que, en dicho acuerdo se estableció que si las características de dicho crédito no se modifican, la exención para los intereses continuará siendo válida. Finalmente dice que, las condiciones del crédito que dieron origen a la confirmación por parte de la Subsecretaría de Ingresos no se han modificado, ya que éste solamente fue traspasado por CEMEX, S.A., a Cementos Mexicanos, S.A., por lo que solicita se le confirme que el acuerdo 102-451 de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, en el que se confirmó que los intereses que se pagan al Danish Export Finance Corporation, se encuentran exentos del impuesto sobre la renta, de conformidad con lo establecido por el artículo 154-A fracción II de la ley de la materia, sigue siendo válido, toda vez que no se ha llevado a cabo modificación alguna de dicho crédito. En relación a lo anterior cabe señalar que, el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, establece: "Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidos a agrupaciones dictadas en materia de impuestos distintos a los de comercio exterior, que otorguen una autorización o que siendo favorables a particulares, determinen un régimen fiscal o se refieran a deducciones, surtirán sus efectos, en el caso, para el ejercicio para el cual se hubieren dictado.". Por su parte, la fracción II del artículo segundo Transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga disposiciones del Código Fiscal de la Federación para mil novecientos ochenta y nueve, dispone que `II. Quedan sin efecto las resoluciones administrativas a que se refiere el artículo 36 bis del Código Fiscal de la Federación, dictadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, sin perjuicio de que los interesados sometan las circunstancias del caso a la autoridad competente para que dicte la resolución que proceda". Por lo que, no procede confirmar lo solicitado mediante su escrito citado en antecedentes. Ahora bien, al haber convenido las partes como tasa de interés la Libor más determinados puntos porcentuales, es indudable que dicha tasa de interés no es fija, y por ende no se cumple con uno de los requisitos que exige la fracción II del artículo 154-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se configure la exención para los intereses que genere el crédito, toda vez que la exención se aplica cuando se cumple con todos y cada uno de los requisitos previstos en la norma, supuesto que no acontece en la especie por la razón antes apuntada, en consecuencia. Por los intereses que a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, genere y/o haya generado el crédito de referencia, se causó y/o causa el impuesto sobre la renta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos primero fracción III, 144 párrafos primero y cuarto y, 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debiendo llevar a cabo la retención y entero de dicho gravamen la empresa residente en el país que haya efectuado y/o efectúe el pago de dichos intereses, conforme a lo establecido por los artículos 6, fracción I, y 26 fracción I del Código Fiscal de la Federación en vigor."
Como puede advertirse de la lectura del oficio reclamado, la autoridad responsable señaló como fundamentos legales de su acto, el artículo 36 bis del Código Fiscal de la Federación, la fracción II del artículo segundo transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Disposiciones del Código Fiscal de la Federación para mil novecientos ochenta y nueve, el artículo 1o., fracción III, el artículo 144 párrafos primero y cuarto, el artículo 154 y el 154-A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los artículos 6o., fracción I, y 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, numerales todos ellos referidos a la determinación que dictó la autoridad en el sentido de que, por los intereses que a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, genere o haya generado el crédito a que alude la interesada, se causó o causa el impuesto sobre la renta, debiendo llevar a cabo la retención y entero de dicho gravamen la empresa residente en el país que haya efectuado o efectúe el pago de dichos intereses.
En efecto, el artículo 36 bis del Código Fiscal de la Federación, se refiere a que las resoluciones administrativas de carácter individual surtirán sus efectos para el ejercicio para el cual se hubiesen dictado; la fracción II del artículo segundo transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Disposiciones del Código Fiscal de la Federación para mil novecientos ochenta y nueve, establece que quedan sin efecto las resoluciones administrativas a que se refiere el artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación; el artículo 1o., fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que están obligados al pago del impuesto sobre la renta, los residentes en el extranjero, respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a dicho establecimiento; por su parte, el artículo 144, párrafos primero y cuarto, alude a lo dispuesto por el artículo 1o., fracción III, de la propia ley, aclarando que forma parte de esos ingresos los pagos efectuados con motivo de los actos o actividades que regula el Título V de la ley que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación y que cuando el impuesto se pague mediante retención, el retenedor está obligado a enterar el impuesto en la fecha de la exigibilidad, haciendo la conversión a moneda nacional cuando la contraprestación se efectúa en moneda extranjera.
Por lo que se refiere a los artículos 154 y 154-A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en ellos se regula lo que se entiende por intereses, el tratamiento que se le da a los ingresos por intereses, la tasa que debe aplicarse, y los intereses que están exentos del pago del impuesto sobre la renta; y por último, el artículo 6o., fracción I, del Código Fiscal de la Federación, señala el plazo en que deben de enterar las contribuciones los retenedores a quienes la ley les imponga la obligación de recaudarlas, y el artículo 26, fracción I, del mismo ordenamiento legal, determina que son responsables solidarios con los contribuyentes, los retenedores a quienes la ley les imponga la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones.
Por consiguiente, le asiste la razón a la quejosa al afirmar que ninguno de los preceptos legales que menciona la autoridad en el acto reclamado, le otorga facultad para emitir dicho acto.
Ahora bien, este órgano colegiado ha sostenido el criterio de que si bien, no es necesario que las autoridades citen en sus resoluciones los preceptos en que se funda su competencia, sí es indispensable que la justifiquen dentro del juicio de garantías, cuando el quejoso la controvierte, de lo contrario debe considerarse que la autoridad no acredita gozar de las facultades legales respectivas, siendo su actuación violatoria del artículo 16 constitucional.
El criterio anterior está contenido en la tesis de este Tribunal Colegiado, visible en las páginas quinientos cincuenta y seis y quinientos cincuenta y siete, del Tomo V, de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Segunda Parte-2, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. DEBE JUSTIFICARSE EN EL JUICIO DE AMPARO.-Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis, pendiente de publicación, que lleva por título "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. ES INNECESARIO CITAR EN SUS RESOLUCIONES LOS PRECEPTOS QUE LA FUNDAN". (DA.-903/88. Impulsora Industrial de Ingeniería, S.A. de C.V. 15 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos), ha estimado que una sana interpretación del artículo 16 constitucional conduce a la conclusión expresada en el título de ese criterio. Destacó este órgano colegiado que ese razonamiento no significa colocar al particular en una situación desventajosa frente a la que goza la autoridad, pues, hasta que exprese su incertidumbre respecto de la competencia de éste, para que el órgano jurisdiccional esté obligado a examinar escrupulosamente el título de actuación de la autoridad, de manera que un examen irregular por parte del juzgador siempre podrá ser motivo de revisión por el órgano de control constitucional. En esas condiciones, si bien es claro que la autoridad no precisa de citar en sus resoluciones los preceptos en que funda su competencia, debe puntualizarse que esta circunstancia no la exime de justificarla dentro del juicio, cuando el quejoso la controvierte, ello es así porque para que el tribunal pueda examinar escrupulosamente el título de actuación de la autoridad, es necesario que ésta "justificando su proceder" refiera los preceptos legales que tomó en cuenta para considerarse capacitada para producir el acto, esto es, que exprese los dispositivos según los cuales, a su criterio, es competente. En esas condiciones, la labor del juzgador al decir el derecho implicará el examen de los preceptos en que se sustentó la autoridad, ya que éste es el punto medular de la controversia, a fin de esclarecer si le conceden o no la facultad empleada. Por ende, cuando la autoridad no indica dentro del juicio las normas que le otorgan competencia, es decir, no justifica su actuación, se impone concluir que no acredita gozar de las facultades legales respectivas. No puede objetarse, válidamente, que es el tribunal quien conoce el derecho y puede determinar si una autoridad es o no competente porque ello, además de alterar la materia de la controversia, implicaría la justificación oficiosa del acto y, ciertamente, no es el juzgador a quien corresponde esa labor sino a la autoridad."
Con base en el criterio anterior es de concluirse que el subdirector de consultas, de la Dirección de Servicios al Contribuyente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no acreditó gozar de las facultades legales necesarias para emitir el oficio con fecha de ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, toda vez que no justificó dentro del juicio de amparo contar con dichas facultades legales, por lo que debe considerarse que su actuación es contraria al artículo 16 constitucional, el cual consagra a favor de los gobernados la garantía de no poder ser molestados sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, asistiéndole por ello la razón a la quejosa.
En efecto, la autoridad fue señalada por la quejosa como responsable en su demanda de garantías, ordenando el Juez de Distrito que se le emplazara mediante acuerdo de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa, requiriéndola para que rindiera su informe justificado, quedando la citada autoridad, debidamente notificada de dicho acuerdo, el tres de abril de mil novecientos noventa, según se desprende de la constancia de notificación que obra en la foja ciento treinta y ocho del expediente de amparo.
En atención a lo anterior, el subdirector de consultas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio presentado el veintisiete de abril de mil novecientos noventa, informó al Juez del conocimiento que "mediante oficios 250 y 560 de fecha dieciocho y treinta y uno de enero respectivamente, se rindieron informes previo y justificados por la citada autoridad", a dicho oficio acompañó como prueba, copia certificada del informe justificado presentado por el Director General Técnico de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (también señalado como autoridad responsable), presentado el trece de febrero de mil novecientos noventa ante el juzgado conocedor, a través del oficio número 560 con fecha del treinta y uno de enero del mismo año (fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cincuenta y uno del expediente de amparo).
Cabe mencionar que el original del informe justificado rendido por el Director General Técnico de Ingresos de la citada Secretaría, obra a fojas ciento veintiocho a ciento treinta y tres del expediente principal de amparo, en el cual niega los actos que se le reclamaron.
Por consiguiente, es de considerarse que el subdirector de consultas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue omiso en rendir su respectivo informe con justificación, mediante el cual debió acreditar las facultades legales que ostenta tener para la emisión del acto reclamado, toda vez que su competencia fue controvertida por la quejosa desde su escrito inicial de demanda, no siendo admisible, como al parecer lo pretendió, el ser representada en el juicio constitucional por otra autoridad distinta, en virtud de que el artículo 19 de la Ley de Amparo prohíbe expresamente que las autoridades responsables sean representadas en el juicio de garantías, permitiendo tal circunstancia únicamente al presidente de la República, por lo que el informe justificado rendido por el director general técnico de Ingresos de la misma secretaría, no le favorece y sólo es atendible por lo que hace a esta autoridad.
Así, en las condiciones relacionadas resulta fundado el cuarto concepto de violación que se analiza, toda vez que el subdirector de consultas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no demostró dentro del juicio de garantías contar con facultades legales para emitir el oficio con fecha del ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve por lo que su conducta respecto a dicho acto es de considerarse violatoria del artículo 16 constitucional, siendo lo procedente confirmar la concesión del amparo y protección a la quejosa, que otorgó el Juez de Distrito, aunque por diferentes razones.
En atención al resultado al que se llegó, el análisis del tercer concepto de violación resulta innecesario, siendo aplicable a esta conclusión la tesis de jurisprudencia número cuatrocientos cuarenta, visible en la página setecientos setenta y cinco, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.- Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida en su parte sujeta a revisión, que es de la competencia de este Tribunal Colegiado.
SEGUNDO.-LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a CEMENTOS MEXICANOS, S.A., en contra del acto reclamado al subdirector de consultas de la Dirección General de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el oficio número 396-I-D-5-15344 CME-310128, de fecha ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, por las razones expresadas en el último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el toca. Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Carlos Alfredo Soto Villaseñor, Genaro David Góngora Pimentel y Fernando Lanz Cárdenas, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.
Firman los CC. Magistrados con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/746-abf75e90/competencia-de-la-autoridad-administrativa-debe-justificarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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