IDENTIDAD DE GÉNERO EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES. PUEDE SER DINÁMICA, POR LO QUE DEBE ATENDERSE A LA AUTOPERCIBIDA Y VIGENTE DE LA PERSONA SIN DESCONOCER LAS ACTUACIONES PREVIAS VÁLIDAMENTE REALIZADAS RESPECTO DE ELLA.

Hechos: Una mujer trans promovió amparo indirecto contra diversos actos derivados de un procedimiento civil en el que había intervenido previamente como parte demandada bajo una identidad registral anterior.

El juzgado de distrito desechó la demanda de plano por extemporánea, al estimar acreditado que la promovente había tenido conocimiento previo del juicio y de los actos reclamados.

Inconforme, interpuso recurso de queja y sostuvo que su identidad jurídica vigente correspondía a una persona distinta de aquella que había intervenido previamente en el juicio, por lo que no podían atribuírsele las consecuencias procesales derivadas de esas actuaciones.

Criterio jurídico: La identidad de género puede ser dinámica, por lo que los órganos jurisdiccionales deben reconocer, identificar y tratar a las personas de la manera en que se autoperciben en el momento procesal vigente, sin que las modificaciones que experimenten sus atributos de identidad impliquen desconocer la continuidad de la misma persona ni la validez y eficacia de las actuaciones previamente realizadas respecto de ella.

Justificación: La identidad de género constituye una manifestación de la identidad personal, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al nombre. Por ello, las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de reconocer y tratar a las personas conforme al nombre y género con los que actualmente se identifican.

La comprensión contemporánea del derecho a la identidad parte de que el Estado no crea la identidad de las personas, pues la identidad personal existe con independencia de su reconocimiento jurídico. Lo que hace el ordenamiento es adecuar sus registros, documentos y formas de identificación a la realidad personal experimentada y manifestada por quien ejerce ese derecho. Así, cuando una persona obtiene el reconocimiento jurídico de su identidad de género, no surge una persona distinta de la que previamente existía, sino que el Estado adecua la forma en que la identificaba para armonizarla con la identidad que la persona reconoce como propia.

Esta premisa adquiere especial relevancia en los procesos jurisdiccionales. Tradicionalmente, la individualización de las partes suele descansar en nombres, documentos oficiales, registros públicos u otros elementos de identificación existentes al momento en que se integra la relación procesal. Sin embargo, la identidad personal puede experimentar transformaciones relevantes a lo largo de la vida, por lo que la seguridad jurídica no puede depender de la permanencia inalterada de esos atributos.

En ese sentido, la identidad de género puede ser dinámica. Los órganos jurisdiccionales deben actualizar la forma en que identifican a las personas dentro del proceso conforme a su identidad de género autopercibida vigente y, simultáneamente, preservar la validez y eficacia de las actuaciones procesales previamente realizadas respecto de ellas. La identidad no depende de la permanencia inalterada de determinados datos registrales, sino de la continuidad de la persona que participa en la relación procesal.

De esta manera, el derecho a la identidad y la seguridad jurídica no constituyen exigencias incompatibles. La seguridad jurídica no descansa en la petrificación de la identidad, sino en la conservación de las actuaciones válidamente realizadas. Por ello, reconocer la identidad de género autopercibida y vigente modifica la forma en que la persona debe ser identificada y tratada dentro del proceso, pero no borra su historia jurídica ni priva de efectos a los actos en los que intervino con anterioridad.

Así, ambas exigencias pueden coexistir armónicamente, pues el proceso debe reconocer que la identidad de una persona puede evolucionar y adecuar a ella su forma de identificación, sin convertir esa evolución en un factor de inseguridad jurídica ni hacer de la seguridad jurídica un obstáculo para el pleno reconocimiento de su identidad.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.