DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO).
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: MARÍA ELIZABETH ACEVEDO GAXIOLA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes.
A.1.) De la resolución de los amparos directos números 2439/89, 3424/90, 4398/90, 1186/91 y 5266/91, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo la siguiente jurisprudencia:
"DOCUMENTOS PRIVADOS. SU VALOR PROBATORIO ESTÁ SUJETO A SU PERFECCIONAMIENTO.-Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 a 344 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, al no ser susceptibles por sí mismos de producir plena fuerza de convicción, pues su valor depende de su reforzamiento con otras probanzas, tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera. El medio más natural previsto en los referidos preceptos para este efecto, se presenta a través de su perfeccionamiento con el reconocimiento tácito, regulado por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Otro medio lo constituye el reconocimiento expreso, aludido en el numeral mencionado y en el artículo 338 del propio cuerpo de leyes. Conforme a la primera disposición invocada al principio si el documento privado de uno de los interesados, presentado en juicio por vía de prueba, no es objetado por la parte contraria, se tendrá por admitido y surtirá sus efectos como si hubiera sido reconocido expresamente. En cambio, cuando un documento privado no es reconocido expresa o tácitamente, ni su autenticidad es reforzada con alguna otra prueba, el instrumento no se perfecciona y, por ello, no es susceptible de hacer prueba plena, sino que su grado de demostración queda solamente en la categoría de indicio, cuya fuerza de convicción, mayor o menor, dependerá de la existencia de otras probanzas sobre los hechos controvertidos, con las cuales pueda ser adminiculado."
A.2.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 969/89, 624/90, 1064/90, 1274/90 y 2919/90, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivó la siguiente jurisprudencia:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIONES QUE IMPIDEN SU PERFECCIONAMIENTO EN EL JUICIO.-La correcta interpretación de las normas jurídicas que se refieren al medio de prueba consistente en los documentos privados, conduce al conocimiento de que las únicas objeciones que pueden impedir su perfeccionamiento mediante la formación de la presunción de su reconocimiento tácito, y así que surta los efectos a que alude el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son precisamente las que denotan la voluntad del objetante para no reconocer el contenido, la autenticidad, las firmas o las fechas que se consignan en tales instrumentos, y por tanto, que la persona contra quien se presentan o producen no está dispuesta a someterse a pasar por ellos; mas no las que, a pesar de admitir contenido, autenticidad, firmas y fechas, se encaminan a demostrar circunstancias diferentes, tales como, por ejemplo, que las obligaciones o los derechos que allí constan han sido modificados o se han extinguido por virtud de algún otro acto o hecho jurídico, o que los documentos carecen del alcance probatorio que les pretende dar quien se quiere beneficiar con ellos, pues en estos últimos casos en realidad existe el tácito reconocimiento de los actos consignados en los instrumentos, en cuanto a su contenido, suscripción y circunstancias de tiempo y forma, que es el elemento con el que la ley permite el perfeccionamiento de la prueba, y sólo se niega que tengan los efectos o consecuencias que les atribuyen los que quieren aprovecharlos, sin que tal negativa prive de efectos al susodicho reconocimiento."
B.1.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 2045/88, 2480/88, 225/89 y 3100/89, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo la siguiente tesis:
"DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS, VALORACIÓN Y EFICACIA DE LOS.-Es cierto que el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que los documentos privados presentados en juicio como prueba por uno de los interesados y no objetados por la parte contraria, se tienen por admitidos y surten sus efectos como si hubieran sido reconocidos, pero también lo es que la falta de objeción por la contraparte del oferente, únicamente constituye una admisión ficta del contenido de los documentos, sin que tal circunstancia implique que su valor probatorio tenga plena eficacia jurídica para demostrar el extremo planteado, toda vez que el numeral 402 del ordenamiento legal citado otorga al juzgador plenas facultades para valorar en su conjunto, los medios de convicción allegados al juicio por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, con la obligación ineludible de exponer en forma clara los fundamentos de esa valoración y de la decisión que se tome en el caso, por tanto, el valor indiciario que conlleva la admisión ficta de documentos no objetados, comprende la obligación para quien los ofrece de adminicularlos con otros medios probatorios, a fin de obtener la eficacia jurídica que con ellos se pretende."
B.2.) De la resolución del juicio de amparo directo 4015/88, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito elaboró la siguiente tesis:
"DOCUMENTO PRIVADO, OBJECIÓN DE.-No basta que se objete la firma que calza un documento privado para negarle valor probatorio, sino que se debe indicar específicamente los motivos en que se funda tal impugnación y demostrarlos, aunque no haya sido reconocido dicho documento."
C.1.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 27/88, 90/89, 407/90, 64/91 y 74/91, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), elaboró la jurisprudencia siguiente:
"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De conformidad con el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles, los documentos privados harán prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos, de tal manera que si se objeta uno de esos documentos, es a cargo de quien plantea la cuestión demostrar los extremos en que apoye su aserto, pero si no lo hace, devendrá en una simple afirmación sin base que la sustente y por lo mismo la probanza debe surtir efectos plenos."
C.2.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 27/88, 188/88, 152/90, 341/90 y 49/91, por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), derivó la siguiente jurisprudencia:
"DOCUMENTOS PRIVADOS. NO BASTA DECIR QUE SE OBJETAN, SINO DEBEN ACREDITARSE LAS RAZONES DE LA OBJECIÓN.-Si en el juicio se tacha de alterado o de falso un documento privado, quien tal afirme debe acreditar esas circunstancias, porque constituye una verdadera objeción que para surtir efectos, no basta el simple dicho, sino debe de estar suficientemente probado."
D.1.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 206/89, 326/89, 501/89, 77/90 y 158/90, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), elaboró la siguiente jurisprudencia:
"DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE. VALOR PROBATORIO DE LOS.-En casos de objeción de documentos que aparecen firmados por el propio objetante, corresponde a éste acreditar la causa que invoque como fundamento de su objeción, y si no lo hace así dichos documentos merecen valor pleno."
D.2.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 141/88, 245/88, 501/89, 420/90 y 110/91, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), elaboró la jurisprudencia siguiente:
"DOCUMENTOS. OBJECIÓN.-No basta expresar que se objeta un documento sino que en todo caso es necesario precisar en qué se hace consistir la objeción y desde luego probarla, atendiendo a las reglas que prevé el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla."
D.3.) De la resolución de los juicios de amparo directo números 502/89, 158/90, 341/90, 475/92 y 11/93, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), sostuvo la jurisprudencia siguiente:
"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS.-La carga de la prueba para demostrar las impugnaciones a los documentos corresponde a quien los objeta."
E.1.) Al resolver los juicios de amparo directo números 380/88, 417/88, 454/88, 497/88 y 8/89, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), elaboró la jurisprudencia siguiente:
"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla contempla dos hipótesis, en las que el documento privado proveniente de las partes tiene pleno valor probatorio: Cuando no es objetado, o bien, cuando es legalmente reconocido. Ahora bien, aun cuando una de las partes objete un documento privado, expresando que lo hace en cuanto a su contenido y firma, tales manifestaciones por sí solas son insuficientes para tener por justificada la objeción, pues el objetante debe probar las causas en que funda su oposición, dado que es un principio general de derecho, el que la buena fe se presuma en todo caso, de manera que debe considerarse que el oferente de la prueba actúa rectamente, al atribuir a su contraparte el documento que exhibe, por lo que es ésta a quien toca demostrar las circunstancias no manifestadas por aquél, que restan o privan eficacia probatoria al documento."
E.2.) El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), al resolver los juicios de amparo directo números 380/88, 417/88, 497/88 y 8/89, dio origen a la tesis siguiente:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA QUE SE LES OTORGUE PLENO VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado contempla dos hipótesis, en las que el documento privado proveniente de las partes tiene pleno valor probatorio; cuando no es objetado, o bien, cuando es legalmente reconocido; por tanto, si un documento no es objetado, es correcto que el Juez le otorgue valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en el precepto invocado."
F) Por último, el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito), al resolver el amparo directo número 1323/87, elaboró la siguiente tesis:
"DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. OBJECIONES SOBRE LA FALTA DE AUTENTICIDAD DE LA FIRMA, CARGA DE LA PRUEBA.-Tratándose de documentos privados provenientes de las partes en el juicio, corresponde al objetante la carga de la prueba sobre la falsedad o la falta de autenticidad de la firma o del contenido de tal documento."
QUINTO.-Es posible hacer el estudio correspondiente a pesar de que no todos los criterios sostenidos por los tribunales en desacuerdo integran jurisprudencia, con apoyo en la tesis plenaria cuyo rubro y texto, son como sigue:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 83, noviembre de 1994
"Tesis: P. L/94
"Página: 35
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así.
"Contradicción de tesis 8/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (en la actualidad Tribunal Colegiado en Materia Penal). 13 de abril de 1994. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.
"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieciocho de octubre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes García, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez y Juan Díaz Romero: aprobó, con el número L/94, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Noé Castañón León, Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro."
SEXTO.-Es pertinente tomar en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República, y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, se requiere la reunión de los siguientes supuestos:
a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.
b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.
"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."
También es ilustrativa de lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, cuya sinopsis es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, noviembre de 2000
"Tesis: 2a./J. 94/2000
"Página: 319
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados.
"Contradicción de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Contradicción de tesis 34/97. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 26 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano.
"Contradicción de tesis 75/99-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 24 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López.
"Contradicción de tesis 35/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercero y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José de Jesús Murrieta López.
"Contradicción de tesis 33/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer y el Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de septiembre del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda."
Establecido lo anterior, por razón de método debe estudiarse, en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción.
Del análisis de los problemas jurídicos abordados por los Tribunales Colegiados mencionados, en sus respectivas resoluciones, esta Primera Sala estima que parte de ellos no contienen contradicción de criterios y parte de ellos sí lo contienen.
En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos números 2439/89, 3424/90, 4398/90, 1186/91 y 5266/91, sostuvo que del análisis del contenido de los artículos 334, 335, 388 al 344 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se desprende que los documentos privados son pruebas imperfectas y, por tanto, su valor probatorio está sujeto a su reforzamiento a través de otras probanzas. Entre los medios más naturales están el reconocimiento expreso o tácito, previstos, respectivamente, por los artículos 338 y 335 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y conforme al precepto primeramente mencionado, cuando un documento privado no es objetado por la parte contraria se tendrá por admitido y surtirá sus efectos como si hubiera sido reconocido expresamente; en cambio, cuando un documento privado no es reconocido expresa o tácitamente, ni su autenticidad es reforzada con otra prueba, sólo tiene el valor probatorio de un indicio, cuya fuerza de convicción dependerá de otras probanzas sobre los hechos controvertidos.
El mismo Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números 969/89, 624/90, 1064/90, 1274/90 y 2919/90, sostuvo que las únicas objeciones que pueden impedir el perfeccionamiento de los documentos privados, mediante la formación de la presunción de su reconocimiento tácito, son las que denotan la voluntad del objetante para no reconocer el contenido, la autenticidad, la firma o las fechas que se consignan en tales instrumentos, mas no las que a pesar de admitir lo anterior se encaminan a demostrar circunstancias diferentes, como que dichos documentos tengan los efectos o consecuencias que les atribuye quien quiere aprovecharlos.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos números 2045/88, 2480/88, 225/89 y 3100/89, sostuvo que si bien es cierto que conforme al artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, los documentos privados presentados en juicio como prueba por uno de los interesados y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos, también es cierto que la falta de objeción de un documento privado por la contraparte del oferente, sólo constituye una admisión ficta del contenido de los documentos, sin que ello implique que su valor probatorio tenga plena eficacia jurídica para demostrar el extremo planteado, en virtud de que conforme al artículo 402 del código procesal civil mencionado, el juzgador tiene plenas facultades para valorar en su conjunto los medios de convicción allegados al juicio por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, con la obligación ineludible de exponer los fundamentos de la valoración y de la decisión que se tome en el caso, por lo que el valor indiciario que conlleva la admisión ficta de los documentos no objetados, comprende la obligación para quien los ofrece de adminicularlos con otros medios probatorios para obtener la eficacia jurídica que con ellos se pretende.
Al resolver el juicio de amparo directo número 4015/98, el mismo Tribunal Colegiado sostuvo que no basta objetar la firma que calza un documento privado para negarle valor probatorio, sino que se deben indicar los motivos en que se funda dicha objeción y demostrarlos.
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), al resolver los juicios de amparo directo números 27/88, 90/89, 407/90, 64/91 y 74/91, sostuvo que de conformidad con el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, los documentos privados hacen prueba plena cuando no fueron objetados o cuando fueron expresamente reconocidos, de tal manera que si se objeta un documento privado, corresponde a quien plantea la cuestión demostrar los extremos en que apoya su afirmación y, si no lo hace, la probanza debe surtir plenos efectos.
El mismo tribunal, al resolver los amparos directos números 27/88, 188/88, 152/90, 341/90 y 49/91, sostuvo que para que surta efectos la objeción de un documento privado, quien lo objete debe acreditar dicha circunstancia.
El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), al resolver los amparos directos números 206/89, 326/89, 501/89, 77/90 y 158/90, estableció que en caso de objeción de documentos por el propio firmante, comprende a éste demostrar la causa que invoca como fundamento de su objeción, de lo contrario, dichos documentos merecen valor probatorio pleno.
El mismo tribunal, al resolver los amparos directos números 141/88, 245/88, 501/89, 420/90 y 110/91, consideró que no basta expresar que se objeta un documento, sino que se debe precisar en qué consiste la objeción y, desde luego, probarla.
El Tribunal Colegiado mencionado, al resolver los amparos directos números 502/89, 158/96, 341/90, 475/92 y 11/93, sostuvo que la carga de la prueba para demostrar las impugnaciones a los documentos privados corresponde a quien los objeta.
El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito), al resolver los juicios de amparo directo números 380/88, 417/88, 454/88, 497/88 y 8/89, sostuvo que conforme al artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, los documentos privados de las partes tienen pleno valor probatorio cuando no son objetados o son legalmente reconocidos, por lo que si se objeta un documento privado en cuanto a su contenido y firma, el objetante debe probar las causas en que funda su oposición.
El mismo Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números 380/88, 417/88, 497/88 y 8/89, sostuvo que los documentos privados provenientes de las partes tienen pleno valor probatorio, cuando no son objetados o son legalmente reconocidos, por lo que si un documento no es objetado, es correcto que el Juez le otorgue valor probatorio pleno.
Por último, el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito), al resolver el amparo directo número 1323/87, consideró que tratándose de documentos privados provenientes de las partes en juicio, corresponde al objetante la carga de la prueba sobre la falsedad o falta de autenticidad de la firma o contenido del documento.
Ahora bien, de lo anterior podemos deducir que en el caso se trataron tres cuestiones jurídicas diversas, como fueron:
A) Que las únicas objeciones que pueden impedir el perfeccionamiento de los documentos privados mediante la formación de la presunción de su reconocimiento tácito, son las que denotan la voluntad del objetante para no reconocer el contenido, la autenticidad, la firma o la fecha que se consigna en tales instrumentos.
B) Que cuando se objeta un documento privado no basta su objeción, sino que ésta debe motivarse y probarse, y que ante la objeción de un documento privado, la carga de la prueba corresponde al objetante.
C) Si la falta de objeción de un documento privado, que equivale a un reconocimiento tácito del mismo, le confiere al documento plena eficacia jurídica para demostrar el extremo planteado, o bien, sólo constituye una admisión ficta del documento que requiere ser adminiculado con otros medios probatorios.
Sentado lo anterior, debe decirse que respecto de las dos cuestiones jurídicas planteadas en primer término, esta Primera Sala advierte que no existe contradicción de criterios, pues no obstante que existen diversas ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7514-fc5ee1cf/documentos-privados-pueden-perfeccionarse-entre-otros-medios-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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