PENAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Si la autoridad administrativa, fundándose en el artículo 21 constitucional, impone al quejoso determinada pena, sin fijar la multa con que debía sancionarse la infracción gubernativa correspondiente, para dejar a elección del infractor efectuar su pago o sufrir el arresto correspondiente, se viola el citado precepto constitucional, puesto que no debió imponerse desde luego el arresto, sin dejar al agraviado el derecho de optar entre la pena corporal o pecuniaria.