ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 59, EN RELACIÓN CON EL 60, FRACCIÓN IV, Y 61 DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LOS LICITANTES O PROVEEDORES QUE HAYAN PROPORCIONADO INFORMACIÓN FALSA EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD.

De la interpretación armónica de los artículos 60, fracción IV, y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se concluye que tratándose del supuesto de la imposición de una multa al licitante o proveedor que proporcione información falsa en un procedimiento de contratación, los preceptos relacionados no violan las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establecen claramente los elementos esenciales de la conducta a sancionar, así como la forma, contenido y alcance de la infracción, lo cual evita la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación por imprevisibilidad del correctivo, ya que el gobernado puede conocer tanto la conducta contraventora de la ley como la sanción aplicable. Sin que obste que los citados preceptos legales establezcan dos sanciones -la multa y la inhabilitación- con distinta naturaleza y finalidad, pues lo que las referidas garantías constitucionales proscriben es que la norma induzca a errores o los favorezca con motivo de su deficiente formulación, lo que no sucede en el caso, porque los elementos de la infracción que amerita cada uno de dichos correctivos están definidos y diferenciados en las mencionadas disposiciones legales, lo cual incluso permite su coexistencia.