LIBERTAD CAUCIONAL, EL PEDIMENTO DEL MINISTERIO PUBLICO, ES LA BASE PARA LA PROCEDENCIA DE LA.

La fracción I del artículo 20 constitucional consagra que inmediatamente que el acusado lo solicite, será puesto en libertad bajo fianza, hasta por diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisito de poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad y otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla. El contenido de este precepto, deja ver claramente, que la garantía que entraña, está limitada a la penalidad probable de los delitos imputados al acusado, y evidentemente la imputación está constituida por la petición del Ministerio Público, al ejercitar la acción persecutoria dentro del proceso, y no por el juicio lógico y el acto de voluntad, integrantes necesarios en toda sentencia, que emite el órgano jurisdiccional competente.