CARTA PODER OTORGADA POR UN EXTRANJERO. NO ES NECESARIO QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, CUANDO LA SOMETE A LA APROBACIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Población, las autoridades de la República sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que los sustituyan o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia que previamente les comprueben su legal estancia en el país; sin embargo, no debe soslayarse que esa obligación se dará en los términos y condiciones que fija su reglamento, el cual en el artículo 149, fracción III, exceptúa de esa obligación a las autoridades y fedatarios cuando se trate de otorgamiento de poderes; de donde se sigue que si la carta poder exhibida en juicio no se otorgó ante la Junta pero sí se sometió a su aprobación, no existe obligación por parte de dicha Junta de exigir al otorgante la comprobación de la legal estancia en el país.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.