RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FEDERACION Y DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE. PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. LA PRIVACION DE LA LIBERTAD DEL INCULPADO MOTIVADA POR UN PROCESO PENAL DIVERSO, NO ENTRAÑA LA CONSIDERACION DE QUE HA DEJADO DE EJERCER SU CARGO.

De acuerdo con la regla especial contenida en el artículo 4o. de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación y del Distrito Federal, la responsabilidad por delitos o faltas oficiales sólo podrá exigirse durante el período en que el funcionario o empleado ejerza su encargo y dentro de un año después. Así pues, la fecha que debe servir como pauta para establecer si ha prescrito en el caso de acción penal, es solamente aquélla en que el inculpado dejó de tener el cargo, cesando definitivamente en sus funciones. Aun cuando apunte el inculpado que desempeñó aquel encargo, hasta que fue privado de su libertad durante más de un año, con motivo de la acción penal deducida en su contra, no obstante, aunque este dato fuera de tenerse como cierto, carecería de relevancia para el efecto de considerar que ha prescrito la acción penal, en virtud de que el hecho de que se instruya proceso contra un funcionario o empleado no establece que él mismo haya dejado en forma definitiva de tener aquel carácter, en atención a que, en tanto no se resuelva ese mismo proceso, es imposible establecer que la separación del cargo tuvo carácter definitivo, pues si el procesado suspendido en dicho encargo, llegara a ser absuelto en aquel proceso, tendría que ser restituido en sus labores oficiales, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 72 y 75 de la ley de responsabilidades mencionada.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.