QUERELLA NECESARIA, DEBE SER PROMOVIDA POR EL OFENDIDO.

Si una ejecutoria declara que, tratándose del delito de abuso de confianza, la parte ofendida la constituye determinada compañía; y el Ministerio Público, en representación del gobierno de un Estado, ejercita la acción penal contra el gerente de dicha sociedad, invocando nexos jurídicos entre dicho Estado y la compañía, por pagos que asegura ha venido efectuando, por concepto de responsabilidad civil, y por causa de control social, por ser el gobierno el propietario de la totalidad de las acciones de la citada compañía, y que el gobierno, como único y exclusivo controlador de la negociación, puede ser, en su carácter de persona moral, responsable de la falta de cumplimiento de los contratos celebrados por la compañía, y que los ofendidos pueden exigir del gobierno el cumplimiento de sus contratos, civilmente, y, por último, que el responsable del delito lo es el gerente de la tan repetida compañía, que fue nombrado por el gobernador, de ser ciertas dichas afirmaciones, la parte ofendida sería, en todo caso, la negociación, ya que ésta es la parte en el contrato que dio origen al abuso de confianza; y es bien sabido que las sociedades, o sea, las personas morales, constituyen una entidad distinta de las de sus asociados y obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, por disposición de la ley y conforme a las disposiciones relativas de la escritura constitutiva, y, en consecuencia, por más que el gobierno sea el controlador de las acciones de la compañía, como principal o único accionista, no representa los derechos y acciones de la misma, sino la persona quien en la escritura constitutiva o estatutos se designe. Por otra parte, de considerarse ofendido el propio gobierno, su representación tampoco la tiene el Ministerio Público, de oficio; y, en tal virtud, si conforme a la legislación local, el delito de abuso de confianza se persigue sólo por querella de la parte ofendida y no se demostró que el ofendido sea el patrimonio del gobierno, en cuya representación se formuló querella, es violatoria de garantías la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, por la autoridad judicial, y debe concederse el amparo.