LIBERTAD CONDICIONAL. SI SE IMPUGNA COMO ACTO RECLAMADO EL MANTENER PRIVADO DE LA LIBERTAD AL SENTENCIADO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA Y DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS SE ADVIERTE QUE DIVERSA AUTORIDAD ADQUIERE LA CALIDAD DE ORDENADORA, QUIEN DETERMINÓ POSPONER AQUEL BENEFICIO Y NO ES SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, NO OBSTANTE PREVIO REQUERIMIENTO PARA AMPLIARLA, DICHO ACTO DEBE CONSIDERARSE COMO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO Y, EN CONSECUENCIA, SOBRESEERSE EN EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Cuando el acto reclamado se hace consistir en la negativa de la autoridad de aplicar el beneficio de la libertad condicional previsto en el artículo 67 del Código Penal del Estado de Jalisco, y el sentenciado sólo señala como responsables al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado y al director del Centro de Readaptación Social Número Uno, pero de los informes justificados se advierte que el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la misma entidad adquiere la calidad de ordenadora, ya que fue quien determinó posponer el otorgamiento del citado beneficio, resulta inconcuso que al no ampliarse la demanda contra esta última autoridad, previo requerimiento que hizo el Juez de amparo, el acto de ejecución de mantener la privación de libertad al quejoso debe considerarse como un acto derivado de otro consentido y, por ende, decretarse el sobreseimiento en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.