ARRENDAMIENTO. EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DEL INMUEBLE MOTIVO DE AQUÉL, NO PUEDE REBASAR LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO ÉSTA NO ENCUENTRA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SU ASEGURAMIENTO JUDICIAL.

El simple aseguramiento ministerial de carácter provisional de un bien inmueble, motivo de un contrato de arrendamiento, no puede rebasar la negativa de la autoridad jurisdiccional cuando ésta no encuentra motivos suficientes para ordenar a su vez el aseguramiento judicial y, por ende, tener a su disposición los bienes que el representante social le enuncia, dado que sus repercusiones en el campo del derecho penal no precisamente son determinantes en la materia civil cuando aún no se desprende que exista un procedimiento judicial firme sobre el origen ilícito del bien, por lo que debe distinguirse entre la finalidad del aseguramiento en procedimientos penales, que son de naturaleza pública, y las consecuencias jurídicas inherentes al cumplimiento de los contratos privados, regidos por el derecho civil, entre tanto no sea definitivamente resuelta la situación legal del inmueble del cual se controvierte el pago de prestaciones originadas con motivo de un contrato locativo, que de acuerdo con el artículo 2398 del Código Civil, se actualiza cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce temporal de una cosa, y la otra a pagar, por ese uso o goce, un precio cierto, de tal manera que los frutos generados por ese motivo, corresponden a la arrendadora y no a la representación social en virtud del aseguramiento provisional de dicho inmueble.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.