Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA. PARA RESOLVER REVISIONES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO YA EXISTA JURISPRUDENCIA QUE RESUELVA EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO, AUN CUANDO LA MISMA SEA GENERICA, CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 624/93. · Registro digital (IUS): 85
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CEMENTOS ATOYAC, S. A. DE C. V.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Noviembre de 1993, , Pág. 109.

AMPARO EN REVISION 624/93. CEMENTOS ATOYAC, S. A. DE C. V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios expresados por la parte recurrente son en parte inoperantes y en otra infundados, de conformidad con lo siguiente:

La quejosa reclamó en su demanda de garantías, la aprobación y la expedición del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial de esa entidad, de trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, específicamente su artículo 15, relativo a los derechos por servicio de alumbrado público, a través de su acto de aplicación.

En su informe justificado, el secretario de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, no hizo valer causal de improcedencia alguna.

Por su parte, el gobernador y secretario de Gobernación de esa entidad, en su informe manifestaron que, a su juicio, en el caso debe sobreseerse el juicio de amparo de conformidad con la fracción IV, del artículo 74 de la ley de la materia, toda vez que la ley recurrida no señala que los derechos por servicio de alumbrado público serán cobrados por la Comisión Federal de Electricidad como auxiliar de la autoridad municipal, y de los recibos exhibidos por la quejosa únicamente se desprende que los cargos en ellos descritos fueron registrados por consumo de energía eléctrica y no por derechos del Municipio.

En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito desestimó la causa de sobreseimiento invocada por las responsables de referencia, sobreseyó por cuanto a los actos reclamados del secretario de Finanzas, Ayuntamiento, presidente y tesorero, el primero del Estado de Puebla y los tres últimos del Municipio del mismo nombre, y, concedió la protección constitucional por lo que hace a los actos que fueron atribuidos a la Legislatura, gobernador y secretario de Gobierno de esa entidad. Al efecto, señaló en lo medular lo siguiente:

a). Es infundada la causa de sobreseimiento alegada por el gobernador y el secretario de Gobierno del Estado de Puebla, ya que si bien de los recibos presentados por la parte quejosa no se desprende específicamente el concepto de derechos municipales, no por ello debe concluirse la inexistencia del primer acto de aplicación de la ley reclamada, pues precisamente la promovente impugna de inconstitucional, el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, entre otros argumentos, porque el derecho por servicio de alumbrado público se causa conforme al porcentaje facturado por la Comisión Federal de Electricidad, de tal suerte que, si de los recibos de luz exhibidos por la quejosa se desprenden los elementos necesarios para calcular los derechos por el servicio mencionado, en términos del precepto legal reclamado, y además si dichos recibos fueron pagados por la empresa quejosa, debe concluirse que sí existe acto de aplicación de la ley fiscal impugnada;

b). En la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados del secretario de Finanzas del Estado de Puebla, Ayuntamiento, presidente y tesorero del Municipio del mismo nombre, por virtud de que los negaron sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa; y,

c). El precepto legal reclamado es inconstitucional, ya que si bien, en principio establece un derecho por la prestación y el uso del servicio público de alumbrado, por otra parte, cuando se refiere a la manera de determinar su cuantía, realmente establece una contribución sobre el consumo mensual de energía eléctrica, puesto que el monto de dicho derecho se calcula tácitamente, tomando como base la cantidad que se cobra por dicho consumo y no precisamente con relación al costo del referido servicio público de alumbrado, de tal suerte que, no puede estimarse que la carga tributaria que se impone constituya una contraprestación por el servicio a que se refiere, toda vez que el cobro del derecho se lleva a cabo en función de las tarifas de consumo de energía eléctrica establecidas por la Comisión Federal de Electricidad.

De esta forma -concluye el juzgador- al gravar el precepto de que se trata, realmente el consumo de energía eléctrica, resulta inconstitucional, ya que grava una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIX-A, inciso 5o.) subinciso a), del artículo 73 constitucional.

Al respecto, en su escrito de agravios, la autoridad recurrente expresa lo siguiente:

a). El Juez de Distrito no examinó debidamente el estudio de las causas de sobreseimiento que se presentan en la demanda promovida por Cementos Atoyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que ésta reclama el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y dos, que fija los porcentajes que deben aplicarse para el cobro de los derechos por servicios de alumbrado público, conforme a las tarifas que señala dicho precepto en sus dos fracciones, y, el derecho que se causa por este servicio lo establecen con anterioridad los artículos 53 y 55, en relación con los artículos 80 al 84 de la Ley de Hacienda del propio Municipio, de lo que se deriva que al haber sido aprobado el derecho indicado en la forma que lo reclama la quejosa, desde que se aprobó la citada Ley de Hacienda y al reclamar su aplicación por la tarifa especificada en el precepto impugnado, sin atacar el ordenamiento de referencia, que estableció el cobro de tal derecho, debe estimarse que dicha aplicación deriva de un acto consentido; y.

b). En la ley de ingresos reclamada no se fija como lo señala el Juez Federal, el consumo de energía eléctrica por sí misma, lo cual es materia exclusiva del Congreso de la Unión, pues lo único que dicho ordenamiento establece, es un parámetro para el cobro de las tarifas correspondientes.

Ahora bien, se considera inoperante el agravio condensado con antelación en el inciso a), toda vez que la causa de improcedencia a que se refiere la recurrente no fue hecha valer por ninguna de las responsables ante el Juez de Distrito y por tanto éste no se ocupó del tema al dictar la sentencia impugnada.

En efecto, de la lectura de las constancias que integran los antecedentes del caso, se advierte que el gobernador y secretario de Gobierno del Estado de Puebla, quienes fueron las únicas autoridades que en sus informes justificados alegaron la improcedencia del juicio, se concretan a invocar como causal la inexistencia del acto de aplicación de la ley reclamada, por lo que el agravio de que se trata introduce una cuestión ajena a la litis y en esa medida resulta inoperante.

Así, en cuanto a los razonamientos expresados por el Juez Federal en torno de la causal que sí se hizo valer en el juicio y que fue desestimada, resulta procedente dejarlos firmes al no haber sido atacados por la parte a quien pudieran perjudicar.

Por otra parte, el agravio sintetizado en el inciso b), se estima infundado por lo siguiente:

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia publicada con el número P.6. en las páginas 802-2 a 802-7 del Informe de Labores correspondiente al año de 1988, Primera Parte que a la letra dice:

"ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicios de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como estos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República."

En la especie, el precepto legal reclamado determina que los derechos por servicio de alumbrado público se causarán y liquidarán conforme al porcentaje facultado por la Comisión Federal de Electricidad. El texto respectivo es del tenor literal siguiente:

"Artículo 15. Los derechos por servicio de alumbrado público se pagarán aplicando al consumo mensual los siguientes porcentajes: I. Usuarios de tarifas 1, 2 y 3. II. Usuarios de tarifas om. hm. y hs."

De esta manera, la tesis supraindicada resulta aplicable exactamente al caso concreto y por tanto el precepto impugnado se estima inconstitucional, toda vez que al igual que en los supuestos contenidos en dicho criterio genérico, si bien es cierto que este numeral, en principio establece un derecho por la prestación y el uso de servicio público de alumbrado; por otra parte, al determinar su cuantía revela que en realidad establece una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, ya que su monto se calcula tomando como base la cantidad que se cobra por dicho consumo, y no con relación al costo del mencionado servicio público de alumbrado, de tal suerte que al gravar realmente la materia aludida, resulta incuestionable la invasión de la esfera de atribuciones federales por parte de la legislatura local del Estado de Puebla, en virtud de que se trata del ejercicio de una facultad que compete en forma exclusiva al Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-A, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Federal de la República.

Consecuentemente, al resultar inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el Ejercicio Fiscal de 1992 lo procedente es confirmar la resolución recurrida y conceder, por ese concepto, a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal.

Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a CEMENTOS ATOYAC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos que reclama de la Legislatura, gobernador constitucional y secretario de Gobierno del Estado de Puebla, los que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad archívese el toca.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos, de los señores Ministros: José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.

Firma el presidente de la Sala y ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/85-92889388/competencia-para-resolver-revisiones-en-amparo-indirecto-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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