NACIONALIZACION, LEY DE.

No puede decirse que en los términos de la Ley de Nacionalización de 26 de agosto de 1935, los interesados tengan expeditos sus derechos para defenderse ante la Secretaría de Hacienda, a la cual el Juez de Distrito remite, en aplicación de dicha ley, para su persecución y fallo, el juicio de nacionalización de una finca; pues si en la demanda de amparo se impugna de anticonstitucional la Ley de Nacionalización, precisamente porque priva al quejoso del derecho de litigar ante las autoridades judiciales competentes, al remitirlo para que lo haga ante la Secretaría de Hacienda, resultaría absurdo y antijurídico, obligarlo a hacer lo que manda esa ley, que reputa violatoria de sus garantías constitucionales; razón por la cual debe darse entrada a la demanda de garantías, a fin de que, a su tiempo, pueda definirse si la aplicación reclamada, de la citada Ley de Nacionalización, es o no anticonstitucional.