LIBERTAD PERSONAL, RESTRICCION ILEGAL DE LA POR LAS AUTORIDADES MILITARES.

Si un alcalde o carcelero tiene la obligación de poner en libertad a un acusado cuando dentro del término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 19 constitucional, no reciba copia autorizada del auto de formal prisión, después de llamar la atención del Juez sobre el particular, con mayor razón el jefe de la guarnición de una plaza, que en el presente caso hace las veces de carcelero, debe poner en libertad al detenido, si el procurador de Justicia Militar no lo consigna a un Juez, dentro de ese término, ya que dicho procurador no está capacitado para disponer de la libertad individual.