RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE EN EL ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INICIADO CONFORME A ÉSTA, PARA COLMAR EL VACÍO LEGISLATIVO QUE, EN SU CASO, SE ADVIERTA.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República regula un específico sistema de responsabilidades, complementario del previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, acorde con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que será un conjunto de leyes el que norme lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. De ahí que el legislador definió los principios generales de la materia en la legislación indicada en segundo término y, atendiendo a la específica naturaleza de las funciones desempeñadas por los órganos del Estado, en las diversas leyes que los rigen creó un capítulo especial de responsabilidades administrativas, en el que se precisan las obligaciones de sus servidores públicos, derivadas de la peculiar índole de sus atribuciones, desarrollando incluso un procedimiento diferente para efectos de verificar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de aquéllas. Consecuentemente, la indicada ley federal es aplicable supletoriamente a la señalada normativa orgánica en el procedimiento administrativo sancionador iniciado conforme a ésta, para colmar el vacío legislativo que, en su caso, se advierta, atento a la tesis 2a. LXXII/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 279, de rubro: "AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.", de cuya aplicación analógica se colige que la aplicación supletoria de un ordenamiento procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la norma a suplir que no tengan reglamentación o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación con instituciones jurídicas que no estén comprendidas en ella cuando sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantee y siempre que no contravengan el conjunto de disposiciones cuyas lagunas deban llenar, sino que sean congruentes con los principios del mencionado procedimiento administrativo.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.