PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. FORMA PARTE DE ÉSTE LA REVISIÓN QUE LE CORRESPONDE EFECTUAR AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE IMPONGAN LA SUSPENSIÓN, DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN A UN SERVIDOR PÚBLICO.

Atendiendo a la intelección armónica de los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121, 122, 123, 127 y 136, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 129, la intervención del Pleno del Tribunal Superior de Justicia como revisor de las resoluciones en las que el Consejo de la Judicatura haya impuesto alguna de las sanciones inherentes a la suspensión, destitución o inhabilitación a alguno de los servidores públicos de dicho Poder, debe verse como parte del correspondiente procedimiento seguido en forma de juicio previsto en la indicada ley, tendente a la delimitación de responsabilidades administrativas, toda vez que dicha actuación, lejos de constituir un recurso oficioso o instancia independiente, aparece como necesaria para llegar a la existencia de una resolución definitiva susceptible de notificarse al implicado y de posible ejecución, en tanto que al referido Pleno es al que le compete aprobar, revocar o modificar las aludidas sanciones, materializándose esto, luego de que concluya la audiencia de ley y el Consejo de la Judicatura emita su determinación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.