CONCLUSIONES ACUSATORIAS, LA FALTA DE ELLAS IMPIDE AL JUZGADOR SANCIONAR AL PROCESADO.

Si de las conclusiones formuladas por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado penal de la causa, no se desprende acusación alguna en contra del procesado, es incuestionable que la condena que le fue impuesta resulta incorrecta, pues viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 21 constitucional, que considera al Ministerio Público titular de la acción penal e impide al juzgador sancionar al indiciado por delito (s) de que no acusó la representación social. Por lo tanto, al haberse confirmado por la Sala responsable la condena que le fue impuesta al impetrante en la sentencia de primer grado, procede restituirle en el goce de la garantía de seguridad jurídica que con dicha resolución le fue quebrantada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.