AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Las autoridades administrativas no pueden por sí ni ante sí y menos aún sin cumplir siquiera el requisito previo esencial de oír en defensa al interesado, privar a los particulares de la posesión de sus bienes y transferirlos a tercero, en virtud de algún contrato escrito o verbal, ya que no es de su competencia decidir sobre cuestiones posesorias, sean, o no, los expresados bienes del patrimonio del Estado.