TURISMO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO PRIMERO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE LA INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DE ESE ORDENAMIENTO CORRESPONDE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONALES NI VIOLA LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

El hecho de que el citado precepto ordinario establezca que la Secretaría de Turismo estará facultada para que a nombre del Ejecutivo Federal, realice la interpretación en el ámbito administrativo de la Ley General de Turismo, no transgrede el principio de división de poderes ni la facultad reglamentaria que prevén, respectivamente, los artículos 49 y 89, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior es así, ya que, por un lado, la competencia del Distrito Federal para legislar en materia de servicios turísticos y alojamiento, en los términos que prevé el artículo 122 constitucional, no impide que, a través de la Ley General expedida por el Congreso de la Unión, se distribuyan competencias y se fijen las bases de coordinación que deberán observar los distintos niveles de gobierno y, por otro, porque la facultad reglamentaria no se refiere a la interpretación de la norma, sino a la expedición de disposiciones por medio de las cuales se provee en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, cuestión diversa a la interpretación que tiende a esclarecer el sentido de alguna disposición con el propósito de dar operatividad al sistema.