Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. AUTORÍA INDETERMINADA Y COAUTORÍA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. ELEMENTOS PARA SU DIFERENCIACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3595/2021. · Registro digital (IUS): 31383
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-21
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, Pág.916.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3595/2021. 16 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión en amparo directo 3595/2021, interpuesto por el quejoso **********, por propio derecho, contra la sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el juicio de amparo directo **********.(1)

La cuestión constitucional que esta Sala debe resolver consiste en verificar la procedencia del medio extraordinario de impugnación que nos ocupa y, de ser ello en sentido afirmativo, determinar si el artículo 26 del Código Penal para el Distrito Federal (en adelante Código Penal para la Ciudad de México) es o no contrario a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, reconocidos en nuestra Constitución General.

I. ANTECEDENTES

1. Del hecho. El Tribunal Colegiado de origen estimó acreditado que el ocho de noviembre de dos mil quince, el quejoso y cuatro personas más, pertenecientes a una banda conocida como de **********, privaron de la vida al ahora occiso. De acuerdo con la mecánica delictiva, dos de los sujetos activos sometieron a la víctima cuando caminaba en la vía pública y la condujeron hacia una calle cerrada, en la cual se encontraban los demás agresores, entre ellos, el solicitante de la protección constitucional,(2) donde la golpearon con un tubo, la patearon y le arrojaron tabiques y piedras a la cabeza, ocasionándole choque hipovolémico grado III y traumatismo craneoencefálico.(3)

2. Del procedimiento penal. Con motivo de lo anterior se instruyó, conforme al sistema procesal mixto, la causa penal ********** del índice del Juzgado Quincuagésimo Sexto Penal de la Ciudad de México. El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se estimó al quejoso "autor indeterminado" del delito de homicidio calificado,(4) y tras fijarle un grado de culpabilidad medio, se le impusieron, entre otras sanciones, veintiséis años y tres meses de prisión.

3. En desacuerdo con esa decisión, el ahora recurrente interpuso recurso ordinario de apelación del que conoció la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (toca **********). Mediante la sentencia de trece de febrero de dos mil dieciocho, se confirmó lo resuelto en primera instancia.

II. TRÁMITE DEL JUICIO CONSTITUCIONAL

4. Amparo directo. El sentenciado de mérito promovió juicio de amparo directo. En la demanda adujo que la resolución reclamada violaba en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 14, 15, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como "los reconocidos a través del decreto de dieciocho de junio de dos mil ocho".

5. Por razón de turno, el asunto se remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde por acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte se admitió a trámite,(5) reconociéndose como terceros interesados a la concubina y al padre del hoy occiso, así como al representante social adscrito al tribunal de alzada.

6. Seguida la secuela procedimental respectiva, en sesión ordinaria virtual de diez de junio de dos mil veintiuno, el mencionado órgano de control constitucional negó el amparo.(6)

7. Recurso de revisión. Inconforme con esa negativa, mediante escrito presentado el seis de julio siguiente,(7) el peticionario de la protección constitucional, por propio derecho, interpuso recurso de revisión, el cual fue enviado a este Máximo Tribunal.

8. Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de trece de agosto de esa anualidad, ese medio extraordinario de impugnación se admitió a trámite, radicándose bajo el número de amparo directo en revisión 3595/2021. En dicho proveído se determinó que la Primera Sala debía conocer del mismo, por lo que los autos fueron turnados al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.(8)

9. Radicación. Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre siguiente, la presidenta de esta Primera Sala ordenó el abocamiento respectivo y envió el caso al Ministro instructor.(9)

III. COMPETENCIA

10. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo, así como 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo de su especialidad (materia penal).(10)

IV. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

11. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima(11) dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.(12)

V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

12. A efecto de verificar la procedencia y, en su caso, la materia de estudio del recurso de revisión que nos ocupa, en el presente apartado se reseñarán los i) conceptos de violación planteados en el juicio de amparo directo del que deriva este medio extraordinario de impugnación, ii) las consideraciones de la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento para negar la protección constitucional solicitada y iii) los agravios hechos valer.

13. Conceptos de violación. El demandante de la protección constitucional sostuvo que la resolución reclamada era violatoria de los artículos 1o., 14, 15, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a lo siguiente:

a) A través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho se incorporaron a nuestra Constitución General los "casos y condiciones" para la imposición no arbitraria de penas privativas de la libertad (alude al contenido de las fracciones I, V y VIII del apartado A del artículo 20 constitucional reformado); sin embargo, al ser juzgado conforme al sistema procesal penal "mixto", esas garantías no le fueron aplicadas, lo cual implica la invalidez de la condena.

b) A pesar de no existir medios de prueba idóneos y eficaces para probar que causó la muerte del pasivo, indebidamente se le consideró penalmente responsable del delito de homicidio calificado. Los deposados de los testigos de cargo debieron considerarse inverosímiles, al contener versiones totalmente "encontradas", pues mientras uno declaró que el sujeto pasivo pasó corriendo al ser perseguido por sus agresores, el otro indicó que la agresión se suscitó cuando aquél caminaba junto a ellos.

c) A fin de condenarlo sin pruebas, se le aplicó el artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual indebidamente autoriza a la autoridad judicial a emitir sentencia condenatoria "sin pruebas del daño", es decir, aunque no se haya acreditado plenamente la intervención del imputado en la comisión del delito. En otras palabras, se le responsabilizó de un homicidio sin saber si produjo o no la lesión mortal, contrariándose totalmente su presunción de inocencia. Por tanto, el citado dispositivo normativo viola lo previsto en las fracciones I, V y VIII del apartado A del artículo 20 constitucional reformado, las cuales le eran aplicables por reconocerle derechos humanos.

d) Si no existe prueba fehaciente de que una persona lesionó el bien jurídico, no podrá haber plena correspondencia entre el "hacer" del justiciable y el resultado típico. Consecuentemente, el precepto legal tildado de inconstitucional también infringe el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 22 de nuestra Constitución General.

14. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, con base en las siguientes consideraciones:

a) Calificó como infundado el concepto de violación identificado con el inciso a) del párrafo 13, debido a que si bien, de la literalidad del artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho se desprende que el sistema procesal penal acusatorio entraría en vigor al día siguiente de su publicación en las entidades federativas que ya lo hubieran adoptado en sus ordenamientos legales vigentes en esa época, no menos lo es que fue hasta el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en la Ciudad de México, de tal suerte que si el procedimiento en contra del justiciable inició antes, fue correcto juzgarlo conforme al sistema procesal anterior (mixto), siendo, por ende, válida la sentencia.

b) De manera contraria a lo aducido por el inconforme, estimó que la autoridad responsable justipreció correctamente el acervo probatorio allegado,(13) el cual fue analizado en forma congruente y exhaustiva en términos de los numerales 245, 246, 250, 251, 253, 254, 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, ajustándose por tanto el actuar de la autoridad responsable a los principios de legalidad y regulación probatoria; más aún, cuando esos medios de convicción, enlazados de manera lógica y jurídica, conformaron prueba circunstancial de eficacia plena para sostener el respectivo juicio de reproche, toda vez que fueron aptos y suficientes para comprobar el delito imputado y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, precisándose que fue acertado tomar en cuenta el dicho de los testigos de cargo por ser irrelevante la aparente contradicción destacada por el solicitante de la protección constitucional.

De manera específica, concluyó que con esas pruebas se demostró que:

- Fueron al menos cinco los agresores.

- Los sujetos activos portaban tubos, piedras y tabiques, mientras la víctima se encontraba inerme y caída.

- El cúmulo de golpes recibidos ocasionó al ahora occiso choque hipovolémico grado III y traumatismo craneoencefálico, los cuales fueron clasificados de mortales.

- La responsabilidad penal del peticionario del amparo fue como autor indeterminado, en términos del artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México, respetándosele en todo momento su presunción de inocencia, la cual se vio vencida por los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público.

c) Estimó inoperante el motivo de disenso a través del cual el promovente tildó de inconstitucional el artículo 26 en mención, en virtud de que eso lo hizo depender de los numerales 20 y 22 de nuestra Constitución General reformados mediante el decreto de ocho de junio de dos mil ocho, los cuales –dijo– "no le fueron aplicados", y agregó: "... máxime si en sus motivos de disenso el quejoso únicamente señaló la norma secundaria que estima inconstitucional, pero no indicó los ordinales constitucionales vigentes, lo que como se dijo, impide al análisis de aquéllos".(14) En apoyo citó la tesis P. CXXXIII/97, del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ."(15)

15. Agravios. A fin de combatir la resolución impugnada, el recurrente expresó lo siguiente:

a) Reiteró haber sido condenado "sin pruebas", lo cual resulta contrario a nuestra Constitución General, tanto en su texto anterior al decreto de dieciocho de junio de dos mil ocho, como después de éste.

b) Nunca reclamó que su causa penal debiera haberse seguido conforme al sistema acusatorio, sino que para el análisis del caso se tomaran en consideración los derechos humanos reconocidos por el mencionado decreto, toda vez que estos últimos no pueden estar sujetos a condiciones de temporalidad.

c) De ahí que fuera desacertado desestimar su petición, bajo el argumento de que esa reforma procesal no le había sido aplicada por haberse seguido el proceso penal de origen conforme al sistema mixto; es más, el artículo tercero transitorio del multicitado decreto determina claramente la invalidez de las sentencias emitidas bajo un sistema procesal distinto al establecido a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho.

d) No hay prueba de que causara la muerte de la víctima al no saberse quién produjo la lesión mortal, pero mediante la inconstitucional "ficción legal" contenida en el artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México, fue indebidamente condenado a una pena privativa de la libertad.

VI. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

16. De las reformas a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(16) y 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(17) se desprende que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está supeditada a que se cumplan los siguientes dos requisitos:

a) Que en las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, se omita injustificadamente el estudio de esas cuestiones;(18) y,

b) El problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.

17. Sobre esto último, un criterio será de interés excepcional en una resolución dictada en un amparo directo, si se advierte que i) la cuestión de constitucionalidad planteada da lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o bien, ii) lo decidido pudiera implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal, relacionado con temas propiamente constitucionales, ya sea por haberse resuelto en contra o por su inaplicación.

18. Con base en las anteriores directrices, concluimos que lo aducido en los agravios identificados con los incisos a), b) y c), resulta inatendible en esta instancia, al estar vinculados sustancialmente con la valoración probatoria llevada a cabo y con el modelo procesal aplicado, lo cual no podría ser reexaminado por este Alto Tribunal por constituir tópicos de mera legalidad, cuya solución no entrañó la interpretación directa de preceptos de orden constitucional.(19)

19. Sin embargo, supliendo la deficiencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo,(20) advertimos que el a quo omitió injustificadamente el estudio del concepto de violación a través del cual se tildó de inconstitucional el artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México, so pretexto de que el inconforme invocó como parámetro de control de la regularidad constitucionalidad las fracciones I, V y VIII del apartado A del artículo 20 constitucional reformado mediante el decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, siendo que su causa penal se había seguido conforme al sistema procesal mixto (lo cual está de algún modo relacionado con lo esgrimido por el inconforme en su último agravio).

20. La conclusión alcanzada por el Tribunal Colegiado de Circuito fue desacertada, pues le correspondía corregir el error en la cita(21) y contrastar el precepto legal cuestionado con el Texto Constitucional anterior a la indicada reforma; en mayor medida, cuando claramente se adujo que el numeral cuestionado contenía una "ficción legal" contraria a la presunción de inocencia y al principio de proporcionalidad, reconocidos en nuestra Ley Fundamental tanto antes como después de ese decreto.(22) Cuestión propiamente constitucional que da procedencia al recurso que nos ocupa, pues su resolución dará lugar a la emisión de un criterio de interés excepcional que permitirá, por un lado, diferenciar entre la coautoría y la llamada autoría indeterminada y, por otro, exponer las razones por las cuales esta última figura jurídica de ningún modo autoriza condenas sin pruebas o imponer sanciones desproporcionadas.

VII. ESTUDIO

21. Como precisamos en el apartado anterior, la cuestión constitucional que debemos resolver consiste en responder la siguiente interrogante:

22. ¿El artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México, que establece la figura de la autoría indeterminada o responsabilidad correspectiva, es o no contrario a los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad?

23. Quienes integramos esta Sala estimamos que dicha pregunta amerita una respuesta negativa, pues desde nuestra perspectiva, el contenido normativo de ese precepto legal de ningún modo autoriza a los Jueces penales a emitir condenas sin pruebas y, mucho menos, a imponer sanciones desproporcionadas.

24. A fin de exponer con mayor claridad las razones por las cuales arribamos a esta conclusión, es pertinente recordar que el análisis de la responsabilidad penal es una cuestión compleja, cuyo tratamiento debe partir de dos condicionantes ineludibles:

a) La primera es el respeto absoluto al debido proceso legal;(23) y,

b) La segunda, la presunción de inocencia, en la inteligencia de que dicha presunción sólo se logra vencer si la actividad probatoria del Ministerio Público logra demostrar, más allá de toda duda razonable, la plena culpabilidad del acusado.(24)

25. Esa complejidad se incrementa cuando en la comisión de un injusto doloso intervienen varios sujetos, tornándose extremadamente difícil si ese grupo de personas, sin mediar acuerdo alguno, despliegan individualmente acciones potencialmente eficaces para afectar el bien jurídico.

26. En ocasiones, y por la propia mecánica delictiva, resulta materialmente imposible saber el daño que cada agresor produce, como sucedió en el caso concreto, al ser imposible conocer cuál de los sujetos activos le causó a la víctima el traumatismo craneoencefálico considerado como la lesión mortal.(25)

27. A esto debemos añadir la necesidad de clasificar las diferentes formas de intervención de los codelincuentes, por lo cual no es de extrañarnos que en el derecho antiguo los problemas relacionados con la intervención múltiple de sujetos activos se resolvieran mediante la llamada teoría de la equivalencia de las condiciones y el uso de un concepto amplio de autor, también identificado por la doctrina como concepto unitario de autor, donde no importaba distinguir dentro de ese universo a los autores de los partícipes en sentido estricto.(26)

28. Dicho tratamiento igualitario tenía sentido porque se decía que causa del resultado era toda condición de la cual dependía su producción, con independencia de su mayor o menor proximidad o importancia. Por consiguiente, se creía acertado verificar la relación causal mediante una simple fórmula hipotético-negativa, en la que si se suprime mentalmente la conducta analizada y el resultado desaparece, aquélla lo ha provocado. A esta postura se le identificó también como teoría de la conditio sine qua non, según la cual todo aquel que aportara una condición para el resultado era autor de éste.

29. No obstante, la gran aceptación que en su momento tuvo esa forma de resolver los problemas inherentes a la codelincuencia, la cual incluso fue usada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con algunos correctivos,(27) lo cierto es que esa fórmula hipotético-negativa es insuficiente para resolver de manera acertada todos los casos derivados de la intervención penal múltiple, como sucede, por ejemplo, cuando convergen en un mismo hecho dos o más factores que, individualmente considerados, podrían ser por sí mismos eficaces para producir el resultado típico (causalidad cumulativa).(28) Tampoco esa equivalencia resultaba convincente al suponer artificialmente que todas y cada una de las condiciones involucradas son de igual relevancia jurídica para el derecho penal.(29) 30. Ante esos inconvenientes surgieron otras corrientes de pensamiento, como fue el caso de la teoría de la adecuación, donde no toda condición puede ser causa del resultado en sentido jurídico, sino sólo aquella que sea racionalmente adecuada para producirlo(30) y, por ende, conforme a esta postura la previsibilidad objetiva adquiere carácter sustancial.(31)

31. Hoy en día solemos acudir a la teoría de la imputación objetiva por considerar que guarda correspondencia con nuestra legislación vigente, al exigir para la atribución del resultado típico la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo se concrete en la afectación del bien jurídico, de tal modo que, además de la simple relación causal (primer elemento de la ecuación), se necesita acreditar una relación de riesgo (segundo elemento para la imputación).(32)

32. Como se puede apreciar, la determinación de la responsabilidad penal va de la mano con la imputación, debiéndose esclarecer la forma de intervención de los involucrados en la comisión de un delito, pues en la actualidad nuestro orden jurídico rechaza un concepto amplio o unitario de autor.(33)

33. Esto último se ve claramente reflejado en el contenido normativo del artículo 22 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual señala:

"Artículo 22 (Formas de autoría y participación). Son responsables del delito, quienes:

"I. Lo realicen por sí;

"II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;

"III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;

"IV. Determinen dolosamente al autor a cometerlo;

"V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión; y

"VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito.

"Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito que se quiso cometer.

"La instigación y la complicidad a que se refieren las fracciones IV y V, respectivamente, sólo son admisibles en los delitos dolosos. Para las hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá la punibilidad dispuesta en el artículo 81 de este código."

34. Este precepto legal recoge en sus distintas fracciones las diferentes formas de intervención delictiva, separando claramente la autoría de la participación en sentido estricto (además, asigna marcos de punibilidad diferenciados, al prever sanciones específicas para la complicidad).

35. De manera simplificada, podemos identificar esas formas de intervención del siguiente modo:

- Autoría directa (fracción I).

- Coautoría (fracción II).

- Autoría mediata (fracción III).

- Instigación (fracción IV).

- Complicidad (fracciones V y VI).

36. Es pertinente señalar que esta Primera Sala ha usado la teoría del dominio para establecer la distinción entre la autoría y la participación.(34) De acuerdo con esta postura, autor es quien tiene el control del hecho, reteniendo en sus manos el curso causal, de tal suerte que pueda decidir el sí y el cómo del injusto, por lo cual sólo podrán ser considerados autores quienes tengan tal poder de decisión. Este control opera de tres formas distintas:

a) Dominando la acción, que es cuando la persona realiza la conducta típica de propia mano (autor directo);

b) Ejerciendo un dominio funcional del hecho, al dividir la realización del injusto en su etapa ejecutiva (coautoría); o bien,

c) Controlando la voluntad ajena (autoría mediata).

37. También es conveniente señalar que la participación es el aporte doloso a un injusto ajeno, lo cual indica que nos encontramos frente a un concepto referenciado, al haber una relación de dependencia que confiere a esta forma de intervención delictiva una naturaleza accesoria.

38. La intervención conjunta a que se refiere la fracción II del artículo 22 del Código Penal para la Ciudad de México (coautoría) requiere un plan común y segmentación en la ejecución, razón por la que en tal supuesto todos los involucrados deben responder del resultado producido en la medida de su propia culpabilidad, aunque no sea factible determinar su aporte, pues han alcanzado el fin propuesto con dominio funcional.

39. Aunque la imposibilidad de determinar este último aspecto (daño o lesión específica causada) constituya una de las notas características de la autoría indeterminada a que se refiere el artículo 26 del invocado código punitivo,(35) no es la única, pues se debe agregar como elemento esencial para su actualización la ausencia de dominio funcional.

40. Dicho dispositivo normativo indica:

"Artículo 26 (Autoría indeterminada). Cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada quien produjo, para su punibilidad se estará a lo previsto en el artículo 82 de este código."(36)

41. Bajo este orden de ideas, hay una innegable distinción entre la coautoría y la autoría indeterminada, también conocida como responsabilidad correspectiva.

42. ¿Qué es lo que distingue a esas figuras jurídicas?

43. La respuesta es la siguiente: en la coautoría se actúa conforme a un plan común,(37) mientras en la autoría indeterminada no, tal como esta Suprema Corte tuvo oportunidad de señalar en diversos precedentes.

44. Son ilustrativas de ello los siguientes criterios de interpretación:

"RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA Y COPARTICIPACIÓN. La complicidad correspectiva comprende el caso de activos múltiples en los delitos de homicidio y lesiones, pero requiere indispensablemente la falta de preordenación; por eso se explica la disminución en la penalidad lo mismo en el caso en que se desconoce la causación material específica que en aquéllos en que se precisa la naturaleza de la lesión (mortal o no) de las lesiones inferidas. De no atenerse a este criterio, cualquier delito de homicidio o lesiones calificadas por ventaja determinada por el número de agresores sería una complicidad correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación puramente letrística. No basta que existan activos múltiples ni que se desconozca el resultado de la actividad de cada uno de los que intervienen, sino que es indispensable la ausencia de preordenación, pues si la hubiera se estaría dentro del supuesto de la participación general que contempla el artículo 13 del Código Penal Federal."(38)

"RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA, CUANDO NO SE DA EN EL HOMICIDIO. La responsabilidad correspectiva se funda en la imposibilidad de establecer la relación causal entre la lesión sufrida por el ofendido, originante de la muerte, y la acción lesiva desarrollada por el presunto autor, pero si de autos aparece demostrada la existencia de un acuerdo tácito para matar porque el acusado y acompañante, tan pronto como el ahora occiso abrió la puerta de su domicilio, de inmediato procedieron a agredirlo con las armas que portaban, es claro que su culpabilidad quedó probada en forma dolosa, dado que su accionar se originó con plena conciencia de su cooperación en la obra conjunta representada previamente y querida, lo cual resulta suficiente para estimar que en la especie carece de aplicabilidad la aludida regla de la responsabilidad correspectiva, por estarse frente a una coautoría en el homicidio."(39)

45. Entonces, ¿en qué casos se debe aplicar el artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México?

46. Para quienes integramos esta Sala nos resulta claro que este precepto legal contempla un supuesto normativo distinto al previsto en la fracción II del numeral 22 de ese ordenamiento punitivo, ya que en la autoría indeterminada o responsabilidad correspectiva no existe un plan común entre los intervinientes, los cuales despliegan conductas potencialmente eficaces para la consecución del resultado típico sin que medie acuerdo alguno entre ellos, siendo elemento característico de esta figura jurídica el desconocimiento del daño que cada sujeto activo produce, ignorancia que de ninguna manera debe explicarse en razón del quehacer probatorio defectuoso de la parte acusadora, sino de las propias circunstancias del hecho.

47. En otras palabras, en la autoría indeterminada o responsabilidad correspectiva no hay duda de la intervención del imputado en la afectación del bien jurídico, pero es materialmente imposible determinar el daño específico que produjo, lo cual da lugar a la pena menor, mas no a la impunidad.

48. Por tanto, a diferencia de lo esgrimido por el inconforme, el artículo 26 del Código Penal para la Ciudad de México no contempla una "ficción legal" contraria a la presunción de inocencia o al principio de proporcionalidad, pues no autoriza a los Jueces penales a emitir condenas sin pruebas, ni permite la imposición de sanciones excesivas.(40)

49. Lo primero, porque su aplicación exige la plena demostración de la intervención del justiciable, al tenerse que acreditar, más allá de toda duda razonable, que ha desplegado en el mundo fáctico una conducta eficaz para la producción material del resultado típico imputado;(41) lo segundo, porque ante la convergencia simultánea de otras acciones igualmente potenciales para conseguirlo, sin poderse determinar el daño que cada una de ellas causó, resulta válida una punibilidad diferenciada.

50. Es más, sería factible cuestionar la proporcionalidad(42) de la indicada reacción punitiva si en lugar de una sanción menor el legislador hubier

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31383-38ba48bb/autoria-indeterminada-en-la-comision-de-un-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.