SEDICIÓN EN SU HIPÓTESIS DE RESISTENCIA. DADO QUE ESTE DELITO SUPONE EL CHOQUE DE FUERZAS, LA DE LOS PARTICULARES CONTRA LA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO, SU CONFIGURACIÓN EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO SUPONE PONDERAR LA RACIONALIDAD E INTENSIDAD DE CADA UNA, A FIN DE NO CRIMINALIZAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).

Conforme al artículo 247 del Código Penal para el Estado de Querétaro, cometen el delito de sedición, quienes reunidos de forma tumultuaria sin armas, resistan o ataquen a la autoridad con el objeto de impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 249 del mismo código, a saber, separar de su cargo a algún servidor público estatal o municipal o impedir el desempeño de éste, o sustraer de la obediencia del gobierno toda o una parte de alguna población del Estado, entre otras. Ahora bien, el elemento resistencia a la autoridad se traduce en un enfrentamiento o choque de fuerzas; por un lado, la derivada del mandato de autoridad y su cumplimiento a través de las actividades o funciones de aquélla, frente a la que, por otro lado, emana de la oposición de los gobernados, la cual, si bien ha de ser sin armas, no puede ser sino violenta en alguna medida, supuesto que, de no serlo, encontraría respaldo constitucional bajo la reconocida figura de resistencia civil pacífica. Por esa razón, son lógicamente preponderantes el contenido de los reclamos y las protestas, así como la naturaleza e intensidad de las acciones de resistencia, frente a los posibles instrumentos utilizados por las autoridades para contenerlas o reconducirlas, en aras de apreciar la racionalidad de dichos medios, cuando resulta que esa definición delictiva se imputa a quien podría ubicarse en alguna hipótesis de exclusión del delito prevista en la ley, como la relativa al ejercicio de uno o varios derechos o libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 25, fracción VI, del Código Penal mencionado, en relación con el artículo 405, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que se exija del operador jurídico un ajuste razonable de la norma penal a los hechos sobre los que pretenda proyectarse y una cuidadosa reflexión en cada caso, en relación con el origen y contenido del discurso de reclamo o protesta, y su necesaria adecuación en un régimen democrático, tomando en cuenta que la libertad de manifestación de las opiniones e ideas e, incluso, de protesta mediante la resistencia civil pacífica, encuentran cobertura de protección dentro del actual parámetro de regularidad constitucional.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.