CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS A FAVOR DE LA AUTORIDAD QUE NO ESTÉN PREVISTAS Y REGULADAS EN UNA LEY NO SON EXORBITANTES, POR LO QUE LOS ACTOS DERIVADOS DE SU EJECUCIÓN NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Hechos: Una persona moral celebró contrato de concesión con el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, para la prestación del servicio público de barrido, recolección y transportación de residuos sólidos generados en ese territorio. Posteriormente, dicho ente público, en términos de una de las cláusulas del contrato, emitió un oficio a través del cual decretó la ocupación temporal de dicho servicio público. Contra esa decisión promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito sobreseyó el juicio. En desacuerdo interpuso recurso de revisión, en el que se analizó de oficio la procedencia de la acción constitucional a fin de verificar si el ejercicio de la facultad contractual de ocupación temporal constituía una prerrogativa exorbitante de derecho público idónea para configurar un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Criterio jurídico: Las cláusulas estipuladas a favor de la administración pública dentro de un contrato administrativo que no se encuentren previstas y reguladas en una norma formal y materialmente legislativa, no son cláusulas exorbitantes de derecho público, por lo que los actos derivados de su ejecución se ubican en una relación de coordinación contractual y no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el marco normativo de los contratos administrativos se presenta un régimen excepcional en el que el Estado obra como Poder, lo que genera una desigualdad jurídica que faculta a la autoridad a imponer prerrogativas que la colocan en una situación más favorable que la de las personas, conocidas como cláusulas exorbitantes.

No obstante, conforme al principio de legalidad, para que una estipulación revista ese carácter, es requisito indispensable que se encuentre prevista y regulada de manera expresa y concreta por una norma general que defina rigurosamente el marco jurídico y los límites para su ejercicio. En consecuencia, todas las facultades que se pacten a favor de la autoridad dentro del instrumento contractual, pero que carezcan de previsión o cobertura en una norma legal habilitante aplicable al caso, no participan del derecho público, sino que se rigen exclusivamente por la ley de los contratos. Por tanto, al no derivar de una potestad legal habilitante que funja como dique a la arbitrariedad, el acto emitido con base en dicha cláusula contractual no se suscita en una relación de supra a subordinación, lo que actualiza la improcedencia de la acción constitucional al no tratarse de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.