SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO QUE NO AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SI EL QUEJOSO SE ENCUENTRA MATERIALMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, EN VIRTUD DE QUE EN UN DIVERSO PROCESO PENAL SE LE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, AQUÉLLA DEBE CONCEDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO.

Del segundo párrafo del precepto mencionado, se advierte que cuando el quejoso se encuentre materialmente privado de su libertad, entre otros supuestos, porque esté siendo procesado y el Juez penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de ese artículo, que alude a que cuando la orden de aprehensión reclamada en el incidente de suspensión versa respecto de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo producirá el efecto de que de ejecutarse el mandamiento de captura, el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, porque no hay forma más efectiva de impedir que el quejoso se evada de la acción de la justicia y se logre que se presente al proceso penal condigno para los efectos de su continuación, y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la Justicia Federal, que estando ya privado de la libertad con motivo de un proceso penal instaurado en su contra (aunque no sea por el cual se libró la orden de captura impugnada), pues si bien es cierto que el principal objetivo de la suspensión del acto reclamado es mantener "viva" la materia en que versa el juicio de amparo; no menos lo es que el otorgamiento de la medida cautelar no puede seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, como lo es la de truncar la continuación de un proceso penal judicializado. De ahí que se exima la imposición de medidas de efectividad y de aseguramiento hacia quien solicita la suspensión contra una orden de aprehensión (aunque no se trate de delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, como lo dispone la fracción II del artículo 166 referido), para que de inmediato y sin necesidad de satisfacer requerimientos, pueda comenzar a surtir sus efectos, pues toma en consideración el estado jurídico en el que se ubica el quejoso (privado de la libertad), en el cual, indudablemente, le resultarían gravosas y de complicado cumplimiento (como comparecer ante el Juez del proceso), las exigencias que al respecto se llegasen a imponer para que la suspensión otorgada continuara surtiendo efectos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.