CAMINOS.

Conforme a la Ley de Caminos, de 24 de septiembre de 1842 y a la de 15 de julio de 1853, la vigilancia de los caminos está encomendada a las autoridades locales, pero no existe disposición alguna que imponga a los propietarios de los predios que atraviesen los caminos, la obligación de repararlos por su cuenta, y, por tanto, la orden que les prevenga hacerlo, importa una violación a las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales.