LIBERTAD PERSONAL, SUSPENSION TRATANDOSE DE LA.

La Suprema Corte estableció jurisprudencia en el sentido de que el artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece distinción respecto de que la suspensión debe, o no, concederse, según sea leve o grave el delito que se imputa al acusado y ordena que si el acto reclamado se refiere a la garantía de libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito respectivo, quien dictará las providencias que estime necesarias para su aseguramiento; pero a juicio de la Primera Sala del citado Alto Cuerpo, cabe contrariar dicha jurisprudencia, haciendo una aplicación más jurídica del artículo 61, puesto que la suspensión que se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, debe tener un resultado práctico que es, entre otros, que el quejoso pueda obtener su excarcelación o seguir gozando de la libertad en que se encuentra, mediante una medida de aseguramiento, y de acuerdo con las leyes locales o federales aplicables, obtener la mencionada libertad; y cuando se trata de un delito grave, como el de homicidio, por el cual se libra la orden de aprehensión, cualquiera medida de aseguramiento que se tomara, sería contraria a la fracción I del artículo 20 constitucional y, entonces, la jurisprudencia de que se viene analizando, conduce a una situación platónica a favor de los quejosos, porque se les concede una suspensión para el efecto de que queden a disposición del Juez de Distrito, sin perjuicio del procedimiento criminal y, consiguientemente, en el citado caso, la suspensión debe negarse.