ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 8 DE JULIO DE 2005).

El citado precepto al prever la imposición de una multa a los licitantes o proveedores del sector público sin precisar cuál es la razón para imponerla, no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de la interpretación adminiculada del artículo 59, con los diversos numerales 60 y 61, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se colige que dicha sanción puede aplicarse a esos sujetos cuando: a) al participar en los procedimientos de contratación o para celebrar contratos regulados en la Ley citada omiten formalizar el contrato adjudicado por la convocante; b) se les haya rescindido administrativamente más de un contrato dentro de un lapso de dos años contado a partir de la notificación de la primera rescisión, respecto de dos o más dependencias o entidades; c) no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos; d) proporcionen información falsa o actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad; y, e) contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio a su vez son recibidas por servidores públicos, por sí o por interpósita persona, independientemente de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; lo anterior, con el propósito de salvaguardar el principio sustancial de honradez que rige en tales procedimientos de contratación y, establecer con precisión los elementos necesarios que permiten a la autoridad determinar la infracción y su correspondiente sanción.