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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3633/2013. · Registro digital (IUS): 80139
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Versión electrónica, Pág. 12.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3633/2013. 20 de OCTUBRE DE 2014. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de octubre de dos mil catorce.

V I S T O S para resolver los autos del recurso de revisión 3633/2013, derivado del juicio de amparo directo penal **********, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil trece, ante el Supremo Tribunal Militar, ********** por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

Como ordenadora:

" Los Magistrados Integrantes del H. Supremo Tribunal Militar.

Como ejecutora:

" Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar.

" Director de la Prisión Militar de la Primera Región Militar.

Acto reclamado: La ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil siete, dictada en el toca de apelación ********** donde parcialmente confirma la sentencia definitiva dictada dentro de la causa penal ********** y acumulada **********.

SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo Presidente lo admitió a trámite mediante proveído de doce de junio de dos mil trece, ordenó su registro bajo el número **********, y dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde.(1)

Seguidos los trámites procesales correspondientes, el órgano colegiado dictó sentencia el veintiséis de septiembre de dos mil trece, en la que resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, contra el acto reclamado del Supremo Tribunal Militar y Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar.

CUARTO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el quince de octubre de dos mil trece, **********, por propio derecho, interpuso recurso de revisión.

Asimismo, en proveído de dieciséis de octubre de dos mil trece, el Presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tuvo por interpuesto el medio de impugnación mencionado y ordenó su envío a este Alto Tribunal.

QUINTO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la remisión anterior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de cuatro de noviembre de dos mil trece, ordenó formar y registrar el recurso de revisión bajo el número 3633/2013, lo admitió y lo turnó para su conocimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de este Alto Tribunal, por corresponder a su especialidad, esto con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice, así como su radicación en la referida Sala; asimismo se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la Republica, por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Alto Tribunal.

SEXTO. Avocamiento de la Primera Sala. De esta forma, el Ministro Presidente de la Primera Sala, mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil trece, se AVOCÓ al conocimiento del recurso de revisión interpuesto y además, determinó enviar los autos a la Ponencia de su adscripción para la elaboración del proyecto de resolución.

SÉPTIMO. Remisión del asunto al Tribunal Pleno. En sesión de doce de febrero de dos mil catorce, los Señores Ministros integrantes de la Primera Sala acordaron RETIRAR el asunto para ser remitido al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anterior, el Presidente de la Primera Sala, por proveído de trece de febrero siguiente, solicitó a la Subsecretaría General de Acuerdos hacer las anotaciones correspondientes en los libros respectivos, con la finalidad de dar de baja el asunto y que causara alta en el índice del Tribunal Pleno; y la Secretaría General de Acuerdos se avocara a su conocimiento y resolución.

Aspecto anterior que se desahogó mediante certificación realizada por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal de diecinueve de febrero de dos mil catorce, y en la que se remitieron de nueva cuenta, los autos de mérito a la Ponencia del Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución y diera cuenta con él al Pleno de este Máximo Tribunal Constitucional.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el Punto Segundo, fracción III, Acuerdo General Plenario 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior, en virtud de que el recurso fue interpuesto contra una resolución pronunciada en un juicio de amparo directo, en la que, el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una interpretación implícita del artículo 13 de la Constitución Federal al responder al concepto de violación en el que el quejoso planteó la incompetencia de las autoridades responsables para conocer del proceso penal que se seguía en su contra.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.

El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil trece por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, le fue notificada al quejoso el tres de octubre del mismo año,(2) surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el cuatro del citado mes y año, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo vigente.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al dieciocho de octubre de dos mil trece, sin contar en dicho cómputo los días doce, y trece de octubre de dos mil trece, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el quince de octubre de dos mil trece, resulta evidente que se interpuso oportunamente.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos necesarios en esta instancia, son los que a continuación se sintetizan:

I. Conceptos de violación: En lo que al caso interesa, el quejoso hizo valer en síntesis los siguientes argumentos:

" Se duele de que en ningún momento desde su detención y en la fase de averiguación previa se le respetaron las garantías individuales en relación a su derecho de no declarar y guardar silencio o negarse a declarar, y sobre todo no se le respeto el derecho a no auto-incriminarse, asimismo manifiesta nunca fue informado sobre dichos derechos, pues al contrario se le obligó a auto-incriminarse de forma coactiva, al igual que mediante presión psicológica advierte fue torturado y obligado a declarar.

" En otro punto refiere que no se le respetó el derecho a contar con una defensa adecuada desde el momento de la detención, toda vez que desde dicha detención no fue informado de los derechos consagrados en el artículo 20 Constitucional.

" Señala que se viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política, toda vez que las resoluciones que dictaron las autoridades militares en primera y segunda instancia son nulas de pleno derecho, las cuales carecen de validez a la luz de la ley y las garantías de legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso, ya que los tribunales militares no eran la autoridad competente para conocer de este asunto, y existía incompetencia en razón al fuero, lo que implica la inconstitucionalidad de todas las actuaciones, por lo cual se cometió una violación trascendental al resultado del fallo condenatorio, el cual es nulo de pleno derecho.

" Manifiesta que le fueron violadas las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política, mismas que contienen los principios de legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso, en el cual para condenar a un individuo debe existir CERTEZA PROBADA de los hechos y la certeza se obtiene acreditado y comprobando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, EL HECHO QUE NO ESTÉ COMPROBADO EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD, es una violación de fondo que trasciende en el resultado del fallo, en el caso concreto y particular.

Aduce que no está comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad por virtud, de que como mínimo no está acreditada y menos comprobada la existencia del delito.

De la misma forma no está comprobado que se permitió el paso de la droga a Estados Unidos de Norteamérica, pues ningún órgano del gobierno americano lo informó, ni tampoco ninguna persona física o moral, de hecho el gobierno americano ni si quera como país ofendido o víctima denunció los hechos que son materia del delito.

II. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado, calificó de infundados los conceptos de violación, con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan:

Señaló que no existe prueba de que haya sido obligado a declarar, como bien lo expuso la autoridad responsable, pues si bien el quejoso afirma que fueron sometidos a presión psicológica y física, también es cierto que de los certificados médicos que fueron presentados en la indagatoria en relación con las declaraciones ministeriales, no se advierten esas alteraciones a que alude el quejoso. En tanto que tampoco existe prueba de esa incomunicación.

En relación con la manifestación acerca de que no fue informado de sus derechos desde su detención, es infundada, porque en el caso, contrario a lo alegado, existe constancia que desde su comparecencia ante la autoridad ministerial militar como ante el juez del fuero castrense, se le hicieron saber los derechos que tiene, tal y como se asentó en las respectivas constancias.

En cuanto a la manifestación vinculada con que durante el procedimiento ante el juez del proceso, careció de defensa adecuada, porque no se le permitió ofertar pruebas pertinentes e idóneas para demostrar su inculpabilidad advierte el Colegiado que durante la secuela procesal, existió período probatorio común para todos los procesados, al que ciertamente estuvo en posibilidad de acceder el quejoso, sin que por ello esté obligado a ofrecer pruebas, pues al ser un derecho, puede o no hacerlo; sin embargo, se advierte que al tener el patrocinio del defensor de oficio, las pruebas aportadas por éste fueron también a su favor, aunque después revocara tal nombramiento; pruebas que como consta en autos, se desahogaron.

En cuanto a la afirmación de que no contó con una defensa adecuada, señala el Tribunal Colegiado que las manifestaciones del quejoso son infundadas, porque de las constancias que tuvo a la vista la autoridad responsable, se advierte que desde el inicio del procedimiento y en uso del derecho de defensa, el quejoso designó al defensor de oficio, incluso durante la secuela procesal estuvo en oportunidad de revocarlo y así lo hizo; sin que en el caso, se advierta prueba alguna de que al quejoso se le impidiera la comunicación con su defensor, es decir, no se obstruyó su materialización ya que no consta que el quejoso haya solicitado entrevista previa y en privado con su defensor, o se interfiriera u obstaculizara la participación efectiva del defensor; por tanto, de las constancias se advierte la satisfacción de las condiciones que posibilitaron la defensa adecuada del quejoso, sin que ello implique que deba revisarse la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada.

Asimismo, el Tribunal Colegiado señala que los restantes conceptos de violación que hace valer el quejoso son infundados.

En efecto, en el primero de tales conceptos, advierte es infundado, porque el delito contra la salud puede juzgarse por el tribunal militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas, por lo que ciertamente se actualiza la competencia de los tribunales militares para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio; siempre y cuando, esos delitos no sean cometidos contra civiles individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento; pues incluso así lo resolvió este Máximo Tribunal del País.

Por tanto, de acuerdo con las particularidades derivadas del asunto, advirtió que es infundado el concepto de violación pues el tribunal militar que juzgó el acto reclamado no es incompetente para ello; pues, advirtió que en los hechos juzgados en el acto reclamado, únicamente se encuentran involucrados elementos de la milicia mexicana quienes fueron acusados por permitir la extracción del país de narcótico; específicamente el quejoso era soldado, y por tanto, los actos que se le atribuyen se encuentran comprendidos en los supuestos previstos en el artículo 57 del Código de Justicia Militar; también se observó que en ninguna parte se apuntó que estuviera señalado como víctima del delito alguna persona del orden civil, pues se precisó que el sujeto pasivo es el propio Estado; es decir, la sociedad misma, que reciente un menoscabo, por haberse vulnerado normas de orden público, con motivo de la perpetración del ilícito; por lo que la remisión del Código de Justicia Militar, al Código Penal Federal, es lo que proporciona el sustento jurídico de la competencia militar, cuando no se está en los supuestos de excepción precisados y el delito es cometido por el miembro del ejército cuando realiza sus funciones.

Destacó que, de los artículos 194, fracción II y 196, fracción I, ambos del Código Penal Federal, que establecen el tipo penal por el cual fue sentenciado el quejoso, se advierte que se refiere a la existencia de una conducta, cuya prohibición está orientada a proteger la salud pública; precisando que incluso, de manera particular, se involucra la disciplina militar, cuando precisamente se prevé la circunstancia calificativa que dispone el legislador, incluso al sustentar como pena la baja definitiva de las fuerzas armadas, lo que implica que ese tipo de conductas no son de ninguna manera toleradas por la disciplina militar.

Así dijo que, en tanto que tratándose del referido delito contra la salud, se busca proteger la salud pública en tanto la afecta potencialmente como un todo, en virtud de que la salud de los consumidores se lesiona por los efectos nocivos que produce el vegetal conocido como marihuana, por lo que la salud pública, que abarca el estado sanitario de toda la población del país, está organizada de acuerdo con los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal o federal), en la cual deben concurrir autoridades y particulares para implementar medidas sanitarias y preventivas, de investigación científica y educación en materia de salud, en la creación de normas jurídicas, administrativas y técnicas. Se observa que en este caso no se encuentran involucrados civiles ni se comprometen sus derechos humanos, para que pudiera restringirse el fuero militar, lo cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Federal.

Así concluyó que el Supremo Tribunal Militar que dictó el acto reclamado y el Juez Segundo Militar, adscrito a la Primera Región Militar que emitió la resolución que el primero revisó, son competentes para juzgar los hechos constitutivos del delito contra la salud, cometido por miembros del Ejército Mexicano.

Determinación que se adopta, conforme a la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNALES DEL FUERO MILITAR. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA CAUSA PENAL SEGUIDA A UN MILITAR POR EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 194, FRACCIÓN III, Y 196, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL."

Por otra parte, el Colegiado calificó de infundado el segundo concepto de violación que hace valer el quejoso, toda vez que consideró que en el acto reclamado no se analizó la probable responsabilidad del acusado, sino todas las constancias que se allegaron al proceso para sostener que esa responsabilidad quedó demostrada plenamente; de igual forma señaló que tampoco es incorrecto sustentar la determinación en las diversas declaraciones que no sólo expuso el quejoso y que se estimó como confesión, sino en aquéllas expuestas por los demás miembros del pelotón al que se encontraba adscrito, en las que aceptaron haber cometido el hecho ilícito.

Para verificar que no es verdad que la sala responsable vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a la legalidad y seguridad jurídica garantizada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Colegiado analizó las constancias que integran la causa penal instruida en su contra y advierte que en el caso concreto se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, conforme se previene en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, con las que en su momento se garantizó al gobernado la adecuada y oportuna defensa.

Asimismo, dentro del plazo que prevé el artículo 19 de la Constitución Federal, se resolvió la situación jurídica del quejoso, dictándosele auto de formal prisión, auto que fue notificado legalmente al hoy quejoso y su defensor; con posterioridad se le recibieron en el proceso las pruebas conducentes y finalmente, fue juzgado con base en la acusación formulada en su contra por el agente del Ministerio Público Militar y con los datos que se recabaron a lo largo del procedimiento; asimismo, el juez militar del conocimiento, al dictar sentencia al inconforme, lo condenó por el mencionado delito, además de que fue ante y por una autoridad judicial militar previamente establecida, sin que dejara de apreciar alguna de las probanzas; sentencia que fue notificada al hoy peticionario e impugnada en apelación, y que fuera modificada por la alzada, de ahí que no sea verdad que se haya vulnerado en perjuicio del inconforme la garantía consagrada en el precepto 14 de la Carta Magna.

En lo relativo a la demostración del delito contra la salud en la modalidad de permitir en la calidad de servidor público la extracción del país del narcótico conocido como marihuana, así como la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, señala el Colegiado que el tribunal responsable correctamente analizó el material probatorio aportado a la causa, exponiendo con claridad los argumentos por los cuales estimó acreditados esos extremos en que se sustenta la sentencia condenatoria reclamada.

De esta forma, la resolución sujeta a la acción constitucional, se advierte suficientemente fundada y motivada, satisfaciendo las exigencias a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debiéndose entender por ello, el señalamiento preciso del o los preceptos legales aplicables y las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas por las que se estime actualizada la hipótesis normativa, que precisamente sustentan la sentencia reclamada.

Por otra parte, en torno a la demostración del tipo contra la salud en la modalidad de permitir en la calidad de servidor público la extracción del país del narcótico conocido como marihuana y la responsabilidad penal de **********, advierte el Tribunal Colegiado que resultan infundados los conceptos de violación y no advierte, en este aspecto, deficiencia que deba suplirse en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, toda vez que el ad quem ciñó su proceder valorativo de la prueba a los lineamientos establecidos en la legislación aplicable, lo que legalmente le permitió la demostración, en términos del precepto 454, del Código de Justicia Militar, del tipo a estudio, y la responsabilidad penal del quejoso, como autor material, en términos de la fracción IV, del artículo 109, de esa codificación.

Asimismo, en forma apegada a derecho estimó el Ad quem, se actualizó la agravante prevista en el artículo 196 fracción I, del Código Penal Federal, como lo fue la calidad específica del sujeto activo: servidor público.

Material probatorio debidamente analizado por el Ad quem en términos de las reglas de valoración enmarcadas por la legislación exactamente aplicable al caso concreto.

Razones por las cuales la responsable consideró que la participación del disconforme lo fue como autor material, en términos de lo dispuesto por el artículo 109, fracción IV, del Código de Justicia Militar, ya que en su calidad de servidor público (Cabo de Infantería del Ejército Mexicano) permitió la extracción del país del narcótico denominado marihuana, poniendo en peligro con ello la salud pública de los gobernados y afectando las actividades que desarrolla la institución armada del país, ya que en su calidad de Cabo de Infantería del Ejército Mexicano, su obligación era impedir la comisión de delitos contra la salud.

En tal virtud, señala el Colegiado, la conclusión a la que arribó la alzada resulta apegada a derecho al integrar debidamente la prueba circunstancial, de la que incluso no se advierte insuficiencia probatoria, aun cuando afirma el quejoso que el acto reclamado se sustenta en algunos medios de prueba, pero, una debida acreditación tanto del tipo penal como de la plena responsabilidad, no exige un cúmulo exagerado de pruebas, sino que las existentes tengan la suficiente fuerza probatoria para demostrar tales extremos y ello evidentemente aconteció en la especie, motivo por el cual se afirma no existe violación de garantías.

En ese entendido, como bien consideró el Tribunal Militar, el material probatorio de autos resultó apto y suficiente para acreditar tanto el delito contra la salud en la modalidad de permitir en la calidad de servidor público (Soldado de Infantería del Ejército Mexicano) la extracción del país del narcótico conocido como marihuana, como la responsabilidad penal del solicitante del amparo.

En ese mismo tenor insiste el Colegiado que, no quedó demostrado que al solicitante del amparo se le hubiere tenido incomunicado y torturado para que emitiera su declaración ministerial, pues en su caso tampoco se demostró que tuviera huellas de lesiones físicas recientes al momento de la emisión de su inicial declaración, porque del certificado médico que se le practicó no se advierte tal circunstancia; por tanto, fue legal que la responsable tomara en cuenta, de manera preponderante, el dicho del quejoso cuando, con más cercanía a los hechos, expuso las circunstancias en las que realizó el evento delictivo.

De ahí, que fuera correcto que se estimara la primera declaración del quejoso preponderante para la calificación de los hechos, al ser acorde con el resto de las deposiciones de los cosentenciados, y que en conjunto refieren las circunstancias de modo y lugar, en que se realizó el evento delictivo. Y si bien, entre ellos se aprecia que su participación fue en diverso tiempo, cierto es, que son coincidentes en reconocer que no obstante que les fue designada esa área geográfica para establecer vigilancia, guardar el orden y la seguridad pública, permitieron, a cambio de una remuneración de dinero, que unos sujetos llevaran en camionetas, el estupefaciente conocido como marihuana, para extraerlo del país, pues al llegar a las inmediaciones del Río Bravo, lo colocaban en balsas que iban de un extremo del territorio nacional hacia el país vecino, lo cual en modo alguno fue impedido por el propio quejoso; por tanto, ese reconocimiento por parte del activo y otros, en concordancia con las documentales agregadas a los autos, es apto y suficiente para calificar como ilícito su proceder.

Sin que beneficie al quejoso que sus coacusados retractaron sus iniciales declaraciones, puesto que, de acuerdo a lo analizado por la responsable, no estaban acreditadas ni corroboradas con algún otro medio de prueba, y por ello no les otorgó valor probatorio, sino que prevalecieron las primigenias declaraciones, entre ellas la rendida por el propio amparista.

A su vez, el Colegiado manifiesta que es infundado que se haya transgredido en contra del solicitante del amparo el contenido del artículo 20 de la Carta Magna, porque al efectuarse el examen de las constancias integrantes del proceso penal de que se trata, se colige que **********, en todo momento gozó de las garantías que consagra tal precepto, pues ante el Ministerio Público investigador del fuero militar que inicialmente tuviera conocimiento de los hechos delictuosos, consta que se le hizo del conocimiento la imputación que obraba en su contra, el nombre de la parte acusadora, el derecho para comunicarse inmediatamente con quien lo estimara conveniente, el de designar persona de su confianza o abogado como defensor para que lo defendiera o auxiliara y, en caso de no tenerlo se le designaría al de oficio que se encargaría de su defensa durante el desarrollo de la averiguación previa; el de no declarar si así lo deseaba; además, ante el juez militar del proceso, en declaración preparatoria también se hicieron de su conocimiento las garantías establecidas por el artículo 20 constitucional en todas sus fracciones. Asimismo, dentro del término de ley, fue declarado en preparatoria sin que se advierta que haya sido obligado sino que lo hizo espontáneamente, menos aún se observa que haya sido incomunicado, intimidado o torturado, adverso a lo que aduce, apreciándose que en todas sus intervenciones, estuvo asistido de su defensor; simultáneamente, se observa que fue juzgado en audiencia pública por una autoridad del fuero militar; por otra parte, de manera alguna se advierte que no le hayan sido facilitados todos los datos que solicitó para su defensa y constaran en el proceso; y, en general, se reitera, fue informado de los derechos que la Ley Fundamental le otorga; en consecuencia, es inexistente la discutida violación al precepto de que se trata.

En el caso, quedó demostrada la participación del quejoso en el delito contra la salud en la modalidad de permitir en la calidad de servidor público (Soldado de Infantería del Ejército Mexicano) la extracción del país de marihuana, en términos del artículo 109, fracción IV, del Código de Justicia Militar; esto es, al haberlo ejecutado materialmente, lo cual se evidenció principalmente con las declaraciones ministeriales militares de sus coacusados -citados con anterioridad-, entrelazadas con la propia declaración ministerial confesoria del solicitante del amparo, así como la fe ministerial del dinero que fue asegurada en poder del quejoso; de todo lo cual se advirtió que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar antes referidas, en su calidad de servidor público como Soldado de Infantería del Ejército Mexicano, permitió la extracción del país de marihuana a cambio de una remuneración económica.

III. AGRAVIOS. La parte recurrente en el único agravio que hizo valer, adujo en principio que todos los considerandos que integran la sentencia recurrida le causan agravio, por virtud de que todos los argumentos esgrimidos en cada uno de los considerandos son incorrectos, pues la autoridad responsable no realizó una interpretación correcta al artículo 13 constitucional que establece los casos en los que subsiste el fuero militar, es decir respecto de los delitos y faltas que sean realizados contra la disciplina militar.

Por otro lado, señaló que los Tribunales Militares son competentes para conocer delitos que atentan contra la disciplina militar (exclusivamente aquellos delitos). Y que en el caso concreto, quien resolvió su caso no era autoridad competente, ya que el delito por el que se le imputó responsabilidad no es de naturaleza militar, y no es óbice el hecho de que tenga el carácter de militar, pues el Tribunal Militar solamente es competente en los casos en que se atente contra la disciplina militar como lo señala el artículo que erróneamente interpretó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal. Al respecto citó la tesis aislada de la Primera Sala de la Quinta Época de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL FUERO DE GUERRA."

CUARTO. Procedencia del recurso. Establecido lo anterior, se debe analizar si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Fede

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80139-90536bfd/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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