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LESIONES. EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL NO PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBAN TENERSE COMO MORTALES A AQUÉLLAS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LESIONES. EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL NO PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBAN TENERSE COMO MORTALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE DEFENSA DEL INCULPADO, POR LO QUE DEBE ATENDERSE AL CASO CONCRETO Y NO A ESA TEMPORALIDAD PARA DETERMINAR SI SE TRANSGREDEN O NO LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 584/2011. · Registro digital (IUS): 23607
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1946.

AMPARO DIRECTO 584/2011. 27 DE DICIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ. PONENTE: PEDRO ELÍAS SOTO LARA. SECRETARÍA: ARACELY DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CASTILLO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación que se hacen valer deben desestimarse, sin que este Tribunal Colegiado advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

En principio, de acuerdo con la técnica que rige el juicio de garantías, procede analizar los conceptos de invalidez tendentes a evidenciar que los artículos 107 y 108 del Código Penal vigente para el Estado de San Luis Potosí, contravienen el principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no prever el plazo dentro del cual debe tenerse como mortal una lesión.

Sobre este tópico, el quejoso sostiene que el artículo 108 del Código Penal del Estado es inconstitucional, pues prevé como hipótesis punitiva, las lesiones mortales, pero no señala la temporalidad con base en la cual se pueda considerar que las lesiones producen la muerte, esto es, no establece la circunstancia de tiempo que permita identificar el enlace entre las lesiones y la muerte, con una relación natural de causa-efecto, aspecto que considera el legislador puede fijar válidamente.

Refiere que dicha omisión origina el riesgo de que por quedar indeterminada e imprecisa la temporalidad dentro de la cual opera dicha vinculación, se pierda la certidumbre o seguridad de conceptos tan trascendentes para los gobernados; pues por el transcurso del tiempo surge la eventualidad de que causas ajenas a la lesión infieran en el resultado, dificultando la exacta aplicación de la ley, por omisión de ésta.

Añade el peticionario de garantías que con la indeterminación temporal se conculcan las formalidades procesales de defensa pues se pierden, debilitan o desvanecen las posibilidades de obtener los elementos de convicción que habrían de aportarse para demostrar hechos distintos a los originalmente imputados y allegar al proceso, en consecuencia, los que resulten idóneos, conducentes y eficaces en relación con el delito que finalmente se le atribuya al procesado.

El solicitante del amparo como fundamento de su argumento cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR." y la tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal: "LESIONES, LA OMISIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL SE DEBEN TENER COMO MORTALES, VIOLA LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE OBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO."

Previo a la calificación del concepto de violación en análisis, conviene tener presente que en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de catorce de abril de dos mil diez pronunciada por los Magistrados que integran la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación número ********** que modifica la emitida por el Juez Octavo del Ramo Penal de esta ciudad en el proceso penal número **********, en cuanto la pena impuesta al aquí quejoso y su grado de peligrosidad.

Dicha sentencia es la que culminó el proceso penal seguido en contra del aquí quejoso **********, como supuesto responsable de los hechos ocurridos el día 14 de septiembre de dos mil ocho, cuando se le ocasionó al sujeto pasivo del ilícito una lesión por arma de fuego a la altura de la sexta vértebra cervical, quien fue hospitalizado durante tres meses, en los cuales se le practicaron diversas intervenciones quirúrgicas, hasta su alta por mejoría el día nueve de diciembre de dos mil ocho y, posteriormente, reingresó el día veintisiete del mismo mes y año, hasta su defunción el día veinte de enero de dos mil nueve, estableciéndose en la necropsia respectiva como causas de la muerte las siguientes: falla orgánica múltiple, choque séptico, desnutrición severa, sección medular y herida por arma de fuego penetrante a cuello.

Ahora bien, aun cuando de la lectura íntegra del acto reclamado se advierte que la Sala responsable no citó textualmente el artículo 108 del Código Penal del Estado (pues únicamente invocó el 107 del mismo ordenamiento), lo cierto es que implícitamente sí se aplicó dicho precepto, como se evidenciará a continuación.

El multicitado artículo 108 de la legislación en cita establece lo siguiente:

"Artículo 108. Para la imposición de las sanciones que corresponden a quien cometa el delito a que se refiere el artículo anterior (homicidio)(1) se tendrá como mortal una lesión cuando se verifiquen las circunstancias siguientes:

"I. Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable o por no tenerse al alcance los recursos necesarios, y

"II. Que, si se encuentra el cadáver de la víctima y sea necesaria la necropsia, declare el perito o los peritos que la practiquen que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este, en los dos siguientes y en Código de Procedimientos Penales.

"Cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la necropsia, bastará que el perito o los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas."

De la transcripción realizada se tiene que dicho precepto regula el supuesto en el que las lesiones deben considerarse mortales a fin de estimar actualizado el ilícito de homicidio.

En el acto reclamado, la Sala responsable sólo hace alusión expresa al artículo 107 del Código Penal del Estado, mismo que prevé (de manera genérica) el tipo penal del homicidio; no obstante, concluye que la privación de la vida de ********** se da como consecuencia de las complicaciones de la lesión producida por el disparo de arma de fuego, es decir, que la agresión a la espinal es la causante de las patologías presentadas al momento del deceso, a saber: choque séptico, falla orgánica múltiple, así como la desnutrición severa.

En ese sentido, es la propia Sala quien nos ubica en el supuesto contemplado por el artículo aquí combatido, que contempla las lesiones que deben considerarse como mortales, pues incluso del análisis que aquélla realiza del material probatorio, es de donde justifica la relación de causa-efecto entre la lesión y las causas de la muerte.

En ese orden de ideas, este órgano colegiado concluye que independientemente de que no exista citación expresa del artículo en cuestión, el mismo se encuentra implícitamente aplicado en virtud de la conclusión a la que arribó la Sala responsable, pues el hecho fáctico que se estimó actualizado fue el contemplado en dicho precepto; de ahí que pueda ser analizada la constitucionalidad del mismo.

Precisado lo anterior, se estima infundado el concepto de violación, como se evidenciará enseguida.

En principio, debe señalarse que la garantía de exacta aplicación de la ley penal, que se aduce violada, guarda estrecha vinculación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por lo que su estudio se hará en forma conjunta.

El párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en los juicios del orden criminal, al establecer lo siguiente:

"Artículo 14. ...

"...

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ..."

La anotada garantía tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sin lege (no existe una pena sin una ley que la establezca). De modo, que sólo pueden castigarse penalmente conductas que se encuentren debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y únicamente pueden aplicarse las penas que estén preestablecidas en la ley para sancionarlas.

Esta previsión busca salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a las que no puede considerarse delincuentes sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable.

En un comienzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, se traduce en la prohibición de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, pues la imposición de una pena por analogía se traduce en la aplicación de una norma que contiene una determinada sanción a un caso que no está expresamente castigado por ésta, puesto que la pena que se pretendiera imponer al hecho no penado en la ley, no tendría una existencia legal previa, violándose con ello los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sin lege.

De igual modo, se precisó que la mencionada garantía no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate, sino que obliga también al legislador a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador, por lo que la ley penal debe estar concebida de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los delitos o las penas, sean claros, precisos y exactos a fin de evitar que la autoridad aplicadora incurra en confusión ante la indeterminación de los conceptos y, en consecuencia, en demérito de la defensa del procesado.

Consideraciones las anteriores que plasmó en la tesis 1a. XLIX/2002, publicada en la página 58 del Tomo XVI, julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"ROBO DE INFANTE. EL ARTÍCULO 302, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, AL PREVER EXPRESAMENTE LA PENA POR LA COMISIÓN DE AQUEL DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en la prohibición de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, pues la imposición de una pena, implica, también por analogía, la aplicación de una norma que contiene una determinada sanción a un caso que no está expresamente castigado por ésta, es decir, aquella imposición y aplicación por analogía, es la que proscribe dicha garantía, ya que la pena que se pretendiera imponer al hecho no penado en la ley, no tendría una existencia legal previa, violándose con ello los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege; asimismo, es de precisarse que la mencionada garantía no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate, sino que obliga también al legislador a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador, por lo que la ley penal debe estar concebida de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los delitos o las penas, sean claros, precisos y exactos a fin de evitar que la autoridad aplicadora incurra en confusión ante la indeterminación de los conceptos y, en consecuencia, en demérito de la defensa del procesado. En este tenor, se concluye que el artículo 302, fracción V, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla cumple con la citada garantía constitucional, toda vez que precisa debidamente la consecuencia jurídica del delito de robo de infante, pues expresamente establece la pena correspondiente, esto es, prisión de dieciocho a cincuenta años y multa de cien a mil días de salario mínimo, con lo que se otorga certeza jurídica a quien se le aplique tal sanción y se evita, en consecuencia, la arbitrariedad en la actuación de la autoridad aplicadora."

Dichos razonamientos fueron reiterados en la tesis aislada 1a. LXXXIX/2005, emitida por el mismo órgano de control constitucional, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 299, cuyos rubro y texto dicen:

"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa."

Ahora bien, el legislador atendiendo a la naturaleza de la conducta y a lo intolerable que se vuelve para la sociedad, la regula mediante las leyes penales, estableciendo normas prohibitivas o normas preceptivas, protegiendo, de esa manera, los bienes más valiosos para la existencia de la propia sociedad y es en esta labor donde debe respetar y velar por la garantía de exacta aplicación de la ley, describiendo adecuadamente el tipo penal y estableciendo adecuadamente las penas aplicables al injusto.

En este orden de ideas, existen elementos que son comunes a todo tipo penal, por ejemplo, la acción u omisión, el bien jurídico protegido, el sujeto activo y el sujeto pasivo; y otros elementos que no son comunes, pero que algunos tipos penales sí los contienen, como pueden ser calidades específicas en el sujeto activo o en el sujeto pasivo, el objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, elementos normativos y elementos subjetivos específicos.

Por tanto, con base en los parámetros ya anotados, el legislador en ejercicio de las facultades que le han sido atribuidas, establece los tipos penales y los elementos que los conforman, lo cual dependerá de cada conducta que se trate de regular y del bien jurídico que se pretenda proteger; por ende, no todos los tipos penales contendrán los mismos elementos, de ahí que esa diversidad no implique, en todos los casos, violación de garantías individuales.

Ahora bien, no obstante que el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, obliga al legislador a establecer en forma clara, completa y precisa la conducta típica, ese deber no puede llevarse al extremo de considerar que en la redacción de los dispositivos legales se tenga que definir vocablos o locuciones ahí utilizados, o bien, que se realice una descripción que cumpla con los lineamientos o expectativas de los gobernados, en particular, satisfaciendo sus intereses personales. Esto, en razón de que no debe olvidarse que entre los atributos de toda ley, sin importar su naturaleza, se encuentran los de generalidad y abstracción, con base en los cuales la ley no puede ser casuística o particularizada.

En este sentido, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 83/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170 del Tomo XX, octubre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR. Es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios -considerando también a los de la materia penal- defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función. De ahí, que resulte incorrecto y, por tanto, inoperante, el argumento que afirme que una norma se aparta del texto de la Ley Fundamental, porque no defina los vocablos o locuciones utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en los términos que emplean."

Establecido todo lo expuesto, en el particular, se tiene que el artículo 107 del Código Penal vigente para el Estado de San Luis Potosí, establece lo siguiente:

"Artículo 107. Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro.

"Incurre en homicidio por omisión, quien teniendo el deber de cuidado hacia un enfermo, incapaz o menor por razones de cercanía o parentesco se abstenga de prestarle protección o impida su tratamiento médico, influyendo con tal indolencia en su muerte."

El injusto penal contenido en el primer párrafo del citado precepto tiene los elementos siguientes:

a) Conducta. Privar de la vida a otro.

b) Resultado. El resultado se consuma en el momento de originarse la muerte de una persona producida por otra.

c) Sujeto activo. Puede serlo cualquier persona. Como autor, quien teniendo dominio del hecho realiza materialmente la conducta; como partícipe, quien intervenga en el hecho punible en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 8 del Código Penal vigente para el Estado de San Luis Potosí.(2)

d) Sujeto pasivo. Puede serlo cualquier persona, con las salvedades establecidas por el artículo 114 Bis del citado ordenamiento sustantivo penal potosino.

e) Bien jurídico tutelado o protegido. La vida humana.

f) Elementos normativos. El humano, la persona física.

g) Elementos subjetivos específicos. Nuestro sistema penal estatal establece, de acuerdo al ordinal 7,(3) que el delito puede ser doloso, culposo o preterintencional, siendo en esta última hipótesis la persona que causa el resultado típico mayor al querido o aceptado.

h) Nexo causal. Es el producido entre la acción efectuada por el inculpado en orden con los elementos establecidos en el numeral 107 y el resultado típico debidamente comprobado en el proceso penal.

Por su parte el artículo 108 del mismo ordenamiento dispone:

"Artículo 108. Para la imposición de las sanciones que corresponden a quien cometa el delito a que se refiere el artículo anterior (homicidio)(4) se tendrá como mortal una lesión cuando se verifiquen las circunstancias siguientes:

"I. Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable o por no tenerse al alcance los recursos necesarios, y

"II. Que, si se encuentra el cadáver de la víctima y sea necesaria la necropsia, declare el perito o los peritos que la practiquen que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales.

"Cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la necropsia, bastará que el perito o los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas."

Este último artículo prevé el supuesto específico en el cual la muerte de una persona es el resultado o la consecuencia de una lesión que le fue producida por otra, caso en el que se considerará cometido el ilícito de homicidio.

En este asunto, el punto central a debate es determinar si para considerar respetada la garantía de exacta aplicación de la ley penal, es necesario que el legislador al describir el tipo, establezca el tiempo en que debe acontecer la muerte de una persona que sufre una lesión, como para considerar que ésta le causó la muerte, pues ello incidirá en que se considere actualizado el ilícito de homicidio.

Respecto del punto medular que se controvierte por el quejoso, se advierte que efectivamente la norma en comento no contempla un espacio temporal dentro del cual la lesión pueda ser considerada como mortal, como sí lo hacía el Código Penal abrogado.

Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que esa circunstancia no es suficiente para considerar inconstitucional la norma, en tanto que se trata de un elemento que no resulta indispensable para la descripción del tipo penal, en tanto que el punto central en que se basa la actualización de la conducta ilícita es precisamente la existencia de un nexo causal entre la lesión y la muerte de la víctima, sin importar el tiempo que transcurra entre el día en que se origina la lesión y aquel en que acontece el deceso, en tanto que ello depende de diversos factores naturales, físicos e incluso químicos, que no está al alcance del juzgador determinar certera ni razonablemente, pues se limitaría la efectividad de la norma penal.

Se estima de este modo, pues basta la lectura del último precepto transcrito para advertir que el parámetro que sirve al legislador para considerar ilícita una conducta es precisamente que exista una lesión y que ésta cause la muerte del sujeto pasivo, es precisamente el resultado el que lleva a considerar actualizado el delito de homicidio, y no así el tiempo en que tarde en producirse ese resultado, lo cual se estima razonable, pues atendiendo a los casos particulares, se tiene que una misma lesión producida en diversas personas puede tener muchos y variados efectos, por lo que el tiempo en que la misma pudiera traer como consecuencia la muerte, no puede ser medido y establecido con exactitud en una norma.

En efecto, el que una lesión ocasione o no la muerte es una variable dependiente tanto de agentes particulares de la víctima como de los externos que imperan en un determinado tiempo y lugar. Así, entre los primeros encontramos los que van desde la propia complexión de la persona, su estado de salud, la eficiencia de sus órganos internos, y su resistencia e inmunidad a factores biológicos y químicos; mientras que dentro de los segundos encontramos la inferencia del medio ambiente, la calidad de vida, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la medicina.

Esto se corrobora, si tomamos en cuenta lo expuesto por la doctrina en la que encontramos que la finalidad que se persiguió en un primer momento para establecer en la descripción típica de las lesiones mortales la temporalidad entre el momento en que éstas se producen y aquel en que fallece la víctima, fue precisamente el entorno histórico, que debido al escaso desarrollo de la ciencia y la medicina, llevaba a considerar la temporalidad como un factor relevante para considerar que las lesiones eran mortales, precisamente por los deficientes medios con los que se contaba para prolongar la vida, aspecto que hoy en día ha sido notoriamente superado.

Ciertamente, los motivos que dieron lugar a establecer una temporalidad para considerar a una lesión como mortal no eran científicos, sino que, según Mariano Jiménez Huerta,(5) eran resultado de la observación y la experiencia de casos análogos.

El mencionado autor, citando a Martínez de Castro, sostiene que en el Código Penal de 1871, la regla relacionada con la temporalidad, se estableció: de acuerdo con la comisión auxiliar después de cerciorarse ésta, por los datos que suministran los libros del Hospital de San Pablo, de que serán muy raros los casos en que una herida cause la muerte después de sesenta días.

También destacó que dicho término que como máximo debía mediar entre el acto de lesión y la muerte acaecida, ya se establecía en el artículo 629 del Código Penal Español de 1822 y en ninguna de las citas se refería a una razón científica, sino que la temporalidad se determinaba acorde a una costumbre de hacía más de un siglo.

Conforme a lo expuesto, es claro que el fin que se perseguía al establecer la temporalidad de referencia, era tener un parámetro orientador para establecer el nexo causal entre la lesión y la muerte, lo cual en siglos pasados sólo era posible de ese modo, debido al poco desarrollo científico.

Empero, actualmente resulta obsoleto utilizar como referencia la temporalidad para establecer que una lesión ocasiona la muerte, tan es así que diversos Códigos Penales de la República, han derogado la disposición en la que se contenía ese requisito, a manera de ejemplo puede citarse la normativa de Michoacán, de cuyo artículo 261, que prevé el supuesto en análisis, se advierte que la fracción II del mismo fue derogada el tres de agosto de mil novecientos noventa y ocho; así como el dispositivo 313 del Estado de Puebla, cuya fracción II, también fue derogada y finalmente el Código Penal de Tamaulipas, pues la redacción de su artículo 330 es similar al nuestro. Así como el artículo 124 del Código Penal para el Distrito Federal y el 303 del Código Penal Federal, cuya fracción II, se derogó mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Ello, en tanto que no resulta viable, establecer una causalidad con base en ese elemento, debido a que los avances científicos ofrecen otros medios para obtener una conclusión en ese sentido, aunado a que el factor tiempo se torna demasiado relativo, pues hoy en día existen muchas más formas y medios para prolongar la vida aun cuando una persona resulte lesionada, debido precisamente a los avances de la medicina, la tecnología e incluso la infraestructura de los hospitales.

En orden con lo expuesto, actualmente, ya no puede establecerse un lapso de temporalidad para considerar que una lesión ocasiona la muerte, dado el avance de la medicina, en razón de que como se dijo, la vida puede prolongarse con posterioridad a una lesión que es mortal, con todos los instrumentos médicos y medicinas descubiertas hasta el momento.

Así pues, el factor fundamental y más objetivo que prevé la norma como necesario para considerar una lesión como mortal, es precisamente la relación causa-efecto entre la lesión y la muerte, esto es, las condiciones en las que una conducta es causa de un deceso, lo que se traduce en una relación necesaria derivada de una ley físico-natural, conocida por el agente.

Relación o nexo causal que puede demostrarse por diversos medios y no necesariamente con el temporal; de ahí que la falta de previsión de este aspecto en el artículo 108 que trata de las lesiones mortales, no es un factor para considerarlo inconstitucional, pues el mismo sí establece como requisito indispensable y necesario que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o a alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable o por no tenerse al alcance los recursos necesarios.

Por tanto, se concluye que los medios para cerciorarse de esa causalidad dependan de otros factores, como son los dictámenes de especialistas médicos y la necropsia, tal como se establece en la fracción segunda del referido numeral; de modo que la demostración de la existencia del vínculo entre la lesión y la muerte queda en el ámbito probatorio y no en el de la descripción típica, por lo que se requiere prueba de que con la acción u omisión del activo se puso en movimiento una de las condiciones causantes de la muerte del pasivo. Nexo causal que estará determinado por lo que se establezcan en las pruebas idóneas y eficaces sobre ese tópico y no por la temporalidad, que ha dejado de ser un factor determinante para establecer certeramente esa causalidad.

Lo expuesto se corrobora si tomamos en cuenta el contenido de los preceptos 109 y 110 del Código Penal vigente para el Estado de San Luis Potosí, de los que se desprenden otros factores que influyen para considerar si se está o no en presencia de lesiones mortales, los cuales se refieren

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23607-4ec66f8b/lesiones-el-articulo-108-del-codigo-penal-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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