RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA ANALIZAR LA COMPETENCIA DE LAS PERSONAS QUE AUTORIZA EL CONTRALOR INTERNO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DEBE DETERMINARSE SI LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE SE HIZO O NO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHA DEPENDENCIA.

Para estudiar la validez de la actuación de un funcionario público autorizado para intervenir en su carácter de auxiliar del contralor interno en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dentro del procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta pertinente determinar si la designación correspondiente se hizo o no en términos de la fracción II del artículo 72 del reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría, y no dilucidar el tema concerniente a su adscripción a la contraloría, ya que tal aspecto se traduce a la postre en examinar la competencia de origen y no la prevista por el artículo 16 constitucional, esto es, a la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para darle vida como funcionario, es decir, a la manera como se incorpora a la función pública, por ello, los tribunales no pueden intervenir en una cuestión eminentemente política; lo anterior sin perjuicio de que pueda exigirse la posible responsabilidad administrativa o penal correspondiente.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.