AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PROCESAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO, QUE DEBE SER ANALIZADO OFICIOSAMENTE POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil uno, el juicio de amparo directo número 204/2001, promovido por United Parcel Service de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, que concluyó con la concesión del amparo, en la parte que interesa establecen:
"CUARTO.-El estudio de los anteriores conceptos de violación, permite arribar a las siguientes consideraciones: Se hará un análisis, en primer término de las violaciones al procedimiento alegadas por la quejosa, que de resultar fundadas ameritarían la insubsistencia del laudo reclamado y, como consecuencia, la reposición del procedimiento para subsanar las irregularidades detectadas, caso contrario, se estudiarán las violaciones de fondo.-Es inoperante el concepto de violación que hace valer la quejosa en el sentido de que se alteraron las reglas del procedimiento, en cuanto a que la responsable determinó no admitir los medios de perfeccionamiento que ofreció, consistentes en la ratificación de contenido y firmas de la documental privada consistente en el aviso de rescisión, no obstante que al ofrecerla se solicitó que, en caso de que fuera objetado el aviso de rescisión, se ratificara por los señores Miguel Ángel Campoy Inclán, Eduardo Macías Meza e Isaías Aguilar Rodríguez, y a pesar de que la jurisdicente admitió la prueba documental mencionada y que la actora, hoy tercero perjudicada, no la objetó, la responsable determinó que era innecesaria la ratificación y posteriormente en el laudo argumentó falsamente que no se ofreció la ratificación a cargo de los signantes del aviso de rescisión, no obstante que durante el procedimiento no admitió el medio de perfeccionamiento, argumentando que era innecesario; que por esa razón se vulneran en su perjuicio sus garantías individuales; que igualmente se dejaron de aplicar los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, al no aplicar las jurisprudencias que le eran obligatorias y las cuales había citado en su escrito respectivo. Los anteriores argumentos de la quejosa, como se dijo, son inoperantes, en la medida en que más adelante, en esta misma ejecutoria, al analizar su concepto de violación respecto a la no existencia de controversia sobre la falta de entrega del aviso de rescisión, se determinará precisamente la procedencia de ese concepto de violación, por lo que resulta intrascedente que se ordene la reposición del procedimiento por esa violación procesal, si al estudiar el fondo del asunto se concederá el amparo de la Justicia Federal, para el efecto de que se desvincule de la litis ese aspecto. ... Por otra parte, también resulta fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable dictó un laudo incongruente al analizar, en la parte considerativa del laudo reclamado, una controversia que no existió en el texto de la demanda y contestación, esto es, sobre si se entregó o no el aviso de rescisión a la trabajadora, o que se pretendió entregarlo y ella se negó a recibirlo, toda vez que aun cuando la demandada en su defensa alega que rescindió la relación laboral por una causa justificada y que dio el aviso respectivo a la trabajadora, aduciendo que el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y nueve el licenciado Miguel Ángel Campoy Inclán le comunicó la rescisión de su contrato individual de trabajo, en virtud de que la actora sin justificación alguna dejó de presentar (sic) a laborar los días veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de enero y el primero de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y que la actora se negó a firmar de recibido el aviso de rescisión, por lo cual, en cumplimiento al artículo 47, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, dio el aviso el día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y nueve a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cierto es que esta última, en su demanda inicial, en ningún momento refiere que no se le haya dado un aviso de rescisión y, en consecuencia, al no formar parte de su demanda el reclamo a la patronal de que fue despedida injustamente por no haberle dado el aviso respectivo, tal situación no podía válidamente generar una controversia entre las partes, no obstante que en su defensa la demandada haya asegurado que se le dio el aludido aviso, y que por conducto de Miguel Ángel Campoy Inclán le comunicó la rescisión de su contrato individual de trabajo, en virtud de que la actora dejó de presentarse a laborar sin justificación alguna los días veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de enero y el primero de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y a pesar de lo anterior la Junta responsable, en el laudo que se reclama, manifestó lo siguiente: ‘A la demandada corresponde demostrar el abandono y, en el caso particular que nos ocupa, los hechos que invoque como causa justificada de la rescisión del contrato de trabajo, esto apoyado en la jurisprudencia del Apéndice 1975, 5ta. Parte, Cuarta Sala, tesis 65, pp. 74 y 75: «DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA.» (transcribe texto).-Se analizan las pruebas ofertadas por la demandada, quien establece que no existió un despido injustificado, sino que el despido del que fue objeto la actora fue ampliamente justificado, manifestando que rescindió el contrato de trabajo por faltas de asistencia, sin justificar por parte de la trabajadora, a sus labores en las fechas 25, 26, 27, 28, 29, 30 de enero y 1o. de febrero de 1999, estableciendo que el 23 de febrero de 1999, el Lic. Miguel Ángel Campoy Inclán le comunicó la rescisión de su contrato individual de trabajo, en virtud de su inasistencia en las fechas antes señaladas y que la trabajadora actora se negó a firmar de recibido el aviso de rescisión, por lo que la demandada dio aviso el día 26 de febrero de 1999 a la Junta Especial No. 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la oficialía de partes de esta autoridad, presentando el aviso rescisorio correspondiente que la actora recibiera y se negara a firmar de recibido, también hace la anotación que el aviso de rescisión a la trabajadora actora fue el día 23 de febrero de 1999, a las trece horas con quince minutos, ante la presencia de Eduardo Macías Meza e Isaías Aguilera Rodríguez. La demandada ofreció la prueba confesional a cargo de Laura Verónica González Carrillo, trabajadora actora, misma que fue celebrada con fecha 5 de octubre de 1999, desahogo que se localiza a fojas 59 a la 63 de autos; de dicho desahogo se desprende que de las posiciones formuladas y contestadas por la trabajadora actora, de las mismas no se desprende que se acrediten los hechos que la demandada afirma al momento de contestar la demanda, tal y como quedó asentado a fojas 62 y 62 vuelta de autos, en dicho desahogo la absolvente niega haber faltado a sus labores sin justificación, manifestando que tenía vacaciones, además, al momento de absolver posiciones, la trabajadora refiere que no aceptó firmar una «renuncia voluntaria», documento diferente a un aviso de rescisión de contrato, esto se desprende en el momento que la misma contesta, en repetidas ocasiones, que le pidieron su renuncia y que se negó a firmar la renuncia. La demandada ofrece la prueba documental consistente en un aviso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta Especial No. 18 de esta ciudad, de fecha de recepción de 26 de febrero de 1999, en donde hace de su conocimiento que el 23 de febrero de 1999 se le comunicó a la C. Laura Verónica González Carrillo la rescisión de su contrato individual de trabajo, sin responsabilidad para la empresa, negándose ésta a recibirlo y firmarlo, solicitando se notificara a la trabajadora actora, acompañando el aviso de rescisión en comento y firmado por dos testigos con la leyenda «siendo las 13:15 hrs. del 23 de febrero de 1999, en las oficinas de United Parcel Service, ubicadas en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de esta ciudad, se le entregó el presente aviso a Laura Verónica Glez. Carrillo, negándose a recibirlo». Testigo Eduardo Macías Meza. Testigo Isaías Aguilera Rodríguez. Con dos firmas rúbricas al calce, estos documentos los exhibió con sello original de la Junta Especial No. 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de ello se desprende que la demandada dio cumplimiento a un procedimiento paraprocesal que establece el artículo 47, últimos párrafos, de la Ley Federal del Trabajo, pero aun con dicho documento que contiene declaraciones unilaterales de la demandada, se hace necesario el probarse la causa de rescisión y los motivos por los cuales se da ésta, asimismo, debe probarse que la trabajadora actora se negó a recibir el escrito de rescisión de contrato o aviso de despido; de la totalidad de probanzas ofertadas por la demandada no se desprende que se haya llamado a declarar como testigos a los señores Eduardo Macías Meza e Isaías Aguilera Rodríguez, quienes fueron los que firmaron como testigos el acta rescisoria, para que pudieran ser ratificadas sus firmas y su declaración. Cabe señalar que se ofreció la ratificación sólo en el caso que la parte actora objetara dicha probanza y la misma sólo objetó su valor probatorio, manifestando que no habían sido enterados de tal comunicado, al no quedar demostrada la negativa de la actora a recibir el aviso de rescisión con cualquier otra prueba que reforzara que existió actitud negativa por parte de la trabajadora actora.’.-Ahora bien, la anterior transcripción denota que la Junta responsable fundamentó primordialmente su laudo, en la circunstancia de que la patronal no comprobó haber pretendido dar el aviso de rescisión a la trabajadora y que tal aviso se lo haya entregado a través de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agregando, además, que los testigos que suscriben el acta de negativa de recepción tampoco fueron presentados a ratificar dicha constancia, por tanto, las consideraciones vertidas en el laudo respectivo, que se reflejaron en la proposición segunda y tercera del laudo combatido, resultan incongruentes con el texto de la demanda y de la contestación, toda vez que, en la primera, no hubo el reclamo por parte de la actora de la omisión de la patronal de entregarle el aviso de rescisión con motivo del despido injustificado del que se quejó; por tanto, aun cuando la demandada haya referido a la circunstancia de que sí entregó el aviso, no estuvo obligada a probar un hecho que no se le reclamó (falta de entrega del aviso), dado que lo cierto es que no existió controversia y la Junta responsable no debió abordar ese tema en su resolución, ya que con ello se dictó un laudo carente de congruencia, puesto que se omitió la concisión de las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, dejando de cumplir con los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, como consecuencia, violando las garantías individuales de la quejosa.-Lo anterior tiene su fundamento en la propia ley de la materia, cuando el artículo 784, en la parte que aquí interesa, refiere que, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ‘... VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido. ...’, esto es, del texto de este precepto legal se infiere que solamente cuando exista controversia respecto al aviso por escrito que se debe dar al trabajador, cuando a juicio del patrón existe una justificación para su despido, a éste le corresponde probar que entregó o pretendió entregar el aviso; de ahí que al no haber controversia a ese respecto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje no deben ocuparse de esa problemática, como en el caso ocurre, en que la trabajadora no reclamó la omisión del patrón de entregarle el aviso de rescisión, no generando controversia alguna a ese respecto porque, aparte, ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo dispone que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deban examinar de oficio si la patronal cumplió o no con la última parte del artículo 47, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo, a pesar de que la inclusión, por parte del legislador en la reforma a la ley laboral en mil novecientos ochenta, de una sanción al patrón por no cumplir, traducida en que se considere el despido injustificado, fue una alternativa del Poder Legislativo para obligar al patrón a cumplir oportunamente con dar una constancia auténtica al trabajador, lo más pronto posible, de las causas que originaron su despido, a fin de que pudiera defenderse o entablar una demanda adecuada, pero ello no significa que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como ya se dijo, estén obligadas a examinar de oficio si el patrón entregó o pretendió entregar el aviso si no existe controversia al respecto, ya que, como en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable fue más allá de lo pretendido por la accionante, pues examinó las defensas del patrón sin congruencia con las acciones deducidas por la trabajadora; por tanto, es dable sostener, por parte de este Tribunal Colegiado, que solamente cuando exista controversia respecto de la entrega del aviso de rescisión, las Juntas de Conciliación y Arbitraje podrán examinar esa situación. El anterior criterio difiere de la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que bajo la voz: ‘AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. DEBE ESTUDIARSE AUN DE OFICIO.’, que se encuentra publicada en el tomo 205-216, Sexta Parte, página 92, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, en la que el tribunal referido sostiene que las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen la obligación de analizar, en forma previa, si el patrón cumplió con los requisitos que señala el artículo 47, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo, agregando que ese requisito es de previo e ineludible cumplimiento y que es obligatorio su examen por las Juntas aun de oficio, agregando que su falta de cumplimiento trae como consecuencia que el despido se considere injustificado, lo que haría indebido estudiar las causas de la rescisión, lo cual no coincide con el criterio de este Tribunal Colegiado, toda vez que ninguna disposición de la Ley Federal del Trabajo ordena que el estudio o examen de la obligación del patrón de dar el aviso de rescisión al trabajador sea previo al examen de la legalidad o ilegalidad de la rescisión; además de que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer las cargas probatorias a las partes, establece que, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto a la constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido; de lo que resulta claro que solamente cuando exista controversia a ese respecto las Juntas de Conciliación abordarán su estudio calificando, desde luego, las cargas probatorias.-Cabe hacer notar, que sostener el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis que se menciona en líneas precedentes, implicaría distinguir situaciones no prescritas por el legislador en el artículo 47, fracción XV, de la Ley Federal del Trabajo y, además, se iría en contra de lo expresamente estipulado por el diverso artículo 784, fracción VI, de la misma ley laboral, en cuanto que dispone que solamente cuando exista controversia respecto del aviso de rescisión, se establecerá la carga de la prueba al patrón, lo que implica que, en caso contrario, de no existir controversia en ese aspecto no se analizarán las pruebas que no tiendan a demostrar acciones o defensas no controvertidas; dicho de otra manera, en cualquier conflicto originado por el despido del trabajador toca a éste probar la existencia de la relación laboral y el hecho de ya no estar laborando, mientras al patrón demostrar los hechos que invoque como causa justificada de la rescisión del contrato de trabajo, pero si el trabajador no reclama la omisión del demandado de haberle dado aviso de rescisión, no hay obligación de este último de probar algo que no se le cuestionó y, como consecuencia, la Junta deberá abstenerse de incluir en la litis y, sobre todo, resolver el conflicto elevado ante su potestad, con base en excepciones y defensas no congruentes con las pretensiones deducidas por el trabajador actor.-El aludido criterio del mencionado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se encuentra publicado en el tomo 205-216, Sexta Parte, página 92, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: ‘AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. DEBE ESTUDIARSE AUN DE OFICIO.-La Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene obligación de analizar en forma previa a la legalidad o a la ilegalidad de la rescisión, si el patrón cumplió con los requisitos que para tal efecto señala el artículo 47 en su fracción XV de la Ley Federal del Trabajo, pues debe tenerse presente que el requisito que nos ocupa, es previo e ineludible su cumplimiento, y es obligatorio su examen por las Juntas aun de oficio, en atención a que de los términos en que se encuentra concebida la última parte del precepto en cuestión, su falta de cumplimiento trae como consecuencia que el despido se considere injustificado y siendo esto así, resulta indebido estudiar las causas que hayan servido de base a la rescisión alegada.’.-Como en el caso este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito sustenta criterio contrario al anterior, lo procedente es, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis que se evidencia, para que ese Alto Tribunal decida cuál criterio debe prevalecer.-Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de ese Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 69, que literalmente dice: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo «tesis» que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesto de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.’. ... Como consecuencia de todo lo anterior, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, pronuncie otro en el que deberá cumplir con lo siguiente: a) Dejar insubsistente el auto de fecha trece de junio del dos mil (folio 82), exclusivamente en el aspecto en que ordena el cotejo con su original de la prueba documental ofrecida por la actora bajo el número dos de su escrito relativo, que obra a fojas 37 de autos, consistente en el programa de vacaciones mil novecientos noventa y nueve, así como el apercibimiento que se hizo a la demandada para que exhibiera el original del mismo y que de no hacerlo se tendría por cotejado el mismo; igualmente, deje sin efecto el contenido de la audiencia desahogada el veintiuno de agosto de dos mil (folio 83), en que determina que se tuvo por presuntivamente cierto el cotejo del documento por no haber exhibido el original la parte demandada.-b) Deje sin efecto el auto de fecha ocho de mayo de dos mil (folio 76), mediante el cual tiene por ofrecidas las pruebas documentales supervenientes de la trabajadora actora, Laura Verónica González Carrillo; asimismo, el auto de fecha trece de junio de dos mil (folio 82), en la parte relativa en que la Junta acuerda que se admiten las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora.-c) En el nuevo laudo que habrá de dictarse, la Junta deberá desvincular de la litis lo relativo al aviso de la rescisión laboral por no existir controversia al respecto, ya que, por una parte, la actora no hizo referencia alguna a la omisión de la demandada en entregarle el aviso respectivo, lo que originó un laudo incongruente con las acciones y defensas de las partes, concretándose a resolver el conflicto laboral con base en los hechos precisados por la actora y las defensas que de ellos haya hecho la demandada y que sean congruentes entre sí, prescindiendo, desde luego, del apercibimiento hecho efectivo de tener por cotejado presuntivamente el documento a que se refiere el inciso a), así como los documentos señalados en el inciso b), determinando, en consecuencia, lo que legalmente proceda respecto de las prestaciones vinculadas con el despido, además, para que prescindiendo de las razones que adujo en el laudo para determinar el salario integrado, observando lo dicho aquí sobre el particular, resuelva lo que proceda; debiendo reiterar lo decidido en tal laudo en la cuarta y quinta proposiciones."
CUARTO.-Las consideraciones vertidas en la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y seis, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 42/86 (356/86), promovido por José Luis Martínez Ramírez, que determinó conceder el amparo solicitado son, en lo conducente, del tenor siguiente:
"CUARTO.-Este tribunal advierte la existencia de una violación que deja sin defensa a la parte trabajadora y que trasciende al laudo, por lo que procede suplir la deficiencia de la queja con base en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, siendo inútil analizar los conceptos de violación en cuanto al fondo.-En efecto, el trabajador José Luis Martínez Ramírez, por escrito de veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y dos, demandó ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. y/o quien resulte responsable de la negociación denominada Tienda de Consumo para Trabajadores del Sector Eléctrico, las siguientes prestaciones: la reinstalación en el puesto de cajero general, el pago de salarios caídos, cumplimiento de todas las prestaciones derivadas del contrato colectivo; fundó su demanda en los hechos siguientes: que con fecha quince de octubre de mil novecientos setenta y cinco ingresó a prestar servicios en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., en la categoría de auxiliar ‘D’, en el Departamento de Marcaje, ocupando varios puestos, siendo el último el de cajero general de la Tienda de Consumo para Trabajadores del Sector Eléctrico; se le fijó un horario de las nueve a las veintiuna horas de martes a sábado de cada semana y un salario de quinientos treinta pesos, setenta centavos diarios; que el día doce de abril de mil novecientos ochenta y dos, aproximadamente a las once treinta horas se le comunicó, por conducto del licenciado Alfonso Manzano Bonifaz y de la señorita Celia Carbajal Rejón, que a partir de ese momento quedaba despedido, ese mismo día el gerente administrativo, señor José Luis Cárdenas Ortega, le reiteró la orden de separación de fecha doce de abril del citado año, sin que en ningún momento las personas señaladas le hayan comunicado las causas de separación, lo que implica que se equipare a un despido injustificado.-La demandada al contestar la demanda adujo, esencialmente, la falta de acción y derecho para pretender la reinstalación y los salarios caídos, en virtud de que se le rescindió su contrato de trabajo en forma justificada con fecha trece de abril de ese año (1982), por haber incurrido en las causales rescisorias contempladas en las fracciones II, VI, XI y XV del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, por los hechos que se originaron el día dieciséis de marzo del año citado, consistentes en que se presentaron dos personas ostentándose como miembros del Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V., y el ahora quejoso, sin comprobar el dicho de las personas mencionadas y faltando a su obligación de confirmar que dichas personas estaban autorizadas para recoger el dinero, les hizo entrega en forma negligente de la cantidad de cinco millones trescientos treinta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos, noventa y nueve centavos, lo que motivó la rescisión del contrato, pues siendo cajero general de la tienda de consumo para trabajadores del sector eléctrico, era el encargado para entregar al Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V., el dinero que la tienda envía a la institución de crédito ‘Unibanco’, por lo que era necesario que se hubiese cerciorado de la identidad de las personas que recogen los valores mediante el catálogo de firmas autorizadas con las respectivas fotografías.-La violación que se advierte del considerando segundo del laudo reclamado, es que la Junta responsable omitió tomar en cuenta la controversia sustentada respecto del aviso de rescisión en los términos de la fracción XV del artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo.-En efecto, en el punto tercero de hechos de su demanda el quejoso afirmó: ‘que en ningún momento, por ninguna de las personas que menciono en este hecho, se me comunicó las causas de la separación’. La tercero perjudicada en el presente amparo, al referirse a tal punto, dijo: ‘... todo lo anteriormente justifica plenamente la rescisión del contrato del hoy actor, y así se le comunicó el día 12 de abril del año en curso, habiendo firmando el acta donde se consignan las causales, en la inteligencia que dicha rescisión se hizo efectiva a partir del día 13 de abril citado.’.-Ahora bien, de la simple lectura del laudo reclamado no se advierte estudio alguno al respecto, sino que la Junta de trabajo entró directamente al fondo, llegando a la conclusión de que al actor se le rescindió su contrato individual de trabajo en forma justificada, cuando el procedimiento era a la inversa, esto es, debió analizar en forma previa a la legalidad o ilegalidad de la rescisión, si el patrón cumplió con los requisitos que para tal efecto señala el precepto 47, en su fracción XV, de la ley de la materia, pues debe tenerse presente que el requisito que nos ocupa, es previo e ineludible su cumplimiento, y es obligatorio su examen por las Juntas aun de oficio, en atención a que de los términos en que se encuentra concebida la última parte del precepto en cuestión, su falta de cumplimiento trae como consecuencia que el despido se considere injustificado y siendo esto así, resulta indebido estudiar las causas que hayan servido de base a la rescisión alegada. Como no lo hizo así la responsable juzgadora, a pesar de que se demostró en autos que el patrón no dio el aviso de referencia, es incuestionable que el despido justificado que se alegó como excepción está afectado de nulidad. Tiene aplicación al caso, la tesis relacionada con la jurisprudencia número 29 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tomo de la Cuarta Sala, visible en la página 29 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: ‘AVISO DE LA CAUSA DE LA RESCISIÓN LABORAL POR EL PATRÓN, FALTA DE.-Si el patrón, al rescindir el contrato individual de trabajo no cumple con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, dicho despido está afectado de nulidad, por lo que carece de efectos la excepción que el patrón pudiera aducir al contestar la demanda.’. Sin que importe que el actor, en el punto tercero de su ocurso, no se haya referido textualmente al aviso por escrito, sino al hecho de que no le comunicaron las causas de la separación, dado que en el procedimiento laboral quedaron abolidas las palabras sacramentales, habida cuenta que si los hechos se originaron a partir del día doce de abril de mil novecientos ochenta y dos, la falta de comunicación de las causas de separación, como el mismo actor lo señala, lleva implícita la referencia al aviso por escrito, de otra manera no tendría razón de ser la manifestación de la parte quejosa. Cabe agregar que en autos no obra el acta administrativa de fecha doce de abril de mil novecientos ochenta y dos, en donde se pudiera advertir que al actor le avisaron las causas de rescisión de su contrato individual de trabajo, la que se hizo efectiva, según la ahora tercero perjudicada, el día trece de abril de ese mismo año, y no aparece por la sencilla razón de que consta en el diverso expediente paraprocesal número J-C-456/82, que se integró con la promoción de Fernando Escoboso Íñigo, al cual se acompañó el acta aludida, afirmación hech
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7580-65afb7cf/aviso-de-rescision-de-la-relacion-laboral-constituye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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