JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. PROCEDE EN CONTRA DE LA FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTO DE UN ESCRITO FORMULADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL PARTICULAR PRETENDA, A TRAVÉS DE TAL PETICIÓN, UNA PRESTACIÓN CONCRETA E INMEDIATA QUE INCIDA DE FORMA DIRECTA EN EL EJERCICIO DE UN DERECHO SUSTANTIVO.

El artículo 31, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dispone que el juicio anulatorio local procede en contra de la falta de respuesta por parte de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal, respecto de las promociones que les sean formuladas por los particulares, si no son atendidas en un plazo de treinta días naturales. Si bien dicho precepto no hace distinción respecto de la clase de petición que haya sido formulada, lo cierto es que tal circunstancia no es razón para concluir que, tratándose de un procedimiento administrativo, el precepto examinado autorice la promoción del juicio en contra de la falta de contestación respecto de cualquier solicitud que en él se formule a la autoridad, pues no debe perderse de vista que los actos que se emiten durante su tramitación tienen una naturaleza eminentemente instrumental, por lo que su eventual irregularidad no es capaz de afectar, generalmente, por sí misma, de forma directa e inmediata, la esfera de derechos del gobernado que participe en él; de ahí que su impugnación se reserva al momento de controvertir la resolución que pone fin al procedimiento. Sin embargo, cuando un acto de esa naturaleza es capaz de afectar directamente el ejercicio de un derecho sustantivo, éste puede ser impugnado de forma directa e inmediata, ya que desde ese momento genera un perjuicio cierto en la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, se concluye que el juicio contencioso administrativo local solamente procede en contra de la falta de contestación de aquellas peticiones que se formulen dentro de un procedimiento, siempre y cuando, a través de ellas, se pretenda obtener de la autoridad una prestación concreta e inmediata que incida de forma directa en el ejercicio de un derecho sustantivo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.