ABSOLUCIÓN DE LA INSTANCIA. LOS PRECEPTOS 203, FRACCIÓN IV Y 215, AMBOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 36, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL POR HABERSE REVOCADO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO LA ACTUALIZAN Y, POR ENDE, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 23 constitucional no se limita a la materia penal, en atención a que, conforme al diverso 14 constitucional, debe regir en todas las ramas jurídicas, tal como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 84/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 57, de rubro: "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LAS ESTABLECE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL."; luego entonces, el hecho de que los artículos 203, fracción IV y 215, ambos del Código Fiscal de la Federación, así como el diverso 36, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no señalen expresamente que la revocación que la autoridad demandada haga en el juicio contencioso administrativo respecto de la resolución impugnada, debe ser lisa y llana, en forma tal que destruya todos sus efectos, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación alegada, no significa que contravengan dicha garantía, pues en términos generales la "absolución de la instancia" consiste en la suspensión del procedimiento jurisdiccional decretada por el tribunal administrativo que conoce de él, ocasionando que la situación jurídica del demandado permanezca indeterminada en forma indefinida, con la posibilidad de reanudarlo posteriormente con el propósito de que la autoridad demandada, una vez que allegue mejores pruebas, obtenga una sentencia condenatoria en contra de aquél; por ende, al decretarse el sobreseimiento con fundamento en los aludidos preceptos, el tribunal que conoce del procedimiento administrativo declara que existe un obstáculo jurídico que impide su decisión sobre el fondo de la controversia, en este caso, que cesaron los efectos de la resolución impugnada, con lo que incuestionablemente termina de manera definitiva el juicio de nulidad, lo que implica que el acto administrativo reclamado, al haber sido revocado y, en consecuencia, dejado sin efectos, no podrá ser materia indeterminable de juicio y, por tanto, la situación jurídica de los contendientes en ese procedimiento no se deja indeterminada en forma indefinida.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.