PENAS, IMPOSICION DE.

El artículo 21 de la Constitución Federal, concede una facultad soberana y exclusiva a las autoridades judiciales, en la imposición de las penas, y con arreglo a tal precepto, al Ministerio Público solamente incumbe la persecución de los delitos. De aquí que la circunstancia de que el representante social, extralimitándose en sus facultades, señale en sus conclusiones la cuantía de la pena que, a su juicio, debe aplicar el Juez de la causa, en modo alguno significa que el juzgador esté obligado a sujetarse a ese señalamiento, porque ello implicaría una abdicación de la facultad soberana de que dispone por mandamiento constitucional.