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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 277/2012. **********. 10 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 277/2012. · Registro digital (IUS): 80068
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Versión electrónica, Pág. 1.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de enero de dos mil trece.

V I S T O S, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de julio de dos mil once, ante el Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, **********, por su propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben:

Autoridades Responsables:

Ordenadoras:

· Segunda Sala del Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí.

· Juez Octavo del Ramo Penal en el Estado de San Luis Potosí.

Ejecutoras:

· Director del Centro Estatal de Reclusión número Uno "La Pila".

Acto Reclamado:

· La resolución de catorce de abril de dos mil once, que modifica la sentencia condenatoria, pronunciada en el toca penal 159/2010 relativo al recurso de apelación, privación y retención de la libertad.

En la demanda de amparo el quejoso estimó violados los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que consideró convenientes.

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil once, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al que correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 584/2011 y seguidos los trámites de ley, resolvió en sesión de veintisiete de diciembre de dos mil once, concluyendo en el sentido de sobreseer y negar la protección constitucional solicitada.

TERCERO. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución precisada en el resultando anterior, por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil doce, el quejoso interpuso recurso de revisión ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito en San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil doce, el Presidente accidental del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, tuvo por interpuesto el recurso de revisión de que se trata, por lo que ordenó su remisión a esta Suprema Corte de Justicia, informando que el fallo recurrido no contiene interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal.

CUARTO. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de siete de febrero de dos mil doce, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente respectivo, el cual se registró con el número de amparo directo en revisión 277/2012 y ordenó su remisión a la Primera Sala, por ser un asunto cuya materia es de su exclusiva competencia.

El Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil doce, decretó el avocamiento del asunto y designó como ponente a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para la elaboración del proyecto de resolución.

En sesión de once de abril de doce, por mayoría de tres votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se acordó desechar el proyecto presentado en esa ocasión y devolver los autos a la Presidencia de la Primera Sala, para el efecto de que se returnara a uno de los Ministros de la mayoría para la elaboración de un nuevo proyecto.

Por diverso acuerdo dictado por el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha doce de abril de dos mil doce, se determinó returnar los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de que se encargara de la elaboración del proyecto respectivo.

Asimismo, por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil doce el Ministro Ponente, solicitó a la Primera Sala de este Alto Tribunal que se realizaran las gestiones necesarias con el objeto de que dicho asunto sea radicado al Tribunal Pleno y en respuesta a su petición por proveído de veintisiete de abril del mismo año, devolvió los autos a dicho Ministro para que formulará el proyecto y dé cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III de la Ley de Amparo; 10, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto Transitorios del Acuerdo General número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo en materia penal por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 108 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, siendo necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa se encuentra presentado en tiempo, toda vez que la sentencia se le notificó por medio de lista el miércoles veinticinco de enero de dos mil doce, surtiendo sus efectos el jueves veintiséis siguiente; por lo que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del viernes veintisiete de enero al viernes diez de febrero de dos mil doce, sin contar en dicho cómputo los días veintiocho y veintinueve de enero y el cuatro, cinco y seis de febrero de dos mil doce por ser inhábiles conforme al artículo 23 de la Ley de Amparo.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el veinticinco de enero de dos mil doce, resulta evidente que se interpuso oportunamente.

TERCERO. Procedencia del recurso. Establecido lo anterior, se debe analizar si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el punto Primero del Acuerdo Número 5/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para verificar si es o no procedente el recurso de revisión que nos ocupa.

En el caso, es de citar el contenido del precepto constitucional referido:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

... IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a los acuerdos generales del Pleno. La materia del asunto se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;"

Del análisis del artículo 107, fracción IX, constitucional, se advierte, en un primer momento, que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno.

Sobre ese último particular, debe señalarse que fue voluntad del Poder Constituyente Permanente establecer la inatacabilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, pues en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Senadores, a efecto de iniciar el proceso de reforma de la Constitución que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se manifestó que se proponía que los Tribunales Colegiados de Circuito conocieran de todos los problemas de legalidad, sin distingo de cuantía, penalidad o características especiales de las cuestiones judiciales involucradas de manera definitiva.

Lo anterior, se propuso porque previo a la reforma en comento, esta Suprema Corte tenía competencia para conocer de los amparos directos, así como también los tribunales federales señalados en el párrafo anterior, en razón de cuantía, penalidad o características especiales de las cuestiones judiciales involucradas.

Asimismo, se manifestó que designar el control de la legalidad, en su integridad, a los Tribunales Colegiados de Circuito, contribuye al logro de la democracia económica que es convicción de los gobiernos emanados de la Revolución, al suprimir la distinción que sólo se basa en el monto que subyace al problema jurídico planteado, amén de que se culmina con el proceso de descentralización de la Justicia Federal y se acerca la justicia al pueblo.(1)

Ahora, del artículo 107, fracción IX, constitucional, también se advierte, como única excepción a la regla general de definitividad de las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que procederá la revisión de dichas sentencias si se decide sobre la inconstitucionalidad de una norma general o se establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

La competencia de esta potestad constitucional para revisar las sentencias dictadas por los tribunales federales referidos en el párrafo anterior, se justificó en la reforma de mil novecientos ochenta y siete, bajo la premisa de que si bien a ambas potestades les corresponde el control de la constitucionalidad, cada una respecto de normas diversas, a este Alto Tribunal le corresponde la interpretación definitiva de la Constitución.

Asimismo, se estableció que esta Suprema Corte debe dedicarse fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución Federal, con base en las razones siguientes:

1) Impedir, que con afectación de los derechos de los individuos, las autoridades federales o locales rebasen el marco constitucional de sus respectivas atribuciones, todo ello mediante la interpretación definitiva de la propia Constitución.

2) La Suprema Corte de Justicia como el órgano superior del Poder Judicial de la Federación, debe ocupar su atención en la salvaguarda de la Ley Fundamental, por ser su función constitucional más destacada, en respeto al principio de división de poderes.

3) Es la trascendencia política que deriva de la atribución de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, lo que debe orientar el criterio para determinar la esfera de competencia del Máximo Tribunal, pues la observancia y respeto a la Constitución atañen al interés superior de la nación.

4) La custodia de la supremacía de la Norma Fundamental y de su estricto cumplimiento es función que sirve para limitar la actuación de los poderes activos y mantener la estabilidad del régimen político del país, por lo que fundamentalmente debe corresponder a la Suprema Corte de Justicia.(2)

Bajo esa consideración fundamental en cuanto a que este Alto Tribunal debe constreñirse a la interpretación definitiva de la Constitución, pues la observancia y respeto a la Norma Fundamental atañe al interés superior de la Nación, se propuso en dicha iniciativa la derogación del entonces segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107, para que esta Suprema Corte pueda conocer de la revisión de las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecen la interpretación directa de un precepto de la Constitución, en virtud de que en principio, si bien a dichos Tribunales Colegiados les corresponde resolver temas de legalidad de manera terminal, cuestiones éstas que son inatacables, pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas, o bien, sobre el alcance de un artículo de la Ley Fundamental.(3)

Por su parte, el Congreso de la Unión, a efecto de reafirmar la inatacabilidad de las sentencias de mérito en cuanto a temas de legalidad y de que a esta Suprema Corte le compete el estudio de dichos temas constitucionales por su carácter de último intérprete de la Constitución, en razón de su carácter de Tribunal Constitucional, principios consagrados en la reforma constitucional de mil novecientos ochenta y siete, estableció en el artículo 83, fracción V, que la materia del recurso de revisión se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

... V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

Así, del texto del artículo 107, fracción IX, de la Ley Fundamental, se advierte que procederá la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, si la resolución, a juicio de esta Suprema Corte y, conforme a acuerdos generales, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Sobre ese último particular, debe destacarse la iniciativa presentada por el Presidente de la República, que culminó con la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la que se precisó:

"La Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional.

... Por otra parte, con el mismo espíritu se somete a su alta consideración la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional. En esta caso, se trata de que la Suprema Corte de Justicia conozca de la revisión en amparo directo únicamente cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución entrañe, a juicio de la propia Corte, la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Nuevamente se trata de una reforma encaminada a lograr que la Suprema Corte pueda encargarse de los asuntos que por su relevancia requieren la intervención del Máximo Órgano jurisdiccional del país. Esta reforma fortalece el carácter final de la Suprema Corte de Justicia y es congruente con el carácter uni-instancial del amparo directo. Cabe recordar que la procedencia de este último, conocido también como amparo en casación o de legalidad, supone que el afectado dispuso de dos instancias jurisdiccionales previas y, en algunos casos, de un recurso administrativo, para hacer valer todos sus derechos. En consecuencia, la propuesta no va en demérito alguno de los medios de defensa que nuestro orden jurídico tradicionalmente ha previsto en favor de los ciudadanos y, por el contrario, permitirá a la Suprema Corte continuar contando con un mecanismo de revisión cuando las circunstancias exijan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia que oriente la interpretación y aplicación de las normas jurídicas."

De la transcripción anterior, se observa que esta Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Constitucional, debe conocer de la revisión en amparo directo únicamente cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, pues dado el carácter uni-instancial del amparo directo, la resolución que dicten dichos tribunales es terminal y, por tanto, no admiten recurso alguno, salvo cuando se cumplan los extremos constitucionales apuntados.

De lo anterior se colige que se reiteró que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, aun cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Como excepción a esa regla, se estableció que procedería la revisión de dichas sentencias, si la resolución que llegare a dictarse entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, a juicio de esta potestad constitucional.

Dicha iniciativa del Ejecutivo Federal fue aceptada tanto por la Cámara de Senadores, como por la Cámara de Diputados, modificándola únicamente para hacerla congruente con la reforma al párrafo séptimo del artículo 94 constitucional, que permitió al Pleno de este Alto Tribunal emitir acuerdos generales para especificar en qué casos de resolución de un recurso de revisión interpuesto contra sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, debe fijarse un criterio de importancia y trascendencia.(4)

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, se determinó que en los acuerdos generales deberán quedar precisados los supuestos mediante los cuales el Pleno de este Alto Tribunal determine cuándo -tratándose de un recurso de revisión interpuesto contra sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución- esta Suprema Corte deberá fijar un criterio de importancia y trascendencia.

Sobre ese último particular, el Pleno de este órgano colegiado, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 107, fracción IX, constitucional, emitió el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Acuerdo 5/1999, relativo a las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, precisando en su punto primero:

"ACUERDO

PRIMERO. Procedencia.

I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y, será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."

Conforme a lo que se ha relacionado, es dable concluir que de acuerdo con el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a. Que en la sentencia recurrida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,

b. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales.

En relación con este último aspecto, que autoriza la aplicación de acuerdos generales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe atenderse a lo que se precisa en la fracción II del punto Primero del Acuerdo Número 5/1999, antes citado, en virtud del cual, por regla general, se entiende que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios; en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes (y no haya que suplir la deficiencia de la queja); o bien, en casos análogos.

Al respecto, es de citar la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera Sala comparte, de rubro:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.""(5)

Establecido lo anterior, y en atención al asunto que nos ocupa, se concluye que el supuesto precisado en la grafía a., sí se cumple en el recurso de mérito, pues en la demanda de garantías se hicieron valer conceptos de violación a través de los cuales se planteó la inconstitucionalidad del artículo 108 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí y el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió al respecto lo que estimó procedente.

Para determinar si se cumple también con el requisito señalado en la grafía b., se toma en cuenta lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa el problema de constitucionalidad planteado entraña la posible fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, en virtud de que se impugnan el artículo 108 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí y la decisión que en él se emita podrá servir para establecer parámetros conforme a los cuales se deban resolver casos futuros en relación con el ámbito constitucional que rige a la aplicación del artículo recurrido.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Previamente a analizar los agravios formulados por el recurrente, es necesario precisar que de las constancias que integran los autos se desprende que el día catorce de septiembre de dos mil ocho, aproximadamente a las cuatro horas, ********** (víctima del delito) iba transitando en la vía pública, cuando fue lesionado por una arma de fuego que fue detonada por el ahora quejoso, ocasionándole una herida a la altura de la sexta vértebra cervical.

Con motivo de la citada lesión, al sujeto pasivo del delito se le practicaron diversas intervenciones quirúrgicas, dándosele de alta por mejoría el día nueve de diciembre de dos mil ocho y reingresando al hospital el día veintisiete de diciembre siguiente, donde falleció el veinte de enero de dos mil nueve; habiéndose establecido como causa de la muerte: falla orgánica múltiple, choque séptico, desnutrición severa, sección medular y herida por arma de fuego penetrante a cuello. En la misma fecha (catorce de septiembre de dos mil ocho) se inició la averiguación previa en contra del hoy peticionario de amparo por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Como consecuencia de tales hechos, al ahora recurrente se le siguió el proceso penal número 196/2008, ante el Juez Octavo del Ramo Penal del Estado de San Luis Potosí, dictándosele formal prisión por el delito por el que fue consignado y posteriormente, (veinte de enero de dos mil nueve), se inició la diversa indagatoria por el delito del homicidio en contra del ahora recurrente, instruyéndosele un diverso proceso penal ante el Juez Segundo de la propia materia y entidad federativa, decretándose la acumulación de los mismos, al primero mencionado, en el que al dictarse sentencia condenatoria en su contra, le fue impuesta, entre otras sanciones, pena privativa de libertad de nueve años, seis meses de prisión ordinaria, por la comisión del delito de homicidio previsto por el artículo 107 y sancionado por el diverso numeral 111, ambos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Conceptos de violación. En materia de constitucionalidad, el ahora recurrente hizo valer los que a continuación se sintetizan:

· Que el artículo 108 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional ya que prevé como hipótesis punitiva las lesiones mortales, pero no señala la temporalidad con base en la cual se pueda considerar que las lesiones producen la muerte, es decir, no establece la circunstancia de tiempo que permita identificar el enlace entre las lesiones y la muerte, con una relación natural de causa-efecto.

· Que dicha omisión origina el riesgo de que por quedar indeterminada e imprecisa la temporalidad dentro de la cual opera dicha vinculación, se pierda la certidumbre o seguridad de conceptos tan trascendentes para los gobernados, pues por el transcurso del tiempo surge la eventualidad de que causas ajenas a la lesión infieran en el resultado, dificultando la exacta aplicación de la ley.

· Que con la indeterminación temporal se vulneran las formalidades procesales de defensa pues se pierden, debilitan o desvanecen las posibilidades de obtener los elementos de convicción que habrían de aportarse para demostrar hechos distintos a los originalmente imputados y allegar, en consecuencia, los que resulten idóneos, conducentes y eficaces en relación con el delito que finalmente se le atribuya al procesado.

Consideraciones de la sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado del conocimiento, refirió los siguientes argumentos para negar al quejoso la protección constitucional solicitada:

· Que son infundados los conceptos de violación, ya que no es inconstitucional la norma, pues se trata de un elemento, que no resulta indispensable para la descripción del tipo penal, porque el punto central, en que se basa la actualización de la conducta ilícita, es precisamente la existencia de un nexo causal entre la lesión y la muerte de la víctima, sin importar el tiempo que transcurra entre el día en que se origina la lesión y aquél en que acontece el deceso, en tanto que por ello depende de diversos factores naturales, físicos e inclusive químicos, que no está al alcance del juzgador determinar certera ni razonablemente, pues se limitaría la efectividad de la norma penal.

· Que el parámetro que sirve al legislador para considerar ilícita una conducta en la que exista una lesión y que ésta cause la muerte del sujeto pasivo, es precisamente el resultado, por ser el que lleva a considerar actualizado el delito de homicidio y no así el tiempo en que tarde en producirse ese resultado.

· Que en la doctrina se establece que la finalidad que se persiguió en un primer momento para establecer en la descripción típica de las lesiones mortales, temporalidad entre el momento en que éstas se producen y aquél en que fallece la víctima, fue precisamente el entorno histórico, que debido al escaso desarrollo de la ciencia y la medicina, llevaba a estimar la temporalidad como un factor relevante para considerar que las lesiones eran mortales, precisamente por los deficientes medios con los que se contaba para prolongar la vida, aspecto que ha sido notoriamente superado, por lo que actualmente es obsoleto utilizar como referencia la temporalidad para establecer que una lesión ocasiona la muerte, dado el avance de la medicina, en razón de que la vida puede prolongarse con posterioridad a una lesión que es mortal con todos los instrumentos médicos y medicinas descubiertas hasta el momento.

· Que el factor fundamental y más objetivo que prevé la norma como necesaria para considerar una lesión como mortal, es precisamente la relación causa-efecto entre la lesión y la muerte.

· Que los medios para cerciorarse de esa causalidad dependen de otros factores, como son los dictámenes de especialistas médicos y la necropsia, tal como se establece en la fracción segunda del numeral en comento; de modo que la demostración de la existencia del vínculo entre la lesión y la muerte queda en el ámbito probatorio y no en el de la descripción típica, por lo que se requiere prueba de la acción u omisión del activo que puso en movimiento una de las condiciones causantes de la muerte del pasivo.

· Señaló, que el elemento esencial del ilícito en comento es precisamente la existencia de un nexo causal y no la temporalidad como factor concluyente que lleve a determinar una lesión como mortal, porque este dato es incierto, el cual no puede considerarse como parte de la descripción típica, sino como un factor que puede o no influir en la valoración de las pruebas con las que pretenda acreditarse la causalidad entre la lesión y la muerte, pues el factor tiempo entre ésta y aquélla puede verse afectado en cada caso concreto, con base en el estado físico y de salud de la vícti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80068-3910490b/amparo-directo-en-revision-277-2012-10-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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