TURISMO. LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN XXI, 5, FRACCIÓN I Y 9, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE ESTABLECEN LAS ATRIBUCIONES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO RESPECTO DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE, SON CONSTITUCIONALES.

Los citados preceptos al prever, respectivamente, la atribución del Ejecutivo Federal para establecer zonas de desarrollo turístico sustentable; la facultad de la Secretaría de Turismo para suscribir convenios o acuerdos de coordinación entre los Estados, los Municipios y el Distrito Federal en esa materia, así como para que éstos participen en la regulación, administración y vigilancia de aquéllas, son constitucionales. Lo anterior es así, ya que el hecho de que se otorgue la atribución al Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría de Turismo, para establecer zonas de desarrollo turístico sustentable, mediante una declaratoria específica, corresponde a la finalidad de contar con una política homogénea en las áreas a las que se dará tal carácter, para su desarrollo y protección e, inclusive, para la coordinación de su apoyo económico. Por otra parte, la atribución otorgada a la Secretaría de Turismo para suscribir convenios o acuerdos de coordinación entre los Estados, los Municipios, y el Distrito Federal, a fin de que colaboren en la administración y supervisión de las referidas zonas, así como para evaluar, regular, administrar y vigilar el cumplimiento de aquéllos, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-K, de la Constitución Federal, ya que la coordinación en dichos rubros, a través de esos convenios, no subordina a los diversos niveles de gobierno al Ejecutivo Federal.